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14/12/2021 Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. El de la semana que viene será el último #OffTheRecord hasta nuevo aviso a menos que haya un cisne negro. Spoiler: habrá. “El acuerdo con el Fondo ya tiene 116 votos, le faltan 13”. La frase que repite en privado Máximo Kirchner puede ofrecer múltiples lecturas, pero tiene una inmediata: la oposición no tiene margen para no acompañar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el último #OffTheRecord de noviembre, titulado “Yo voy a votar lo mismo que Máximo”, se anticipaba la lectura de un muy relevante diputado opositor que temía que su espacio absorba, junto con la Casa Rosada, el costo político de un eventual acuerdo con el FMI en caso que el kirchnerismo no lo acompañara. En la última semana, esa lectura, a la que la oposición solo se animaba en off, la explicitó Alfredo Cornejo: "Si cuando haya que votar lo del FMI, Cristina no firma su apoyo, la oposición no lo votará". Lo que dice Cornejo -y que cuenta con la proverbial pasividad del sistema empresarial, de comunicación y político en general para quienes emiten este tipo de definiciones y tienen la suerte de no ser peronistas- es que Juntos prefiere el actual esquema de plazos y vencimientos -casi de US$ 18 mil millones en 2022, US$ 19 mil millones en 2023 y, finalmente, aproximadamente US$ 5 mil millones en 2024- a un mejor acuerdo para la Argentina -sin menospreciar el trabajo de Martín Guzmán: francamente será difícil no embellecer lo que firmó Macri- con la única variable que ordena al oficialismo y la oposición hace 15 años: Cristina Fernández de Kirchner. Es decir: al titular de la UCR le parece menos relevante los plazos, los vencimientos, el programa, la velocidad del ajuste fiscal o las condiciones que podría imponer el organismo en materia previsional o laboral que el único factor ordenador que tiene hoy la constelación opositora: el costo político que pueda hacerle pagar a CFK. No sorprende la estrategia -ocurre en todos los espacios- sino que se reconozca en público. A Cornejo, también es justo decirlo, lo ayuda el oficialismo. El acto multitudinario por el día de la Democracia mostró, tal vez como nunca, que el momento que atraviesan Alberto Fernández y Cristina dista de ser el más armónico. El modo enunciativo que eligió la vice arriba del escenario fortalece la posición de quienes quieren acumular políticamente a través de las diferencias entre ambos -desde adentro y afuera del FdT-. El evidente fastidio de Cristina tiene, a su vez, un argumento irrebatible: el kirchnerismo es el único espacio dentro de la coalición oficialista que pone en juego capital político en la negociación con el FMI. Un ejercicio útil es desgrabar los discursos del binomio presidencial. Leerlos sin escucharlos. El diagnóstico y el horizonte, al menos en lo discursivo, es el mismo. Algo de esto debe pensar Martín Guzmán. “El discurso de la vicepresidenta fue muy bueno”, le dijo a sus colaboradores. Horas antes, el Fondo había emitido un comunicado que parecía oscurecer las posibilidades inmediatas de un acuerdo para la Argentina. No fue lo que entendieron en Economía, donde vieron el comunicado como una serie desde enero de 2020 hasta este último en la que se terminaron de alcanzar entendimientos en aspectos críticos muy diferentes a la filosofía del programa anterior. Respecto a la cuestión fiscal, entienden en el entorno de Guzmán, hay una aceptación que tiene que ser gradual. “¿Y eso cómo se materializa?”, preguntó #OffTheRecord. “Que no haya contracción del gasto real”, fue la respuesta. “Hay un reconocimiento por primera vez del rol del capital público y el desarrollo científico y tecnológico. Eso es lo que fuimos a buscar”, planteó ante este medio una de las personas a cargo de la negociación. La política de precios e ingresos fue un destacado en materia inflacionaria y los acuerdos son una parte de esa dinámica. El FMI apoya como una parte del programa los acuerdos de precios. Tal vez es por eso -y por la revitalización de su vínculo con Cristina- que Guzmán parece ser el principal apoyo de Roberto Feletti en materia de acuerdos de precios. La relación entre Feletti y Julián Domínguez volvió a ser armónica luego de una reunión que mantuvieron el miércoles feriado a la que luego se sumaron Matías Kulfas y el ministro de Economía. Ahí terminó de diagramarse la política frente a la suba de precios de la carne. Si bien nadie se anima a descartar que el acuerdo pueda materializarse antes de fin de año, los resultados de la visita y la necesidad de un fuerte apoyo nacional e internacional empiezan a depositar la línea de llegada en 2022. La reducción del déficit con criterio progresivo es uno de los objetivos con los que arribó la delegación argentina y aseguran haber obtenido un aval para esa estrategia. La aprobación del presupuesto y el acuerdo con el staff como base del programa plurianual son los próximos pasos que espera dar la Casa Rosada en las próximas semanas. Lula, favorito en las encuestas para las presidenciales del año próximo, culminó en el país su gira internacional. Si en Europa pudo, disipado el humo del Lava Jato, ser recibido otra vez como un estadista capaz de sacar a Brasil de la deriva, en Argentina confirmó su condición de líder popular sudamericano. Su discurso, sin embargo, giró en torno al pasado. Nostalgia por los tiempos mejores, menciones a Néstor y Cristina, a Chávez, a Evo, Bachelet y Lagos, Tabaré y Pepe. "La mejor época de la región". Desde aquellos brillos, sin embargo, casi todos los países giraron a la derecha, aunque en muchos la taba haya dado la vuelta. Argentina recayó en el FMI y en el endeudamiento masivo y Brasil atravesó la peor recesión de su historia y sigue sufriendo un período de bajo crecimiento impulsado por la austeridad fiscal. No hubo en las palabras de Lula, y posiblemente tampoco en las de los oradores que le siguieron, claves para el futuro. Apenas la certeza de que los más postergados no pueden ser variable de ajuste es algo corto para los desafíos que los países y la región tienen por enfrentar, en un mundo cada vez más marcadamente bipolar, donde América Latina carece del dinamismo o la importancia geopolítica de Asia -o de los pisos de bienestar europeos- y la unidad indispensable se muestra esquiva cuando debe pasar de las palabras a entrelazamientos económicos o compromisos políticos concretos y perdurables. En el marco de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, en el que de acuerdo al último comunicado del organismo -y a todo lo que sabemos históricamente- el país deberá avanzar rápidamente en la reducción del déficit fiscal como forma de contener su financiamiento monetario, deberá prestarse enorme atención no sólo a la cuantía sino a la eficiencia y al direccionamiento del gasto público. Un estudio de FUNDAR y el CIAS de próxima publicación, al que tuvo acceso Cenital, ofrece la que probablemente sea la mirada más exhaustiva presentada hasta ahora sobre la "ayuda social directa y urgente" en la Argentina. Los descubrimientos resultan de enorme interés en cuanto a los resultados de las políticas aportadas hasta el momento y los caminos para mejorar la intervención pública en esas políticas. El informe se centra en las prestaciones sociales ligadas a la reciente expansión del Estado de Bienestar argentino, que debe trazarse hacia principios de este siglo y que tienen como característica saliente no estar centradas en el empleo formal pagado por el sector privado, como era el caso del Estado de Bienestar tradicional construido por el peronismo. Si bien el informe reconoce una valiosa y constante expansión de derechos hacia personas en situación de vulnerabilidad social, mediante ayudas directas -recibidas por el individuo- y no vinculadas a la realización de un aporte previo, también advierte que este tipo de prestaciones acompañaron una baja de la pobreza hasta 2013 y, desde entonces, un comportamiento errático de esta variable -a pesar de que este tipo de intervenciones no cesaron en su crecimiento- en un país en el que los gastos en protección social respecto del PIB son los segundos mayores de América Latina, apenas por detrás de Brasil. En esos niveles, el gasto social de la Argentina difícilmente puede ser calificado de insuficiente, pero, al observar los resultados, el país no ha mejorado su posición relativa en la región en cuanto a los niveles de pobreza -donde se ubica por debajo de Chile y Uruguay- y, a pesar del esfuerzo en los niveles de gasto y derechos otorgados, no tiene una posición particularmente meritoria en cuanto a los resultados obtenidos en la reducción de la pobreza, donde se ubica en la mitad de la tabla comparativa regional, aun tomando valores de 2018, previos a la profundización de la crisis actual. El informe es crudo: "Argentina ha demostrado ser efectiva para bajar de forma significativa los niveles de pobreza luego de la crisis de 2001, pero a partir de entonces ha registrado un descenso de pobreza inferior al promedio de la región, no logrando disminuirla a la misma velocidad que sus vecinos. Un segundo problema se refiere a la informalidad, que ha disminuido -al igual que la pobreza- menos que en otros países demográficamente comparables". La informalidad alimenta a su vez los problemas de sustentabilidad del sistema de protección social, haciendo crecer las presiones sobre el sistema previsional. La radiografía de la intervención social urgente en Argentina permite identificar inequidades e ineficiencias patentes. La distribución intergeneracional es una evidente. Mientras las pensiones no contributivas se llevan, por lejos, el mayor nivel de gasto, la Argentina sufre una pronunciada infantilización de la pobreza. La pobreza afecta de forma desproporcionadamente mayor a los niños que a los ancianos, pero el gasto público interviene con esas prioridades invertidas. El gasto en pensiones no contributivas representa más del 318% del gasto en todos los demás programas de lucha contra la pobreza sumados. Mientras el 54% de los niños son pobres, el 13% de los ancianos lo son e, incluso si excluimos las moratorias previsionales, el gasto en asignaciones para la niñez es sustancialmente menor al de pensiones por invalidez y otras sin correlatos en aportes. Otra importante llamada de atención de la investigación se centra en la evolución que, durante los últimos años, han tenido las políticas centradas en cooperativas de trabajadores informales, en detrimento de aquellas centradas en la educación y el empleo formal. Mientras el número de beneficiarios de planes de cooperativas rondaba los 250 mil en 2015 -al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- la cifra era mayor al triple -760 mil beneficiarios- al final del gobierno de Macri, y supera el millón en 2021. Entre 2011 y 2019, la inversión social destinada a la llamada economía popular triplicó la cuantía de las intervenciones dirigidas a promover el empleo formal. Aun más llamativo para las narrativas dominantes, por cada peso de aumento de gasto en asignaciones familiares no contributivas -básicamente, la AUH, la principal herramienta contra la pobreza infantil-, durante el gobierno de Macri, se aumentó en 86,23 pesos el gasto dirigido a cooperativas. No sorprende la pasividad de algunas organizaciones sociales durante aquel período. Ante este diagnóstico, el informe realiza una serie de propuestas dirigidas a remediar las debilidades más salientes de las intervenciones sociales, fortaleciendo la vinculación con el mercado laboral formal tanto identificando aquellos sectores en los que las cooperativas podrían insertarse en cadenas de valor de mercado, como con propuestas de apoyo agresivo al primer empleo y el empleo joven. En cuanto a las asignaciones no contributivas, propone un replanteo basado en una segmentación que priorice la pobreza e indigencia infantil como principales factores a ser atacados y un fortalecimiento de la infraestructura urbana en los barrios populares. En tiempos en los que la calidad del gasto público estará en la centralidad ante las presiones sobre su nivel y cuantía y aun sin ajuste difícilmente haya espacio para su crecimiento, la mejora en la eficiencia de las políticas públicas deberá complementar cualquier medida de eficacia. Y la creatividad para aprovechar los medios de intervención hoy disponibles, que no son necesariamente pequeños, será ineludible. Mientras tanto, pasó casi desapercibida una delegación de primerísimo nivel de empresarios rusos comandados por el First Deputy CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Anatoly Braverman, y el matemático accionista del Sovcombank, Dmitry Khotimsky, que, además, estaba interesado en jugadores de las inferiores de River Plate. Junto a ellos viajaron representantes de compañías como Rosgeology, TUI, Qiwi, Kamaz, UOMZ, Hevel Group, Transmashholding, interesadas en sectores como oil & gas, energías renovables, turismo, agricultura, logística, fibra óptica o fintech. A través de la asesora presidencial Cecilia Nicolini -que ofició de sherpa- y de Lisandro Cleri estuvieron reunidos con Guzmán, Kulfas, Domínguez, Miguel Pesce, Adrián Cosentino, Matías Lammens y Darío Martínez del gabinete nacional. También visitaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fue el primer dirigente de orden nacional en celebrar las bondades de la vacuna Sputnik V, financiada en parte por el RDIF comandado por Kirill Dmitriev que tenía previsto ser parte de la comitiva pero tuvo que quedarse en la Federación Rusa por pedido de Vladimir Putin. Rusia, sancionada y en situación de debilidad en este último tiempo, fue una máquina de acumular reservas. Esa situación, sumado al Fondo de Inversión Directa, la transforma en un serio jugador global en materia de inversiones. Tal vez por eso la comitiva rusa tuvo, también, una nutrida agenda en el sector privado. Pan American Energy, Molinos, Aerolíneas Argentinas, Pampa Energía, Cresud, Cámara Argentina de Turismo, YPF, Bioceres, Banco Galicia, Genneia, Banco Macro, Vista y Richmond, fueron algunas de las compañías en las que los gigantes rusos se interesaron y vieron oportunidades de inversión. Bonus track
Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván | |||
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