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sergito massita

NELSON CASTRO

...no se si lo prefiero afirmando que este gobierno es fascista, nazi y stalinista como sus colegas, Leuco, Wiñazky, Daniel Santoro, Kirchbaum, Carnota, todos del grupo Clarín-TN, o haciendo chistes como hoy a la tardecita, sobre la presidenta y su viaje a China.
Socarrón, irónico, sonrisa ladeada, hiriente, acerca de la falsedad de los acuerdos económicos y el humo de este viaje a la primer potencia económica mundial que servirá por años, mas allá del mandato de CFK que se va en diciembre...

"NISMAN HABRÍA PENSADO EN..."
Lectores de la mente de un muerto, los muchachos de Clarín
ya están adentrados en periodismo del mas allá.

La fiscal Fein, "No hay borradores"
La fiscal Fein, "Sí hay borradores"
La fiscal Fein "Me tomo vacaciones"

Hoy, Lanatta, "No hacen cola los políticos para hechar a Gils Carbó:"
2008, Lanatta "Gils Carbó es intachable".

Sobre el Jefe de Gabinte Capitanich, rompiendo UNA HOJA DE UN DIARIO: "No tiene límites, ni Videla se animó a tanto", Silvana Giudice.

Lilita Carrió tildando a la CIA DE REPUBLICANA.,,!

Me olvidaba que estamos en Carnaval.

PD Gerardo Young columnista de Clarín, diciendo que la denuncia de Nisman la escribió Stiuso y que, además, es un desastre...me olvidaba que estamos en Carnaval.

GB

EL JUEZ TORRES ELEVARA LA CAUSA POR LA TRANSFERENCIA DEL PREDIO DE PALERMO EN 1991 La venta de la Rural va a juicio oral

Por Sebastián Premici

La causa penal por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural durante el menemismo será enviada a juicio oral en los próximos días. El juzgado de Sergio Torres ya cerró la instrucción y sólo resta que sea enviado a sorteo el tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral. En este tramo de la causa hay doce imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusados de ser los principales artífices de una planificación para la “malversación de caudales públicos” (artículo 261 del Código Penal). También están imputados el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan, sumados a varios funcionarios del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Banco Ciudad y el Hipotecario. El predio fue entregado a la SRA en 1991 por 30 millones de dólares, cuando existía desde un año antes una tasación oficial por 943 millones de dólares, tomando en cuenta posibles usos comerciales. En 2006, una tasación de la Corte Suprema de Justicia determinó que su valor era de 131 millones de dólares.

La instrucción estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli. En su dictamen de agosto del año pasado, en el que solicitó la elevación a juicio, sostuvo que en la venta del predio “se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores (expediente 200.706/90 foja 81) y se desconocieron actos legítimos de la misma administración”.

“El más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente (Carlos Menem) y de uno de sus colaboradores más cercanos (Domingo Cavallo) es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional”, sostuvo Stornelli en su último dictamen.

El Predio Ferial de Palermo fue cedido a la Sociedad Rural en agosto de 1875. Las 12 hectáreas de este terreno formaban parte del Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas. En diciembre de 1880 se firmó un acuerdo por el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó formalmente dicho parque al gobierno nacional. Desde 1905 en adelante, el Congreso nacional fue el responsable de prorrogarle a la Sociedad Rural el usufructo del predio. Esto resulta relevante, ya que desde aquellos años se consideró al predio como un bien de dominio público. Según la Constitución Nacional, la enajenación de los bienes de dominio público debe realizarse a través del Congreso.

En el dictamen de elevación a juicio se deja constancia de la existencia de un decreto firmado por Antonio Erman González y José Dromi en febrero de 1990, en el que se prorrogaba por 35 años el usufructo del predio en favor de la SRA. Es decir, el Estado continuaba realizando el procedimiento aplicado desde 1905, al considerar al predio como un bien de dominio público. Sin embargo, dicho decreto nunca fue ratificado por el Congreso.

Entre las declaraciones testimoniales y los escritos presentados en el expediente existen contrapuntos con relación a quién fue el primero en manifestar la idea de una operación de compraventa. Desde la SRA sostienen que fue una propuesta de los funcionarios del Estado. Sin embargo, el imputado Matías Ordóñez, ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles estatales, rechazó tal afirmación, aunque reconoció la existencia de reuniones informales para analizar el tema.

En el expediente administrativo 25.587/88 existe una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA manifiesta por primera vez su intención de comprar el predio de manera directa al considerarlo un bien de dominio privado. Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles envió una comunicación a los bancos Ciudad e Hipotecario para realizar una tasación del predio en cuestión.

El 29 de noviembre de 1991, los bancos dictaminaron al unísono que el predio valía 30 millones de dólares. El boleto de compraventa fue firmado el 20 de diciembre de ese año, a través del decreto 2699/91. Para justificar que existió una posible defraudación al Estado, en la elevación a juicio consta, por ejemplo, que las impugnaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal fueron incorporadas en el expediente recién en 1992, con los hechos ya consumados.

Hacia fines de 2012, el gobierno nacional dictó el decreto 2552 para revocar la venta del predio en poder la SRA, por considerar que la transferencia se había realizado a “precio vil”. La decisión fue frenada a través de una medida cautelar. La resolución del juicio apunta a dirimir la cuestión de fondo, por lo que, una vez resuelta la cuestión judicial, el predio podría regresar al Estado nacional como bien de dominio público.

spremici@pagina12.com.ar

› LA DESMENTIDA DE LA DESMENTIDA "Es un papelón fenomenal"

"Es un papelón fenomenal", sostuvo Fernández sobre lo hecho por Fein. "Ella dijo que no fue hallado ningún borrador de la denuncia presentada por Nisman", insistió durante una entrevista por radio América.

Por otra parte, insistió con que "detrás de toda la discusión" relacionada con la muerte de Nisman "está (el exdirector general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio 'Jaime') Stiuso" y recomendó que "debieran llamarlo a declarar a Stiuso" por la muerte del fiscal, debido a que "la relación era estrecha de Nisman con él".

Según el secretario, Stiuso "legalmente está en el país. Si ilegalmente ha salido del país, no lo sé". Asimismo, insistió en relativizar que Nisman haya evaluado pedir la detención de la presidenta Cristina Kirchner, al sostener que conocía "la ley de fueros". "Ningún fiscal, y sobre todo Alberto, un tipo que conocía mucho de derecho, comenzaría a plantear un trabajo de estas características sin haber leído la Ley de Fueros", evaluó el funcionario.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Fernández aseguró tener "en claro que detrás de toda la discusión que estamos sosteniendo nosotros está Stiuso". Volvió a llamar "ridícula" y "bochornosa" la denuncia promovida por el fallecido Nisman contra la Presidenta por presunto encubrimiento a favor de Irán en la causa del atentado a la AMIA, y opinó que fue "un manotazo de ahogado propio de lo que está sucediendo en la Secretaría de Inteligencia: aparecen cosas que no tienen ningún sentido".

SIN LA OPOSICION, EMPEZO EL DEBATE PARA CREAR LA AFI "Estamos achicando y especializando el órgano rector de la inteligencia nacional"

En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el primer funcionario en exponer, Oscar Parrilli aclaró que el oficialismo "está dispuesto a dar un debate amplio y a escuchar todas las propuestas que puedan hacerse para mejorar" la iniciativa.

Los jefes de los bloques opositores de la UCR, el PRO, el peronismo federal, el socialismo y UNEN, decidieron hoy no asistir al plenario por considerar que se trata de una medida que pretende desviar el eje central de la investigación sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. Adelantaron también que no asistirán al recinto la semana próxima cuando el oficialismo firme el dictamen.

Después de efectuar un recorrido sobre la historia de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y su influencia en el golpe de Estado de 1976, Parrilli explicó artículo por artículo las nuevas modificaciones al sistema de inteligencia. "Es necesario avanzar en inteligencia de defensa de los intereses de la Nación y de sus habitantes" señaló, y especificó que la ley vigente "no ponía limitaciones a las actividades que hacían los organismos de inteligencia".

El titular de la SI mencionó que entre las modificaciones se propone que los agentes de la AFI se dediquen exclusivamente al tratamiento y la investigación de delitos como terrorismo, narcotráfico, ciberdelitos o trata de personas o que afecten la seguridad exterior". Aclaró que se suprimió la atribución para que la AFI se dedique a cuestiones de seguridad interior porque "no queremos que se siga repitiendo la historia", y se ordena el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Parrilli indicó que se otorga un plazo de 90 días para que se constituya la Agencia Federal de Inteligencia una vez sancionada la ley. Aclaró, además, que "todos los funcionarios jerárquicos deberán presentar declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción" ya que actualmente sólo algunos directores presentan declaraciones, pero de manera reservada ante la SI".

A su turno, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, expresó que "no es una norma perfecta o que no admita cambios. Se trata de una norma perfectible", y coincidió con Parrilli al lamentar la ausencia de la oposición en la audiencia. "No queremos tirar por la borda la experiencia de los últimos años de la democracia, sino ver dónde están los defectos y aportar a que se discutan los temas sustanciales", sostuvo.

Zannini consideró que "para que sea rica hay que hacerla desde todos los sectores", por lo que calificó de "lamentable la ausencia opositora" y dijo que espera que sí se presenten a debatir en el recinto. "Nos llevamos la frustración de que no hemos tenido las preguntas de los opositores, aunque chicaneros a veces", expresó el funcionario.

Remarcó que con la iniciativa no se pretende "una modificación sustancial" sino que "se achica y se especializa el órgano rector de la inteligencia nacional" en el marco de la política del gobierno de defensa de los derechos humanos. Especificó que el Gobierno "no pretende destruir todo para construir algo nuevo, sino avanzar sobre lo ya construido aprovechando la experiencia acumulada en estos años de la democracia".

El actual subdirector de la Secretaría de Inteligencia, Juan Martín Mena, expuso por su parte sobre la clasificación de la información que manejará el nuevo organismo y adelantó que "se fija en un plazo mínimo de 25 años el principio de desclasificación que hasta ahora era indefinido". "Esta decisión se enmarca en una política de acceso a la información ya encarada por este Gobierno", sostuvo, y anunció en el marco de la nueva ley la designación de un funcionario público "responsable para resguardar y proteger la base de datos".

El debate continuará mañana a las 11 cuando expongan las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros invitados. El oficialismo espera emitir dictamen mañana para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero.