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Mapa de las políticas sociales en Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente

Un documento de Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino

Durante la última década, el Estado argentino no logró reducir los índices de pobreza, a contramano de lo que ocurre en la región: prácticamente toda América Latina logró hacerlo de forma sostenida. Por otra parte, las dificultades para combatir la pobreza en nuestro país no surgen de un gasto público insuficiente: Argentina es el segundo país de América Latina que más invierte en protección social. Este es el punto de partida del documento de trabajo que les presentamos, realizado en conjunto por el Instituto Universitario CIAS (Centro de Investigación y Acción Social) y Fundar.

Los autores y la autora de este trabajo señalan que, en vistas de este cuadro de situación, es necesario cambiar el enfoque habitual con el que se trata el tema: en lugar de estudiar el tamaño del gasto social, es preciso analizar su composición. Bajo esta premisa, este estudio realiza un análisis de la composición y evolución del gasto social entre 2002 y 2020 e identifica virtudes y problemas de la red de protección social en la Argentina.

El trabajo identifica tres hallazgos en la evolución de la inversión pública en la lucha contra la pobreza. En primer lugar, la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco en pensiones para adultos mayores pobres. En segundo lugar, los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016. El número de cooperativistas ha pasado de 253.939 en 2015 a 1.223.537 en septiembre de 2021. Por último, el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente - cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. De hecho, en 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 a programas de cooperativas de la economía popular.

En dirección a hacer un sistema de protección social más justo y eficiente, el trabajo ofrece como principales propuestas: 1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia; 2) un plan de ‘Empleo Joven’ que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal; y 3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal.

Descargue aquí el Documento de Trabajo y el Policy Brief

Andrés Schipani es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley, director de investigación del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y profesor en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Su agenda de investigación se centra en la economía política de la redistribución en América Latina. Rodrigo Zarazaga es el fundador, rector e investigador principal del Instituto Universitario CIAS (Centro de Investigación y Acción Social). Es sacerdote jesuita, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley, Post Doc por la Universidad de Notre Dame, licenciado en Filosofía y licenciado en Teología. Es investigador adjunto del CONICET y profesor invitado en Georgetown University. Sus trabajos se centran en la investigación de problemas de redistribución, clientelismo y política electoral. Lara Forlino es licenciada en Ciencia Política y Gobierno y maestranda en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato Di Tella, donde también se desempeña como docente.