Por Raúl Kollmann
El juez federal Claudio Bonadio dibujó una insólita imputación por asociación ilícita para tener como rehenes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro de Economía Axel Kicillof. El delito de asociación ilícita –que es integrar una organización delictiva– se suele utilizar como maniobra para amenazar a los imputados con meterlos presos. En el caso de Kicillof no lo podrá hacer porque es diputado y tiene fueros, pero respecto a CFK podría concretarlo cuando concurra a Comodoro Py el 13 de abril. El dato surge de la primera indagatoria que se tomó ayer en la causa por la operatoria del dólar futuro. Ante la ex directora del Banco Central, Flavia Matilde Marrodán, actual gerenta de la institución, Bonadio formuló una acusación descabellada en la que no le señala a la funcionaria que votó o hizo tal o cual cosa, sino que integró una asociación ilícita cuyos jefes fueron CFK y Kicillof y que “le produjo al Estado cuantiosas pérdidas”.
En cada párrafo el juez habla de política económica y opina sobre lo que le parece razonable o no. Esta calificación de asociación ilícita es la que permite amenazar con la detención el mismo día en que vayan a declarar, por supuesto intentando dejar de lado que nunca dejaron de estar a derecho, que es obvio que no se van a fugar y que no están en un lugar que les permita obstruir la investigación, ya que toda la operatoria fue pública.
Movilización
En el edificio de Comodoro Py circulaba la versión de que Bonadio apuntaba a realizar detenciones, aunque al mismo tiempo está instalada la preocupación por las movilizaciones que habrá el día que declare Cristina Kirchner. La amenaza emitida ayer por Bonadio a través de la calificación que exhibió en la primera indagatoria seguramente hará que la cantidad de gente se multiplique.
Como han explicado reiteradamente la mayor parte de los juristas, la figura de asociación ilícita es de dudosa constitucionalidad. El penalista y ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni lo explicó recientemente en Página/12 respecto del caso Milagro Sala. “Todos sabemos que el artículo 210 (asociación ilícita) no es más que un instrumento que sirve para que en la instrucción se niegue la excarcelación, aunque luego no se llegue a ninguna condena”, señaló Zaffaroni.
Con el delito de asociación ilícita se pretende penar a los que se ponen de acuerdo en cometer delitos, aunque después tal vez no cometan nada. Se establecieron penas altas para los culpables y fue una figura muy usada para combatir a los sindicatos, luego también a las organizaciones políticas de izquierda. Lo grave era pertenecer, no si habían cometido un delito o no. Para los jefes u organizadores se prevé un mínimo de cinco años de cárcel y por eso se utiliza para negar excarcelaciones, como señala Zaffaroni. “No decimos nada nuevo con esto, por cierto. Sólo recapitulamos la lógica retorcida, antijurídica y republicanamente inconstitucional con que se maneja este verdadero secuestro legalizado”, resumió el ex juez de la Corte refiriéndose a la detención de Sala y el uso de la figura de la asociación ilícita.
Gobernar
Como se sabe, la operatoria de dólar futuro consiste en fijar un precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización resulta más alta el día fijado, se le dará al comprador la diferencia a su favor, en pesos, y si la cotización está por debajo de lo fijado en la operación, la diferencia quedará a favor del Estado. Es una operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la Argentina y en otros países, y que le dejó importantes ganancias al Estado. El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de devaluación y evitar cualquier corrida. La realidad es que las ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el dólar futuro porque después el gobierno de Macri produjo una megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.
Un concepto asombroso es que Bonadio prácticamente dice que la asociación ilícita es el anterior gobierno, cuya función era gobernar y fijar la política económica. Parte de esa política consistía en evitar una devaluación que –como luego se demostró– terminó en inflación, pérdida del salario real, despidos y recesión. Aún así, el magistrado sostiene que “no existían razones económicas para realizar esas operaciones en ese período ni tampoco existía razón económica para extender esa operatoria, que carecía de toda razonabilidad”. O sea que el magistrado fija los criterios que deben imperar en la política económica y monetaria.
Imputación
Flavia Marrodán se presentó ayer con sus abogadas en el juzgado de Bonadio y allí se le leyó la extensa imputación que ocupa la mayor parte del escrito: en total siete fojas de las 12 totales. La acusación consiste en “formar parte de un grupo de funcionarios que en forma sistemática, concertada y organizada emprendieron diversas acciones de carácter político y administrativo en violación a las competencias del Banco Central para concretar operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas al erario público”. Bonadio considera que probado que se vendió dolar futuro demasiado barato por el hecho de que la cotización a futuro en Nueva York estaba más cara, que el “contado con liqui” estaba a mayor precio y que el “dólar bolsa” estaba también a más valor. En alguna parte del texto admite que la política consistía en tratar de mantener bajo el valor de la divisa, pero su conclusión es que se provocaron cuantiosas pérdidas al Estado Nacional. La cuestión es que esas pérdidas se concretaron cuando la administración Macri produjo la megadevaluación, aún habiendo dicho lo contrario, por ejemplo, en el debate televisivo antes del ballottage.
Lo que queda en evidencia en cada línea de las siete fojas de la acusación es que se trata de una crítica a la política económica –”no es razonable”, “no se encuentran motivos”– más que una imputación penal.
Caminos
La ex presidenta todavía no designó abogado. Sí lo hizo el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, quien será defendido por el estudio Righi, mientras que a Kicillof lo asistirá Guillermo Acuña Anzorena. Una posibilidad es que a CFK la defienda Carlos Alberto Beraldi, abogado de la familia Kirchner en la causa Hotesur y uno de los penalistas de mayor renombre, que trabajó durante años con León Arslanian. Habrá que ver si esa designación se concreta en los próximos días.
La lógica indica que el primer paso de la defensa de CFK será recusar a Bonadio, quien se despachó varias veces públicamente contra el gobierno de la ex mandataria. No debería ser difícil aportar pruebas de su animosidad y, de hecho, fue apartado de la causa Hotesur. Por lo que se sabe, la ex presidenta tiene muy estudiado el expediente y se prepara intensamente para enfrentar la acusación.
raulkollmann@hotmail.com
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