Mientras la economía globalizada se encamina a una nueva recesión, inmersa en conflictos crecientes y “guerras” comerciales y tecnológicas, las democracias de tipo occidental enfrentan un descrédito cada vez más amplio y el surgimiento de diversos liderazgos de marcados rasgos autoritarios, despectivos de la representación política.
La suspensión (prorogation) del Parlamento británico a instancias de la solicitud del Primer Ministro Boris Johnson abre un nuevo capítulo en la crisis constitucional y política que atraviesa el Reino Unido desde el referendo sobre el Brexit, y obliga a una reflexión más amplia sobre la democracia y los partidos políticos a nivel global.
A diferencia de la “disolución” del Parlamento –en la que los parlamentarios renuncian a sus escaños con miras a una elección general— y de los “recesos” estivales, los representantes de la Cámara de los Comunes no votan sobre la programación y duración de la “suspensión”. Esta es un resorte del líder del partido mayoritario, en este caso el Partido Conservador, que controla el Parlamento como primera minoría por el escasísimo margen de un voto y sólo gracias a una incómoda alianza con el DUP (Democratic Unionist Party) de Irlanda del Norte. Esta escasísima mayoría, sumada a la intransigencia a la hora de concertar acuerdos con la oposición, enfrenta a esa fuerza a repetidas derrotas, encarnadas en Theresa May hasta forzar su renuncia.
El 28 de agosto Boris Johnson, estrenado Primer Ministro y afamado por ser un fracasado alcalde de Londres y fanático impulsor del Brexit, impuso sorpresivamente la suspensión para acallar a un Parlamento opuesto como a su ultimátum de abandono de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo de salida.
La parálisis legislativa comenzará el 9 de septiembre y concluirá el 14 de octubre, con el tradicional discurso de la Reina que marca la apertura de sesiones de los Comunes. La suspensión –que usualmente dura entre cuatro y diez días— se extenderá en esta ocasión por cinco semanas y reducirá, sustancialmente, tanto el tiempo como la efectividad de examen parlamentario de la postura del Ejecutivo sobre el Brexit. La última vez que el Parlamento fue suspendido con el objetivo de acallar a la oposición fue en 1948.
La reacción y el rechazo a semejante iniciativa no se han hecho esperar: desde el conservador Financial Times a los Verdes, pasando por el semanario liberal The Economist al diario progresista The Guardian. En sólo 24 horas, más de un millón de ciudadanos firmaron una petición contra la suspensión del Parlamento y numerosos líderes la han rechazado en términos constitucionales y democráticos. En una declaración conjunta, el Partido Laborista, el SNP, el Partido Demócrata Liberal, Plaid Cymru, el Grupo Independiente para el Cambio y el Partido Verde condenaron la acción como antidemocrática y exigieron que sea revertida. La señalan como severamente antidemocrática y una estrategia en contra de la voluntad de la mayoría parlamentaria que trata e impedir un no deal Brexit.
Las voces del propio Partido Conservador se han alzado en contra de la suspensión. El Whip del Gobierno, Lord Young, presentó su renuncia argumentando que la suspensión socava el rol del Parlamento. Sir John Major, ex Primer Ministro conservador, fue el primero en señalar que correspondía acudir a la vía judicial para impugnar la solicitud elevada por el Primer Ministro a la Reina, a fin de evitar que el Parlamento sea silenciado. El SNP ya ha accionado ante la jurisdicción civil de Escocia a fin de impugnar la suspensión del Parlamento y la audiencia ha sido fijada para el 6 de septiembre. Otros recursos han sido presentados ante la Corte Suprema a fin de activar la revisión judicial de la decisión de Boris Johnson.
Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn ha catalogado la suspensión como “un ultraje y una amenaza para nuestra democracia”. Los jóvenes de su partido encabezan la mayoría de las movilizaciones y están convocando a una gran marcha hacia el Parlamento el próximo martes.
Con el fin del receso del verano europeo, los parlamentarios volverán para un debate de emergencia durante la primera semana de septiembre en la cual intentarán recobrar el control del calendario y la agenda legislativa sobre el Brexit y es probable que impulsen una votación de desconfianza (no-confidence vote) contra Boris Johnson. Los precedentes señalan que, de perder la votación, el Primer Ministro debería renunciar abriendo un nuevo capítulo de la crisis.
Más allá de los debates sobre la salida de la UE, esta nueva crisis constitucional en uno de los sistemas políticos más antiguos pone en el centro del debate el deterioro que se viene produciendo al interior de las democracias. La jugada política de Johnson desnuda el desprecio de la elite dirigente por los mecanismos de representación y participación popular y señala la fragilidad de los parlamentos. También, la manera en que dirigentes marketineros y manipuladores ponen rápidamente en jaque a sistemas políticos rígidos, incapaces de responder a las necesidades de las mayorías.
La creciente desigualdad económica tiene su correlato en el debilitamiento de la legitimidad democrática y en el deterioro del estado de derecho. El capitalismo financierizado destruyó el Estado de Bienestar y ahora potencia liderazgos autoritarios que debilitan las instituciones. Ya no se trata de países en desarrollo con carencias sociales gigantescas, pocos recursos e instituciones débiles. Ahora el mal ejemplo se derrama desde las cumbres del poder. El mensaje es claro: a mayor concentración, más desigualdad y autoritarismo, menos democracia y menos respeto por el derecho internacional.
“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Buen momento para reflexionar con Antonio Gramsci.
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