Por Telma Luzzani *
Antes de que se conociera oficialmente el viaje del presidente Barack Obama a la Argentina –es decir, mucho antes de que Taty Almeida sugiriera, con sensatez, que el presidente norteamericano debería pedir perdón al pueblo argentino–, otro demócrata, Bernie Sanders, aspirante presidencial a la Casa Blanca en 2017, aludió a la complicidad de Estados Unidos con los crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Fue el pasado 11 de febrero en Milwaukee. En pleno debate con su rival Hillary Clinton (quien dijo contar con el apoyo político de Kissinger), Sanders se diferenció con una frase demoledora: “Henry Kissinger ha sido el secretario de Estado más destructivo en la historia de EE.UU. No voy a pedir su consejo y estoy orgulloso de no ser su amigo”.
El revuelo fue inmediato. Los medios de Europa y EE.UU. se refirieron al “polémico legado de Kissinger” y publicaron la lista de los peores crímenes autorizados o promovidos por él, entre otros el caso argentino.
La BBC escribió, por ejemplo, que “en Argentina, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no sólo gozó de la simpatía de Kissinger. Según los documentos desclasificados en 2004 del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kissinger instó a los militares argentinos a terminar con la ‘guerra sucia’ cuanto antes, en referencia a la represión contra movimientos guerrilleros y de izquierda en aquel país”.
Sigue la BBC: “Kissinger le dijo al entonces canciller argentino César Guzzetti que ‘deseaba que (los militares) tuvieran éxito, cuanto antes mejor’ y les quitó importancia a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en aquel país”. (ver http://www.bbc.com/mundo/no ticias/2016/02/160212_polemi co_legado_henry_kissinger_con troversia_eeuu_bm).
Sería demasiado ingenuo, casi malintencionado, creer que Obama desconoce la actuación de EE.UU. en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como sugirió Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo, sería un enorme gesto hacia Argentina y el Cono Sur si el presidente norteamericano pidiera disculpas, con la misma dignidad que lo hizo la canciller alemana, Angela Merkel, durante su visita a Israel en marzo de 2008 y el papa Francisco el año pasado en Santa Cruz (Bolivia) y hace pocas semanas en Chiapas.
El otro aspecto polémico que se anunció desde la Casa Blanca es la mención que al parecer haría Obama, durante su visita, sobre “la contribución en la defensa de los derechos humanos en la región” que el presidente Mauricio Macri habría hecho en estos dos meses de gestión.
En este punto, es imperioso analizar dos hechos irrefutables. Es cierto que Obama demuestra intenciones de dejar, antes de irse, algún precedente honorable (aunque difícil de llevar a la práctica) al presentar un plan para cerrar la cárcel de Guantánamo.
Pero esta intención queda sepultada bajo la avalancha de violaciones reiteradas que comete sin cesar EE.UU. Dejemos de lado a los policías blancos jamás castigado por matar muchachos negros desarmados. O a las conocidas prácticas en Guantánamo.
Hay hechos menos difundidos pero igualmente atroces. Cito al menos dos. La denuncia del senador suizo Dick Marty, en junio de 2006, sobre la detención ilegal de prisioneros, trasladados en vuelos secretos de la CIA a diversas cárceles clandestinas en Europa y otras partes del mundo donde se los retenía en forma ilícita y se los torturaba. El escándalo fue tan grande que el ex presidente George W. Bush tuvo que reconocer la existencia de un programa secreto y el ex premier británico Tony Blair debió pedir disculpas ante el Parlamento por el tránsito de detenidos-desaparecidos incluso en el reino.
En febrero de 2007 el Parlamento Europeo publicó un informe donde confirma que “entre 2001 y 2005 los aviones de la CIA hicieron al menos 1245 escalas en aeropuertos europeos llevando con frecuencia a bordo a sospechosos víctimas de ‘desapariciones forzadas’, conducidos ilegalmente hacia la cárcel de Guantánamo o hacia prisiones clandestinas de países cómplices (Egipto, Marruecos), en las que la tortura es una práctica habitual”. Según el informe del Parlamento Europeo, en los aviones se registraron apremios ilegales y el objetivo de estas cárceles aéreas, en continuo movimiento, era impedir que existiese un lugar geográfico en el que pudiera hacerse una denuncia.
No hablamos del pasado remoto, sino del siglo XXI, por lo que cabe preguntarse: ¿tiene la Casa Blanca autoridad moral para decidir quién contribuye y quién no a la defensa de los derechos humanos?
* Autora de Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica.
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