#LiberenLasPatentes: un grito global contra la desigualdad
En todo el mundo crece la exigencia de liberación de patentes. Más de 150 países, 400 organizaciones y referentes culturales se mostraron a favor de interrumpir las patentes y la propiedad intelectual sobre los desarrollos médicos contra la COVID-19 para democratizar el acceso a la inmunización y salvar vidas.
A 12 meses del comienzo de la pandemia tuvimos la primera certeza. El avance de la ciencia y la técnica fue capaz de desarrollar en poco tiempo varias vacunas distintas, de gran eficacia y seguridad. La promesa de una vuelta a la normalidad, sin embargo, duró poco: el grueso de esos primeros lotes quedó en manos de los países más ricos, y lo que estaba destinado a ser un bien público se transformó en un privilegio regido por el mercado.
En octubre pasado, India y Sudáfrica decidieron ponerle un freno al negocio de las grandes farmacéuticas y propusieron ante la OMC una suspensión temporaria de todas las secciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio que atañen a la propiedad intelectual desarrollada contra la COVID-19, para poder transferir esa tecnología, producirla en distintas partes del mundo y asegurar su distribución equitativa.
La propuesta, que rompe con la mirada mercantilizante de la salud, logró el patrocinio de 58 países y el apoyo de más de 100, entre los que se cuenta la Argentina, pero enfrenta el bloqueo de países como Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea en su conjunto. El tema cobró visibilidad en las últimas semanas y, a partir de la presión social y política, países y organizaciones internacionales como ONUSIDA, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras buscan que se trate y apruebe en la reunión del Consejo General de la OMC. Este jueves 22 deberían comenzar esos debates y el jueves 29 dar alguna definición.
“Es mentira que solo los países ricos puedan desarrollar vacunas y que solo ellos las puedan producir. Si se quita la amenaza de que las farmacéuticas vengan a los países a hacer reclamos y se las obliga a transferir tecnología, podríamos instalar mayor capacidad para que las vacunas se fabriquen en todos lados”, dijo a LatFem la abogada Lorena Di Giano, directora de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) e integrante de la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM).
¿Nueva Normalidad?
La iniciativa de India y Sudáfrica puso de relieve que, aún en un contexto de crisis sanitaria global, el organismo multilateral que ejerce un poder real en el devenir de las acciones estatales no es la Organización Mundial de la Salud, sino la Organización Mundial del Comercio.
El resultado son las cifras ya conocidas: según datos de laONU, el 75 por ciento de las primeras dosis contra la COVID-19 fueron acaparadas por tan solo diez países (en algunos casos, superando en dos y hasta más de tres veces la cantidad de dosis necesarias), mientras que otros 130 ni siquiera pudieron aplicar una y tal vez deban esperar más de un año para acceder a un lote de vacunas. Como plantearon cien organizaciones latinoamericanas como el CELS, APDH, Artigo 19 y DeJusticia, “la lógica económica que se impuso sobre el derecho a la salud nos pone ante una nueva división global entre países inmunizados y no, debido al acceso desigual a vacunas y a la escasez que una liberación de patentes podría revertir”.
De acuerdo a la plataforma Our World Data, al 20 de abril, Asia había administrado el 45% de las dosis a nivel mundial, Norteamérica el 26% y Europa el 20%. En tanto, la cifra desciende abruptamente al 1,67% para el caso del continente africano y al 6,65% para Sudamérica. Desde que se planteó la liberación de patentes hasta ahora, cerca de 2 millones de personas fallecieron por esta enfermedad.
Con este esquema, las posibilidades de compra quedan relegadas a los recursos que cada Estado tenga y a su capacidad de negociación, que se da solo a través de acuerdos bilaterales, con lo que las condiciones del contrato y el precio de las vacunas quedan en muchas ocasiones a merced de la empresa fabricante.
La investigadora de CONICET e integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), María Belén Herrero, explicó a LatFem que “estos procesos de adquisición, distribución y producción responden más a la lógica del mercado y a criterios geopolíticos que a las demandas o a las necesidades mismas que entienden a la salud como un derecho”.
El hecho de que el aprovisionamiento de vacunas dependa de lo que haya logrado negociar cada país con las farmacéuticas en danza tiene todo que ver con el poder que la normativa internacional de patentes, concentrada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), le confiere a esos monopolios.
“Cuando se otorga una patente –planteó Di Giano- el único que puede fabricar, usar, comercializar o importar durante veinte años lo que está patentado es su titular. Y, aunque la patente no se otorgue en el momento, hay una especie de monopolio de hecho porque las empresas pueden reclamar daños por violaciones a los derechos exclusivos que no les otorgaron, o utilizar medidas cautelares para frenar la producción”.
Desde su sanción, en 1994, el Acuerdo sobre los ADPIC, que en principio se planteaba como un mecanismo para acercar innovación e inversiones a los países en desarrollo, dejó la vía libre para hacer de las patentes un negocio en sí mismo que habilita la formación de monopolios.
“Desde entonces hasta ahora, vemos que se atrajo el capital privado pero para generar negocios para los mismos capitales en detrimento de la salud, y eso lo podemos decir porque la escasez de vacunas que hay a nivel mundial deriva de este sistema de patentes que otorga monopolios de exclusividad”, dijo Di Giano.
De hecho, tal como dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski: “La mayoría de las empresas farmacéuticas se han beneficiado de una gran cantidad de fondos públicos invertidos investigación y desarrollo, ensayos y gastados en adquisiciones, con poca o ninguna responsabilidad y condiciones para garantizar el acceso”. Según la ONG, Pfizer y Moderna esperan ingresos por vacunas de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares en 2021.
Salidas insuficientes
Con el pedido de suspensión de patentes, el escenario geopolítico quedó partido en dos: quienes apoyan la moción de India y Sudáfrica (la gran mayoría del Sur Global) y los que bloquean la suspensión. En el medio, solo Chile, Canadá y México se muestran indecisos.
Los países en contra esgrimen que el mismo acuerdo de los ADPIC permite a los Estados recurrir a salvaguardas de salud pública, que habilitan a los poderes ejecutivos fabricar productos genéricos y pagar regalía al titular de la patente por esas ventas. Sin embargo, de esta manera los Estados se enfrentan a represalias en el terreno legal, político y económico. La suspensión de patentes evitaría este tipo de situaciones por parte de las multinacionales, como Pfizer, Moderna, y Johnson & Johnson.
Otro recurso disponible son las “licencias voluntarias”, instrumentos contractuales que dejan a criterio de las empresas la posibilidad de elegir en qué países se pueden fabricar y comercializar versiones genéricas.
“Así, las grandes farmacéuticas las utilizan como una estrategia de marketing a través de la cual se presentan como solidarias, cuando en verdad tienden a convertirlas en acuerdos de fabricación para seguir controlando el mercado”, explica la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) en un informe.
En la última semana la presidenta de la OMC ha propuesto una “tercera vía” para aumentar la producción de vacunas pero esta fórmula ha sido rechazada por más de 200 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, que luchan porque las inmunizaciones lleguen a todo el mundo.
Esta es la postura que dejó entrever la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, quien promueve los acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y compañías que tengan capacidad de fabricación a través de las licencias voluntarias.
Cientos de organizaciones como Amnistía Internacional se expresaron en contra de esa salida, ya que las medidas que apostaban por el voluntarismo y la solidaridad de las empresas se mostraron insuficientes, como es el caso de COVAX, el mecanismo de la OMS para garantizar el acceso a las vacunas.
“AstraZeneca ya concedió una licencia de fabricación al Serum Institute de India para repartir dosis entre 92 países a través de la iniciativa COVAX. Pero ejemplos como este muestran las limitaciones de la propuesta, porque las farmacéuticas mantienen el “control total” sobre el uso de la tecnología y el reparto. Miles de millones de personas dependen ahora principalmente de los suministros de vacunas de una empresa de la India”, apuntó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Lo mismo ocurrió con la plataforma de Acceso Mancomunado a Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP) de la OMS, en la que se podía compartir datos, conocimientos y material biológico, para facilitar la transferencia de tecnología a otros fabricantes, pero, en los hechos, ningún privado accedió a publicar sus desarrollos.
Una oportunidad histórica
La discusión que traen India y Sudáfrica recuerda que se trata de una emergencia sanitaria global, que los bienes que se produzcan para paliar la pandemia deben ser bienes comunes, y que la salida no puede darse mediante nacionalismos o acciones autónomas.
“China, Rusia e India tienen otras lógicas e intereses en este sentido, mucho más vinculados a la diplomacia sanitaria. Y, por supuesto, a través de esta diplomacia, logran una influencia política en este escenario internacional”, explicó Herrero.
La propuesta fue ganando adhesiones y patrocinio, y ya son más de cien los países que mostraron su apoyo, pero la manera en la que toman las decisiones en la OMC es mediante consenso.
“La próxima reunión ordinaria del Consejo de ADPIC son los días 8 y 9 de junio de 2021. Previo a esa fecha hay reuniones informales y formales en abril y mayo, tanto del Consejo de los ADPIC como de la OMC. Es clave seguir uniendo esfuerzos para promover políticas que contribuyan a que la inmunización llegue a cada rincón del mundo”, dijo Belski.La Directora General de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, Josefina Martorell, remarcó que de la pandemia nadie puede librarse solx: “Es imposible que esto se termine si en algunos lugares se da la posibilidad de que se generen nuevas cepas, por eso no podemos seguir pensando en intereses nacionalistas. Teniendo en cuenta de que en cada país haría falta vacunar solo al 20 por ciento de la población, la vacuna tiene que llegar a todos lados”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario