Apéndice: el programa sindical de 1973 y su influencia en el kirchnerismo
el plan que comenzó aplicarse en 1973 contenía un programa de distribución de la riqueza a favor de los trabajadores. La dirigencia sindical con José Rucci a la cabeza firmó el programa y apoyó medidas tales como la fuerte regulación de las empresas extranjeras, la nacionalización de los depósitos bancarios, el control de precios de numerosos artículos y la comercialización estatal de carnes y granos. En 1974 la CGT llevó la legislación laboral en beneficio de los trabajadores a su punto máximo histórico impulsando la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo. En 1975 el sindicalismo heredero de Rucci denunció el accionar delictivo de las cámaras patronales agropecuarias que venían impulsando sucesivos lock out para repudiar la política de precios implementada.
Los gobiernos de Néstor y Cristina retomaron varios aspectos de la gestión estatal del programa del FREJULI. Es ahí donde reside la causa y el origen de las confrontaciones que el gobierno mantuvo en los últimos años, y no en el mentado origen montonero de los dos últimos presidentes. Los enfrentamientos no derivaron de un estilo confrontador poco apto para el consenso sino de los interesados afectados. La confrontación es la consecuencia lógica cuando un gobierno decide enfrentar al poder económico y poner el Estado al servicio de los intereses populares. El kirchnerismo vuelve a plantear aspectos importantes del programa de 1973, que en su momento fueron avalados y defendidos por Rucci, y que hoy son considerados autoritarios. Por ejemplo, la Ley 20.680 de Abastecimiento, sancionada en 1974, que el actual Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno utilizó en diversas ocasiones para denunciar y sancionar las prácticas patronales antiobreras, es presentada por los grandes medios como testimonio de la dictadura kirchnerista.
Asimismo la dirigencia sindical conducida por Hugo Moyano impulsó la reapertura de las paritarias, la eliminación de la tablita de Machinea y sus gravámenes sobre el salario, la anulación de la Ley Banelco y su reemplazo por la Ley 25.877 que permitió nuevamente la convocatoria al Consejo del Salario. Estas medidas favorable a los trabajadores y reivindicadas por todo el arco kirchnerista se entroncan con lo mejor de la práctica del sindicalismo que supo encarnar José Ignacio Rucci. Es evidente entonces, que periodistas como Joaquín Morales Solá lloran lágrimas de cocodrilo cuando reivindican al líder metalúrgico. Las banderas que Rucci encarnó hoy las continúa el actual conductor de la CGT, Hugo Moyano. Sin embargo, estos comunicadores sociales critican el acaparamiento de poder del dirigente camionero, sus propuestas “perniciosas que alejan las inversiones” y su “intolerancia” frente a los empresarios.
Quiénes abrevan en esta mirada están fascinados por el Rucci enfrentado a la Tendencia. Pero no soportarían jamás al dirigente gremial que puso lo mejor de sí al servicio del proyecto nacional. No aceptan un Estado Interventor que distribuya, entre los que menos tienen la riqueza que acaparan unos pocos. No toleran que se intente recrear las políticas distributivas que encarnó el FREJULI en los 70 y que Rucci apoyó fervorosamente. Sólo se apropian de una figura a la que han vaciado de contenido. Por esta razón, los supuestos defensores de Rucci, que hoy atacan con odio visceral al gobierno, nunca van a retomar realmente sus banderas de lucha. El auténtico Rucci, el dirigente sindical que peleó siempre a favor de los intereses populares jamás podrá ser representado por quiénes nada bueno tienen que ofrecer al movimiento obrero. El kirchnerismo debe reivindicar a Rucci. (Agencia Paco Urondo)
GB
jueves, 27 de septiembre de 2012
Artículo publicado en 2010. Un nuevo aniversario del asesinato de Rucci vuelve a poner en el centro del debate público la figura del dirigente sindical. OPINION
Artículo publicado en 2010. Un nuevo aniversario del asesinato de Rucci vuelve a poner en el centro del debate público la figura del dirigente sindical.
El sábado 25 de septiembre se cumplieron 37 años del asesinato de José Ignacio Rucci. El aniversario brindó la oportunidad para que sectores enfrentados al kirchnerismo reivindicasen la figura del ex secretario general de la CGT y cuestionasen al gobierno nacional. Los argumentos esgrimidos por estos sectores para defender a Rucci son similares a los planteos que sostiene Ceferino Reato en su libro “Operación Traviata.” Reato cuestiona la política de Derechos Humanos del kirchnerismo ofreciendo una interpretación del asesinato de Rucci que reedita la teoría de los dos demonios. El autor sostiene que la muerte del sindicalista puede entenderse como un crimen de lesa humanidad porque fue realizado por miembros del gobierno de Oscar Bidegain a través de recursos estatales.
Durante muchos años Aníbal y Claudia Rucci dieron por sentado que a su padre lo había asesinado la Alianza Anticomunista Argentina y, gracias a ello, cobraron en 1998, la indemnización que la ley 24.411 otorga los familiares de las víctimas de la Triple A y de la última dictadura militar. Sin embargo, luego de la publicación del libro, los hermanos Rucci se presentaron en la Justicia acompañados de su abogado patrocinante, el ex ministro bonaerense y ex camarista Jorge Casanova, a pedir la reapertura de la causa archivada desde 1988. El juez federal Ariel Lijo dio lugar al pedido, aceptó que los hijos de Rucci sean querellantes y tomó declaración testimonial a Reato al efecto de que aporte elementos en la causa.
Reato afirma en su libro que el asesinato de Rucci es un caso de Terrorismo de Estado realizado bajo el amparo del gobierno de Oscar Bidegain. Si la Justicia acepta esa interpretación, los autores del hecho correrían el riesgo de ser juzgados y condenados. La persecución podría caer sobre algunas figuras que hoy son parte del proyecto kirchnerista. Pero eso no es todo. Reato extrema un poco más su interpretación. Para el autor, el asesinato del dirigente es una muestra cabal de la tradición autoritaria del kirchnerismo. El razonamiento es el siguiente: el gobierno actual proviene de los Montoneros. Esta organización, por su carácter autoritario e intolerante, asesinó a Rucci. Por ende, toda acción del gobierno nacional tendrá una impronta autoritaria. Bajo ese prisma las retenciones agropecuarias, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la reestatización de las AFJP, la creación del fondo del Bicentenario, la investigación sobre Papel Prensa, son todas medidas de un gobierno despótico que no admite la disidencia y fomenta la intolerancia. El origen montonero del kirchnerismo sería la causa de su enfrentamiento con el campo, con la oposición, con los medios de comunicación, etc.
Algunos integrantes del Peronismo Federal, avalando esta interpretación, realizaron en Rosario el sábado pasado un acto en memoria de Rucci. Participaron del cónclave figuras como el empresario Francisco De Narváez, el sindicalista amigo de la Sociedad Rural, Gerónimo Venegas y Felipe Solá. La plana mayor del peronismo propatronal opositor al kirchnerismo utilizó como excusa la figura de Rucci para atacar al gobierno nacional. Mención aparte merece la actitud penosa y lastimosa de Claudia Rucci quién al participar del encuentro, ligó la figura de su padre con una expresión política enemiga de los trabajadores. En el acto estuvo totalmente ausente la reivindicación del proyecto político que supo representar el dirigente metalúrgico.
Precisamente, ese aspecto es silenciado en Operación Traviata. Reato termina infamando la figura de Rucci porque niega su programa y su accionar político. Al autor sólo le interesa presentar al sindicalista como víctima de Montoneros -y por ende- del gobierno actual. En las páginas del libro no hay reivindicación de ningún proyecto, sólo la compasión interesada por un muerto. No podría ser de otra manera, pues la tradición viva del pensamiento y la práctica de Rucci, actualmente sólo la encarna el kirchnerismo. El sustento de la afirmación se desprende del análisis de la gestión kirchnerista. Es verdad que ciertos rasgos del gobierno nacional pueden entenderse a partir de lo que algunos denominan setentismo. Mucho de sus cuadros en los 70 militaban en la Tendencia y la izquierda peronista. Sin embargo, el gobierno también expresa otras tradiciones del campo popular, cuyo denominador común ha sido la resistencia al neoliberalismo en la década del 90. Entre ellas se ubica lo mejor de nuestra dirigencia sindical -representada en aquél entonces por Hugo Moyano y el MTA- que siempre llevó como estandarte la figura de Rucci.
El setentismo que se le endilga al kirchnerismo como expresión de la militancia de la izquierda peronista de los 70 es un aspecto que no agota su carácter. El gobierno nacional practica otro tipo de setentismo quizás más importante pero que ha recibido menos prensa. Las dos últimas administraciones presidenciales retomaron la experiencia de gestión estatal llevada a cabo por el peronismo y sus aliados desde 1973. Una experiencia en la que el sindicalismo peronista cumplió un rol destacado.
El sábado 25 de septiembre se cumplieron 37 años del asesinato de José Ignacio Rucci. El aniversario brindó la oportunidad para que sectores enfrentados al kirchnerismo reivindicasen la figura del ex secretario general de la CGT y cuestionasen al gobierno nacional. Los argumentos esgrimidos por estos sectores para defender a Rucci son similares a los planteos que sostiene Ceferino Reato en su libro “Operación Traviata.” Reato cuestiona la política de Derechos Humanos del kirchnerismo ofreciendo una interpretación del asesinato de Rucci que reedita la teoría de los dos demonios. El autor sostiene que la muerte del sindicalista puede entenderse como un crimen de lesa humanidad porque fue realizado por miembros del gobierno de Oscar Bidegain a través de recursos estatales.
Durante muchos años Aníbal y Claudia Rucci dieron por sentado que a su padre lo había asesinado la Alianza Anticomunista Argentina y, gracias a ello, cobraron en 1998, la indemnización que la ley 24.411 otorga los familiares de las víctimas de la Triple A y de la última dictadura militar. Sin embargo, luego de la publicación del libro, los hermanos Rucci se presentaron en la Justicia acompañados de su abogado patrocinante, el ex ministro bonaerense y ex camarista Jorge Casanova, a pedir la reapertura de la causa archivada desde 1988. El juez federal Ariel Lijo dio lugar al pedido, aceptó que los hijos de Rucci sean querellantes y tomó declaración testimonial a Reato al efecto de que aporte elementos en la causa.
Reato afirma en su libro que el asesinato de Rucci es un caso de Terrorismo de Estado realizado bajo el amparo del gobierno de Oscar Bidegain. Si la Justicia acepta esa interpretación, los autores del hecho correrían el riesgo de ser juzgados y condenados. La persecución podría caer sobre algunas figuras que hoy son parte del proyecto kirchnerista. Pero eso no es todo. Reato extrema un poco más su interpretación. Para el autor, el asesinato del dirigente es una muestra cabal de la tradición autoritaria del kirchnerismo. El razonamiento es el siguiente: el gobierno actual proviene de los Montoneros. Esta organización, por su carácter autoritario e intolerante, asesinó a Rucci. Por ende, toda acción del gobierno nacional tendrá una impronta autoritaria. Bajo ese prisma las retenciones agropecuarias, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la reestatización de las AFJP, la creación del fondo del Bicentenario, la investigación sobre Papel Prensa, son todas medidas de un gobierno despótico que no admite la disidencia y fomenta la intolerancia. El origen montonero del kirchnerismo sería la causa de su enfrentamiento con el campo, con la oposición, con los medios de comunicación, etc.
Algunos integrantes del Peronismo Federal, avalando esta interpretación, realizaron en Rosario el sábado pasado un acto en memoria de Rucci. Participaron del cónclave figuras como el empresario Francisco De Narváez, el sindicalista amigo de la Sociedad Rural, Gerónimo Venegas y Felipe Solá. La plana mayor del peronismo propatronal opositor al kirchnerismo utilizó como excusa la figura de Rucci para atacar al gobierno nacional. Mención aparte merece la actitud penosa y lastimosa de Claudia Rucci quién al participar del encuentro, ligó la figura de su padre con una expresión política enemiga de los trabajadores. En el acto estuvo totalmente ausente la reivindicación del proyecto político que supo representar el dirigente metalúrgico.
Precisamente, ese aspecto es silenciado en Operación Traviata. Reato termina infamando la figura de Rucci porque niega su programa y su accionar político. Al autor sólo le interesa presentar al sindicalista como víctima de Montoneros -y por ende- del gobierno actual. En las páginas del libro no hay reivindicación de ningún proyecto, sólo la compasión interesada por un muerto. No podría ser de otra manera, pues la tradición viva del pensamiento y la práctica de Rucci, actualmente sólo la encarna el kirchnerismo. El sustento de la afirmación se desprende del análisis de la gestión kirchnerista. Es verdad que ciertos rasgos del gobierno nacional pueden entenderse a partir de lo que algunos denominan setentismo. Mucho de sus cuadros en los 70 militaban en la Tendencia y la izquierda peronista. Sin embargo, el gobierno también expresa otras tradiciones del campo popular, cuyo denominador común ha sido la resistencia al neoliberalismo en la década del 90. Entre ellas se ubica lo mejor de nuestra dirigencia sindical -representada en aquél entonces por Hugo Moyano y el MTA- que siempre llevó como estandarte la figura de Rucci.
El setentismo que se le endilga al kirchnerismo como expresión de la militancia de la izquierda peronista de los 70 es un aspecto que no agota su carácter. El gobierno nacional practica otro tipo de setentismo quizás más importante pero que ha recibido menos prensa. Las dos últimas administraciones presidenciales retomaron la experiencia de gestión estatal llevada a cabo por el peronismo y sus aliados desde 1973. Una experiencia en la que el sindicalismo peronista cumplió un rol destacado.
EL ANTIIMPERIALISMO DEL SOCIALISTA LOZANO
¿Antiimperialista? Lozano: "El FMI hace rato debería haber sacado tarjeta roja"
En La Voz del Interior I Denunció que ese organismo "se está haciendo el tonto" para que la Argentina pague a sus acreedores.
El diputado del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano advirtió hoy que si el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera "serio, hace rato que debería haberle sacado tarjeta roja a las estadísticas del Indec", y denunció que ese organismo "se está haciendo el tonto" frente a las "mentiras" del Gobierno para que la Argentina pague a sus acreedores.
"Lo único que explica que haya tarjeta amarilla y no roja son los intereses que el Fondo defiende y que poco tienen que ver con la realidad que es que en la Argentina se sigue mintiendo con las estadísticas públicas diciendo desde que crecemos este año, cuando no crecemos, hasta que una persona puede comer con seis pesos por día", alertó.
Lozano fue consultado por radio Continental acerca de las declaraciones de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, acerca de que la Argentina, que ya tiene "la tarjeta amarilla" del organismo, cuenta con "tres meses para evitar la tarjeta roja" si no ordena sus estadísticas.
"Si el FMI fuera un organismo serio, hace rato que debería haberle sacado tarjeta roja a las estadísticas del Indec", advirtió el legislador.
El diputado nacional enfatizó que "el Fondo se está haciendo el tonto y, en lugar de decir ˜esto es mentira˜, como quiere validar (las estadísticas) para que los acreedores cobren, entonces posterga la decisión y no dice absolutamente nada". El diputado y economista añadió que el ente internacional "no solo no hizo esto, sino que hubo una misión del Fondo trabajando con la actual intervención sobre el organismo, en el contexto de la destrucción de las estadísticas, sin lograr avance alguno. Así que es medio injustificable que no hayan sancionado a la Argentina en ese sentido".
Para Lozano, "lo único que explica esto es que el Fondo básicamente es un organismo dedicado a tratar de cubrir los intereses de los acreedores".
"Y como el Presupuesto que se ha presentado valida el pago de la deuda pública, a pesar de que no tendríamos que hacerlo -concretamente en lo relativo a un bono que se paga en función del crecimiento de la economía- la mentira en materia de estadísticas llega al punto tal que se miente el crecimiento durante el año 2012 para justificar el pago en 2013", prosiguió.
El legislador del FAP puntualizó que en el Presupuesto "se agregan casi 4 mil millones de dólares que no deberían ser parte de los pagos de la Argentina, mintiendo el crecimiento del año 2012 diciendo que vamos a crecer un 3,4 por ciento, cuando la economía argentina está estancada durante el curso del presente año".
"Insisto: el Fondo muestra una vez más que más allá de su capacidad técnica, lo que define sus determinaciones está vinculado a garantizar los pagos de deuda por parte de los países como los nuestros", enfatizó.
Lozano repitió que "Argentina está mintiendo la tasa de crecimiento de este año, cosa que el Fondo sabe y debería cuestionar, para pagarle a los acreedores 4 mil millones dólares que no debería pagarle".
AGENCIA PACO URONDO
GB
En La Voz del Interior I Denunció que ese organismo "se está haciendo el tonto" para que la Argentina pague a sus acreedores.
El diputado del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano advirtió hoy que si el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera "serio, hace rato que debería haberle sacado tarjeta roja a las estadísticas del Indec", y denunció que ese organismo "se está haciendo el tonto" frente a las "mentiras" del Gobierno para que la Argentina pague a sus acreedores.
"Lo único que explica que haya tarjeta amarilla y no roja son los intereses que el Fondo defiende y que poco tienen que ver con la realidad que es que en la Argentina se sigue mintiendo con las estadísticas públicas diciendo desde que crecemos este año, cuando no crecemos, hasta que una persona puede comer con seis pesos por día", alertó.
Lozano fue consultado por radio Continental acerca de las declaraciones de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, acerca de que la Argentina, que ya tiene "la tarjeta amarilla" del organismo, cuenta con "tres meses para evitar la tarjeta roja" si no ordena sus estadísticas.
"Si el FMI fuera un organismo serio, hace rato que debería haberle sacado tarjeta roja a las estadísticas del Indec", advirtió el legislador.
El diputado nacional enfatizó que "el Fondo se está haciendo el tonto y, en lugar de decir ˜esto es mentira˜, como quiere validar (las estadísticas) para que los acreedores cobren, entonces posterga la decisión y no dice absolutamente nada". El diputado y economista añadió que el ente internacional "no solo no hizo esto, sino que hubo una misión del Fondo trabajando con la actual intervención sobre el organismo, en el contexto de la destrucción de las estadísticas, sin lograr avance alguno. Así que es medio injustificable que no hayan sancionado a la Argentina en ese sentido".
Para Lozano, "lo único que explica esto es que el Fondo básicamente es un organismo dedicado a tratar de cubrir los intereses de los acreedores".
"Y como el Presupuesto que se ha presentado valida el pago de la deuda pública, a pesar de que no tendríamos que hacerlo -concretamente en lo relativo a un bono que se paga en función del crecimiento de la economía- la mentira en materia de estadísticas llega al punto tal que se miente el crecimiento durante el año 2012 para justificar el pago en 2013", prosiguió.
El legislador del FAP puntualizó que en el Presupuesto "se agregan casi 4 mil millones de dólares que no deberían ser parte de los pagos de la Argentina, mintiendo el crecimiento del año 2012 diciendo que vamos a crecer un 3,4 por ciento, cuando la economía argentina está estancada durante el curso del presente año".
"Insisto: el Fondo muestra una vez más que más allá de su capacidad técnica, lo que define sus determinaciones está vinculado a garantizar los pagos de deuda por parte de los países como los nuestros", enfatizó.
Lozano repitió que "Argentina está mintiendo la tasa de crecimiento de este año, cosa que el Fondo sabe y debería cuestionar, para pagarle a los acreedores 4 mil millones dólares que no debería pagarle".
AGENCIA PACO URONDO
GB
EL CLARIN DEMOCRATICO
Paritarias en Clarín
Ante el incumplimiento de la paritaria firmada por UTPBA y AEDBA con Clarín, periodistas retiran firmas. Trabajadores de otros medios se sumaron a la medida en solidaridad.
La mayoría de los trabajadores de los diarios del Grupo Clarín -el propio Clarín, Olé, La Razón, Muy y los suplementos de cada uno de ellos- decidieron quitar sus firmas en las ediciones de este jueves en reclamo del pago de los retroactivos de marzo, abril y mayo para aquellos trabajadores que estaban por debajo del piso salarial de su categoría al momento de la firma de la paritaria.
Además, exigen el pago de los incrementos salariales correspondientes a abril y mayo y el del 7% de incremento salarial que debió haber empezado a abonar en agosto.
Los trabajadores denuncian también que la empresa, AGEA, rechaza recibir a los delegados paritarios y pidieron el ejercicio pleno de la actividad gremial.
En este marco, los diarios Página/12, BAE y Tiempo Argentino aparecerán sin firmas como muestra de solidaridad.
En el caso del diario BAE se suman varios reclamos propios: la modificación permanente de la escala de comisiones de un trabajador del área de Comercial, demoras en recategorizaciones y falta de personal. "Nos une el reclamo por el cumplimiento de las Paritarias de Prensa y la libertad sindical en todas las empresas periodísticas" expresaron los trabajadores a través de un comunicado.
Desde Tiempo Argentino, aseguraron "los trabajadores de Tiempo Argentino nos sumamos al reclamo de los compañeros de Clarín con asamblea y aplausos este jueves a las 16.30 en la redacción del diario. El plan de lucha no comenzó esta semana: ya en junio hemos realizado quite de firmas en solidaridad con nuestros compañeros"
AGENCIA PACO URONDO
GB
Jueves 27 de Septiembre de 2012 09:31
La mayoría de los trabajadores de los diarios del Grupo Clarín -el propio Clarín, Olé, La Razón, Muy y los suplementos de cada uno de ellos- decidieron quitar sus firmas en las ediciones de este jueves en reclamo del pago de los retroactivos de marzo, abril y mayo para aquellos trabajadores que estaban por debajo del piso salarial de su categoría al momento de la firma de la paritaria.
Además, exigen el pago de los incrementos salariales correspondientes a abril y mayo y el del 7% de incremento salarial que debió haber empezado a abonar en agosto.
Los trabajadores denuncian también que la empresa, AGEA, rechaza recibir a los delegados paritarios y pidieron el ejercicio pleno de la actividad gremial.
En este marco, los diarios Página/12, BAE y Tiempo Argentino aparecerán sin firmas como muestra de solidaridad.
En el caso del diario BAE se suman varios reclamos propios: la modificación permanente de la escala de comisiones de un trabajador del área de Comercial, demoras en recategorizaciones y falta de personal. "Nos une el reclamo por el cumplimiento de las Paritarias de Prensa y la libertad sindical en todas las empresas periodísticas" expresaron los trabajadores a través de un comunicado.
Desde Tiempo Argentino, aseguraron "los trabajadores de Tiempo Argentino nos sumamos al reclamo de los compañeros de Clarín con asamblea y aplausos este jueves a las 16.30 en la redacción del diario. El plan de lucha no comenzó esta semana: ya en junio hemos realizado quite de firmas en solidaridad con nuestros compañeros"
AGENCIA PACO URONDO
GB
INSEGURIDAD Y NEOLIBERALISMO, OPINION
Las secuelas del neoliberalismo
Por Jorge Muracciole
El peronismo es recordado a lo largo de las últimas generaciones por la concreción de derechos económicos y sociales para los sectores más postergados de la sociedad y por la implementación de reivindicaciones de la clase obrera que dejaron marcas indelebles en la memoria histórica de sus descendientes. Las vidas de los trabajadores de overol y de los asalariados tuvieron un antes y un después con la universalización del aguinaldo y las vacaciones, y la efectivización de convenios colectivos por rama de actividad.
Las vidas de los trabajadores de overol y de los asalariados tuvieron un antes y un después con la universalización del aguinaldo y las vacaciones, y la efectivización de convenios colectivos por rama de actividad. Derechos que a partir de los años treinta fueron obteniéndose con el Frente Popular en Francia, en Inglaterra y con el New Deal en los Estados Unidos de Norteamérica en la administración Roosevelt; fenómeno que paulatinamente fue extendiéndose a otros países tanto de la órbita socialista como en occidente, incluso fueron implementados en la Alemania del Tercer Reich y la Italia de Mussolini.
Más allá del denominador común de esas medidas neokeynesianas, nuestro país ha sido un caso paradigmático de movilidad social ascendente. Hijos de trabajadores manuales venidos de los lugares más remotos se integraron a la educación pública y gratuita y sus descendientes pudieron acceder a los claustros universitarios como claro síntoma de ascenso social. Esta tendencia con distintos ritmos fue ininterrumpida hasta mediados de la década del '70, cuando los planes económicos ajustistas implementados a través del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar de marzo del '76, inició un proceso de destrucción de la industria nacional y una apertura indiscriminada a los mercados externos. Estos planes impuestos a sangre y fuego, con el regreso del Estado de Derecho y la transición democrática no fueron alterados en su esencia. En esos 30 años de gobiernos civiles, a pesar de tímidos intentos en los inicios del gobierno de Raúl Alfonsín no sólo no cambiaron el rumbo económico, sino que con la llegada del caudillo riojano al sillón de Rivadavia el modelo neoliberal se profundizó, con el festival de privatizaciones y el creciente deterioro de las condiciones de existencia de los que viven de su trabajo. El desguace de la industria y los millones de desocupados fueron el principal síntoma de un proyecto de país para pocos. Así fue como Argentina, que fuera el paradigma latinoamericano de movilidad social ascendente, se convirtiera en tres décadas en el laboratorio de políticas neoliberales ajustistas, invirtiendo el proceso económico y social de medio siglo de desarrollo. Ese modelo de involución social implosionó con la Convertibilidad, con los acontecimientos de diciembre de 2001. Las consecuencias del festival neoliberal y sus secuelas sociales aún las pagan la sociedad argentina, con la destrucción del sistema ferroviario, la desinversión en décadas en la red de transporte, el vaciamiento de la educación pública en favor del negocio educativo de los privados y el abandono infraestructural y presupuestario que por décadas sufrió la red hospitalaria en favor del gran negocio de las prepagas, todos servicios fundamentales que el ideario neoliberal destruyó sistemáticamente desde el '76, entregándoselos al área privada, según dictaminaban las leyes de mercado, detrás de la consignas de achicar el Estado y privatizar las empresas estratégicas de la Nación. Muchos de los opositores políticos y mediáticos se olvidan que ellos jugaron un rol protagónico en la instalación del discurso privatista profundizado en los años noventa. Dispositivo comunicacional que permitió crear un consenso de las clases dominantes y sus empleados en el Congreso nacional, sumando el apoyo de las clases subalternas, en favor de la cruzada neoliberal.
A más de diez años de la debacle estrepitosa de la utopía neoliberal, los restauradores del libremercado, con su parafernalia mediática, pretenden enjuiciar al actual proyecto de desarrollo con inclusión en curso, culpándolo de todos los males del presente. Problemas que emergen como resultado de un proceso de décadas de políticas entreguistas contrarias a las necesidades de las mayorías. Ni la inseguridad delictiva, ni la obsolescencia del sistema ferroviario, ni la crisis en la red de subterráneos, ni el deterioro de los servicios hospitalarios son epifenómenos del presente, los mismos son consecuencia de la acumulación de políticas elitistas, ligadas a los grandes negociados privados que con la complicidad de los gobiernos de turno en décadas han socavado con desinversión los servicios esenciales para la comunidad.
La persistencia de la llamada inseguridad delictiva es la combinación de múltiples factores cuyas dimensiones determinantes hunden sus raíces en la connivencia de las policías bravas hijas del período dictatorial, con el negocio capitalista del narcotráfico, la trata de blancas y la prostitución. El crecimiento del negocio combinado con décadas de exclusión social generaron el caldo de cultivo de generaciones que, expulsadas del aparato productivo, fueron presa fácil de los capitalistas del delito, que construyeron extensas redes que hoy con su accionar terminan siendo funcionales a las soluciones mágicas, vehiculizadas por los medios de comunicación hegemónicos, impulsando salidas autoritarias partidarias de la mano dura y la estigmatización de los jóvenes de las barriadas más vulnerables.
La bomba de tiempo de la inseguridad delictiva tiene una larga mecha encendida, por la marginación social ejecutada por un modelo que durante décadas tomó a grandes contingentes sociales, hijos y nietos de desocupados estructurales como material descartable. Priorizando sus multimillonarios negociados, que hipotecaron el futuro de los más vulnerables de la sociedad.
La movilidad social descendente que generaron los partidarios e ideólogos de la sociedad dual, profetas del neoliberalismo, es lo que se ha propuesto revertir no sin grandes obstáculos el proyecto de país que desde el 25 de mayo de 2003 ejerce el inalienable mandato del voto mayoritario de nuestra sociedad.
24/09/12 Tiempo Argentino
GB
Por Jorge Muracciole
El peronismo es recordado a lo largo de las últimas generaciones por la concreción de derechos económicos y sociales para los sectores más postergados de la sociedad y por la implementación de reivindicaciones de la clase obrera que dejaron marcas indelebles en la memoria histórica de sus descendientes. Las vidas de los trabajadores de overol y de los asalariados tuvieron un antes y un después con la universalización del aguinaldo y las vacaciones, y la efectivización de convenios colectivos por rama de actividad.
Las vidas de los trabajadores de overol y de los asalariados tuvieron un antes y un después con la universalización del aguinaldo y las vacaciones, y la efectivización de convenios colectivos por rama de actividad. Derechos que a partir de los años treinta fueron obteniéndose con el Frente Popular en Francia, en Inglaterra y con el New Deal en los Estados Unidos de Norteamérica en la administración Roosevelt; fenómeno que paulatinamente fue extendiéndose a otros países tanto de la órbita socialista como en occidente, incluso fueron implementados en la Alemania del Tercer Reich y la Italia de Mussolini.
Más allá del denominador común de esas medidas neokeynesianas, nuestro país ha sido un caso paradigmático de movilidad social ascendente. Hijos de trabajadores manuales venidos de los lugares más remotos se integraron a la educación pública y gratuita y sus descendientes pudieron acceder a los claustros universitarios como claro síntoma de ascenso social. Esta tendencia con distintos ritmos fue ininterrumpida hasta mediados de la década del '70, cuando los planes económicos ajustistas implementados a través del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar de marzo del '76, inició un proceso de destrucción de la industria nacional y una apertura indiscriminada a los mercados externos. Estos planes impuestos a sangre y fuego, con el regreso del Estado de Derecho y la transición democrática no fueron alterados en su esencia. En esos 30 años de gobiernos civiles, a pesar de tímidos intentos en los inicios del gobierno de Raúl Alfonsín no sólo no cambiaron el rumbo económico, sino que con la llegada del caudillo riojano al sillón de Rivadavia el modelo neoliberal se profundizó, con el festival de privatizaciones y el creciente deterioro de las condiciones de existencia de los que viven de su trabajo. El desguace de la industria y los millones de desocupados fueron el principal síntoma de un proyecto de país para pocos. Así fue como Argentina, que fuera el paradigma latinoamericano de movilidad social ascendente, se convirtiera en tres décadas en el laboratorio de políticas neoliberales ajustistas, invirtiendo el proceso económico y social de medio siglo de desarrollo. Ese modelo de involución social implosionó con la Convertibilidad, con los acontecimientos de diciembre de 2001. Las consecuencias del festival neoliberal y sus secuelas sociales aún las pagan la sociedad argentina, con la destrucción del sistema ferroviario, la desinversión en décadas en la red de transporte, el vaciamiento de la educación pública en favor del negocio educativo de los privados y el abandono infraestructural y presupuestario que por décadas sufrió la red hospitalaria en favor del gran negocio de las prepagas, todos servicios fundamentales que el ideario neoliberal destruyó sistemáticamente desde el '76, entregándoselos al área privada, según dictaminaban las leyes de mercado, detrás de la consignas de achicar el Estado y privatizar las empresas estratégicas de la Nación. Muchos de los opositores políticos y mediáticos se olvidan que ellos jugaron un rol protagónico en la instalación del discurso privatista profundizado en los años noventa. Dispositivo comunicacional que permitió crear un consenso de las clases dominantes y sus empleados en el Congreso nacional, sumando el apoyo de las clases subalternas, en favor de la cruzada neoliberal.
A más de diez años de la debacle estrepitosa de la utopía neoliberal, los restauradores del libremercado, con su parafernalia mediática, pretenden enjuiciar al actual proyecto de desarrollo con inclusión en curso, culpándolo de todos los males del presente. Problemas que emergen como resultado de un proceso de décadas de políticas entreguistas contrarias a las necesidades de las mayorías. Ni la inseguridad delictiva, ni la obsolescencia del sistema ferroviario, ni la crisis en la red de subterráneos, ni el deterioro de los servicios hospitalarios son epifenómenos del presente, los mismos son consecuencia de la acumulación de políticas elitistas, ligadas a los grandes negociados privados que con la complicidad de los gobiernos de turno en décadas han socavado con desinversión los servicios esenciales para la comunidad.
La persistencia de la llamada inseguridad delictiva es la combinación de múltiples factores cuyas dimensiones determinantes hunden sus raíces en la connivencia de las policías bravas hijas del período dictatorial, con el negocio capitalista del narcotráfico, la trata de blancas y la prostitución. El crecimiento del negocio combinado con décadas de exclusión social generaron el caldo de cultivo de generaciones que, expulsadas del aparato productivo, fueron presa fácil de los capitalistas del delito, que construyeron extensas redes que hoy con su accionar terminan siendo funcionales a las soluciones mágicas, vehiculizadas por los medios de comunicación hegemónicos, impulsando salidas autoritarias partidarias de la mano dura y la estigmatización de los jóvenes de las barriadas más vulnerables.
La bomba de tiempo de la inseguridad delictiva tiene una larga mecha encendida, por la marginación social ejecutada por un modelo que durante décadas tomó a grandes contingentes sociales, hijos y nietos de desocupados estructurales como material descartable. Priorizando sus multimillonarios negociados, que hipotecaron el futuro de los más vulnerables de la sociedad.
La movilidad social descendente que generaron los partidarios e ideólogos de la sociedad dual, profetas del neoliberalismo, es lo que se ha propuesto revertir no sin grandes obstáculos el proyecto de país que desde el 25 de mayo de 2003 ejerce el inalienable mandato del voto mayoritario de nuestra sociedad.
24/09/12 Tiempo Argentino
GB
ODIO Y EGOISMO, OPINION.
La iracundia de los egoístas
Por Oscar González
La resistencia feroz a pagar impuestos muestra el elevado grado de egoísmo social de estos sectores.
El país soporta una dictadura, las libertades individuales están siendo avasalladas, se obliga a callar a quienes piensan distinto, la vida privada de las personas ha sido invadida por el Estado y el régimen político vigente se parece cada vez más a una monarquía absoluta. Es increíble que todo esto tenga alguna verosimilitud para alguien. Pero si se presta atención al discurso que a diario construye la prensa de negocios y que reprodujeron algunos enojados que hace unos días batieron cacerolas, habría dos países: uno real, en el que se reprime y se confisca la propiedad privada, y otro, de mentiras, en el que vive una inmensa mayoría de incautos, víctimas del engaño y la manipulación, que han votado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Alrededor de esta producción de sentido se está erigiendo un siniestro muro de odio e intolerancia que se emparienta más con el “viva la muerte” del falangista español José Millán Astray que con el debate democrático. Es probable que no todos los quejosos compartan esta y otras consignas igualmente abyectas; quizás entre quienes rechazaron la convocatoria haya algunos críticos del gobierno. Es que la sociedad argentina es más plural y múltiple que las simplificaciones de esa buscada polarización, y de lo que se trata es de que el disenso, por enconado que fuere, no lleve al desprecio y la desvalorización hacia las mayorías que se sienten contenidas y beneficiadas por las políticas de este gobierno.
En la cobertura periodística de las protestas se mostró una escena que se reiteró con varios manifestantes: preguntados cómo y con qué fuerza –policial, de gendarmería, etc.− el gobierno reprime, la respuesta fue que lo hace con… ¡¡la AFIP!! De modo que el ente estatal recaudador sería el instrumento de que se vale el gobierno para perseguir opositores. Por disparatada que suene, la interpretación fue instalada por los diarios de negocios, que imaginan el empeño oficial en detectar evasores –y no precisamente a los más pequeños− como una suerte de venganza contra los que critican al gobierno. La prensa insidiosa intenta así deslegitimar el cobro de impuestos a los que más tienen, una tarea que consideran persecutoria, del mismo modo que considera un ataque a las inversiones privadas la recuperación de YPF y, antes, la recuperación del sistema previsional. Igualmente, se aduce que la regulación en la compra de dólares, implementada cuando la economía mundial se derrumba, es un abuso de poder, siendo que se trata del ejercicio de una atribución absolutamente legítima de cualquier país del mundo que protege sus reservas.
Otra declaración pública que registraron las cámaras fue la del manifestante que pedía ayuda exterior, “porque nosotros somos amigos de los EE UU y porque es un país líder en el mundo”. Mejor no conjeturar qué tipo de ayuda esperaba recibir el entrevistado que, de paso, parecía ignorar que aquel país, como todas las potencias capitalistas, considera la evasión impositiva un delito grave, que se castiga con prisión y al que persiguen tenazmente y escudriñando sin piedad las propiedades y negocios de los particulares.
Guillermo O'Donnell, que en sus últimos años fue opositor al gobierno, afirmaba que la mayor fuente de inestabilidad de la democracia en la Argentina era la mezquindad de sus clases dominantes para aceptar un mejor y más equitativo reparto de la renta nacional. Los recursos naturales y humanos que posee el país tornaban inexplicable a los ojos del mundo los golpes de Estado, las dictaduras militares y la inequidad y la pobreza. Pero la observación de O’Donnell no es para nada novedosa si se la refiere, también, al resto de América Latina: los golpes militares que han asolado la región tienen ese origen común. Y los gobiernos populares y reformistas surgidos en los últimos años sufren, de una manera u otra, el asedio de quienes se niegan a ceder un solo privilegio.
La resistencia feroz a pagar impuestos muestra el elevado grado de egoísmo social de estos sectores y la arraigada convicción de que el Estado debe ser un instrumento a su servicio. Así ha sido durante muchos años, mientras que en la base de la pirámide social los impuestos al consumo son una obligación ineludible para la inmensa mayoría. De modo que el proyecto que subyace en quienes le quitan todo valor a las políticas redistributivas, incluso como palanca de la economía, es el de un Estado y un país empobrecidos con islas de riqueza antagónicas con las políticas de solidaridad e inclusión.
Algunos de los dirigentes opositores que se sienten interpelados por las protestas y que sueñan con encabezarlas son portadores, precisamente, de ese proyecto de país; otros, con tradiciones políticas diversas, tendrán que decidir si la caza del voto justifica la enajenación de principios o confrontan desde una programática propia. Para quienes defendemos el proyecto nacional en marcha y su profundización, hay una enorme tarea pedagógica y política que comienza por extender en la sociedad la convicción de que todos, y de manera equitativa, debemos contribuir a construir un país más igualitario, más humano, donde la libertad no esté coartada por la pobreza y la exclusión de los bienes materiales y simbólicos que hacen a la condición de ciudadanía.
27/09/12 Tiempo Argentino
GB
Por Oscar González
La resistencia feroz a pagar impuestos muestra el elevado grado de egoísmo social de estos sectores.
El país soporta una dictadura, las libertades individuales están siendo avasalladas, se obliga a callar a quienes piensan distinto, la vida privada de las personas ha sido invadida por el Estado y el régimen político vigente se parece cada vez más a una monarquía absoluta. Es increíble que todo esto tenga alguna verosimilitud para alguien. Pero si se presta atención al discurso que a diario construye la prensa de negocios y que reprodujeron algunos enojados que hace unos días batieron cacerolas, habría dos países: uno real, en el que se reprime y se confisca la propiedad privada, y otro, de mentiras, en el que vive una inmensa mayoría de incautos, víctimas del engaño y la manipulación, que han votado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Alrededor de esta producción de sentido se está erigiendo un siniestro muro de odio e intolerancia que se emparienta más con el “viva la muerte” del falangista español José Millán Astray que con el debate democrático. Es probable que no todos los quejosos compartan esta y otras consignas igualmente abyectas; quizás entre quienes rechazaron la convocatoria haya algunos críticos del gobierno. Es que la sociedad argentina es más plural y múltiple que las simplificaciones de esa buscada polarización, y de lo que se trata es de que el disenso, por enconado que fuere, no lleve al desprecio y la desvalorización hacia las mayorías que se sienten contenidas y beneficiadas por las políticas de este gobierno.
En la cobertura periodística de las protestas se mostró una escena que se reiteró con varios manifestantes: preguntados cómo y con qué fuerza –policial, de gendarmería, etc.− el gobierno reprime, la respuesta fue que lo hace con… ¡¡la AFIP!! De modo que el ente estatal recaudador sería el instrumento de que se vale el gobierno para perseguir opositores. Por disparatada que suene, la interpretación fue instalada por los diarios de negocios, que imaginan el empeño oficial en detectar evasores –y no precisamente a los más pequeños− como una suerte de venganza contra los que critican al gobierno. La prensa insidiosa intenta así deslegitimar el cobro de impuestos a los que más tienen, una tarea que consideran persecutoria, del mismo modo que considera un ataque a las inversiones privadas la recuperación de YPF y, antes, la recuperación del sistema previsional. Igualmente, se aduce que la regulación en la compra de dólares, implementada cuando la economía mundial se derrumba, es un abuso de poder, siendo que se trata del ejercicio de una atribución absolutamente legítima de cualquier país del mundo que protege sus reservas.
Otra declaración pública que registraron las cámaras fue la del manifestante que pedía ayuda exterior, “porque nosotros somos amigos de los EE UU y porque es un país líder en el mundo”. Mejor no conjeturar qué tipo de ayuda esperaba recibir el entrevistado que, de paso, parecía ignorar que aquel país, como todas las potencias capitalistas, considera la evasión impositiva un delito grave, que se castiga con prisión y al que persiguen tenazmente y escudriñando sin piedad las propiedades y negocios de los particulares.
Guillermo O'Donnell, que en sus últimos años fue opositor al gobierno, afirmaba que la mayor fuente de inestabilidad de la democracia en la Argentina era la mezquindad de sus clases dominantes para aceptar un mejor y más equitativo reparto de la renta nacional. Los recursos naturales y humanos que posee el país tornaban inexplicable a los ojos del mundo los golpes de Estado, las dictaduras militares y la inequidad y la pobreza. Pero la observación de O’Donnell no es para nada novedosa si se la refiere, también, al resto de América Latina: los golpes militares que han asolado la región tienen ese origen común. Y los gobiernos populares y reformistas surgidos en los últimos años sufren, de una manera u otra, el asedio de quienes se niegan a ceder un solo privilegio.
La resistencia feroz a pagar impuestos muestra el elevado grado de egoísmo social de estos sectores y la arraigada convicción de que el Estado debe ser un instrumento a su servicio. Así ha sido durante muchos años, mientras que en la base de la pirámide social los impuestos al consumo son una obligación ineludible para la inmensa mayoría. De modo que el proyecto que subyace en quienes le quitan todo valor a las políticas redistributivas, incluso como palanca de la economía, es el de un Estado y un país empobrecidos con islas de riqueza antagónicas con las políticas de solidaridad e inclusión.
Algunos de los dirigentes opositores que se sienten interpelados por las protestas y que sueñan con encabezarlas son portadores, precisamente, de ese proyecto de país; otros, con tradiciones políticas diversas, tendrán que decidir si la caza del voto justifica la enajenación de principios o confrontan desde una programática propia. Para quienes defendemos el proyecto nacional en marcha y su profundización, hay una enorme tarea pedagógica y política que comienza por extender en la sociedad la convicción de que todos, y de manera equitativa, debemos contribuir a construir un país más igualitario, más humano, donde la libertad no esté coartada por la pobreza y la exclusión de los bienes materiales y simbólicos que hacen a la condición de ciudadanía.
27/09/12 Tiempo Argentino
GB
AHORA RESULTA QUE SON EL PUEBLO.
Estas son las palabras de Amilcar Fidanza, un consultor y encuestador que define a los sectores sociales cacelorelos como EL PUEBLO, curiosa manera de contextualizar a quienes desean la merte o renuncia de la presidenta ya que es una dictadora.
Veamos que dice don Amílcar..
«...Sin embargo, bien mirado, existe un inquietante parecido de familia entre el modo de construcción política del Gobierno y el que exhibieron los caceroleros. Según los teóricos del nuevo populismo, el movimiento surge cuando las demandas sociales devienen en reclamos políticos. Si el sistema institucional no puede responder solicitudes aisladas -por ejemplo, vivienda, salud, educación-, se dan las condiciones para convertir lo diferente en equivalente bajo consignas generales, como justicia, libertad, igualdad. Un anhelo compartido de cambio y reivindicación enlaza las angustias particulares y las canaliza en una manifestación unificada. Los demandantes se constituyen entonces en "pueblo"; el pueblo encuentra a sus líderes y éstos dibujan una línea que divide a la sociedad entre "ellos" y "nosotros". Ellos, los culpables de la desgracia social; nosotros, sus víctimas. No hay transacción posible.
Ahora, del otro lado de la línea parece estar conformándose otro "pueblo". El de los humillados y ofendidos por el desprecio, la inflación, el delito, la corrupción, el descuido de los bienes públicos, las trabas a la libertad de comerciar y expresarse. No alcanza con desecharlos recordando su procedencia social.
: «El análisis de Clarín y La Nación sobre las cacerolas sigue el canon del psicoanálisis freudiano: negación y conversión en lo contrario. Un mecanismo de defensa clásico, propio del yo infantil. Para negar es preciso alucinar: la protesta no es un complot de los grandes medios de comunicación para destituir al Gobierno; los que se lanzaron a la calle no responden a oligarquías enemigas del interés general; no es verdad que nada los unifica, sus demandas no están dispersas y no responden a fines egoístas... ellos son el pueblo»
GB
Veamos que dice don Amílcar..
«...Sin embargo, bien mirado, existe un inquietante parecido de familia entre el modo de construcción política del Gobierno y el que exhibieron los caceroleros. Según los teóricos del nuevo populismo, el movimiento surge cuando las demandas sociales devienen en reclamos políticos. Si el sistema institucional no puede responder solicitudes aisladas -por ejemplo, vivienda, salud, educación-, se dan las condiciones para convertir lo diferente en equivalente bajo consignas generales, como justicia, libertad, igualdad. Un anhelo compartido de cambio y reivindicación enlaza las angustias particulares y las canaliza en una manifestación unificada. Los demandantes se constituyen entonces en "pueblo"; el pueblo encuentra a sus líderes y éstos dibujan una línea que divide a la sociedad entre "ellos" y "nosotros". Ellos, los culpables de la desgracia social; nosotros, sus víctimas. No hay transacción posible.
Ahora, del otro lado de la línea parece estar conformándose otro "pueblo". El de los humillados y ofendidos por el desprecio, la inflación, el delito, la corrupción, el descuido de los bienes públicos, las trabas a la libertad de comerciar y expresarse. No alcanza con desecharlos recordando su procedencia social.
: «El análisis de Clarín y La Nación sobre las cacerolas sigue el canon del psicoanálisis freudiano: negación y conversión en lo contrario. Un mecanismo de defensa clásico, propio del yo infantil. Para negar es preciso alucinar: la protesta no es un complot de los grandes medios de comunicación para destituir al Gobierno; los que se lanzaron a la calle no responden a oligarquías enemigas del interés general; no es verdad que nada los unifica, sus demandas no están dispersas y no responden a fines egoístas... ellos son el pueblo»
GB
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