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15/02/2022 Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. En la letra chica de lo que reclamará del país el Fondo Monetario Internacional, la cuestión tarifaria aparece como la más compleja en relación con la narrativa general sobre que "no se pactó un programa de ajuste". Una manifestación de la número dos del FMI da una pista de esa dificultad. El 30 de enero, dos días después del principio de acuerdo por las autoridades argentinas y sin motivo aparente, la directora del Departamento de Estudios del Fondo, Gita Gopinath, decidió convertir en un hilo su tuit que confirmaba el entendimiento y enfatizar que era parte importante del acuerdo la reducción progresiva de los subsidios a la energía. Si las sospechas fueran ciertas, el gobierno podría enfrentar una situación paradójica. Un presupuesto de expansión moderada y un programa que en su primer año resulte relativamente exitoso en tener crecimiento económico -incluso con los sueldos ganándole por poco a la inflación-, podría ser percibido como un ajuste por la composición del gasto de los hogares y las palabras oficiales previas al acuerdo. Un estudio de las consultoras PxQ y Economía y Energía que dirigen Emmanuel Álvarez Agis y Nicolás Arceo, respectivamente, caracteriza la situación de las tarifas como un trilema, en el que la necesidad de recomponer salarios, acordar con el FMI y determinar el nivel razonable de subsidios no aparecen como objetivos compatibles. El estudio señala que en los últimos tres años las tarifas no tuvieron modificaciones, pese a que el promedio anual de inflación entre el último año de Mauricio Macri y los dos primeros de Alberto Fernández fue del 47%. Una reducción tarifaria real que tuvo como contrapartida un incremento de los subsidios que fueron, en 2021, 77% más altos que en 2020 y 131% más altos que en 2019. Para peor, factores coyunturales como la sequía, el declino del gas boliviano y un escenario de altos precios internacionales obligarán a destinar mayores recursos a la importación de GNL y generarán una presión sobre las cuentas externas y fiscales que no podrá ser compensada en forma completa por las mayores exportaciones de crudo. De acuerdo a las consultoras, en este escenario el 20% de aumento tarifario anunciado a finales del año pasado desde el gobierno significaría que, lejos de reducirse, los subsidios a la energía se ubicarían en un 2,4% del PIB. Un 0,1% más que en 2021 que podría ser compensado con la caída de la resolución 46. En el mejor de los casos, un empate. Si se quisiera un nivel de subsidios compatible con el acuerdo, que el informe estima en 1,9% del PIB, las tarifas de gas y energía eléctrica deberían aumentar en 2022 alrededor del 80%. Un aumento de esta magnitud implicaría, de acuerdo a los autores, al menos 2,3 puntos de inflación adicional durante el año, que volvería más difícil también la necesaria recuperación de los salarios. Una decisión que contenga este trilema precisa, mínimamente, que los caciques del Frente de Todos depongan las armas. Durante el armado de la coalición, la mesa constitutiva estaba conformada por Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner, Santiago Cafiero, Wado de Pedro y Sergio Massa. De esa formación inicial solo quedan el Presidente y su Canciller. Se le sumaron en el último tiempo Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta. Volver a representar a todos los sectores en una mesa de decisiones parece ser el único camino para que este artefacto complejo y heterogéneo tenga alguna posibilidad -cada vez más remota- de reelegir el año que viene. En el entorno de la vicepresidenta entienden que, por las condicionalidades del programa con el Fondo y la falta de Política en el dispositivo -carencia que tiene responsables en todas las tribus-, el triunfo del Frente de Todos es un horizonte cada vez más lejano. Sergio Massa es más optimista. Incluso hay sectores que orbitan a Cristina que hablan de dos opciones peronistas en las presidenciales de 2023. #OffTheRecord consultó a uno de los interlocutores si esa segunda opción era la de los gobernadores sin reelección que sponsorea Techint y parte del establishment. “Tres entonces”, fue la lacónica respuesta. En Argentina hay solo dos dispositivos de poder que son Mauricio Macri y Cristina Kirchner. El larretismo lo entendió, el albertismo no está claro. La rigidez de la VP que narran los medios es, en realidad, menor que su flexibilidad. Puede dar fe de esto La Cámpora que la primera ley que tuvo que votar fue la Antiterrorista. O José Ignacio de Mendiguren cuando consiguió la eliminación de la doble vía durante su mandato como jefe de la UIA. También la empresa Chevron o el propio Martín Guzmán durante los debates con los bonistas. Asimismo es mitológico el malestar que le genera no ser parte de las decisiones. La única posibilidad que le queda al FdT es comprender esto. La tensiones que puede generar esa reducción progresiva de subsidios -que acordó el gobierno con el FMI, pero que también era un objetivo de Guzmán y Alberto Fernández como lo fue a partir de 2014 de Cristina Kirchner y Axel Kicillof- no pueden evitar que la problemática sea abordada con datos y buena fe. De acuerdo a otro estudio aún no publicado, en este caso del mencionado Arceo con Fundar, la tarifa R2 de Edenor para un consumo promedio de 289 Kwh/mes alcanzó en septiembre de 2021 un valor de 3,2% del Salario Mínimo Vital y Móvil, el valor más bajo desde que el macrismo comenzó con la quita agresiva de subsidios en 2017 y que, en 2019, alcanzó el 7,2% del mismo indicador entre marzo y julio de ese año. Para tener un parámetro, durante los últimos años del kirchnerismo este índice no superó el 1% del mínimo salarial. En la década del '90, cuando se dispuso la privatización de los servicios y la dolarización de tarifas, ese valor llegó al 10%. La situación, como se ve, es compleja, aunque la pregunta, en una economía que cerró el último año por encima del 50% de inflación general, es cuál es el sentido de destinar cada año más recursos a subsidiar las tarifas para que, en el mejor de los casos, resulten el refugio de una parte cada vez más pequeña del poder adquisitivo mientras todos los demás bienes de la economía lo horadan en forma sistemática en parte por la presión que ejercen esos subsidios sobre la inflación o el mercado cambiario. El impacto electoral de esos aumentos lo relativiza el triunfo de Esteban Bullrich en 2017. El desafío, para el que el espacio fiscal negociado por el gobierno debería ser de utilidad, será establecer mecanismos efectivos para la recomposición de salarios -especialmente informales- y de transferencias directas para ciudadanos vulnerables. Dentro de esta deliberación, asoma una buena noticia para el gobierno. En una encuesta -realizada por la consultora Aresco para una entidad privada- que llegó al despacho del Presidente sobre la temporada de verano, los resultados son evidentes. El balance de los primeros meses del año en un universo de tres mil encuestados arrojó una valoración positiva del período del 78.1%. El dinamizador de estos resultados fue el programa PreViaje que según el sondeo tiene un 64% de aprobación. Los números son tan determinantes que hasta uno de los jefes de La Cámpora se edificó como el principal difusor de la iniciativa dentro del gabinete: en las redes de Eduardo “Wado” De Pedro se lo puede ver al titular de la cartera de Interior junto a diferentes gobernadores celebrando los resultados del plan. Esto llevó a Matías Lammens a alcanzar una imagen positiva de 56.4% y alternar, en función del sondeo, en el primer lugar en imagen de los ministros junto a su par de Salud, Carla Vizzotti. El tercer y cuarto puesto se lo disputan Guzmán y el propio De Pedro. La única incógnita hasta el momento es por qué el Presidente prácticamente no capitaliza el -hasta ahora- programa más exitoso de su gobierno. Si bien el PreViaje tuvo el reconocimiento de casi todo el arco político, otros subsidios han sido señalados por la oposición, casi desde la victoria de Fernández en las PASO presidenciales de agosto de 2019, como una muestra de vocación populista del gobierno y del propio Presidente. La reacción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, ante la posible transferencia de la competencia de una treintena de líneas de colectivos urbanos, sin embargo, es indicativa de una oposición que no está dispuesta a pagar costos en su gobernabilidad local. El populismo siempre es el otro. El distrito más rico del país no aparece dispuesto a destinar más recursos propios para subsidiar el transporte local ni, alternativamente, a hacer lo mismo que viene pidiendo al gobierno y retirar, al menos, lo que se subsidia en relación al costo del boleto en provincias y regiones mucho más pobres. La comparación hecha por el gobernador radical jujeño, Gerardo Morales, resulta elocuente. También, con una velocidad digna de mejores causas, los funcionarios porteños salieron a cuestionar el evidentemente insuficiente mapa de segmentación de tarifas que circuló en forma extraoficial en redes y medios de comunicación como un ataque político contra los votantes de JxC. El argumento tiene trampa. La superposición entre las mejores geografías para el voto cambiemita en el AMBA y la población de altísimo poder adquisitivo es casi total. Las autoridades porteñas aprovecharon el debate para repetir que la Ciudad es una víctima del reparto de la coparticipación, dada la diferencia entre los impuestos nacionales que cobra y los partidas que recibe. El argumento tiene trampa, incluso más allá de la concepción sobre el federalismo, y cualquiera que lo dé con seriedad debería saber que es mucho más complejo que la mera comparación entre los muchos fondos coparticipables recaudados y la poca coparticipación recibida. Los recursos propios que recauda la Ciudad de Buenos Aires se benefician enormemente de su condición de capital de la Nación y sede administrativa que explica que la Nación pague mensualmente, en territorio porteño, miles de millones de pesos en sueldos, jubilaciones y que las empresas, produzcan lo que produzcan, y donde sea que lo hagan, suelan tener oficinas centrales en la metrópoli. Si las provincias se benefician fiscalmente de los impuestos que pagan los porteños, un rápido análisis de la canasta de exportaciones e importaciones arrojaría que los porteños consumen los dólares que se generan en otra parte. En sentido contrario, podría decirse que la capital, con consumidores sofisticados y de relativamente alto poder adquisitivo, importantes usinas culturales y de conocimiento, explica gran parte de la demanda de lo que produce el resto del país. La enumeración no pretende agotar argumentos en uno u otro sentido sino mostrar que la aritmética de la victimización porteña es tendenciosa y sólo sirve para dar de comer a la grieta. Los privilegios en las tarifas de transporte, que consagran una diferencia sobre distritos mucho menos desarrollados pagada por la población en su conjunto, en cambio, aparecen evidentemente injustos desde cualquier mirada mínimamente desinteresada. Bonus track
Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván |
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