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22/02/2022 Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Los detalles del acuerdo con el Fondo, la famosa letra chica que quedaba acordar tras el anuncio por ambas partes del sendero fiscal será, con seguridad, objeto de controversias acaloradas a nivel de la política nacional y, en particular, en el frente gobernante. A última hora del lunes, una figura al tanto de la negociación le decía a #OffTheRecord: “Sería importante que la firma no pase del fin de semana, pero lo veo muy difícil”. Tal como se anticipó en este espacio en la última entrega, el esquema de recomposición de tarifas será más agresivo que el que dejaron trascender desde los entes reguladores de gas y electricidad; abarcará más ciudades y subas mayores a las anunciadas a comienzos del año con una segmentación más precisa. De acuerdo a los detalles que se dieron a conocer sobre el programa, se espera una reducción de subsidios del 0,6% del PIB, que incluye aumentos para usuarios comerciales, residenciales del primer decil de ingresos, así como tarifa plena para los grandes usuarios industriales. Si bien el gobierno asegura que las Pymes entran en la segmentación, seguramente ese criterio no aplique para Techint. Durante el fin de semana se leyeron críticas a esta posible medida de las mismas usinas que rechazaban esos mismos subsidios porque aseguraban que se iban a la fuga. Todos los climas. Las subas se plantean no como una misión cumplida sino como parte de un plan gradual de recomposición de tarifas para que reflejen adecuadamente los costos de provisión de los servicios, incluyendo la generación, el transporte y la distribución, aunque se mantendrán las protecciones a la población más vulnerable a través de la tarifa social. El plan debería estar completo en la segunda parte de 2022, pero en el oficialismo estaban trabajando en ese nuevo esquema de segmentación hasta este momento. La negociación comenzó con el GNL a 17 dólares el millón de BTU, la situación climática más amable y con una expectativa de lo que el país iba a recibir de Bolivia que difícilmente se cumpla. Esas eran las condiciones en las que se negoció el acuerdo y ahora esas condiciones no están. “Con lo que está en el borrador ahora no alcanza”, sostienen en Casa Rosada. El resto del aumento ocurrirá por vía de la segmentación y un sistema de DDJJ vinculada a cuántos mínimos vital y móvil percibe cada grupo familiar, entre otros aspectos que están en elaboración. La falta de construcción política de la agenda oficialista exaspera hasta al más indolente. Generar mecanismos para que la sociedad comprenda las medidas impostergables no es una necesidad sino una obligación. Para muestra basta una boleta: en la suba de tarifas puede ocurrir algo similar a las demandas de represión de los sectores urbanos. El pedido de mano dura y bala a los chorros encuentra su límite cuando eso se materializa y el mismo sector que era vector de la demanda -“matarlos a todos”- después marcha al lado de Nora Cortiñas. Y está bien, porque la responsabilidad indelegable es del Estado. En el tema tarifas ocurre algo similar. Si bien hay conciencia en los sectores medios que este nivel de subsidios a los hogares es contraproducente, es probable que el impacto en el aumento tarifario -aunque puedan pagarlo- genere un descontento que se le sume a los muchos otros que tienen con el gobierno. Este será, seguramente, el principal foco de controversia, aunque tanto el Presidente como el ministro de Economía debieron salir a desmentir la existencia de un compromiso de reforma jubilatoria. El establecimiento de un grupo de trabajo sobre el sistema previsional, más que una verdadera demanda de reforma parece una gentileza por la recientes jornadas rusa y china de Alberto Fernández por diversos motivos: sus declaraciones respecto del lugar de Rusia en América Latina, la alusión -tan crítica como directa- a los Estados Unidos y, sobretodo, por la adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En Washington no ignoran que no existe margen político para un ajuste jubilatorio y tampoco lo hacen en Balcarce. Lo que se acordó es un estudio sobre el sistema previsional que pone el ojo sobre los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. Entre quienes accedieron a la versión vieja del borrador eso se puso en duda, pero está incorporado en la versión final. También lo tuiteó Martín Guzmán. En su aclaratoria escribió que “se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27546”. Eso es el “régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público”. Sorprendió en el oficialismo cómo este intento de discutir privilegios fue criticado por la izquierda. La acusación, tal vez, debería ser otra, más revulsiva. Diplomáticos y funcionarios judiciales deberían quedarse tranquilos: esto será un estudio a tres años y no vinculante. Similar al informe sobre la factibilidad de la banca pública que pidió el FMI en el primer acuerdo durante el gobierno de Néstor Kirchner. La lógica de la reducción del déficit fiscal, sin embargo, es ineludible. Varias empresas públicas recibieron o recibirán en estos días cuestionarios de funcionarios del Fondo Monetario Internacional sobre sus finanzas y funcionamiento. Es un rubro donde la aproximación del Estado argentino deberá ser cuidadosa y fundamentada para proteger aquellos activos estatales de valor estratégico, con aportes reales, distinguiéndolos de empresas o actividades cuya ecuación financiera, ecológica y funcional resulta económica y socialmente insostenible. Desde la perspectiva de una hipotética directora del Fondo Monetario, por ejemplo, española, portuguesa o francesa, es familiar la existencia de protestas en defensa de los salarios públicos o las jubilaciones y es fácil entender que se trata de problemas complejos. Convencerla, en cambio, de financiar en Argentina subsidios de tarifas domiciliarias para el 20% de mayores ingresos mientras las de su país aumentan descontroladamente al ritmo de los precios internacionales o financiar empresas públicas cuyos balances incluyen déficits del mismo tamaño que sus gastos porque prácticamente no generan ingreso alguno parece una tarea más compleja. Argentina estará sometida al control de las autoridades del Fondo que condicionarán los desembolsos al cumplimiento de las metas. Como el borrador del acuerdo reconoce expresamente, los factores de incertidumbre sobre la viabilidad de los objetivos fiscales, monetarios y de crecimiento son múltiples. El acuerdo prevería una mayor reducción del déficit si se superaran las expectativas de crecimiento de la economía y contendría habilitaciones de aumentos del gasto social ante escenarios recesivos. Si Argentina superara, por ejemplo, la recaudación prevista, las condiciones sociales en su conjunto deberían mejorar. Es hasta intuitivo. Sin embargo, la falta de una social safeguard como la que el FMI le permitió a Mauricio Macri -con 35% de pobreza- hace ruido por su ausencia. En aquel momento, el acuerdo tenía una serie de premisas que, de no cumplirse, el gobierno podía apartarse medio punto de la meta fiscal en gasto social. En Economía aseguran que “si empeoran las condiciones sociales aumentará la protección social”, pero reconocen que el acuerdo “no lo define cuantitativamente”. Por fuera de esto, una desviación significativa del crecimiento previsto obligaría a la Argentina a volver a someterse al control del Fondo Monetario para fijar nuevos objetivos en el marco del programa. La revisión estricta, trimestral de las metas, y la obligación de consultar activamente antes de decidir cualquier modificación de las mismas supone la parte más compleja de un acuerdo cuya parte sustancial es -otra vez: en comparación con el resto de los entendimientos- relativamente laxa. El punto fue casi imposible de negociar para un país sin divisas. Las responsabilidades son compartidas dentro del gobierno. Muchos dólares se perdieron en operaciones del Banco Central para tratar infructuosamente de contener la brecha con los dólares financieros y la demora en acordar por parte de Economía llevó a la Argentina a integrar cerca de siete mil millones de vencimientos. En este punto, dirigentes del albertismo recuerdan que el kirchnerismo pidió no discutir el acuerdo con el FMI durante la etapa electoral y eso demoró la firma. En el entorno de la vicepresidenta lo niegan. La aridez en el BCRA complica la baja de la inflación. Guzmán cree que hay que atacar la inercia. El círculo vicioso de la falta de confianza en el peso lleva a la gente a no quererlos, el vendedor aprovecha y sube el precio y, como todo aumenta, ese mecanismo se reproduce a sí mismo. Por eso la prioridad del gobierno es acumular reservas. Si las críticas por el acuerdo parecen, al menos hasta el momento, injustas, la mención a la falta de cintura política es indiscutible. Criado en la política de la Capital Federal y demasiado atento a lo que publican los medios de comunicación, el albertismo cree que es lo mismo tener razón que ganar. Las conclusiones en una mesa de cinco, seis o siete, por más racionales que sean, tienen que ser comprendidas por la sociedad si se quieren transformar en política pública y no solo en un reconocimiento endogámico de quién comprende mejor los fenómenos macroeconómicos. El anuncio del Presidente sobre el entendimiento con el FMI fue un punto de quiebre. La ausencia de mención a quienes generaron el problema y la falta de explicación sobre la magnitud del préstamo provocaron un malestar muy especial que en el kirchnerismo no digieren hasta hoy. “Era El Profesor cuando mostraba los contagios del COVID y el acuerdo con el FMI se lo sacó de encima en cinco minutos”, protestaba una figura central del dispositivo ante #OffTheRecord. El otro factor, tal vez central, es el de los ciclos políticos. Las correcciones que necesita la Argentina no traen bonanza en el cortísimo plazo. El costo que va a pagar el FdT por las medidas que haya que tomar, como se dijo en la primera entrega luego del anuncio del acuerdo, puede pavimentar el camino a la derrota del oficialismo. El carácter simbólico es interesante: hay una enorme parte del peronismo que empuja un entendimiento que probablemente le haga perder una elección. La alternativa, como siempre se dijo, es peor. ¿Habrá alguien que prefiera esto último con tal de no dejarle ordenado el camino a Horacio Rodríguez Larreta? Es una incógnita. Entre los muy interesantes aspectos que tiene la cultura de Oriente, existe uno que se destaca por su utilidad y es una lógica de pragmatismo casi absoluto. Como sugiere François Jullien en Conferencia sobre la eficacia, el honor no está vinculado a mantener inalterable la palabra ya que el contrato empeñado es producto de las circunstancias. La opción de un acuerdo con el Fondo sin reforma jubilatoria, ganar tiempo para activar las exportaciones de hidrocarburos y después cumplir el programa “en los términos de Argentina” es un diseño probable. La necesidad de readecuar tarifas -con segmentación u otro mecanismo que proteja a los sectores más castigados- se impone en el horizonte inmediato. En síntesis, Argentina tiene un escenario con urgencias, pero también abierto: firmar, armar rápidamente una estrategia para repagar con una lógica diferente a poner a la economía en recesión para generar excedentes de dólares e intentar crecer bajo un programa con el Fondo. Nadie dijo que fuera fácil. Bonus track
Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván |
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