miércoles, 4 de marzo de 2015

Tras el discurso en el Congreso, creció la imagen de Cristina Así surge de una encuesta difundida por la consultora Ricardo Rouvier y Asociados, que le da a la Presidenta una imagen positiva del 41,4 por ciento.


La imagen de la presidenta Cristina Fernández repuntó un seis por ciento tras su discurso en la apertura del período de sesiones ordinariasen el Congreso y el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Alberto Nisman, según una encuesta difundida por la consultora Ricardo Rouvier y Asociados.
De acuerdo al sondeo, la imagen positiva de la jefa de Estado se ubicó en 41,4%, seis dígitos por encima de los 35,1% que alcanzó en enero. La encuesta se basó en 600 entrevistas realizadas Capital y Gran Buenos Aires entre el 28 de febrero y 2 de marzo.
La imagen de Cristina mostró una recuperación después de haber sufrido una caída en la popularidad: en diciembre, según la misma consultora, tenía un 53, 5 % de imagen negativa y un 42, 3 % de imagen positiva. En enero, tras la denuncia del fiscal Nisman y su posterior muerte trágica, la imagen negativa marcó un 62.1 % sobre 35, 1 % de imagen positiva.
La imagen de Cristina en el área metropolitana se encuentra en recuperación.
Ante la decisión de desestimar la denuncia, adoptada por el juez Daniel Rafecas, se registró un incremento de la imagen positiva y la disminución de la negativa: 41, 4 % y 55, 4 %, respectivamente.
"La imagen de Cristina en el Área Metropolitana se encuentra en recuperación, después de haber sufrido una caída en la popularidad tras la denuncia del Fiscal Nisman y su posterior muerte trágica. Pero hace pocos días, ante la decisión del juez Rafecas desestimando la denuncia y el posterior discurso presencial ante el Congreso, se observa el incremento de la imagen positiva y la disminución de la negativa", indica el estudio de Rouvier.

La Justicia investiga la pista económica detrás del incendio intencional en el depósito de archivos en Barracas Iron Mountain: se quemaron más de 20 cajas del HSBC con el rótulo "Lavado de Dinero"

Los datos surgen de un análisis de la Procuraduría Antilavado sobre información de clientes aportada por la empresa de archivos. También hay cajas con la etiqueta "Blanqueo" y con el código de transferencias "Swift".

Iron Mountain: se quemaron más de 20 cajas del HSBC con el rótulo
Pruebas a la fiscalía - El titular de Procelac, Carlos Gonella, elevó los detalles de las pesquisas a la Fiscalía 37.
En el marco de las investigaciones de la documentación perdida en el incendio intencional del depósito Iron Mountain, se confirmó que allí se quemaron más 25 mil cajas pertenecientes al banco HSBC. Pero el dato más llamativo es que más de una veintena de las mismas llevaban el rótulo "Lavado de Dinero" o "Lavado de Dinero Premier" y otras mencionaban la palabra "blanqueo". La información es producto de un detallado cruzamiento de datos de las empresas que archivaban en Iron Mountain y que cotizan o cotizaron en Bolsa, elaborado por el área Mercados y Capitales de la Procuradoría Anti Lavado (Procelac) en base a detalles recibidos por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La revelación cobra sentido en el marco de las pesquisas que se siguen en el país sobre el HSBC por facilitar esquemas de evasión a 4040 cuentas argentinas en su sede de Ginebra.
Pero eso no es todo: el HSBC cuenta con otros tres depósitos en Amancio Alcorta, Villa Lugano y La Boca, este último muy cerca del siniestrado en Barracas. En el resto de los locales de la firma, el HSBC tiene aún archivadas otras 30 mil cajas, por fuera de las 25 mil que se quemaron en las bóvedas 7 y 8 del Iron Mountain Barracas. Todos estos documentos están hoy en manos de la titular de la Fiscalía de Instrucción 37, Marcela Sánchez. Cabe destacar que todos estos datos vinculados a las cajas quemadas no fueron aportados por el HSBC, sino por la propia Iron Mountain a requerimiento de la causa.
El análisis del organismo que conduce Carlos Gonella muestra el siguiente esquema de material archivado vinculado al HSBC. Entre lo siniestrado hay 11 cajas con el rótulo "Lavado de Dinero" vinculadas con los Centro de Servicios de Sucursales "Peatonal Florida" y "Coas", correspondiente al período que va entre los años 2003, 2007 y 2010. En otras seis cajas de cartón, la carátula es "Lista Lavado de Dinero" y "Mov. Lavado", vinculadas a títulos. Además, correspondiente a la Sucursal de Avellaneda, hay otra caja rotulada "Sdo. Lavado de Dinero ccion. P.TV".
Asimismo, se reportó una caja cifrada BA053, rotulada con "Lavado de Dinero Premier". Todo está vinculado al HSBC Argentina, pero también se incendiaron cajas correspondientes al HSBC Bank USA: entre estas figuran dos rotuladas como "Archivos Muertos".
También se detalla el incendio de cajas correspondientes al HSBC Argentina Holding SA, por un total de 378 conteniendo datos contables, contratos varios, seguros, impuestos y documentación administrativa de sus clientes. Y quedó bajo las llamas además la documentación del HSBC Seguros de Vida por más de 4000, información del período 2000-2013.
En lo que respecta al material rotulado con "Blanqueo", son 23 cajas de las sucursales Quilmes, Lomas de Zamora, Almagro y Barrio Norte. En paralelo, se quemaron tres cajas correspondientes a fideicomisos "Probond" y "Probond Secuprend"; y más de 41 que contenían la leyenda "télex enviados a la SWIFT", de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2010 y 2011. El Swift es un código internacional de transferencias bancarias de montos millonarios.
Si bien el HSBC, junto al JP Morgan son los bancos que más documentos perdieron en el incendio intencional que se cobró la vida de diez rescatistas, hay otro banco, el Patagonia, que también perdió cajas rotuladas con cuestiones vinculadas al lavado de activos.
Del detalle al que accedió Tiempo se percibe una con el rótulo "lavado de dinero" correspondientes al Banco Patagonia relacionadas a "Network Efficiencies", datadas en febrero del año 2004.
Las cajas siniestradas, por sí mismas, no son probatorias de ningún delito. Pero sí son evidencia fundamental para saber si hubo un móvil económico detrás del incendio intencional del archivo. Lo cierto es que, por ley, tanto Iron Mountain como las empresas que son sus clientes tienen la obligación de guardar back ups por al menos diez años.
En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF) analiza la posibilidad de denunciar complicidad en el incendio de aquellas firmas que se nieguen a dar esos datos. El siniestro ocurrió el 5 de febrero de 2014, en horas de la madrugada en un depósito que no era monitoreado por la Ciudad en todo el último año.  «



Los "otros" depósitos de archivos
De la investigación surgió que Iron Mountain archivaba además en La Boca, Lugano y Amancio Alcorta. Allí había documentación que no se quemó de las mismas empresas que se vieron afectadas por el siniestro en Barracas.
Fuentes judiciales adelantaron a Tiempo que, en el marco de las investigaciones, se pedirá que la firma de archivos detalle qué material había o aún hay en esas dependencias. En total, en Iron Mountain archivan más de 40 compañías de todos los rubros de la economía en general, incluso dependencias estatales. Cabe destacar que la pista en torno a la intencionalidad del acuerdo tiene que ver además con los antecedentes alrededor de la compañía. Entre los años 1997 y 2006, hubo en todo el mundo otros cuatro siniestros in vestigados en depósitos de Iron Mountain. Dos de ellos ocurrieron en Nueva Jersey, Estados Unidos, y los otros en Londres y Ottawa, Canadá. La coincidencia radica en que las mismas firmas que archivaban en Buenos Aires, también guardaban documentos en esas otras sucursales del la empresa en el mundo. Este es uno de los datos que la Justicia maneja para buscar las razones del incendio en la Capital Federal.

4 de Marzo de 2015 En estado de gracia


Un fantasma recorre las sobremesas del establishment: la sospecha de que, aun si cumplieran con su cometido de eliminar al kirchnerismo de la faz política, lo mejor de su herencia mantendrá vigor.
Un trabajo reciente elaborado para la consultora Ipsos Mora y Araujo muestra que el temor de las elites está justificado. El estudio revela que se necesitará mucho glifosato mediático para erradicar, por ejemplo, la revalorización del Estado, una conquista que las mayorías populares sembraron sobre los rastrojos de 2001 y que el gobierno, empujado por la creciente demanda social, hizo germinar con medidas como la reestatización de los ferrocarriles, que el domingo anunció Cristina Fernández.
El fantasma que martiriza a los que se ilusionan con una pronta restauración conservadora se corporiza en los candidatos de la oposición. Ni siquiera Mauricio Macri, la última esperanza blanca de la Argentina VIP, se atreve a despotricar contra la presencia estatal.
"¿Está de acuerdo con lo que se anunció hoy?", le preguntó el domingo por la noche Luis Majul. "No importa si los trenes son privados o del Estado, lo importante es que no se robe", eludió Macri para disgusto de la porción de su elenco que aún suscribe al postulado neoliberal: Estado chico –y bobo–, mercado grande –tiránico y rapaz–.
Por fortuna, la mayoría de los argentinos parece haber elegido otro camino. Un estudio reciente elaborado por el sociólogo Luis Costa para Ipsos Mora y Araujo muestra que buena parte del país dejó atrás la demonización del Estado que alfombró la depredación de los '90. Y ahora pide más.
Siete de cada diez consultados dicen que las empresas de servicios públicos "deben ser del Estado". El 57 % quiere lo mismo con las empresas del transporte, rubro en el que la demorada estatización tuvo como peor saldo las 51 muertes evitables de la tragedia de Once. Del mismo modo que aquel episodio trágico convenció al gobierno de retomar para el Estado la gestión de los ferrocarriles, el desmantelamiento de Aerolíneas Argentinas obligó a rescatar de la inanición a una empresa que brinda un servicio clave para un país de generosa extensión territorial: mantenerlo conectado.
La depredación de Repsol derivó en crisis energética y empujó a retomar las riendas de YPF, la petrolera de bandera enajenada en los '90 y explotada a destajo por la firma española bajo la falsa premisa de que la gestión privada es más eficiente que la estatal. Lo será para sus accionistas, pero no para el país, que ahora se ilusiona con recuperar el autoabastecimiento y la soberanía energética. Con un dato adicional: nominarla como Sociedad de Estado colabora para que la gestión sea transparente y eficaz, como lo reconoció la cúpula del sector privado que distinguió al presidente designado por el Estado, Miguel Galuccio, como CEO del año.
Con menos vocación estatista que la que se le asigna, el gobierno fue recuperando el control de algunos servicios públicos tras comprobar que la ineficaz gestión privada tiene doble costo: financiero y social. Una de las primeras firmas recuperadas fue Aguas Argentinas, hoy AySA, que se transformó en una herramienta crucial para avanzar en tendidos de redes de agua potable y cloacas que sus anteriores dueños habían abandonado en nombre de la rentabilidad. La mejora en la gestión de AySa –a manos del sindicato bajo gestión estatal– hizo que la empresa ya casi no figure en el ranking de quejas que la Secretaría de Defensa del Consumidor elabora en base a los reclamos de los usuarios. Al frente de ese listado, por lejos y desde hace años, están las empresas de telefonía celular, un negocio fabuloso para las telefónicas que el gobierno finalmente se propuso regular a través del programa Argentina Digital.
Cuestionada por presentarse con demora, esa regulación va en línea con lo que refleja la encuesta de Ipsos, donde el 55% reclama que las empresas de telefonía vuelvan a manos del Estado. Eso, en principio, no ocurrirá. Pero la declaración de la telefonía celular como servicio público crea herramientas para terminar con los abusos que las telefónicas perpetraron en un mercado que se desarrolló a discreción.
La confianza de los argentinos por el sector público llega incluso a lugares que los privados creían inexpugnables: cuatro de cada diez creen que las empresas de consumo masivo deberían estar en manos estatales. El dato se vincula con otro resultado contundente: el 71% de los consultados acusan a los supermercados y a las empresas por los incumplimientos en el programa Precios Cuidados, que el gobierno lanzó como un modo de amortiguar la inflación, pero que terminó siendo un eficaz mecanismo para visibilizar el rol de las empresas en la formación de precios.
En la encuesta, más del 50% de los consultados se mostró a favor de que el Estado ejercite el control de precios de los alimentos básicos y los servicios, un resultado que contradice la formidable campaña "anticontroles" que los medios afines al establishment llevaron adelante desde que Precios Cuidados entró en vigor. Según relevó Ipsos, otro país de la región en el que más de la mitad de la población valora que el Estado controle los precios es Brasil, donde sectores de la oposición, estimulados por un implacable oligopolio de prensa, hoy piden expulsar de la presidencia a Dilma Rousseff.
No parece casual que en ambos países los medios masivos utilicen argumentos idénticos para fustigar a los gobiernos: las multinacionales que suelen financiar a esos medios no sólo se transfieren productos sobrefacturados. También comparten, parece, los contenidos de las campañas de prensa con las que buscan manipular a la opinión pública en beneficio de sus intereses.
A contramano de la valorización del Estado, la reputación del sector privado está por el piso. Seis de cada diez argentinos creen que las empresas mienten cuando se refieren a la situación de sus compañías, y una cifra similar –62%– cree que es mejor un país con más cantidad de empresas públicas que privadas. Para ejemplificar esa caída, el trabajo de Ipsos hace foco en las empresas del sector automotriz, cuya reputación se desmoronó en menos de un semestre.  El derrumbe se precipitó luego de que la presidenta acusara a las terminales de "encanutar" vehículos y boicotear el plan Procreauto. Esa pulseada con las automotrices permitió apreciar, además, cómo opera el sector privado para someter al Estado: cuando la rentabilidad se achica, amenazan con despidos.
El desempleo es la peor acechanza que un gobierno puede tener. Expertos en extorsionar al sector público para obtener prebendas, los sectores concentrados de la economía suelen amenazar con despidos masivos, fuga de capitales, restricción de divisas y elusión fiscal masiva, entre otras calamidades. Obligado a evitar sobresaltos para retener caudal electoral y garantizar la paz social, el poder político es susceptible a las amenazas y cede hasta lo inconfesable con el objetivo de mantener la "gobernabilidad". Cuánto más débil es el Estado, más frágiles son los gobiernos para afrontar el toma y daca del poder.
En la Argentina, el ejemplo más patético de ese sometimiento ocurrió durante el gobierno de la Alianza, cuando las oficinas públicas y hasta el Congreso se convirtieron en escribanías donde se firmaban y sellaban leyes que incluso llegaron a vulnerar conquistas laborales en nombre de la "competitividad".
Frente a esas evidencias históricas, parece mentira que en la Argentina todavía hay quienes repiten que la única función del Estado debe ser la de "controlar": un Estado pobre, diminuto y desvalido es incapaz de controlar los abusos de los dueños del dinero y, por lo tanto, del poder real. Por ese motivo, la crisis que estalló en diciembre de 2001 dejó, entre otras lecciones, un menú urgente de tres pasos: restituir la autoridad presidencial, reconciliar a la política con la sociedad y recuperar al Estado como herramienta redistributiva y correctiva de las asimetrías del mercado. Es obvio que la gestión pública debe ser transparente y eficaz, pero la advertencia vale, porque no siempre lo es: la corrupción en cualquiera de sus formas destruye el capital real y simbólico del sector público, y favorece la campaña que los voceros del establishment ya iniciaron para volver a demonizar la gestión estatal. Sólo por eso, los funcionarios corruptos deberían recibir doble castigo. Dicen que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Los argentinos, está claro, no somos una excepción. Pero hay lecciones que, de tan dolorosas, dejaron enseñanzas imborrables. Una de ellas: destruir al Estado fue un suicidio social.
ntil. En el año 2001, 1.412.999 estudiantes de gestión estatal y privada, en el año 2014 tenemos 1.883.000, hemos crecido un 33% en porcentaje de la matrícula, pero donde más hemos crecido ha sido en la evolución del egreso universitario, que era un problema estructural que teníamos en el sistema universitario argentino.
En el año 2001: 65.000 graduados en gestión estatal y privada, en el 2014: 125.738 graduados, 93%, casi duplicamos el nivel de egresados de las universidades. Ojo, esto tiene que ver, sí ya lo escuché, que hay más universidades, es cierto; hemos creado más universidades para que el pibe de Florencio Varela, de Quilmes, no se tenga que venir a la UBA o tenga que ir a La Plata, hay más universidades en todo el país.

LA CAUSA POR LAS TORTURAS A LOS CONSCRIPTOS EN MALVINAS El camino de la CIDH

El Centro de Ex Combatientes de La Plata denunciará al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investiguen los vejámenes y torturas sufridas por los soldados en Malvinas. Lo hará a raíz de que la Corte Suprema de Justicia cerró la puerta para que se juzguen estos hechos –que incluyeron desde estaqueamientos hasta la muerte de conscriptos–, por los que había ochenta militares argentinos imputados. El domingo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había impulsado a los denunciantes a que recurran por justicia ante los organismos internacionales.
“Me solidarizo ante los combatientes de Malvinas y les pido que vayan a reclamar por las torturas ante la Corte Interamericana, que van a escucharlos”, les recomendó la jefa de Estado.
Los ministros del Máximo Tribunal de Justicia dictaron hace diez días un fallo que clausuró la posibilidad de investigar más de 120 denuncias de soldados que, llevados a la guerra de 1982, sufrieron torturas, violaciones y otros tratos inhumanos de parte de sus superiores. El expediente había sido abierto en 2008 con la declaración de un grupo de ex soldados correntinos y avanzó sumando casos de ex combatientes de todo el país hasta que, ante el planteo de uno de los militares imputados, la Cámara de Casación penal dictaminó que se trataba de delitos que habían prescripto por el paso del tiempo.
Así, los querellantes llevaron el caso a la Corte Suprema con el planteo de que no fueron delitos sobre los que pueda dictarse una prescripción porque tienen el carácter de lesa humanidad. El 19 de diciembre pasado, después de tres años de espera, la Corte dictó la sentencia cuestionada. En ella no hizo lugar al recurso del Cecim argumentando una cuestión de forma: que no podía intervenir porque no había una sentencia definitiva.
“Para nosotros el fallo fue una estafa procesal”, señaló ayer Ernesto Alonso, integrante del Cecim de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, al anunciar la decisión de su organización de ir a la CIDH. “Fue un modo de sacarse el tema de encima, que nos dejó sin posibilidades de tener justicia, porque aunque no se expidieron sobre la cuestión de fondo, en los hechos no nos queda dentro de la Justicia argentina ninguna instancia a la que reclamar”. “¿A qué otra instancia teníamos que ir si no era a la Corte?”, se preguntó en este sentido. Alonso remarcó que, a pesar de que ir a la CIDH “significará litigar contra el Estado argentino, es la Presidenta la que nos está diciendo ‘vayan porque nuestra Justicia no los está escuchando’”.
En lo que pareció ser una respuesta a las críticas de la jefa de Estado, ayer el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, habló del tema en su discurso de apertura del año judicial. Allí, tras asegurar “continuaremos con los juicios de lesa humanidad”, Lorenzetti aclaró: “Respecto de la calificación de lesa humanidad, la Corte no ha fijado posición en ningún otro caso, sobre otros hechos calificables o no como de lesa humanidad”.
Los ex combatientes remarcaron que, aunque no se hayan expedido sobre si los estaqueamientos fueron delitos de lesa humanidad, la consecuencia del fallo de los ministros “es la misma, ya que lo que quedará firme es el dictamen de Casación que sostiene que son delitos prescriptos”. Como querellantes, apuntó Alonso, el Cecim planteó “un pedido de aclaratoria y revocatoria” para que la Corte revise su propia decisión, de lo que prácticamente no hay antecedentes favorables.
La presentación ante la CIDH está en proceso y será llevada “en el menor tiempo posible” en los seis meses de plazo con que cuentan desde el 19 de febrero, en que fue emitido el fallo de la Corte.
Además del apoyo de la Presidenta, los ex combatientes vienen sumando adhesiones desde distintos sectores como el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que tiene como titular al ex juez Baltasar Garzón; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; la titular de Justicia Legítima, Laura Garrigós de Rébori; la Comisión Provincial por la Memoria y la agrupación HIJOS. A su vez, en varias legislaturas provinciales diputados del Frente para la Victoria anunciaron que impulsarán proyectos de declaración en respaldo al reclamo de los ex soldados.

SORPRESA ENTRE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS POR UNA DECLARACION DE LORENZETTI SOBRE LA INVESTIGACION DEL ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL El extraño caso de la cosa juzgada sin juicio

Por Raúl Kollmann
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se despachó ayer durante su mensaje de apertura del año judicial con una frase que dejó azorados a los familiares de las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel. Sostuvo que “hubo una sentencia de 1999 que determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Se encontró culpable al grupo Hezbollah. Es cosa juzgada”. El titular del máximo tribunal trató así de justificar la actuación de la Corte, pero el expediente muestra que en esa causa no se averiguó nada: ni quién entró al país para cometer el atentado, ni quién compró la camioneta con la que supuestamente se perpetró el ataque, ni de dónde salieron los explosivos, ni quién tuvo la camioneta en los días previos al atentado, ni quién la manejó hasta Arroyo y Suipacha, ni quiénes sirvieron de apoyo a la masacre. Lorenzetti intentó contestarle a la presidenta Cristina Kirchner, quien en su discurso de apertura de sesiones justamente señaló que la Corte no avanzó un paso en el esclarecimiento del ataque. Y la realidad es ésa, que no se investigó ni se averiguó nada.
La frase “cosa juzgada” provocó más que sorpresa entre los familiares de las víctimas, ya que el fallo citado, y otro de 2006 que Lorenzetti prefirió olvidar, dicen exactamente lo contrario.

1999

La acordada del 23 de diciembre de 1999, a la que se refirió Lorenzetti, no está dedicada a tratar globalmente la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. En verdad, es un fallo en el que se sobresee a un personaje secundario del expediente, la iraní Nasrim Mokhtari, una prostituta que alternaba en cabarets de París y a la que un brasileño, Wilson Dos Santos, vinculó con el atentado contra la embajada. La mujer, traída a la Argentina por la SIDE, estaba totalmente desquiciada, deambuló como homeless y terminó en un psiquiátrico. La resolución de la Corte dice dos cosas. El punto primero, “sobreseer parcial y provisionalmente a Nasrim Mokhtari”. El punto segundo: “Concentrar el objeto procesal de la presente causa en las líneas de investigación que se encuentran en pleno desarrollo en el expediente principal”. O sea, la Corte menemista usó un fallo respecto de una protagonista menor para decir en un segundo punto que las líneas de investigación debían continuar en función de dos parámetros: que el atentado fue cometido por la Jihad islámica, brazo armado de Hezbollah, y que el ataque se perpetró con una camioneta Ford F-100, comprada en la avenida Juan B. Justo a un fotógrafo policial, Antonio Galbucera, con un documento a nombre de un brasileño, Ribeiro Da Luz.
En los hechos, aquello no significaba nada. No se sabe por ejemplo quién era el tal Ribeiro Da Luz porque el documento brasileño era falso. Tampoco se averiguó adónde llevaron la camioneta y la orden de captura contra el jefe militar de Hezbollah, Imad Mughnyah, no significaba nada, porque no había estado en la Argentina ni existía constancia alguna de que alguien vinculado con él hubiera llegado al país. Es decir que ayer Lorenzetti intentó transmitir la idea de que es una causa resuelta, cuando en verdad se sabe mucho menos que del atentado contra la AMIA.

2006

Lo asombroso es que en 2006, con la Corte ya presidida por Lorenzetti, hubo otro fallo respecto de la embajada. En ese momento, los familiares de las víctimas, encabezadas por Carlos Susevich, que perdió a su hija Liliana, pidieron que el caso fuera considerado de lesa humanidad, porque se había cometido por razones de raza o religión. La Corte rechazó esta pretensión en un fallo emitido el 13 de diciembre de 2006, pero dejó en claro que la causa seguía abierta. Dice el fallo: “Por ello se resuelve. 1. Seguir investigando. 2. Que no es procedente pronunciamiento alguno respecto de la extinción penal en la presente causa. 3. Reiterar las órdenes de captura ordenadas en esta causa”. Es decir, no se menciona ninguna cosa juzgada ni el cierre de la causa, sino lo contrario.

Muertos

En realidad, el expediente “Embajada” fue denunciado por los familiares como un verdadero escándalo. El ataque se produjo el 17 de marzo de 1992 y como se trataba de una embajada, considerada por las leyes territorio de otro país, correspondía que la investigación fuera instruida por la Corte Suprema. El caso estuvo a cargo del presidente del máximo tribunal en la época menemista, Ricardo Levene (h), quien recién cinco años más tarde delegó la causa en el secretario penal de la Corte, Esteban Canevari. Este decidió dar un paso elemental: contar las víctimas. En 1999, siete años después del atentado, Canevari estableció que los muertos fueron 22 y no 29, como se difundió en los primeros años. Y esa es la razón por la que hoy, en la plaza seca de Arroyo y Suipacha, hay un listado de las víctimas con sólo 22 nombres y apellidos. La investigación fue tan mala –según evaluaron los familiares– que tardaron siete años en contar los fallecidos.

El cráter

Durante todo ese tiempo, también se desarrolló una discusión sobre la forma en la que se concretó el ataque. Levene recurrió a tres ingenieros de la Universidad de Tucumán, quienes nunca estuvieron en el predio, pero que mediante un modelo matemático y de estructuras concluyeron que la explosión fue dentro del edificio. Eso contradecía los peritajes realizados por la Policía Federal y Gendarmería, en especial el comandante de esta última fuerza, Osvaldo Laborda. La cuestión fue zanjada en una audiencia pública en la que los integrantes del máximo tribunal se convencieron de la utilización de una camioneta bomba.
El fallo en el que se sostiene la mecánica del atentado llama la atención: las voces autorizadas que aparecen mencionadas son las de dos expertos antiterroristas, que todo indica fueron aportados por la SIDE. Uno, israelí, Ariel Merari; el otro, norteamericano, Bruce Hoffman, de la Rand Corporation norteamericana. Son ellos los que mencionan a Hezbollah. Daba la impresión de que Estados Unidos e Israel ya jugaban su partido.
Pero, además, se tomó en cuenta una reivindicación del atentado atribuida a Hezbollah que, supuestamente, le hizo llegar un comunicado al diario An Nahar, aunque el director del periódico dijo que la fuente de la carta era desconocida. También hubo una desmentida de la Jihad islámica y también una supuesta ratificación de la autoría mediante un video. Los integrantes de la Corte dieron por válida la autoría de Hezbollah, pero nada se estableció sobre quién vinculado a esa organización llegó a la Argentina. Se trató de una imputación más política que basada en pruebas.

Captura

El paso siguiente fue pedir la captura de Mughnyah, quien era la figura militar a la que se le adjudicaban todas las operaciones de Hezbollah y de otros grupos libaneses. Es curioso que en el fallo de 1999 se hace una enumeración de graves hechos terroristas, la mayoría adjudicados a grupos palestinos, incluso sirios, casi todas acciones en Medio Oriente. Y, de todas maneras, se usó el listado para concluir que el ataque fue de Hezbollah. En su momento, el referente de los familiares, Susevich, sostuvo que “no creemos esa hipótesis. Al momento del ataque contra la embajada, Hezbollah no tenía el poder y la capacidad como para concretar un atentado de esa envergadura”. Era difícil aceptar o rechazar lo señalado por Susevich dado que no se encontró ni un dato de quienes habrían participado en la operación en Argentina.
Sea como fuere, Mughnyah fue asesinado en septiembre de 2008 en Damasco, Siria. Le colocaron un artefacto explosivo en el apoyacabezas de su camioneta. El hecho se atribuyó a la Mossad israelí.
Hay que agregar que el ex embajador de Israel en la Argentina, Itzhak Avirán, dijo el año pasado “nosotros (por Israel), ya dimos cuenta de los responsables. La gran mayoría de los culpables ya no está en este mundo y lo hicimos nosotros”. El propio Alberto Nisman pidió la declaración de Avirán, lo que hasta el momento no se concretó y la Presidenta volvió a reclamar que el ex embajador venga a la Argentina a explicar sus dichos.

Cosa juzgada

Lorenzetti trató ayer de refutar las expresiones de Cristina Kirchner en su mensaje del domingo pasado. “¿Alguien le puede informar a esta Presidenta cuál es el resultado de esta investigación que llevó adelante la Corte del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Cuáles son los procesados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la embajada y sí por la AMIA?”, preguntó CFK.
El titular de la Corte se defendió diciendo que por aquel fallo del máximo tribunal es cosa juzgada. Página/12 intentó comunicarse con él para consultarlo al respecto, pero no obtuvo respuesta. Juristas consultados por este diario afirmaron que “sólo hay cosa juzgada cuando hay una sentencia firme que cierra el proceso con una condena o una absolución”. En el caso “Embajada” no hay nada que se le parezca. Nunca hubo un detenido, ni siquiera un sospechoso argentino que haya sido parte de la trama local del ataque. Y por supuesto nadie fue llevado a juicio, ni condenado, ni absuelto. La causa no está cerrada y lo reconoce la propia Corte en dos fallos, los de 1999 y 2006. Pero, sobre todo, no podría estar cerrada ni haber cosa juzgada porque no se avanzó en nada de lo concreto del atentado.
Si Lorenzetti quiso ayer dar por concluida la polémica con la Presidenta diciendo que el caso “Embajada” ya está, difícilmente lo consiga. Los familiares y la realidad pintan un panorama muy distinto: no se sabe casi nada.