Por Raúl Kollmann
El comentario anoche en Comodoro Py era extendido: cuando en la Casa Rosada necesitaban algo para sacar el foco, aunque sea unos días, de los Panama Papers y del tarifazo en energía, combustibles y transportes, el juez federal Sebastián Casanello se destapó con la orden de detención del empresario Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín. Quienes rodean al magistrado justificaron la sorpresiva medida explicando que Casanello viene con la idea de detener a Báez desde hace casi un mes, cuando vio las imágenes de su hijo contando millones de dólares en la financiera SGI. Pero, además, lo decidió a librar la orden de captura la preparación del avión de Báez supuestamente para un viaje sin plan de ruta. “Temió que se fugue”, señalaron en los juzgados federales. Sin embargo, el avión del empresario aterrizó en San Fernando donde, curiosamente, ya estaban convocados todos los medios de comunicación. La movida permitió un show desde el atardecer, cuando lo llevaron a una dependencia de la Federal en Plaza Italia, hasta casi la media noche, cuando Báez fue trasladado a Delitos Complejos, en Lugano. Todo indica que no fue casual que lo quisieran exponer a los gritos y los flashes.
Indagatoria
Báez estaba citado a declaración indagatoria mañana, jueves, y los hechos demuestran que el empresario se disponía a presentarse acompañado por su abogado Daniel Rubinovich. También estaban convocados Pérez Gadín y el hijo de Lázaro, Martín, quien aparecía en las imágenes tomadas cuando se contaban los fajos de billetes en SGI, en Puerto Madero.
Sin embargo, en forma sorpresiva el magistrado decidió detenerlo argumentando que existe un peligro de fuga: “se vio que Báez tiene un avión privado que no anticipa los planes de vuelo, es decir el destino final de ese vuelo. El juez no se puede arriesgar a que se le escape”, sostuvieron en Comodoro Py.
La realidad es que el avión del empresario aterrizó, como estaba previsto, en San Fernando y el viaje obedecía justamente a que venía a la indagatoria. Cuando aterrizó, los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informaron que quedaba detenido a lo que reaccionó escuetamente: “No entiendo, si vine para declarar”.
El comentario mayoritario en los juzgados federales es que la decisión de Casanello le vino como anillo al dedo al Gobierno. El mandatario llevaba 48 horas tratando de explicar por qué aparece como director de dos empresas radicadas en un paraíso fiscal. Y las sospechas y sonrisas en Comodoro Py ya venían de antes: cuando las tapas de los diarios del domingo iban derechito a tener como tema el tarifazo del viernes, apareció otra oportuna orden de detención. En ese caso fue Julián Ercolini, que no suele tomar medidas un sábado, esta vez resolvió la detención de Ricardo Jaime en el feriado. Tampoco Jaime se disponía a fugarse.
Al final de la jornada de ayer, Casanello hizo público que adelantará las indagatorias. Hoy estarán ante el magistrado y el fiscal Marijuán Lázaro Báez, su hijo Martín y Pérez Gadín. El juez tendrá diez días para resolver la situación de los imputados.
Argumentos
Quienes rodean a Casanello dicen que tomó la decisión de avanzar contra Báez tras ver las imágenes de la financiera SGI, en las que aparecían Martín Báez, Pérez Gadín, Walter Zanot –titular de la empresa de taxis aéreos de Báez– y Fabián Rossi. A todos ellos se los veía contando algo más de cinco millones de dólares. Esas tomas, originadas en las cámaras de seguridad de SGI, venían siendo ofrecidas al mejor postor supuestamente por ex agentes de la ex SIDE. Tomando en cuenta el video, el magistrado argumentó que la cantidad de dinero, el hecho de que fuera en efectivo, la sospecha de que se haya traído la plata en un taxi aéreo de la compañía Top Air –propiedad de Báez– evidencian un origen ilícito de toda la operación. Además, Casanello dice que ese movimiento de dinero se hizo en 2012, cuando SGI era manejada por Pérez Gadín, el contador de Báez, lo que hace presumir la responsabilidad de ambos en el lavado de dinero.
En el cuadro de situación entra –según Casanello– una segunda investigación: la que puso el ojo en las facturas truchas de Austral Construcciones. El juez sostiene que aparecen como costos de Austral una enorme cantidad de facturas de gastos y costos pagados a empresas fantasmas por lo cual se escondieron de esa manera ganancias y el consiguiente pago de impuestos. Es decir que –siempre en versión del juez– Báez escondía ganancias, evadía impuestos, convertía esos fondos en dólares y lavaba ese dinero a través de SGI. Casanello considera que tiene probado el delito originario –la evasión fiscal– y el lavado de dinero. Los mal pensados de Comodoro Py creen que el efecto ya se logró: que se hablará menos de las sociedades del Presidente en Panamá y que ya no estarán tan en el foco los hombres de su riñón como Néstor Grindetti y Daniel Angelici. Eso sí, el tarifazo, los despidos y la caída en la actividad parecen más difíciles de amortiguar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario