En el Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina se afirma que el objetivo de un gobierno debe ser “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
No se puede pensar en promover el bienestar general cuando el INDEC reconoce que el 37% de la población es pobre, que son muchos los trabajadores que perciben una remuneración con la que no pueden cubrir las necesidades básicas totales, que incluso el problema es mayor entre los niños, ya que más de la mitad son pobres, y la mitad de los jubilados y pensionados percibe la asignación mínima
El golpe cívico militar de 1976 destruyó el mercado interno y endeudó al país, beneficiando a una minoría que trasladó gran parte de la deuda que tomaron al Estado y se apropió de rentas. Por eso, en el ranking de la riqueza mundial de la revista Forbes, entre las 2.000 familias más ricas del mundo figuran 50 radicadas en el país, pese a que el Producto Interno Bruto argentino es el 0,3% del mundial. Esto corrobora que tenemos una de las distribuciones de ingreso más regresivas del planeta.
David Ricardo fue el economista inglés que desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas —sostenía Ricardo—, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores, he aquí la renta agrícola.
Contamos con las tierras más fértiles del mundo, donde más rinde por hectáreas tienen la soja, el maíz, trigo, sorgo, etc. y el precio se fija en el mercado de Chicago (EE.UU.), muy por encima del costo de producción argentino.
La cosecha 2018/2019 fue récord, com 147 millones de toneladas de granos. La producción de maíz (57 millones de toneladas) superó a la de soja (55,3 millones), y se aprecia una gran concentración de la propiedad de la tierra y de la producción y comercialización.
Esto se demuestra palpablemente en la provincia de Buenos Aires, según informa el Censo Nacional Agropecuario: 2.516 establecimientos agropecuarios, propiedad de apenas 211 familias y/o sociedades, son dueños de 11,1 millones de hectáreas. Entre ellos están los Blanco Villegas, la familia materna del ex Presidente Macri, con 25.000 hectáreas en Tandil. Para dimensionar estos datos, esos 11,1 millones de hectáreas son el 43% de los 25,8 millones de hectáreas cultivables de la provincia, que tiene más de 17 millones de habitantes, el 37% de ellos pobres (sus ingresos son menores que el valor de la canasta básica total).
En el resto del territorio nacional la distribución es igual o peor. Los hermanos Benetton poseen casi 900.000 hectáreas en el sur argentino; el grupo inglés Walbrook con 600.000 hectáreas en Mendoza (Las Leñas, Valle Hermoso, Agua de Toro, Río Colorado, etc.); el financista húngaro-norteamericano George Soros (con Cresud, Adecoagro y sus socios argentinos Eduardo Elsztain y Marcelo Mindlin) posee unas 420.000 hectáreas en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Salta y Catamarca; Roberto Hiriart (sobrino de Augusto Pinochet) es dueño de 100.000 hectáreas en Neuquén que incluyen la Estancia Hualcupén con el lago que lleva ese nombre; el inglés Joseph Lewis con 38.000 hectáreas en Río Negro: Bahía Dorada, Lago Escondido, la concesión del Cerro Perito Moreno y el Proyecto Laderas.
La petrolera anglo holandesa Shell compró tierras en Corrientes y en Misiones en la actividad forestal. También compraron amplias extensiones de campo Eduardo Eurnekian (Multimedios América, Aeropuerto 2000), ex banqueros como Luis Otero Monsegur, Jorge Brito y los dueños del Banco República (eel fallecido Moneta), y ex industriales como Gilberto Montagna Terrabusi, que se suman a las familias tradicionales poseedoras de tierra como los Blanco Villegas, Menéndez Braun y Menéndez Behety, con 400.000 hectáreas en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A ello se le deben agregar los pools de siembra y asociaciones de todo tipo que compran o arriendan tierras como el Grupo Don Mario (GDM), de la familia Bartolomé, que es un importante proveedor de semillas asociadas a capitales norteamericanos; la familia Grobocopatel, dueña de la empresa Los Grobo, tiene más de 120.000 hectáreas en producción. La enorme mayoría de esas tierras cultivadas con soja y trigo es alquilada a estancieros grandes, medianos y pequeños. Grupo del Tejar, importante pool de siembra que fuera presidido hasta su muerte en 2010 por Oscar Alvarado, que era a la vez Presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y miembro del Directorio de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, cuyo miembro conspicuo es José Aranda, importante productor arrocero en la provincia de Corrientes y Vicepresidente del Grupo Clarín) y de Bioceres (empresa argentina de biotecnología agropecuaria).
En su libro La Argentina agropecuaria, Mempo Giardinelli y Pedro Peretti demuestran que, contando con 45 millones de habitantes, hay unas seis mil familias y sociedades (como vimos, muchas de ellas extranjeras) que controlan por propiedad o por alquiler el 48 por ciento de la tierra cultivable argentina, tierras que se vuelven altamente productivas por la combinación de la siembra directa y el cultivo transgénico.
Pero lo que se recauda por impuesto inmobiliario rural en cada provincia donde están asentadas es menos de lo que pagan los dueños de propiedades urbanas. El total de la recaudación del impuesto inmobiliario rural consolidado de todas las provincias es el 0,4% del PIB (unos 1.400 millones de dólares).
En 2019 la Argentina exportó mercaderías (bienes) por 65.166 millones de dólares, el complejo sojero representó el 26% del mismo (16.943 millones de dólares); el maicero por 6.025 millones de dólares; carnes y cueros bovinos 4.032 millones de esa moneda; complejo triguero 2.836 millones; y cebada 1.029 millones.
Todas las familias y sociedades nombradas son parte o tienen influencia directa en la llamada Mesa de Enlace, cuya punta de lanza es Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que fuera fundada en 1943. Se trata de una asociación confederal presente en todo el país, que reúne a 13 confederaciones y federaciones regionales, las que a su vez agrupan a 109.000 propietarios de tierras, tanto grandes como medianos y pequeños. Su organización más poderosa es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) creada en 1932.
El presidente de la CRA desde diciembre de 2019 es el productor tambero de Entre Ríos Jorge Chemes, que fuera diputado nacional por el radicalismo en el período 2009-2013. Pero ha contado con conocidos personajes como Mario Llambías, un agrimensor que ha sido directivo de CRA desde 1973 y su presidente en varias ocasiones desde el año 2005; Jorge Aguado, gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires en los estertores de la dictadura militar y socio de Franco Macri en muchos de sus emprendimientos, entre otros.
El gobierno nacional con un fin redistributivo y no de ingreso fiscal, aumentó con fecha 5 de marzo de 2020 en 3 puntos el derecho de exportación (retenciones) a la soja de aquellos que producen más de mil toneladas anuales, pasando la alícuota de 30 a 33%. Como dijo el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra: «Buscamos que determinados segmentos de productores, que no tienen las mismas capacidades, tengan un menor impacto de retenciones. El ingreso de 3% de incremento se distribuirá entre las economías regionales, que con este modelo recuperan cerca de 200 millones de dólares»
Según detalló, la retención de 33% se aplicará sobre unos 14.800 productores sojeros –que venden más de mil toneladas anuales—, además de las molineras y las aceiteras.
Con lo recaudado se compensa la disminución de la alícuota en otros cultivos (trigo, maíz, sorgo, etc. que tienen fuerte demanda en el mercado interno como alimento o como forraje) y las economías regionales (maní, porotos, etc.). Y para aquellos productores de soja de menos de mil toneladas, hasta 100 toneladas, se tributará una retención del 21%; entre 100 y 200 toneladas, 24%; entre 201 y 300 toneladas, 27%; entre 301 y 400 toneladas, 28%; entre 401 y 500 toneladas, 29% y entre 501 y 1.000 toneladas, 30% (como era hasta el día 4 de marzo 2020).
La respuesta de la CRA el mismo día que la medida se publicó en el Boletín Oficial fue proponer un cese total de ventas de granos y carnes desde mañana, lunes 9, al jueves 12 de marzo, y pedir a la vez la adhesión de las otras tres agrupaciones de la Mesa de Enlace, que aceptaron el convite.
La otra queja de la Mesa de Enlace —el verdadero trasfondo— es la diferencial entre el tipo de cambio que venden (dólar comercial) y el dólar que está alcanzado por el impuesto del 30% para financiar las cajas previsionales y realizar obras de infraestructura. Esto es, pretenden unificar el tipo de cambio cuando ellos igualan los precios internos con el que obtienen afuera, hecho que implicaría un aumento generalizado en el costo de vida por la suba de los importes de los alimentos y con ello, un nuevo escalón en el aumento de la pobreza y la marginalidad.
Es inadmisible con los altos rindes e ingresos que obtienen (Informes del INTA, lo demuestra Medardo Ávila Vázquez en la nota “Cuanto gana un sojero” publicada aquí el 19 de enero de 2020) que pretendan aumentar sus ganancias a costa de la población.
El conflicto y la presión amagan ser permanentes en toda la gestión del Presidente Alberto Fernández, porque son los que pueden obtener divisas y van hacer jugar a su favor esa situación de privilegio
Los otros rentistas
Lo mismo pasa con:
- La extracción de petróleo y gas, cuyo costo interno es mucho menor que el precio internacional y que fue la razón por la cual el Ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, tras trabajar 35 años en Shell, dijo no saber cuál es ese precio.
- La renta en la extracción del oro y de la plata, ante la suba constante en el valor de esos minerales, refugio de las crisis internacionales y ahora exacerbado por el coronavirus. En 2019, se obtuvieron ingresos por sus exportaciones por 2.839 millones de dólares. Pensemos en las minas de oro del país, por ejemplo, Bajo la Alumbrera en Catamarca (Glencore, Inglaterra y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold); Cerro Vanguardia y Cerro Negro (Goldcorp, Canadá) en Santa Cruz; Veladero (Barrick Gold) en San Juan (esta última está considerada entre las diez minas más grandes de oro del mundo), entre las principales, todas ellas explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del Estado provincial.
- La renta de los bancos (y sus dueños) que en plena recesión económica del país obtuvieron en promedio y en conjunto una rentabilidad sobre su patrimonio (ROE) del 48,92% para 2019, pero fue del 60,15% para los diez bancos privados más grandes, realizando una ganancia anual acumulada de $ 252.100 millones que, si lo dividimos por $63 que es el tipo de cambio oficial de diciembre de 2019, supera los 4.000 millones de dólares.
Transparentar la información
En su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1° de marzo de 2020, el Presidente de la República dijo:
“Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista«, para continuar con “el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.
Es un imprescindible primer paso para que sepa a donde fue cada uno de los dólares de la deuda, quiénes se beneficiaron, cómo y porqué, cumpliendo el principio jurídico Iure naturae aequum est neminen cum alteruis detrimento en inuria fieri locupletiorem (Es justo por Derecho Natural que nadie se haga más rico con el daño y la lesión del otro). Es seguro que los privilegiados de la renta agraria, petrolera, gasífera, minera bancaria, etc. estén entre quienes compraron los 88.300 millones de dólares que el Balance Cambiario del BCRA informa como FAE (formación de activos externos) en los cuatro años de gestión de Cambiemos, más otros mecanismos de fuga de capitales. Es imprescindible que se sepa quiénes son y cuánto fugó cada uno.
Cuando eel Director Ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, informó lo que ganan por jubilación los jueces, fiscales, camaristas: un haber medio de $ 293.100 por mes y, en el caso del personal diplomático, de $ 335.934 mensuales, mientras que la jubilación mínima que perciben la mitad de los 7.250.000 jubilados y pensionados nacionales es de $ 14.068, se acabó la discusión.
En el caso de los rentistas, la discusión recién comienza.
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