Es una burla cruel
El fallo del juez Griesa que le da la posibilidad a fondos buitre de pasar por encima de las atribuciones de un Estado soberano, es una burla cruel.
Por Martín Raposo
La existencia de esos fondos se hizo posible por la reestructuración del sistema financiero internacional hacia mediados de los años ’70.
Desde esa época se fueron desregulando poco a poco todas las actividades financieras, lo que permitió, entre otras cosas, la desintermediación, es decir la participación directa en él de inversores institucionales: fondos de pensión, hedge funds –fondos de cobertura de carácter especulativo, denominados también fondos buitre porque se alimentan de la carroña de títulos en caída o en default–, y otros similares, por fuera, aparentemente, del sistema bancario. Esos fondos incorporaron en sus negocios riesgosos activos financieros y potenciaron el accionar de la especulación, como implica el de comprar bonos por centavos y después pretender cobrarlos a su valor nominal.
Otra operación promovida por los fondos especulativos y el sistema bancario fue el negocio de la subprime, donde se colocaron hipotecas en el mercado inmobiliario a individuos que no tenían la suficiente capacidad de pago (camufladas luego en títulos financieros) hasta que el derrumbe de esa cadena ficticia constituyó el detonante en 2007 de la primera gran depresión de este siglo, no menos grave que la de los años ’30 del siglo pasado. En este caso, se crearon gigantescas deudas soberanas y privadas, cuyo ránking encabeza ampliamente los Estados Unidos, el mayor deudor del mundo. Ya lo decía hace más de 25 años Charles Kindleberger, uno de los más destacados especialistas financieros internacionales: el problema más grave con que se enfrenta la economía financiera mundial no es la deuda del Tercer Mundo “sino la balanza de pagos de EEUU, con grandes déficits que continúan en declive [a lo que se agregan] cuantiosos déficits federales.”
En tanto, en la Argentina, desde la última dictadura militar hasta los Menem o de la Rúa, no sólo se creó un endeudamiento externo impagable sino que también se violó impunemente nuestra soberanía monetaria, bien establecida por la doctrina Drago, atando esa deuda en dólares a tribunales extranjeros. Para superar el default en que cayó la Argentina con la crisis del 2001-2002, por hacernos creer falsamente que un dólar valía un peso, se realizaron dos canjes de deuda e incluso se pagó la totalidad de la que se tenía con el FMI. Pero parece que la buena conducta en este sentido, que además permitió la recuperación de nuestra economía, no basta. Hay que dar una lección a todos los países con deudas soberanas para que no incurran en reestructuraciones que impiden lo que verdaderamente les interesa a los acreedores: cobrar los crecientes intereses y amortizaciones de una deuda eterna, que es como vivir con una renta permanente de por vida. Por lo menos, hasta que los “indignados” españoles, griegos o de otros países afectados no obliguen por la fuerza a sus respectivos gobiernos a parar con las políticas de ajuste y seguir el camino argentino, estas tareas de disciplinamiento de los poderes financieros internacionales, como el que intentan castigando nuestra buena voluntad, van a seguir por largo tiempo.
23/11/12 Tiempo Argentino
GB
CONDENA AL FALLO DEL JUEZ NEOYORQUINO, PERO TAMBIEN AL GOBIERNOLa oposición repartió críticas a Griesa y a CFK
Por Werner Pertot
Buena parte de los opositores condenaron el fallo del juez Thomas Griesa sobre el pago a los holdouts y, a la vez, señalaron que lo ocurrido es también responsabilidad del gobierno nacional por la “improvisación y el aislamiento del mundo”. Algunos adversarios del kirchnerismo consideraron que no hay que acatar el fallo, otros plantearon que se les debería haber pagado a los que no entraron en el último canje de deuda en las mismas condiciones que al resto. El peronista Felipe Solá llamó a embanderarse entre oficialistas y opositores. El socialista Rubén Giustiniani estimó que el Congreso debería “reafirmar la voluntad soberana”.
“El fallo es sorprendente y durísimo y es de imposible cumplimiento. Cumplirlo implicaría realizar un pago adicional compensatorio a los bonistas que entraron al canje por un monto que consumiría casi todas las reservas disponibles del Banco Central”, indicó el diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay. En tanto, el radical Ricardo Alfonsín consideró que el fallo “es lamentable y puede tener implicancias muy negativas no sólo para la Argentina sino para cualquier país que se encuentre en situación de grave emergencia económica o financiera”. “En casos como éstos están en juego derechos y principios que pueden entrar en contradicción. Griesa ha ponderado mal las jerarquías existentes”, estimó.
Dos correligionarios se ocuparon, en tanto, de culpar al gobierno nacional. El diputado Julio Martínez señaló que “la prensa internacional esté comentando el riesgo cierto de un nuevo default argentino, y eso es responsabilidad absoluta y exclusiva del Gobierno, cuyos funcionarios se han caracterizado por la improvisación y la falta de profesionalismo”. En tanto, el diputado Pedro Tunessi afirmó que “el Gobierno debió haber resuelto pagar a los holdouts en las mismas condiciones que al resto”.
“Nosotros presentamos un proyecto de ley para que la Argentina homologue en un juzgado americano el acuerdo de canje de deuda, para que el 5 por ciento de los acreedores que no adhirió se vea obligado a aceptar las mismas condiciones de los que adhirieron”, destacó el macrista Federico Pinedo. “Lo que seguro les recomiendo a los funcionarios argentinos es que dejen de usar violencia verbal efectista, porque las consecuencias las terminan pagando los argentinos. El fallo de Griesa es, de alguna manera, respuesta a bravuconadas de funcionarios argentinos”, opinó Pinedo.
“Creo que el Gobierno tiene que buscar un punto de negociación. Si no por un porcentaje bajo de bonistas estamos con problemas permanentes: la fragata, este fallo. Debería arreglarse el tema al precio que se pagó”, consideró la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich, quien señaló que “la Argentina cometió un error al abrir nuevamente el canje de deuda. Eso abrió una puerta que permitió que esto suceda”.
“Con el fallo de Griesa no debe haber neutrales. Es momento de declaración conjunta del oficialismo y la oposición en defensa del país. Perucas, radichas, etcétera. Nunca cipayos”, twitteó Solá, en una propuesta que no tuvo demasiado eco. “Rechazo este fallo del juez Griesa, que es lesivo a la República Argentina –se sumó el socialista Rubén Giustiniani–. El Congreso de la Nación debe reafirmar la voluntad soberana en el sentido del canje de la deuda como lo realizó en su momento sin aceptar las presiones de los fondos buitre.”
“Si nosotros le hiciéramos caso al juez, estaríamos necesitados de volver a reabrir la discusión con el resto de los acreedores, porque la cláusula que el canje tenía era que si se establecieran mejores condiciones para los tenedores de bonos que no habían ingresado, se trasladaban automáticamente al canje, lo cual sería un verdadero disparate”, afirmó Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos.
“Les ofrecimos dos veces el canje de deuda y no entraron, especulando con un fallo de estas características, con una deuda inflada. Es un fallo profundamente injusto”, destacó Victoria Donda, de Libres del Sur, quien advirtió: “No- sotros pensamos que hay que revisar la deuda externa argentina, porque tiene muchas irregularidades”.
23/11/12 Página|12
GB
HH
EL FALLO DE GRIESA PARA QUE ARGENTINA NO “DESATIENDA” A LOS BUITRES
Apurado para asegurar el pago
El juez de Nueva York consideró que las declaraciones de la presidenta argentina y su ministro señalando que no iban a pagarles a los fondos buitre creó una situación “muy seria” que obligó a apurar el pago de “sus obligaciones”.
Por Javier Lewkowicz
El fallo de Thomas Griesa es en respuesta a la Cámara de Apelaciones, que ya se había manifestado a favor de los fondos buitre y le había pedido al juez que detallara la fórmula a utilizar para que Argentina les pagara a los holdouts y definiera cómo afecta la nueva situación a los bancos intermediarios. Griesa dijo que Argentina debe tener el mismo grado de cumplimiento con los bonistas del canje que con los holdouts, a quienes también debe pagar intereses atrasados. Calculó que en diciembre se les deberían pagar a los buitres 1330 millones de dólares. Pero en lugar de esperar a que la Cámara tome una decisión, Griesa dio un paso más y planteó que las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, acerca de que el Gobierno no les pagará de ningún modo a los buitres, generan un panorama “excepcional” que amerita apurar los tiempos. Solicita entonces que Argentina deposite los fondos en una cuenta de garantía para los buitres junto con el pago del Cupón PBI del 15 de diciembre. De otra manera, los bonistas del canje no podrán cobrar.
“La Corte del Distrito Sur de Nueva York está respondiendo a los interrogantes planteados por la Cámara de Apelaciones. Este asunto ahora retornará a la Cámara, que luego dispondrá de una decisión final. De todos modos, debería quedar claro que las preguntas planteadas a la Corte del Distrito no afectaron la decisión básica de la Cámara de que no puede haber pagos de Argentina a los bonistas del canje sin un pago apropiado a los demandantes –el fondo buitre NML Capital–”, comienza el fallo. Griesa aclara, tal como luego subrayó Lorenzino en la conferencia de prensa, que la Cámara tiene pendiente la decisión de fondo, que es el pago a los buitres, sobre lo cual ya se mostró a favor, pero no confirmó su fallo justamente porque le requirió al juez más detalles.
El fallo hace continuas referencias a las distintas instancias del juicio. Recapitulando: Griesa falló a favor de los fondos buitre el 23 de febrero de este año. Estableció que el porcentaje de cumplimiento que Argentina tenga con los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 ante cada vencimiento deberá replicarlo con los buitres, a quienes también deberá pagar intereses acumulados. Argentina apeló el 5 de marzo. La Cámara, el 26 de octubre, les dio la razón a los holdouts, pero pidió detalles a Griesa.
“Bajo estas circunstancias, la Corte del Distrito –a cargo de Griesa– normalmente dejaría la decisión del 5 de marzo en pie hasta que la Cámara de Apelaciones terminara su trabajo. Sin embargo, una situación extraordinaria ha surgido, que requiere una acción que sólo puede ser tomada ahora por la Corte del Distrito. Desde la decisión de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre, las más altas autoridades de Argentina declararon que el país pagaría a los bonistas del canje, pero no a los tenedores originales”, dice, en relación con los buitres, el fallo. “La presidenta Cristina Kirchner hizo tal declaración. El ministro de Economía, Lorenzino, declaró que a pesar de cualquier fallo que saliera de cualquier jurisdicción, Argentina no pagaría”, agrega Griesa.
“Esas declaraciones violan la orden del 5 de marzo, donde se prohíbe a la Argentina durante la apelación la adopción de medidas para evadir la orden del 23 de febrero y para disminuir la capacidad de la Corte de supervisar el cumplimiento de la orden”, asegura. “Una circunstancia extraordinaria de la naturaleza más seria surge de las declaraciones de la Presidenta de Argentina y los funcionarios de su gabinete; que Argentina no honrará o llevará a cabo las decisiones de la Corte del Distrito y la Cámara de Apelaciones en el litigio en el cual Argentina es una parte. En la visión de la Corte del Distrito, estas amenazas no pueden quedar desatendidas y es necesaria una acción”, indica el documento.
En función de las declaraciones del gobierno nacional, Griesa decidió actuar: “La Corte ha resuelto que los pasos siguientes deben ser tomados. La orden en relación con los pagos a prorrata –a los buitres– debe ser puesta en marcha lo antes posible. Cuanto menor tiempo tenga Argentina para idear medios de evasión, con más seguridad se evita tal evasión. Por lo tanto, se encomienda que la orden del 23 de febrero, ahora en algún modo modificada, sea llevada a cabo inmediatamente. Esto significa que la orden del 23 de febrero será aplicable a los pagos de interés hechos a los bonistas que cobren el 15 de diciembre de 2012”.
Griesa dice que en diciembre Argentina debe pagar intereses por 3140 millones de dólares por bonos del canje. Si paga todo, debe entregar a los buitres 1330 millones. “Se requiere que las obligaciones que se desprenden de distintas deudas sean cumplidas de la misma forma, en lugar de tener obligaciones de una deuda que se paga y obligaciones de otra deuda repudiada, como ha ocurrido hasta este momento”, pidió.
El juez se alarmó con las declaraciones del gobierno nacional, pero no desconoce que no puede saltear a la Cámara de Apelaciones. “Como la Cámara de Apelaciones finalmente no se ha manifestado en relación al cálculo del pago a los demandantes, dicho pago será realizado como un depósito de garantía, de modo que cualquier ajuste requerido por la decisión final de la Cámara de Apelaciones pueda ser hecha. Los bonistas del canje serán anoticiados de que el pago de intereses del 15 de diciembre no puede ser hecho a menos que Argentina certifique que está haciendo el pago apropiado para el beneficio de los demandantes al depósito de garantía, ya sea antes o en simultáneo a cualquier pago a los bonistas del canje”, resolvió, y exigió que en los próximos tres días Argentina provea copias del fallo a todos los participantes de los canjes registrados, incluyendo el Bank of New York Mellon, las firmas de clearing y demás operadores. Además, prohíbe expresamente a la Argentina pagar los bonos del canje sin obtener aprobación del tribunal, es decir, esquivando a Griesa. Luego del fallo de la Cámara, el depósito de garantía de 1330 millones podría sufrir “ajustes” según el pago final que decida ese tribunal, aclara Griesa.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones también le había solicitado al juez neoyorquino que explique cómo una potencial negativa de Argentina de beneficiar a los buitres, mientras se paga a los demás bonistas, afectaría a toda la red de intermediación financiera. En particular, al Bank New York Mellon. Griesa contestó, sin muchos detalles, que si Argentina le hace caso, “no habrá ningún problema” y si decide no pagar a los holdouts, las instituciones deberán encontrar un artilugio para que no queden ante sus clientes como responsables por el no pago y pueden ser demandadas.
El fallo contesta el argumento presentado por Argentina de que pagar a los buitres implica una discriminación a los bonistas del canje, que aceptaron una fuerte quita. “Los tenedores de bonos que participaron en el cambio negociaron por la certeza y para evitar la carga y el riesgo de litigar. Sabían perfectamente que había litigantes buscando el pago total. Después de diez años de litigio esto es un resultado justo”, piensa Griesa.
GB
Lejos de la justicia, muy cerca del poder
Por Raúl Dellatorre
Un juez en Nueva York, demasiado cerca de las influencias de los grupos de poder financiero, resolvió a favor de la audaz demanda del fondo buitre NML Capital sobre títulos de deuda defolteados que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. El fondo no había sido perjudicado por el default de 2001, porque compró los bonos con posterioridad, especulando con hacer diferencia en los tribunales. El fondo hubiera ganado una buena diferencia aceptando el canje, pero fue por más, apostando a que iba a tener “mejor suerte” en la Justicia.
Una jueza federal en Sydney, Australia, muy alejada de los centros de poder financiero, condenó el 5 de noviembre a la calificadora de riesgo Standard and Poor’s y al Banco ABN AMRO por haber engañado a los inversores que le compraron a la entidad bancaria títulos calificados AAA (triple A, máxima calificación de solidez) por la primera, y colapsaron con la crisis financiera de 2008. Los activos que respaldaban los títulos no eran tan sólidos como se los exhibía. El banco había publicado “información falsa”, “negligentemente distorsionante”, con proyecciones de resultados conscientemente “exagerados” para tentar a los inversores, según relata el fallo de la jueza Jayne Jagot.
El fondo buitre que litiga contra Argentina en Nueva York registra su residencia en Islas Caimán, lejos de los organismos de control y muy cerca del corazón que bombea las principales operaciones especulativas en el sistema financiero mundial. No es la primera vez que NML Capital utiliza los servicios de la Justicia neoyorquina para obtener resultados. En 1999 obtuvo una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Nueva York por la cual el gobierno de Perú debió pagarle 58 millones de dólares por bonos defolteados, que NML había comprado pocos años antes en 11 millones.
La calificadora condenada en Sydney es una de las tres grandes agencias que tienen licencia internacional para definir qué títulos son “confiables” para los inversores crédulos, como los 12 municipios de Gales del Sur (Australia) que compraron los bonos Rembrandt al ABN AMRO en 2006 y terminaron perdiendo el 90 por ciento de los ahorros de sus funcionarios. No fue la primera ni la única vez que S&P otorgó la más alta calificación a títulos que terminaron en enormes descalabros para quienes siguieron sus consejos: la crisis de las hipotecas de Estados Unidos (en pleno corazón del poder financiero) justamente se desencadenó a partir de la insolvencia de fondos que reunían una cantidad de hipotecas incobrables con una pequeña porción de créditos buenos, formando un paquete disfrazado de inversión atractiva, colocada por un banco prestigioso y con calificación AAA de S&P, Moody’s o Fitch.
El mercado financiero heredado del neoliberalismo es definido como un gran casino, en el que cuanto más riesgosa es la apuesta, más se espera ganar. Los fondos buitre se caracterizan por el altísimo nivel de exposición al riesgo: compran títulos de deuda con elevada chance de incobrabilidad, cuando nadie los quiere y, por lo tanto, pagan monedas por ellos. La apuesta es obtener, años después, la ganancia en los tribunales demandando al país emisor de los títulos de deuda su valor original más los intereses del período transcurrido. Para eso, necesitan un sistema financiero mundial que lo admita y jueces permisivos. No son pocas las veces que han obtenido buenos resultados.
Los inversores estafados por un sistema financiero viciado por especuladores y corruptos tuvieron que cargar con las pérdidas sin reparación alguna, en su gran mayoría. El caso australiano mencionado es una excepción. En el de la crisis hipotecaria estadounidense hubo un millonario rescate con fondos públicos; pero en favor de los bancos que habían provocado el descalabro, no de sus víctimas.
Jueces como Thomas Griesa o tribunales tan parciales como el Ciadi, dictan fallos periódicamente por miles de millones de dólares en favor de grupos financieros ligados al andamiaje de poder que manejan el casino mundial. Un poder que, además de tribunales, cuenta con guaridas fiscales que los protegen, normas de derecho internacional que someten la soberanía de los países deudores y bancos y calificadoras de riesgo que hacen el resto. Jayne Jagot en Sydney declaró culpables a Standard & Poor’s y al ABN por un perjuicio de 16 millones de dólares. Una cifra insignificante para ese poder. Además, Jagot no tiene muchos imitadores.
Argentina, en defensa propia, resolvió enfrentar a los primeros. Lo hizo pagándole al FMI para repudiar las recetas que recomendaba y los monitoreos periódicos a las políticas públicas. Lo hizo imponiendo una reestructuración sin precedentes, pero que sirvió como antecedente a otros casos. Lo hace denunciando los mecanismos de funcionamiento de la especulación global y a las políticas que lo respaldan. Lo de Griesa no es un hecho aislado. Argentina sacó los pies del plato. Y no se lo perdonan.
23/11/12 Página|12
GB
LORENZINO DESCALIFICO EL FALLO DE GRIESA QUE AVALA EL RECLAMO DE LOS FONDOS BUITRE DE COBRAR TODA LA DEUDA Y EN UN SOLO PAGO
“Es una especie de colonialismo judicial”
Lorenzino contra Griesa. “Define todo en medio de una cláusula delirante, pero elegante porque es en latín.”
Imagen: Arnaldo Pampillón
En conferencia de prensa, el ministro de Economía anticipó la apelación que presentará Argentina el lunes ante los tribunales de Nueva York. “El fallo vulnera la soberanía argentina y pone en riesgo todo el sistema financiero internacional”, sostuvo.
Por Cristian Carrillo
“Estaríamos presenciando un caso de colonialismo judicial: alguien en un juzgado de un país importante toma definiciones que van por encima de leyes e instituciones, no sólo de la Argentina, sino de otros países; algo que el sistema financiero internacional no debería aceptar.” Con esos duros términos se refirió ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, al fallo del juez de Distrito, en Nueva York, Thomas Griesa, que determina que el país deberá pagar a los fondos buitre la totalidad de lo demandado en efectivo y en un solo pago, unos 1330 millones de dólares (ver aparte). El fallo fue enviado a la Cámara de Apelaciones de Nueva York para su análisis y definición. Lorenzino anticipó que el país enviará ante esa Cámara “un pedido de revisión”, argumentando la falta de potestad de Griesa en la cuestión y en que se “vulnera la soberanía argentina en muchos aspectos, así como también la de agentes internacionales de pago”. Lorenzino, quien ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, aseguró que el próximo vencimiento, el 2 de diciembre, se abonará con normalidad e insistió en que se apelarán todas las decisiones contrarias al país. “Lo único que le faltó a Griesa es ordenar que nos manden la Quinta Flota”, remató irónico Lorenzino.
El bufete de abogados recibió cerca de las 2 de la madrugada de ayer –medianoche en los Estados Unidos– un mail con el fallo de Griesa, previo al inicio del feriado en ese país. La presentación del magistrado del Distrito Sur de Manhattan, el elegido por fondos especulativos para accionar judicialmente contra la Argentina, “concretamente señala que el ciento por ciento debe ser abonado de contado y en un solo pago, lo mismo que vienen pidiendo los buitres desde el principio”, según definió Lorenzino. “No es cierto que el juez ordenó pagar a los buitres, sino que elevó su propuesta de pago con su interpretación a la Cámara, para que termine resolviendo”, explicó Lorenzino. “Todo esto en medio de una cláusula delirante, pero elegante, sólo porque es en latín”, agregó, en referencia al pari passu, que implica tratamiento igualitario entre acreedores por parte de un deudor, pero deja en ventaja a estos fondos respecto de acreedores que ingresaron al canje y aceptaron una quita de capital.
“No creemos que sea una solución justa, como dice Griesa, pagarles a esos fondos buitre, y menos hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que la Argentina esté hoy en condiciones de cumplir con sus deudas a los acreedores, que aceptaron una quita inédita y plazo muy largos de pago. Por eso consideramos que pagarles a los buitres es injusto e ilegal respecto de nuestra normativa interna”, señaló el ministro. El juez de Distrito en su fallo hizo referencia a la Ley Cerrojo, que se utilizó para darle un cierre al canje –y que fue suspendida en 2010 para reabrir el canje– con apoyo del Congreso. “No existe recurso adecuado en la ley para las continuas violaciones de la República, porque la República dejó en claro, y lo codifica en la 26.017 y 26.547, su intención de desafiar cualquier sentencia. En ausencia de esta orden, la República continuará violando la cláusula de pari passu con impunidad, produciendo daños a NML”, fueron los fragmentos del fallo elegidos por el ministro. “Griesa pretende arrogarse la competencia para declarar la validez de las propias leyes argentinas”, apuntó. El funcionario consideró que el fallo representa un retroceso a los avances normativos del sistema financiero internacional. “Pareciera una vuelta atrás a la doctrina Drago, cuando a los países se los invadía por una deuda. Lo único que falta es que en su próxima intervención, Griesa nos mande la Quinta Flota”, señaló el ministro, en referencia a la división de la Marina estadounidense que tiene asignado el Atlántico Sur.
El otro punto analizado, y que constituirá parte de los argumentos en la apelación argentina, es el hecho de que el juez no cuente con jurisdicción en el tema de fondo, como es la legitimidad del reclamo, que quedará en manos de los jueces de la Cámara. No obstante, Griesa define que por causas extraordinarias, si el fallo de la Cámara es en favor de los fondos buitre, ellos deberán cobrarse de un depósito que la Argentina debería constituir (ver aparte). Esto implica también una orden para los organismos de pago y de custodia de los fondos y los títulos valores. “El fallo nombra e instruye a bancos y entidades de clearing en Estados Unidos y Europa, ordenándoles lo que deben hacer. Entre ellos se encuentran entidades de Alemania, Bélgica, Reino Unido y Luxemburgo”, señaló en referencia al aviso que hace el juez sobre la condicionalidad del pago de futuros vencimientos, si no se cumple antes del 15 de diciembre con los fondos buitre. De todos modos, aclaró que no está en riesgo el pago del vencimiento del 2 de diciembre de Global 17.
Para el ministro resulta inexplicable que el fallo de Griesa haya pasado por alto todas las advertencias que hicieron distintos organismos. “Este fue el resultado del análisis de 48 horas de todas las presentaciones que fueron hechas entre el viernes y el lunes de esta semana. No sólo de la Argentina y de los buitres, sino también de los bonistas, tres grandes inversores institucionales, de la Reserva Federal estadounidense, la Asociación de Clearing de Nueva York, el DTC (cámara de compensación) y del Banco de Nueva York. Fueron nueve escritos que se presentaron”, detalló.
Para la presentación que realizarán el lunes, se espera un nivel de apoyo similar por parte de la comunidad financiera. Según señaló a Página/12, “esas presentaciones fueron espontáneas y tienen que ver con el reconocimiento de particulares y de instituciones financieras relacionadas con el sistema de pagos, no sólo por la Argentina, sino también por las implicancias sistémicas. Incluso, de una visión interesada por preservar el prestigio de la plaza financiera de Nueva York como centro financiero internacional”. “Esperamos que esas mismas presentaciones se repitan y se incorporen otras, porque desde el viernes a esta parte recibimos noticias de muchos tenedores de deuda e instituciones financieras que se quisieron presentar, pero no pudieron por los plazos que impuso Griesa”, agregó.
Lorenzino se refirió también al pésimo precedente que implica un fallo a favor de los fondos buitre para futuras reestructuraciones de deuda, mecanismo que varios países europeos podrían requerir a causa de la crisis internacional. “No habría reestructuraciones de deuda, dado que los acreedores no estarían dispuestos a aceptar compartir la carga que implica un canje con quita para salir del default si otros, con espalda financiera, un buen abogado y un juez permeable, terminan cobrando todo el nominal y efectivo. Por eso vamos a seguir defendiendo la posición argentina, en todas esas instancias y con todos los instrumentos legales a disposición”, concluyó.
23/11/12 Página|12
GB
La viuda de Solano Lima no quiere que el PRO use su nombre
Cristina Fernández de Kirchner se reunió esta noche con Munira Amura, viuda del ex vicepresidente Vicente Solano Lima, compañero de fórmula de Héctor Cámpora y hombre de confianza de Juan Domingo Perón, quien rechazó la utilización del nombre de su marido por parte de sectores de la oposición.
Durante el encuentro, Amura expresó su “indignación” por la mala utilización realizada por una agrupación que adoptó el nombre de quien fuera su esposo, se informó desde Presidencia.
El espacio político denominado “La Solano Lima” es conducido por el dirigente del PRO Cristian Ritondo, uno de los más interesados en promover a los recientes cacerolazos contra el gobierno nacional.
En ese sentido, Amura manifestó que “un dirigente justicialista y un patriota con 50 años de vida política no participaría nunca con el sector que está usando su nombre”.
“Si Solano Lima estuviese vivo, estaría acompañando a la Presidenta y comprometido con la juventud como lo hizo en los años setenta. Él estaría encantado con Máximo (Kirchner) y contento con todos y cada uno de los jóvenes que participan en la vida política y acompañan este proyecto”, advirtió.
La viuda de Solano Lima también enfatizó que el ex vicepresidente fue “un patriota que trabajó siempre en función de los intereses de la patria y los trabajadores populares”.
Por otra parte, Amura se manifestó muy complacida por el trato “cariñoso y cercano” por parte de la Presidenta y resaltó las virtudes políticas del proyecto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.
De la reunión que se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina participaron también el secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Juan Carlos Dante Gullo.
Télam
GB
LA CAMARA CIVIL RESOLVIO CUBRIR LAS VACANTES Y EL GRUPO CLARIN LO CUESTIONO ANTE LA CORTEAvanza la Cámara y Clarín se ampara
La Cámara en lo Civil decidió que dos vacantes se cubran con jueces del fuero Contencioso Administrativo. Clarín rechazó el criterio y le pidió a la Corte Suprema que prorrogue el plazo del 7 de diciembre para aplicar la ley de medios.
La ley prevé que camaristas de otro fuero puedan cubrir vacantes; Clarín lo cuestionó.
Imagen: Bernardino Avila
Por Irina Hauser
El Grupo Clarín intenta impedir que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal convoque como jueces subrogantes para cubrir dos puestos vacantes a camaristas del fuero en lo Contencioso Administrativo, un camino que prevé la ley. El tribunal acordó esas designaciones anteayer, porque en la situación actual se encuentra “desintegrado” y sin poder resolver el pedido de ampliación de la medida cautelar que hizo el multimedio para permanecer eximido de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión según los límites que estableció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluso tiene que decidir, y tampoco puede, el futuro de la recusación contra el camarista Francisco de las Carreras presentada por el Gobierno, que lo denunció por haber viajado a una conferencia en Miami sobre libertad de expresión con invitación de Clarín, lo que pondría en duda su independencia de criterio. Ante la decisión del tribunal de avanzar en la designación de los subrogantes, la empresa se presentó en la Corte Suprema con un escrito de 37 carillas en el que alega, según informó la agencia DyN, una situación de “indefensión y privación de justicia” y le pide una extensión de la cautelar a la que el propio alto tribunal le puso como fecha de caducidad el 7 de diciembre.
La realidad es que falta muy poco para el 7D (que en rigor, por los días hábiles, es el 10D) y, tal como están dadas las cosas, parece improbable que el ajedrez judicial se mueva demasiado en los próximos días. En cuanto a la Cámara Civil y Comercial, sus integrantes se fueron corriendo del asunto “ley de medios” y sus derivaciones, recusados o excusados, y la única que quedó habilitada para resolver es María Susana Najurieta. Su sala, la número uno, tiene asignado el expediente donde se cuestiona la constitucionalidad de la cláusula de desinversión. Su ex compañero Martín Farrel quedó arrastrado por el escándalo que estalló cuando se supo que, junto a su colega Ricardo Recondo, había hecho un sorteo con papelitos, entre sólo dos nombres, para designar el juez interino del expediente Clarín. Farrel, jubilado, renunció a su puesto de subrogante. El otro integrante de esa sala es De las Carreras, que además de estar denunciado en el Consejo de la Magistratura, es investigado por la Justicia penal por presunto cohecho o dádivas.
Del viaje a Miami participaron también cuatro colegas de De las Carreras, la diferencia es que él ya había fallado dos veces a favor del Grupo Clarín, confirmando la medida cautelar. Suponiendo que la Cámara Civil y Comercial quede en condiciones de resolver la ampliación de la cautelar del multimedio, concederla sería un modo de enfrentar a la Corte Suprema, que dijo que estas medidas provisorias no pueden prolongarse eternamente, porque se convierten en sentencias anticipadas, y fijó el 7 de diciembre. Puertas adentro de la Cámara hay enojo con Recondo, pero a la vez germina un planteo (que iría dirigido a una Comisión de Protección de la Independencia Judicial que lidera la jueza suprema Elena Highton de Nolasco) por la lluvia de denuncias del Ejecutivo contra sus integrantes.
De todos modos, Clarín optó por trasladar el desafío a la Corte, que habrá que ver qué hace. El escrito, según lo difundido por el Grupo, dice que la situación de “indefensión denunciada” está generada por “las recusaciones, excusaciones y renuncias provocadas” por el Estado, “por carecer de la posibilidad de que se conforme un tribunal competente que resuelva en tiempo útil la extensión de la medida cautelar que el 7 de diciembre próximo perderá vigencia”. El pedido a los jueces supremos es que le den “preventivamente la prórroga de la medida cautelar aún vigente, hasta que la Sala I, integrada materialmente por los jueces en lo Civil y Comercial Federal de esta capital, se pronuncie sobre la apelación pendiente”. Por el texto, se deduce que la empresa apunta a que no quieren que se nombren camaristas del fuero Contencioso. Reclaman a los magistrados que “remuevan los obstáculos que impiden la regular conformación de la Sala I”. El problema para Clarín son las denuncias desde el Gobierno contra los jueces. “Los ha recusado o los ha presionado con denunciadas administrativas o penales, forzando sus excusaciones y su temor”, protestan.
Según las normas de subrogancia que se aplican a la Cámara en lo Civil y Comercial (basadas en el decreto 1285/58), cuando las vacantes no las cubren sus propios miembros, se puede recurrir a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que es lo que sucederá. Ese tribunal avisó al Consejo que sólo tiene sistema informático diseñado para asignar expedientes, pero no para nombrar jueces, y habiendo tantas suspicacias con los sorteos, para ahorrarse un problema pidieron un sistema especial, que está en elaboración. El fuero Contencioso es territorio sensible para los gobiernos, ya que muchos de los juicios contra el Estado van a parar allí. Nueve de los catorce miembros actuales de su cámara de apelaciones fueron nombrados por el kirchnerismo.
En el Consejo de la Magistratura siguen parados por el bloqueo de la oposición los concursos tanto para la cámara como para cinco juzgados civiles y comerciales. Las subrogancias que ejercen jueces del fuero quedarán por ahora como están. Una es la del juez Horacio Alfonso, quien quedó a cargo de resolver la cuestión de fondo de la causa Clarín.
Antes de tomar una decisión de tal magnitud, Alfonso tiene que decidir si acepta a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) como parte en la causa. Sólo una decisión de este juez sobre la discusión constitucional de los artículos 161 y 45 de la ley de medios podría llegar a dar la base para que el Gobierno presente un pedido de per saltum ante la Corte Suprema. Pero por ahora no avanzará. El per saltum, contra todas las especulaciones, no se puede plantear si no es en base a una decisión de primera instancia que se considere comparable a una sentencia definitiva. Y aun así, el máximo tribunal tendrá que evaluar si reviste la “gravedad institucional” suficiente como para adentrarse a analizarlo y pronunciarse. En la Corte ven con buenos ojos que el per saltum se haya reglamentado, pero temen una lluvia de presentaciones de distinto orden. Además, creen que les da a los jueces supremos un enorme poder, que se supone que ellos van a aplicar con mesura, pero a futuro nadie sabe lo que vendrá.
22/11/12 Página|12
GB
