La Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos y actividades de inteligencia
votó un dictamen que concluye que desde que la oficina de escuchas telefónicas
pasó a depender de la Corte Suprema, con un DNU de Mauricio Macri y
la anuencia del supremo Ricardo Lorenzetti, “la tarea desempeñada” por ese
organismo –que pasó a llamarse DAJuDeCo (Dirección de asistencias Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado)-- excede ampliamente la misión
de organismo rector de las captaciones de las comunicaciones, para constituirse
en una colosal secretaría, con amplias funciones y sofisticadas estructuras a
disposición de los resortes de una discrecional actividad jurisdiccional”.
Para la mayoría de los integrantes de la comisión esa dependencia operó como
“una herramienta a disposición del máximo tribunal para supervisar la persecución
penal…” al convertirse en una suerte de auxiliar de las investigaciones.
El texto pone en el foco de los cuestionamientos al presidente de la
Cámara Federal, Martín Irurzun, que fue titular de la DAJuDeCo durante
cuatro años, porque como camarista resolvía casos en los que intervenía
el organismo. Uno de ellos fue el de las célebres escuchas a Oscar Parrilli,
que apuntaban a espiar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Las conclusiones de la Bicameral, que preside Lepoldo Moreau, se apoyan en
un análisis del organismo y también de casos como aquel, donde hubo filtraciones
de conversaciones privadas a los medios de comunicación,
con fines evidentemente políticos.