La Justicia realizó cinco allanamientos en oficinas del gobierno porteño por la investigación de las irregularidades en la contratación millonaria de una empresa creada por Fernando Niembro. Para colmo, su socio Atilio Meza también es candidato a diputado por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
La Usina de negocios de Niembro y Macri
El fiscal Velarde encabezó los procedimientos y se llevó documentación del área Compras y Contrataciones. También la Procelac abrió una investigación preliminar por lavado. El socio de Niembro también es candidato de Cambiemos.
Los contratos del Gobierno de la Ciudad con la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado de Cambiemos y beneficiario –a través de una productora de publicidad– de millonarios negocios con fondos del Estado, resultan cada día más llamativos. La empresa creada por el comentarista deportivo, que facturó trabajos por 21 millones de pesos, no tenía empleados registrados. Niembro aseguró que se desvinculó de ella para ser candidato, pero su socio, Atilio Alberto Meza, resultó que también era candidato de Cambiemos. De hecho, lo sigue siendo y sigue estando a cargo del negocio. Con La Usina S.R.L., Niembro facturó mientras fue socio 10 millones con dos únicos clientes, el gobierno porteño y el Banco Ciudad. Pero se desprendió de su parte por la exigua cifra de 20 mil pesos. Con estos datos como telón de fondo, la Justicia dio impulso a una causa para determinar si se cometió el delito de administración fraudulenta. Ayer, la fiscalía de instrucción de Carlos Velarde se presentó en el gobierno porteño para llevarse documentación del área de Compras y Contrataciones. También habrían realizado un allanamiento en las oficinas de La Usina Producciones. Mientras se realizaban estos operativos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una segunda investigación, de carácter preliminar, sobre los movimientos de los fondos para determinar si hubo lavado de dinero.
Los operativos, cinco en total, fueron llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43. La semana pasada, en base a una notas periodísticas, el abogado Antonio Liurgo presentó la denuncia inicial para que se investigara la adjudicación de los contratos de encuestas y consultoría. El viernes, el fiscal pidió medidas al juez de instrucción Roberto Ponce, que autorizó los allanamientos u órdenes de presentación, delegando la instrucción en la fiscalía.
Fuentes judiciales aseguraron que ayer, cuando el personal se presentó a pedir la documentación les fue entregada. Velarde ya comenzó a analizar el material secuestrado, aunque según una primera lectura, los documentos estarían incompletos. “No se encontró nada”, fue la definición.
Los hechos denunciados podrían implicar la comisión no solamente del delito de presunta administración fraudulenta: La Usina, creada por Niembro en mayo de 2012, recibió en los tres años que van hasta hoy 21 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad por servicios que no está claro si se prestaron, mediante contratos que eludieron la licitación pública.
Muchos de esos trabajos fueron pagados como encuestas y auditorías, una actividad que no figura entre los fines de la empresa –que fue inscripta como una productora de publicidad–. Para evitar los controles, los funcionarios porteños utilizaron el mecanismo de la contratación directa y otras veces apelaron al Decreto 556/2010, que permite hacer gastos de “imprescindible necesidad”.
Por esto, la Procelac, organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó, resolvió abrir una investigación preliminar. La Procelac pidió también al gobierno porteño el listado completo de las contrataciones a La Usina y el detalle de su objeto y montos. Ayer, recibió, además, una denuncia de la legisladora Gabriela Alegre (FpV) en el mismo sentido.
“Está claro que el objeto y las contrataciones a La Usina Producciones no constituían un servicio esencial ni revistieron urgencia”, indicó en la diputada en la presentación que dejó en el área de Delitos contra la Administración Pública. “La falta de transparencia fue mayúscula porque también se violó la obligación legal de publicar en el Boletín Oficial las contrataciones. Y el escenario se agrava porque no hay evidencia ciertas de que los servicios contratados se hayan efectivamente concretado.”
Para Alegre, “resulta claro que el vínculo político de Niembro con el jefe de Gobierno y el partido de gobierno –del que es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires– hizo posible estas contrataciones millonarias”. Dado que los contratos eludieron todos los controles, no fueron informados en el Boletín Oficial, se firmaron con una empresa que no tiene registrados empleados y no está acreditado que efectivamente se hayan realizado, la diputada concluyó que se puede presumir que hubo “una maniobra dirigida a blanquear fondos”.
También el abogado Liurgo llevó una nueva denuncia, en este caso ante la fiscalía de primera instancia y como ampliación de su presentación inicial. Los datos que aportó señalan otras irregularidades y elementos que no cierran sobre el funcionamiento de la productora. Por ejemplo, “el socio de Niembro, Meza, declaró a la AFIP que gana menos de 15 mil pesos por mes”, detalló a Página/12. ¿Cómo sería eso posible estando al frente de una empresa que facturó millones? Sin empleados registrados, es un misterio quiénes realizaron las encuestas. “Meza tampoco estaba registrado como gerente de la empresa ni tiene registro de empleador. Estas son cosas que el Gobierno porteño tenía que haber controlado antes de contratar a La Usina”.
Existe un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para que no se permita la contratación de personas y empresas que tengan deudas impositivas, agregó. “Tanto Niembro como su empresa tenían deudas con el fisco y los siguieron contratando.”
Todos estos elementos surgen de registros de organismos oficiales como la AFIP o la Inspección General de Justicia. Un último dato, sin embargo, salió de la boleta electoral de Cambiemos, en la que el socio de Niembro, Atilio Meza, resultó que figura como candidato a diputado suplente. En el macrismo no negaron esa doble condición de candidato y contratista, pero le quitaron importancia. Consultados sobre el punto, se limitaron a responder con un “Meza está, pero de relleno”.
El socio también es candidato
Hasta ahora, el candidato a diputado Fernando Niembro no pudo explicar claramente el extraordinario beneficio conseguido por su firma La Usina –sin empleados ni antecedentes en el rubro– gracias a contrataciones directas con el gobierno porteño. Entre las respuestas que dio, dijo que había vendido su parte hacía un año y medio, antes de que se firmaran los principales contratos. La respuesta fue repetida luego por los principales candidatos del PRO, incluyendo a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Pero resultó que, para entonces, La Usina ya había facturado contratos por 10 millones de pesos. Además, hace un año y medio Niembro comenzó el trámite, pero la desvinculación formal se concretó recién hace seis meses. Pese a las perspectivas que ofrecía con tan buenos negocios, vendió su parte en La Usina al precio de saldo de 20 mil pesos a Aldana Meza, a quien se cree vinculada a su ex socio Atilio Meza. Pero lo que Niembro nunca contó es que Atilio Meza también era candidato en la misma lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que él. Claro que mientras Niembro va como número uno, Meza ocupa el modesto lugar 13 entre los candidatos suplentes. Sin embargo, las sospechas de las vinculaciones políticas quedaron plenamente confirmadas.
El mismo modus operandi
La flojera de papeles en el accionar legal de las empresas de propiedad o vinculadas al periodista y candidato a diputado bonaerense por el PRO, Fernando Niembro, no comenzaron con las irregularidades en los contratos entre La Usina, productora de la que era socio, y el Ejecutivo porteño. Allá por 1990, cuando oficiaba de secretario de Prensa y Difusión del entonces presidente Carlos Menem, debió renunciar al cargo tras conocerse que la publicidad del canal público pasaba por una empresa de la que también era socio accionario. Así como sucede por estos días, la revelación entonces lo puso bajo el foco de la corrupción. La Justicia investiga si Niembro, a través de La Usina, cobró una pauta millonaria del gobierno porteño, en manos del partido que integra y por el que uno de los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires. Hace 13 años, se hizo público que la facturación de la publicidad del Estado en Argentina Televisora Color (ATC) bajo su órbita –dado que era secretario de Prensa y Difusión– se hacía a través de una agencia privada de su propiedad.
“Un mecanismo para financiar la campaña”
El diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié se preguntó si la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, no es un mecanismo para financiar las campañas de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Es una empresa que no tiene empleados, que se creó para cobrar los 23 millones de pesos por contratación directa y solamente tiene como cliente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el legislador. En el mismo sentido se pronunció la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien aseguró que la denuncia sobre los contratos que beneficiaron a una empresa vinculada al periodista y candidato del PRO con esos millonarios contratos evidencia “un mecanismo oculto de financiamiento de la política” y afirmó que no es el único caso, por lo cual pedirá el listado de consultoras que trabajan para el Gobierno de la Ciudad. “Con la plata que los porteños pagan, por ejemplo en los impuestos y subas de ABL, se está financiando la campaña nacional de Mauricio Macri y la de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal”, dijo la legisladora. Para Cerruti, este mecanismo representa “una asociación ilícita en la cual se inventan consultoras que son contratadas nada más que por el gobierno porteño y cuyos pagos vuelven al PRO para la campaña”. Por eso presentará un pedido de informes para exigir a la gestión macrista “cuántas son las consultoras que existen actualmente como proveedoras del Estado porteño” y que, según sospecha la legisladora, podrían haber sido beneficiadas con el mismo sistema de contrataciones directas. En ese marco, relató sobre un “caso paradigmático” que detectó en publicaciones del Boletín Oficial de la Ciudad y que refiere al marido de la vicejefa de Gobierno y candidato del PRO en Morón, Ramiro Tagliaferro, quien, a su vez, “es director asociado de la consultora Poliarquía”.
Con sólo dos clientes
La Usina Producciones fue contratada mediante el decreto 556/2010 en, por lo menos, 20 oportunidades, por un monto cercano a los 8 millones de pesos, entre los años 2013-2015, para realizar encuestas y auditorías para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en relación al servicio de Higiene Urgana. La Secretaría de Medios de la Jefatura de Gobierno, el Ministerio de Modernización, el de Desarrollo Social y el de Salud usaron la modalidad de contratación directa con contratos que sumaron otros diez millones entre 2012 y 2015. Los trabajos contratados fueron, entre otros, publicidad institucional hospitalaria y folletería del servicio de transporte. La Usina tuvo sólo dos clientes; el gobierno porteño y el Banco Ciudad, que la contrató para difundir publicidad durante el Mundial de Fútbol 2014, realizado en Brasil. El contrato superó el millón de pesos por publicidad en el canal Fox Sport, en el que trabajaba Niembro. El periodista deportivo vendió su parte de la empresa en 20 mil pesos a Aldana Meza –se cree que familiar del otro socio, Atilio Meza–. La cesión se habría realizado en marzo de 2014, cuando la empresa ya había facturado al GCBA más de diez millones de pesos.
08/09/15 Página|12
La Usina de negocios de Niembro y Macri
El fiscal Velarde encabezó los procedimientos y se llevó documentación del área Compras y Contrataciones. También la Procelac abrió una investigación preliminar por lavado. El socio de Niembro también es candidato de Cambiemos.
Los contratos del Gobierno de la Ciudad con la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado de Cambiemos y beneficiario –a través de una productora de publicidad– de millonarios negocios con fondos del Estado, resultan cada día más llamativos. La empresa creada por el comentarista deportivo, que facturó trabajos por 21 millones de pesos, no tenía empleados registrados. Niembro aseguró que se desvinculó de ella para ser candidato, pero su socio, Atilio Alberto Meza, resultó que también era candidato de Cambiemos. De hecho, lo sigue siendo y sigue estando a cargo del negocio. Con La Usina S.R.L., Niembro facturó mientras fue socio 10 millones con dos únicos clientes, el gobierno porteño y el Banco Ciudad. Pero se desprendió de su parte por la exigua cifra de 20 mil pesos. Con estos datos como telón de fondo, la Justicia dio impulso a una causa para determinar si se cometió el delito de administración fraudulenta. Ayer, la fiscalía de instrucción de Carlos Velarde se presentó en el gobierno porteño para llevarse documentación del área de Compras y Contrataciones. También habrían realizado un allanamiento en las oficinas de La Usina Producciones. Mientras se realizaban estos operativos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una segunda investigación, de carácter preliminar, sobre los movimientos de los fondos para determinar si hubo lavado de dinero.
Los operativos, cinco en total, fueron llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43. La semana pasada, en base a una notas periodísticas, el abogado Antonio Liurgo presentó la denuncia inicial para que se investigara la adjudicación de los contratos de encuestas y consultoría. El viernes, el fiscal pidió medidas al juez de instrucción Roberto Ponce, que autorizó los allanamientos u órdenes de presentación, delegando la instrucción en la fiscalía.
Fuentes judiciales aseguraron que ayer, cuando el personal se presentó a pedir la documentación les fue entregada. Velarde ya comenzó a analizar el material secuestrado, aunque según una primera lectura, los documentos estarían incompletos. “No se encontró nada”, fue la definición.
Los hechos denunciados podrían implicar la comisión no solamente del delito de presunta administración fraudulenta: La Usina, creada por Niembro en mayo de 2012, recibió en los tres años que van hasta hoy 21 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad por servicios que no está claro si se prestaron, mediante contratos que eludieron la licitación pública.
Muchos de esos trabajos fueron pagados como encuestas y auditorías, una actividad que no figura entre los fines de la empresa –que fue inscripta como una productora de publicidad–. Para evitar los controles, los funcionarios porteños utilizaron el mecanismo de la contratación directa y otras veces apelaron al Decreto 556/2010, que permite hacer gastos de “imprescindible necesidad”.
Por esto, la Procelac, organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó, resolvió abrir una investigación preliminar. La Procelac pidió también al gobierno porteño el listado completo de las contrataciones a La Usina y el detalle de su objeto y montos. Ayer, recibió, además, una denuncia de la legisladora Gabriela Alegre (FpV) en el mismo sentido.
“Está claro que el objeto y las contrataciones a La Usina Producciones no constituían un servicio esencial ni revistieron urgencia”, indicó en la diputada en la presentación que dejó en el área de Delitos contra la Administración Pública. “La falta de transparencia fue mayúscula porque también se violó la obligación legal de publicar en el Boletín Oficial las contrataciones. Y el escenario se agrava porque no hay evidencia ciertas de que los servicios contratados se hayan efectivamente concretado.”
Para Alegre, “resulta claro que el vínculo político de Niembro con el jefe de Gobierno y el partido de gobierno –del que es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires– hizo posible estas contrataciones millonarias”. Dado que los contratos eludieron todos los controles, no fueron informados en el Boletín Oficial, se firmaron con una empresa que no tiene registrados empleados y no está acreditado que efectivamente se hayan realizado, la diputada concluyó que se puede presumir que hubo “una maniobra dirigida a blanquear fondos”.
También el abogado Liurgo llevó una nueva denuncia, en este caso ante la fiscalía de primera instancia y como ampliación de su presentación inicial. Los datos que aportó señalan otras irregularidades y elementos que no cierran sobre el funcionamiento de la productora. Por ejemplo, “el socio de Niembro, Meza, declaró a la AFIP que gana menos de 15 mil pesos por mes”, detalló a Página/12. ¿Cómo sería eso posible estando al frente de una empresa que facturó millones? Sin empleados registrados, es un misterio quiénes realizaron las encuestas. “Meza tampoco estaba registrado como gerente de la empresa ni tiene registro de empleador. Estas son cosas que el Gobierno porteño tenía que haber controlado antes de contratar a La Usina”.
Existe un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para que no se permita la contratación de personas y empresas que tengan deudas impositivas, agregó. “Tanto Niembro como su empresa tenían deudas con el fisco y los siguieron contratando.”
Todos estos elementos surgen de registros de organismos oficiales como la AFIP o la Inspección General de Justicia. Un último dato, sin embargo, salió de la boleta electoral de Cambiemos, en la que el socio de Niembro, Atilio Meza, resultó que figura como candidato a diputado suplente. En el macrismo no negaron esa doble condición de candidato y contratista, pero le quitaron importancia. Consultados sobre el punto, se limitaron a responder con un “Meza está, pero de relleno”.
El socio también es candidatoHasta ahora, el candidato a diputado Fernando Niembro no pudo explicar claramente el extraordinario beneficio conseguido por su firma La Usina –sin empleados ni antecedentes en el rubro– gracias a contrataciones directas con el gobierno porteño. Entre las respuestas que dio, dijo que había vendido su parte hacía un año y medio, antes de que se firmaran los principales contratos. La respuesta fue repetida luego por los principales candidatos del PRO, incluyendo a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Pero resultó que, para entonces, La Usina ya había facturado contratos por 10 millones de pesos. Además, hace un año y medio Niembro comenzó el trámite, pero la desvinculación formal se concretó recién hace seis meses. Pese a las perspectivas que ofrecía con tan buenos negocios, vendió su parte en La Usina al precio de saldo de 20 mil pesos a Aldana Meza, a quien se cree vinculada a su ex socio Atilio Meza. Pero lo que Niembro nunca contó es que Atilio Meza también era candidato en la misma lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que él. Claro que mientras Niembro va como número uno, Meza ocupa el modesto lugar 13 entre los candidatos suplentes. Sin embargo, las sospechas de las vinculaciones políticas quedaron plenamente confirmadas.
El mismo modus operandi
La flojera de papeles en el accionar legal de las empresas de propiedad o vinculadas al periodista y candidato a diputado bonaerense por el PRO, Fernando Niembro, no comenzaron con las irregularidades en los contratos entre La Usina, productora de la que era socio, y el Ejecutivo porteño. Allá por 1990, cuando oficiaba de secretario de Prensa y Difusión del entonces presidente Carlos Menem, debió renunciar al cargo tras conocerse que la publicidad del canal público pasaba por una empresa de la que también era socio accionario. Así como sucede por estos días, la revelación entonces lo puso bajo el foco de la corrupción. La Justicia investiga si Niembro, a través de La Usina, cobró una pauta millonaria del gobierno porteño, en manos del partido que integra y por el que uno de los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires. Hace 13 años, se hizo público que la facturación de la publicidad del Estado en Argentina Televisora Color (ATC) bajo su órbita –dado que era secretario de Prensa y Difusión– se hacía a través de una agencia privada de su propiedad.
“Un mecanismo para financiar la campaña”
El diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié se preguntó si la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, no es un mecanismo para financiar las campañas de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Es una empresa que no tiene empleados, que se creó para cobrar los 23 millones de pesos por contratación directa y solamente tiene como cliente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el legislador. En el mismo sentido se pronunció la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien aseguró que la denuncia sobre los contratos que beneficiaron a una empresa vinculada al periodista y candidato del PRO con esos millonarios contratos evidencia “un mecanismo oculto de financiamiento de la política” y afirmó que no es el único caso, por lo cual pedirá el listado de consultoras que trabajan para el Gobierno de la Ciudad. “Con la plata que los porteños pagan, por ejemplo en los impuestos y subas de ABL, se está financiando la campaña nacional de Mauricio Macri y la de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal”, dijo la legisladora. Para Cerruti, este mecanismo representa “una asociación ilícita en la cual se inventan consultoras que son contratadas nada más que por el gobierno porteño y cuyos pagos vuelven al PRO para la campaña”. Por eso presentará un pedido de informes para exigir a la gestión macrista “cuántas son las consultoras que existen actualmente como proveedoras del Estado porteño” y que, según sospecha la legisladora, podrían haber sido beneficiadas con el mismo sistema de contrataciones directas. En ese marco, relató sobre un “caso paradigmático” que detectó en publicaciones del Boletín Oficial de la Ciudad y que refiere al marido de la vicejefa de Gobierno y candidato del PRO en Morón, Ramiro Tagliaferro, quien, a su vez, “es director asociado de la consultora Poliarquía”.
Con sólo dos clientes
La Usina Producciones fue contratada mediante el decreto 556/2010 en, por lo menos, 20 oportunidades, por un monto cercano a los 8 millones de pesos, entre los años 2013-2015, para realizar encuestas y auditorías para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en relación al servicio de Higiene Urgana. La Secretaría de Medios de la Jefatura de Gobierno, el Ministerio de Modernización, el de Desarrollo Social y el de Salud usaron la modalidad de contratación directa con contratos que sumaron otros diez millones entre 2012 y 2015. Los trabajos contratados fueron, entre otros, publicidad institucional hospitalaria y folletería del servicio de transporte. La Usina tuvo sólo dos clientes; el gobierno porteño y el Banco Ciudad, que la contrató para difundir publicidad durante el Mundial de Fútbol 2014, realizado en Brasil. El contrato superó el millón de pesos por publicidad en el canal Fox Sport, en el que trabajaba Niembro. El periodista deportivo vendió su parte de la empresa en 20 mil pesos a Aldana Meza –se cree que familiar del otro socio, Atilio Meza–. La cesión se habría realizado en marzo de 2014, cuando la empresa ya había facturado al GCBA más de diez millones de pesos.
08/09/15 Página|12
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