miércoles, 4 de febrero de 2015

FINALMENTE LA FISCAL RECONOCIO LA EXISTENCIA DE UN BORRADOR DE LA DENUNCIA La insólita idea de Nisman

Por Raúl Kollmann
“Ese borrador no me quita ni me agrega nada a la investigación”, sostuvo ayer la fiscal Viviana Fein cuando salió de su oficina para aclarar personalmente que el día anterior hubo un error cuando, comunicado mediante, sostuvo que no se encontró nada en el cesto de la basura del departamento de Alberto Nisman. En lo formal, es cierto: las ideas del borrador las sacó el propio Nisman de la denuncia que entregó. O sea no tienen ninguna validez. Pero el texto, extrañamente tirado a la basura seis meses después de redactado, permite una mirada sobre algo todavía más llamativo: Nisman tuvo la intención de pedir la detención de la Presidenta por un delito menor. El encubrimiento tiene una pena de uno a seis años de prisión y a lo sumo termina en una probation.
En su edición del domingo, el diario Clarín publicó dos datos de la causa:
- Que el fiscal Alberto Nisman había tachado casi dos páginas de la denuncia entregada al juez Ariel Lijo porque allí pedía la detención de la Presidenta, el canciller y otros a quienes señaló en el texto.
- Que un esbozo del escrito se encontró en el tacho de basura.
El mismo domingo, Lijo aclaró que Nisman no había tachado nada y que las tachaduras las hizo él para mantener la confidencialidad sobre las medidas que pedía el fiscal. Entre esas medidas no figuraba ninguna referida a detenciones de los imputados por Nisman.
Respecto del borrador, la fiscalía hizo trascender ese día que en la basura no se encontró nada y lo mismo fue ratificado en un comunicado oficial emitido en el mediodía del lunes. Sin embargo, ayer Clarín publicó un facsímil de unas páginas de ese borrador en el que se pedía la detención de la Presidenta, el canciller y los demás imputados. Por la mañana, la fiscal tuvo que admitir su error en una entrevista radial y a la tarde ratificó esa admisión. “Hubo una mala interpretación en un llamado por teléfono con la oficina de prensa. Asumo la responsabilidad. No hubo ninguna mala intención. No tengo presiones de ningún tipo. Nunca las tuve ni las tengo ahora”, dijo Fein en la puerta del edificio del Ministerio Público.
Más allá de la gaffe, la fiscal remarcó que “la documentación, los borradores, no me agregan ni me quitan nada, en cuanto a mi postura, por el momento no cambian nada de mi investigación. Que no se manipule mi trabajo para ningún sector político, ni a favor ni en contra del Gobierno, lo vuelvo a reiterar”.
El borrador, que Nisman supuestamente pensó como corolario de la denuncia, fue escrito a mitad de 2014. Así como la totalidad del texto fue demolido por casi todos los juristas reconocidos del país, el pedido de detención ya había sido descartado hasta por él mismo.
El encubrimiento tiene una pena que va de seis meses a tres años de prisión y cuando se trata de encubrimiento de un hecho grave, la escala es de uno a seis años. En la gran mayoría de los casos, los expedientes terminan en una probation. Pedir la detención de la Presidenta y el canciller por un delito de esta naturaleza, exhibe una intencionalidad política inusual.
El propio Nisman estuvo a cargo de la llamada causa encubrimiento de AMIA, que irá a juicio oral después de mitad de año. Es un expediente que tiene que ver con el desvío de la causa desde los primeros días. Están imputados el ex presidente Carlos Menem; el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la Unidad Antiterrorista Jorge “El Fino” Palacios; varios secretarios del juez, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y otros protagonistas. De todo ese largo listado, Nisman no pidió la detención preventiva de ninguno, pese a que el delito es el mismo: encubrimiento agravado. Beraja estuvo detenido, pero en relación con la quiebra del Banco Mayo, no por la causa AMIA.
La intención de Nisman de promover la detención de la Presidenta sólo se explica por la ruptura que significó la decisión de la mandataria de avanzar hacia la indagatoria de los sospechosos iraníes. Al principio se buscó un tercer país –se habló de Marruecos– y luego de que se les tome declaración en Teherán. Nada era sencillo, en especial por la desconfianza de los iraníes y las condiciones difíciles de la negociación. Pero la iniciativa que CFK explicó insistiendo en que “no permitiremos que la causa AMIA sea utilizada en la geopolítica mundial”, significó que Washington, Jerusalén, la ex SIDE, Jaime Stiuso y el propio Nisman se pusieran decididamente en contra. Y de ese alineamiento salió la denuncia judicial y el más insólito pedido de detención, luego descartado porque era demasiado.

PAULA LITVACHKY, DIRECTORA DEL AREA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DEL CELS “Hacen falta controles”

Por Irina Hauser
“Con un cambio normativo no alcanza. Hacen falta herramientas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil sobre el sistema de Inteligencia”, dice Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en relación con el proyecto de ley que crea una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo de la vieja SIDE. Será parte del planteo que el organismo propondrá hoy en el Congreso para modificar el texto presentado por el Poder Ejecutivo, al que apoya en su esencia. Estarán en el centro del planteo el control de las actividades de la AFI, de los fondos reservados, el destino de su vieja planta de personal, la distinción entre investigación e inteligencia, el acceso y clasificación de la información y la ejecución de las escuchas.
–¿Un país podría vivir sin aparato de Inteligencia?
–En el contexto mundial actual es imposible pensarlo, sería una ingenuidad. Lo que sucede es que debe funcionar para defender las instituciones democráticas y colaborar en la defensa nacional y la defensa de la seguridad interior. La pregunta es cómo lograr que se diseñen límites y mecanismos para que haya control político del sistema de Inteligencia, controles parlamentarios y sociales de manera de evitar que se autonomice.
–¿Por qué los servicios de Inteligencia adquirieron un grado de autonomía tan grande y qué chances hay de revertirla?
–Hubo problemas de funcionamiento en los distintos gobiernos que generaron relaciones y modos de vincularse que le fueron permitiendo autonomizarse y actuar para sus propios intereses, y en relación al sistema político y al judicial, pactando. En ciertos momentos, esa autonomía genera problemas de gobernabilidad. En el caso AMIA se vio a la propia SIDE involucrada en la maniobra de encubrimiento, con actores políticos y judiciales. Es algo difícil de revertir, pero es necesario hacer una reforma que cumpla con los objetivos del Estado de Derecho y el sistema democrático. La Ley de Inteligencia nacional que se reforma es parte de uno de los acuerdos centrales de la recuperación democrática junto con la Ley de Defensa y de Seguridad. La disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva agencia son fundamentales para una reformulación, pero no alcanza con un cambio normativo.
–¿El proyecto que crea la AFI no alcanza?
–Hacen falta herramientas normativas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil. Y que se plantee en serio una depuración de la planta, con un proceso de revisión del personal actual, del trabajo hecho y apertura de archivos. Como mecanismo de control, deberán preverse monitoreo, autorización de actividades y control de la clasificación de la información desde distintas instancias del Poder Ejecutivo. El proyecto no avanza sobre el diseño de estos mecanismos. Hay que mejorar los controles parlamentarios, la comisión bicameral hoy no funciona. Si bien requiere voluntad política, la ley debe mejorar las atribuciones parlamentarias, con exigencias de registro de información y garantía de acceso a ella para quienes deben controlarla.
–¿No es peligrosa la mano de obra de Inteligencia desocupada?
–La implementación de la reforma debe trabajar sobre esos riesgos también. De hecho el proyecto dice que la nueva agencia debe ocuparse eso.
–¿Está bien que el sistema de Inteligencia tenga fondos reservados?
–Es difícil que funcione sin ellos, ciertas actividades requieren reserva. Lo central es cómo se va a controlar la ejecución presupuestaria de los gastos reservados. El proyecto de ley dice que habrá que establecer controles sobre los fondos reservados, pero lo posterga para la reglamentación. La ley debe exigir registro de los gastos para que haya control efectivo y seguimiento del uso de los fondos. Tiene que haber control del Poder Ejecutivo, y que una parte del presupuesto sea como la de cualquier otra repartición, y la parte reservada tiene que ser específica. La ley tiene que proporcionar reglas para el registro de los gastos por parte de áreas del Ejecutivo y de la bicameral.
–¿Cómo evalúa que todas las escuchas pasen a la órbita del Ministerio Público Fiscal?
–Está bien para las escuchas que tienen que ver con las investigaciones criminales, es decir, cuando son parte de la producción de prueba. Es parte de la tarea del Ministerio Público, y de todos modos siempre debe tener autorización del juez. Las escuchas a la vez son controladas por las partes, pasan a ser parte de una prueba que se judicializa. Desde ese punto de vista técnico no es un problema. Sobre el resto de las escuchas, las que tienen que ver con inteligencia preventiva, eso será discutido.
–¿Por qué los especialistas hablan de la importancia de achicar la planta al crear la AFI?
–Es fundamental profesionalizar la planta y achicarla, que tenga como función el análisis de información pero no tenga funciones operativas. Esas funciones las deben tener los subsistemas como Dirección de Inteligencia Criminal (del Ministerio de Seguridad) y la dirección de inteligencia estratégica militar. El proyecto tiene problemas conceptuales y le da a la AFI funciones de investigación que no corresponden. Debe dedicarse al análisis de información. Hay que separar la función de investigación de la inteligencia. Esa confusión es la que ha generado los lazos poco claros con la justicia federal.
–¿Es posible disolver esas relaciones carnales entre servicios y Justicia?
–El proyecto acierta en centralizar las relaciones judiciales con un director o un subdirector de la agencia. Los agentes no pueden tener relaciones directas con la Justicia. Pero para nosotros no resuelve el problema si no separa la inteligencia y la investigación.
–¿Cuál es la diferencia entre inteligencia e investigación?
–La primera es producir información y analizarla, incluye analizar riesgos, amenazas y fenómenos. La investigación abarca actividades para conseguir prueba. La AFI sólo debe hacer inteligencia y no intervenir en un caso judicial, donde sí debe hacerlo la policía u otra fuerza de seguridad que sea auxiliar, incluso si se creara una policía judicial.
–¿Cree que el Congreso aprobará la ley?
–No sólo es importante que se apruebe sino cómo, por el contenido y por el nivel de acuerdo político. Esperamos un debate serio en el Congreso y que tanto el Gobierno como la oposición den lugar a que eso suceda.

SIN LA OPOSICION, EL KIRCHNERISMO PRESENTO EN EL SENADO LOS CAMBIOS A LA LEY DE INTELIGENCIA Con la puerta abierta para mejorar la ley

Por Sebastian Abrevaya
Sin presencia opositora, el Frente para la Victoria dio inicio ayer al tratamiento parlamentario del proyecto que reforma la Ley de Inteligencia. Mientras el titular de la ex SIDE, Oscar Parrilli; su segundo, Juan Martín Mena, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, estaban en el Salón Azul del Senado presentando la iniciativa enviada por el Ejecutivo, a pocos metros, en otro salón, los senadores de la oposición convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que no participarían del debate en comisión, ni tampoco en la sesión prevista para la próxima semana (ver aparte). “Es necesario avanzar en una ley que ayude a tener una Inteligencia al servicio de la democracia argentina”, aseguró Parrilli, quien sostuvo que el oficialismo está abierto a “escuchar todas las propuestas que puedan hacerse para mejorar” y lamentó la “actitud casi intolerante” de la oposición, que no asistió al debate. El trámite continuará hoy a las 11 am con la exposición del CELS y del ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain.
El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales arrancó apenas pasadas las 14, con la asistencia de los funcionarios del gabinete nacional que buena parte de la oposición había pedido citar para dar explicaciones luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Mientras los legisladores de la oposición preparaban su presentación para los medios, Parrilli reseñó frente a una docena de senadores del oficialismo la historia de la ex SIDE y señaló sus influencias en el golpe de Estado de 1976. Posteriormente hizo un repaso artículo por artículo del proyecto enviado por el Ejecutivo. Especificó que la ley vigente “no ponía limitaciones a las actividades que hacían los organismos de Inteligencia”, entre los cambios que destacó, señaló que los agentes de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (que reemplazará a la actual Secretaría de Inteligencia) se dedicarán exclusivamente al tratamiento y la investigación de delitos como terrorismo, narcotráfico, ciberdelitos, trata de personas o aquellos que afecten la seguridad exterior. Advirtió que suprimió la atribución para intervenir en cuestiones de seguridad interior para evitar “que se siga repitiendo la historia”.
La iniciativa contempla la disolución de la SI y el traspaso de todo su personal, sus bienes y patrimonio al nuevo organismo, cuyo director y subdirector serán designados por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado. No se establecen mayorías especiales como en el caso de los jueces de la Corte Suprema o de la procuradora general, por lo que se necesitará mayoría simple para respaldar su nombramiento. Este director y el subdirector serán los únicos autorizados a interactuar con los funcionarios judiciales que soliciten alguna intervención de los servicios de Inteligencia. Por otro lado, se aumentan las penas para aquellos agentes que incurran en actividades ilegales. En ese sentido, Parrilli manifestó como un objetivo primordial “evitar las actividades de agentes que realicen actividades por cuenta propia o de carácter extorsivo” así como las “malas prácticas nocivas”. Aunque no se lo mencionó ayer en el Senado, algunas de las propuestas estaban vinculadas con la relación que mantenía el fiscal Nisman con el agente Jaime Stiuso.
“No es una norma perfecta o que no admita cambios. Se trata de una norma perfectible. No queremos tirar por la borda la experiencia de los últimos años de democracia, sino ver dónde están los defectos y aportar a que se discutan los temas sustanciales”, aseguró Zannini, que calificó como “lamentable” la ausencia opositora. “Nos llevamos la frustración de que no hemos tenido las preguntas de los opositores, aunque sean chicaneros a veces”, afirmó el funcionario. En cuanto al texto, el secretario de Legal y Técnica remarcó que no se persigue “una modificación sustancial” de la actual norma sino que “se achica y se especializa el órgano rector de la inteligencia nacional”.
Otro de los puntos desarrollados fue el traspaso de la dirección de observaciones judiciales –que se dedica, entre otras cosas, a realizar las escuchas telefónicas– a la órbita del Ministerio Público Fiscal. La oposición reclamó por los medios que sea la Corte Suprema la que tenga bajo control la denominada Ojota. “Pedir que se ocupe del tema la Corte es una equivocación, porque pondría así la producción de pruebas en sus manos y ello traería problemas en el caso de que tuviera que participar en esas mismas causas”, explicó Zannini. Los senadores opositores Luis Juez y Norma Morandini tienen presentados proyectos en los que reclaman que la Ojota sea traspasada al Ministerio Público Fiscal.
Los senadores del oficialismo hicieron también algunas preguntas a los funcionarios y remarcaron las ausencias opositoras. Miguel Pichetto, por ejemplo, planteó que se debería incluir en los artículos 17 y 23 que las transferencias al nuevo organismo y al Ministerio Público Fiscal deberán hacerse con las partidas presupuestarias respectivas, ya fijadas en el Presupuesto 2015. María Higonet, de La Pampa, preguntó si el plazo de 90 días que la ley fija para la creación de la nueva AFI también corre para el traspaso de la Ojota a la Procuración. Los funcionarios confirmaron que en ese período ya debería concretarse.
Ante el rechazo opositor a participar del debate, el oficialismo espera emitir dictamen hoy mismo y tratarlo la próxima semana. De todas maneras, como la Comisión Bicameral de Inteligencia también tiene que aprobarlo mañana, el oficialismo convocaría a sesión recién siete días después para cumplir con los plazos que establece el reglamento de la Cámara alta.