La Corte Suprema se adecua al nuevo tiempo político. Sin embargo, su fundamento sobre la preservación de la progresividad de los derechos que el fallo dice garantizar a trabajadores rurales, va a contramano del actual escenario, donde merced a la tarea llevada a cabo por el Renatea (el órgano autárquico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo que el fallo ordena anular) se pudieron poner en marcha una serie de derechos como prestaciones económicas para victimas de trata laboral, afectados por inundaciones, inclusión en el sistema financiero a través de la boral, afectados por inundaciones, inclusión en el sistema financiero a través de la bancarización, detección de victimas de trata laboral en operativos de inspección durante 2013 y 2014 y 746 denuncias penales de trata laboral. En 2014, el Renatea superó las 800 fiscalizaciones en todo el país, encontrando a menudo situaciones que configuran delitos de reducción a la servidumbre o explotación con fines laborales. También realizó cursos de alfabetización dirigidos a la población rural dispersa y gracias a ello, hay trabajadores agrarios que aprendieron a leer y escribir gracias a las políticas públicas diseñadas para incluirlos y abrirles la puerta a los derechos que les corresponden. Esa es la verdadera progresividad en derechos humanos, algo que el fallo de la Corte viene a demoler devolviendo nuevamente a las empresas y al Renatre, la autoregulación de una actividad que nuevamente quedara sin un control del Estado y con los trabajadores rurales a su suerte, visto la nula preocupación del gremio conducido por el Momo Venegas, aliado a las empresas que seguramente estarán festejando la decisión de los supremos . OUT
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
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