EL PAIS › LA TRANSVERSALIDAD DE LA REPRESION, LA XENOFOBIA Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Muchos machos malos

Por Horacio Verbitsky

Imagenes:DyN, Joaquín Salguero y Télam.

La seccional Capital de H.I.J.O.S equiparó los hechos de violencia institucional y estigmatización cometidos por la Policía Metropolitana con los de la Policía Federal y la Gendarmería. Allí militaron los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Eduardo De Pedro y el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Carlos Pisoni, todos ellos miembros de La Cámpora. El Secretario General de esa organización, Andrés Larroque, ya había expresado su desacuerdo con el desalojo del asentamiento Papa Francisco y su forma. H.I.J.O.S responsabilizó en el mismo plano al jefe de gobierno porteño Maurizio Macrì, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y al Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien compite con Macrì, Sergio Massa, Daniel Scioli y José De la Sota, los machos malos de la política que basan su proselitismo electoral en la promesa y la práctica de la represión al conflicto social y a quienes infringen la ley penal, sin reparar en formas ni derechos.

Los votos de la mano dura

Con el inequívoco título “Ni represión ni deportación: derechos e inclusión para todos”, la declaración engloba el desalojo y los asesinatos de Jonathan Mareco, Brian Ayaviri, Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruíz en las villas de Lugano y Barracas. Síntoma del malestar que el uso ilimitado de la fuerza y las declaraciones provocativas de Berni producen en toda la militancia, la declaración repudia “categóricamente la represión y criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo” y denuncia la salvaje represión “a vecinos, militantes de derechos humanos y legisladores”. Además de impugnar “los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, fuerza a cargo de Sergio Berni”, rechaza “los discursos estigmatizadores hacia los migrantes, expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como la Ley de Migraciones”. (La deportación sin juicio de inmigrantes fue reclamada por Berni con el aval de la Ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, quienes atribuyeron a los extranjeros una extravagante relevancia del 19 por ciento en la comisión de delitos. Según el Censo de 2010, los extranjeros constituyen el 4,5 por ciento de la población y de acuerdo con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en 2012 representaban el 6 por ciento de la población de las cárceles argentinas, más de la mitad sin condena. Sólo el 0,20 por ciento de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad. Si estos son los datos estructurales, el 19 por ciento de detenciones en un fin de semana más que las alegadas prácticas delictivas de los inmigrantes revela el sesgo policial selectivo contra ese sector). H.I.J.O.S añade que el conflicto habitacional no es una demanda exagerada de ningún vecino sino la deuda pendiente de una democracia de 30 años. “Los sectores más vulnerados de nuestro pueblo son la palanca de cambio de los tiempos electorales. Por eso se reprime a quienes protestan: así se pretende sumar votos de quienes piden mano dura.” También afirma que “la impunidad para los genocidas, vigente durante décadas, fue la peor escuela para la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” y dice que Luciano Arruga, Andrea Viera, Walter Bulacio, Alan Tapia, Facundo Rivera Alegre, Lautaro Bugatto, Sebastián Bordón y tantos otros no fueron víctimas de una bala policial perdida sino “de la violencia institucional de la democracia”. Destaca que “mientras hay un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud, la Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes” y reclama “Basta de violencia institucional”.

La Metropolitana sigue fiel al diseño de su conducción política, en una línea de coherencia que cubre desde los desalojos a patadas de indigentes que duermen en la calle hasta el uso desproporcionado de la fuerza letal en el Parque Indoamericano, el Hospital Borda, la sala Alberdi, el Teatro San Martín, denunciados desde la oposición al macrismo. Pero ahora Berni archivó los “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, elaborados por el Ministerio de Seguridad en 2011, para sistematizar los mejores estándares alcanzados. Sus operativos con la Policía Federal y la Gendarmería contra trabajadores y organizaciones sociales que cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales se apartan de la política de no represión de la protesta social: personal de civil simulaba ser parte de la protesta, en la primera línea formaron policías armados y se utilizaron balas de goma para dispersar manifestantes, en una actuación que puso en riesgo a los manifestantes, a los integrantes de las fuerzas y a terceros. La intervención directa y la represión suplantaron a la mediación que pudiera gestionar los formatos de las protestas junto con la habilitación de interlocución política de los reclamos.

Eduardo De Pedro es apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y uno de los más próximos interlocutores de la presidente CFK. H.I.J.O.S Capital sigue siendo su lugar de referencia. La mención al proyecto nacional señala un alto grado de contradicción al interior del kirchnerismo, por más que Berni haya comenzado a presentarse como “un peronista ortodoxo”, como si fuera algo más que una emanación del poder presidencial, de reubicación improbable en otro contexto político. Sus pujos de autonomía son tan ostensibles como algunos comentarios machistas sobre Cristina que se permite entre hombres.

Los casos

Sólo durante la dictadura militar y la presidencia de Carlos Menem las más humildes viviendas habían sido arrasadas con topadoras ante la vista impotente de quienes ni siquiera pudieron rescatar su ropa y sus enseres elementales. A este escándalo de prepotencia y cobardía contra gran número de mujeres y niños se sumó la denuncia de la jueza María Gabriela López Iñiguez, contra la Policía Metropolitana y el fiscal porteño por haber excluido de la expulsión ordenada por ella la franja lindera con la Villa 20, aquella que según el gobierno local estaría bajo el control de delincuentes y narcotraficantes, con lo cual se justificó el operativo. Menos se supo de los cuatro asesinatos incluidos en la declaración de H.I.J.O.S Capital:

n El 7 de agosto, en la misma Villa 20 de Lugano, Brian Ayaviri (de 19 años) y Jonathan Mareco (de 17) fueron acribillados a balazos por personal de la Brigada de Robos y Hurtos de la PFA, que se desplazaban sin uniformes y en un automóvil sin identificación, en cuyo apoyo acudieron patrulleros de las comisarías 36ª y 52ª. La versión policial dijo que se había producido un enfrentamiento luego de una persecución de veinte cuadras por el robo de un vehículo por parte de cuatro adolescentes. Pero los vecinos y uno de los sobrevivientes lo niegan. Dicen que los jóvenes estaban en un auto estacionado, del que bajaron con las manos en alto ante la intimación policial, pese a lo cual les dispararon. Al día siguiente, la Gendarmería sofocó con dureza las protestas del barrio y Berni ratificó la inverosímil información policial. Algunos testimonios involucran en el episodio a Rubén “Percha” Solares, un ex policía de la zona de Lugano retirado desde 2010 que en 2013 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por un caso similar. Según los vecinos, “El Percha” volvió al barrio hace unos meses, no saben si como parapolicíal junto a sus antiguos compañeros o reincorporado a alguna fuerza de seguridad, pero en cualquier caso como patrón del barrio y avanzada de la Federal.

n El 22 de agosto dos agentes del Departamento de Ingeniería Clínica e Infraestructura de la Policía Federal, también de civil y en otro auto sin identificación, mataron frente a la Villa 21 de Barracas a Gabriel Vaca (de 41 años) y Mario Ruiz (de 43). La policía informó que fue un tiroteo entre dos asaltantes y sus víctimas, que resultaron ser policías y se defendieron. Los vecinos aseguran que les dispararon a quemarropa sin mediar palabra. A ambos les dieron un primer tiro para inmovilizarlos y después los remataron. La violenta reacción del barrio incluyó la quema del auto de los policías, que fueron detenidos. Al mismo tiempo las llamativas entraderas contra personas famosas tienden a difundir el miedo y legitimar cualquier actuación policial.

El peor año

Todo esto indica que la Policía Federal ha vuelto a sus prácticas tradicionales, de procedimientos inventados para crear clima y hacer número, y de hostigamiento y ejecuciones de jóvenes por las Brigadas de Robos y Hurtos y de las comisarías de la zona sur de la Capital, como las de Ezequiel Demonty en 2002, Camila Arjona en 2005 o Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en 2009. Desplazada de allí en 2011 por la Gendarmería y la Prefectura, debido a las prácticas violentas y los altísimos niveles de corrupción y connivencia en el manejo de los mercados ilegales en barrios y villas, el retorno de la Federal se produce como parte del relajamiento del control y la conducción política.

El ministerio de Seguridad dictó en mayo de 2013 Pautas de actuación en caso de enfrentamientos armados con personal policial. Pero en julio, cuando el ministro ya era Arturo Puricelli, el jefe de la Policía, Román Di Santo, resolvió no publicar su aplicativo en la Orden del Día, con lo cual se disolvió en la nada. La contrarreforma en los papeles tiene su correlato en las calles. Un documento distribuido ayer por el Centro de Estudios Legales y Sociales informa que el número de personas muertas por las fuerzas federales tuvo un incremento vertical: de 15 en el primer cuatrimestre de 2012, a 36 en el mismo periodo de este año. A este ritmo, la cantidad anual de víctimas sería la más alta en todo el ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, cuya policía ha duplicado su letalidad en enfrentamientos desde 2005 mientras su gobierno utiliza la cantidad de “delincuentes abatidos” como indicador de éxito de su plan de “emergencia en seguridad”, eximió de todo control a las policías municipales y habilitó en forma provisoria agencias de seguridad privadas en las que se desempeñan personas que por sus antecedente deberían ser legalmente excluidas. La policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son cada vez más violentas. La muerte de Sabrina Olmos, de 15 años, en el patio de su colegio de Morón a consecuencia de un operativo de la Bonaerense muestra las consecuencias del uso de la fuerza en el espacio público. El padre de la niña es un afiliado al sindicato de Camioneros, que no computó este hecho en sus reclamos por la inseguridad.

Prevención o transa

Al mismo tiempo, se desnaturalizó el Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB). Su creación por el Ministerio de Seguridad, en 2012, como organismo separado de la policía tradicional, apuntó a modificar la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los habitantes de los barrios pobres. Con formación en técnicas de mediación, articulación con las organizaciones sociales y coordinación con otras agencias no represivas, su llegada a las villas procuraba limitar el rol de la Policía Federal, dados sus graves antecedentes, y ser el germen de una nueva policía. Su actal colonización por la Federal y el regreso a las viejas prácticas abusivas sobre la población contó con el aval político, a partir de la designación del comisario Arnaldo Neira a cargo del nuevo cuerpo. Neira había sido relevado como jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. A Neira y los suyos no le interesaron los vínculos con las organizaciones sociales de los barrios y sus modos de relación con los vecinos son el abuso verbal, la violencia física y los gases lacrimógenos. Las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías. Esa práctica de saturación no corresponde a una policía de proximidad sino a los operativos militarizados de Gendarmería, Prefectura a o la Bonaerense de Scioli. Las prepotentes brigadas han vuelto a controlar el territorio y lo hacen notar a los tiros, mientras el médico Berni, quien también afirma ser abogado, exhibe sus anhelos ocultos, disfrazándose de militar. Este Zelig que se mimetiza con el escenario de cada actuación sería cómico si no fuera trágico. De allí baja la orden de no hacer nada que moleste o genere revuelo en las fuerzas, con el argumento falaz de que son los propios barrios los que exigen dureza con “los pibes que andan en cualquier cosa” y alegando que estos hechos de violencia policial no generan problemas de gobernabilidad ni inhiben la llegada al territorio.

EL PAIS › OPINION Kirchnerismo y peronismo

Por Edgardo Mocca

Resulta curioso ver cómo conviven en la oposición mediático-política dos posiciones visiblemente contradictorias: mientras cada iniciativa política o legal del Gobierno es atacada con ferocidad –la gran mayoría de las veces por estatista y populista– se sostiene que el Gobierno no tiene ningún proyecto, que no ha habido cambios en el país y que todo se reduce a la concentración del poder bajo un decorado retórico que invoca transformaciones inexistentes en la realidad. Esta pirueta argumentativa ronda una cuestión fundamental para el juicio sobre el presente y el futuro político argentino. Se trata ni más ni menos del modo con que entendemos estos últimos once años, el lugar histórico que tienen y, en última instancia, la naturaleza política de los gobiernos de los Kirchner.

Apoyados en algunas encuestas, los voceros mediáticos dibujan un futuro político de “normalización”, después de las elecciones del año próximo. En cualquiera de las hipótesis predominantes sobre el resultado electoral –incluido el triunfo de Scioli– se da por sentado una especie de disolución de la fuerza hoy gobernante y de reaparición intacta del “peronismo” tal como era antes de esta última década. El kirchnerismo tendría como destino la de una corriente interna del Partido Justicialista o una fuerza exterior al partido que reagruparía militantes “progresistas” en espacios claramente minoritarios. Es decir, más o menos como funcionaba el sistema político antes del derrumbe de diciembre de 2001. Se celebra ese nuevo orden político futuro como una garantía de consensos, tolerancias, diálogos y todo aquello en lo que consiste “realmente” la democracia.

El propósito de este texto no es discutir pronósticos electorales, ni de ninguna otra índole, sino pensar la experiencia política que estamos haciendo desde la perspectiva de las identidades político-partidarias. ¿Qué es, finalmente, el kirchnerismo? ¿Cuál es su relación con el peronismo? Para discernirlo hay que despejar el camino de la contradicción lógica de la que hablábamos al principio: los gobiernos de estos años no fueron neutrales, ni fueron pura publicidad transformadora; si así fuera no se justificarían los enconos, sin antecedentes en estos años de democracia, que enfrentó y enfrenta. Difícilmente sea la simple retórica la que desata esas pasiones. Hay distintos matices en la oposición partidaria al Gobierno, pero es muy difícil discutir la existencia de una partitura central de la que pocos se apartan y corresponde a las líneas editoriales de las cadenas noticiosas dominantes que, a su vez, se articula con el punto de vista de los sectores económicos concentrados. Existe, claro está, un muy diverso arco de críticas –muchas de ellas razonables– que se hacen desde la oposición política. Pero las escenas políticas y parlamentarias realmente memorables de estos años rodearon verdaderas discusiones políticas de época: las retenciones a las exportaciones agrarias, el sistema jubilatorio, el estatus del Banco Central, la soberanía energética, entre muchas otras. Lo que hoy mismo se está discutiendo –la propuesta de ley de pago soberano de la deuda externa– toca la cuestión sensible y decisiva del desendeudamiento como palanca de desarrollo independiente. Es decir, hay una hoja de ruta que se fue construyendo no en laboratorios teóricos, sino en medio de los conflictos políticos más intensos de estos años de democracia.

Si la política de estos años no se reduce a ilusionismos y pases de magia, hay que aceptar que quedó abierta una materia muy dura de conflicto político, difícil de clausurar administrativamente y mucho más aún de ocultar debajo de la alfombra de los grandes consensos nacionales. Esa materia de conflicto político y no las simples etiquetas partidarias es lo que estará en juego, por lo menos provisoriamente, en las elecciones de 2015. Ciertamente, esta interpretación no les conviene a muchos de los actores de la escena preelectoral, que prefieren hablar de internas peronistas o de coaliciones interpartidarias como si se tratara de un juego de máscaras vacío de sentido. Es la continuidad o no continuidad de esa hoja de ruta lo que se dirime.

El kirchnerismo ha devenido el nombre de esta experiencia política. Y la cuestión produce urticarias de las más variadas, sobre todo entre quienes consideran (o desean) que el kirchnerismo sea una variante más en el eterno péndulo peronista y por lo tanto le niegan consistencia específica y descreen de su futuro. Claro que el kirchnerismo es peronismo. No hace falta ser muy perspicaz para percibir que sin la tradición histórica, sin la estructura partidaria y sin el peso nacional del peronismo hubiera sido inconcebible la experiencia política de estos años. Pero la cuestión no se reduce al código genético del movimiento que gobierna, involucra al tipo de lucha política que se libra hoy en la Argentina. La existencia de antagonismos en el interior del peronismo, lejos de ser nueva, recorre gran parte de la historia del movimiento. Lo que le ha agregado la experiencia de estos años a estas tensiones es justamente que es una experiencia de gobierno y no de cualquier gobierno, sino uno que desarrolló una agenda de ruptura en sus líneas principales respecto de la historia de las últimas décadas. Lo hizo además invocando el ADN peronista, con sus tres banderas históricas repensadas en las nuevas condiciones de la época. La centralidad del trabajo, la cuestión de la soberanía nacional y la política de memoria, verdad y justicia sobre el terrorismo de Estado fueron el modo de manifestación de esa herencia histórica.

Ahora bien, candidaturas peronistas habrá varias en las primarias y es muy probable que también en las elecciones de octubre la identidad peronista sea un activo electoral a ser esgrimido por más de un candidato. Además, nadie puede desconocer la existencia de un electorado tradicionalmente no peronista que apoya al gobierno actual; sin contar con la gran amplitud de horizontes ideológicos y políticos que se nuclean alrededor del kirchnerismo en el mundo artístico, cultural e intelectual. Por otra parte la palabra “peronismo” como sello de identidad política en la Argentina de hoy necesita aclaraciones adicionales. Se necesitan para saber, por ejemplo, si la persona que la invoca quiere mantener el actual régimen público de los aportes jubilatorios o volver al sistema privado-financiero o si propugna la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la vuelta a la “autonomía” del Banco Central o el regreso al endeudamiento masivo de las épocas anteriores.

Claro, el peronismo supo tener siempre latente en su interior la discusión sobre lo que Carlos Altamirano llamó “el peronismo verdadero”, como si hubiera una esencia intemporal del movimiento. Por mucho tiempo la reivindicación del peronismo verdadero se hizo desde sectores combativos políticos y sindicales del movimiento, como santo y seña de la lucha contra burócratas o conservadores en su interior. Hoy reaparece entre quienes impugnan al Gobierno bajo la forma de un peronismo abierto al diálogo y garantía del orden, contra un Gobierno innecesariamente conflictivo. No hay una esencialidad peronista al margen del tiempo y las coyunturas, aunque sí puede hablarse de herencias históricas que vienen desde el nacimiento en 1945 que, como vimos, los gobiernos kirchneristas invocaron e invocan con mucha coherencia. Decía Antonio Gramsci que la historia de un partido político no se reduce a la de sus congresos, sus luchas internas, sus declaraciones y plataformas; es la historia de un país, vista desde una perspectiva de partido. El kirchnerismo es, en última instancia, el peronismo de una época, el de la democracia reconquistada, el de la más grave crisis de la historia nacional contemporánea, el de un viraje muy pronunciado en la política económica, social e internacional de nuestro país. No puede hablarse del presente y del futuro del peronismo sin resolver su relación con este período político.

La cuestión del futuro del kirchnerismo no está escrita en algún lado y esperando ser develada. Es una cuestión que se resolverá en la lucha política, en la lucha por el poder. No son pocos los que están interesados en reducirlo a una circunstancia pasajera de la política argentina, para volver al “país normal” y se mueven activamente a favor de esa perspectiva. Pero no habrá triunfo de una u otra voluntad política al margen del curso que tomen los acontecimientos, es decir al resultado concreto de las luchas. Al margen de si se mantiene un rumbo general después de 2015 o si se revierte drásticamente. A las actuales expectativas y previsiones electorales le falta un condimento muy importante: no se sabe todavía cuál será la política electoral y el candidato de quienes hoy gobiernan y expresan la continuidad del rumbo.

“El kirchnerismo es una manera de mirar el mundo y al país dentro de él”, dijo Cristina Kirchner en uno de los reportajes que dio el año pasado. “Una manera que viene del peronismo y agrupa a muchos que no son peronistas”, agregó. Los días que estamos viviendo pondrán a prueba la consistencia de esa concepción política. La idea de una “herencia” del peronismo preocupa a muchos porque la identifican con su desaparición. Sin embargo, la herencia es, en política, la única manera de seguir vivos.

EL PAIS › EXCLUSIVO: EL CANCILLER TIMERMAN EXPLICA POR QUE LA ARGENTINA QUIERE UNA CONVENCION SOBRE LA DEUDA “Ahora, que la ONU vote”

 Por Martín Granovsky

El canciller Héctor Timerman explicó a este diario qué busca el gobierno argentino tras el anuncio de que el Grupo de los 77 y China promoverán que el martes 9 la Asamblea General de la ONU vote la necesidad de redactar una convención sobre reestructuración de deudas soberanas.

–¿Por qué ahora?

–Porque después del fallo del juez Thomas Griesa y de la campaña encarada por los fondos buitre de lobbying y de ataque publicitario, muchos países se dieron cuenta de dos cosas. Una, que la situación se estaba volviendo explosiva. Y otra, que el vacío legal es enorme. Ante esta realidad muchos dijeron: “Lo que le pasa a la Argentina puede ser nuestro futuro”.

–¿En qué sentido?

–Las medidas de Griesa mostraron que es imposible la reestructuración de deuda soberana en condiciones justas sin un acuerdo entre todos los países. Hasta nuestro caso, muchos países habían aceptado negociar con los fondos y pagar lo que pedían los buitres. Este gobierno se negó a hacerlo porque las decisiones del juez Griesa son violatorias de la soberanía argentina. Si son violatorias, son inaceptables por parte de la Argentina. Y además son ilegales, porque entorpecen acuerdos de la Argentina con terceras partes que no formaban parte del litigio. Más aún: el fallo de Griesa es imposible de aplicar. De paso, conviene tener en cuenta que la ONU viene hablando de la cuestión de la reestructuración de la deuda. Lo debatió mucho en los últimos 12 años.

–¿Cuál es el cambio, entonces?

–Que evidentemente no alcanza con buscar consenso. El consenso total no existe. No se logró nunca. Por eso el G-77 lleva el tema a la Asamblea General. Ahora, que la ONU vote. La otra razón del cambio está dada por los propios hechos recientes. Por un lado, no hubo un acuerdo con los buitres que respetara lo pactado ya con el 92,4 por ciento de los bonistas. Por otro lado existió el fallo de Griesa. En tercer lugar, la Argentina no se dio por derrotada. Esa serie de factores es lo que converge en la moción ante la Asamblea General.

–El viernes mismo el sector privado emitió criterios para la autorregulación a través de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, la ICMA para usar las siglas en inglés.

–El documento de la ICMA revela que los bancos, las financieras y las agencias colocadoras de deuda también se dieron cuenta de que la situación implosionó, que se está transformando en una bola sin freno y que los fondos buitre atacarán a otros. Entonces empezaron a buscar la autorregulación. El caso argentino le mostró al sector privado que no podían seguir así, y les mostró a los Estados que el riesgo lo pueden correr todos. La cifra de deuda soberana que circula en el mundo es enorme. Son 55 billones de dólares, y expreso la medida de la cifra en español: 55 millones de millones. En los Estados Unidos dirían que son 55 trillions. La cifra representa tres veces el Producto Bruto Interno norteamericano.

–¿El número incluye la deuda soberana de los países ricos?

–Están todas las deudas, sea cual sea la relación entre la deuda y el PBI, que en el caso de la Argentina es de las más bajas para un país que viene sufriendo el problema del endeudamiento, con el 42 por ciento del PBI. El documento del ICMA significa que se asustaron el sector privado y el sector público.

–¿Con ICMA y todo el G-77 avanzará igual?

–Sí. Los gobiernos decidieron que después de doce años de esperar y sacar resoluciones es mejor diseñar un marco regulatorio para que la reestructuración de deuda soberana tenga un carácter no solo económico sino también político y social. Las reestructuraciones deben considerar los factores que impactan sobre un país. No pueden comprometer su desarrollo social por la extorsión de un pequeño grupo de financistas que colocaron al borde de una situación insostenible a muchos países. La Argentina tomó contacto con muchos gobiernos y trabajó en muchos foros. Por eso en el mundo ya no solo es visible el punto de mira de grupos interesados en que el tema no se resuelva, sino un enfoque con preocupación sobre la reestructuración de deuda soberana. De hacer un planteo ante el Tribunal de La Haya la Argentina fue al G-77. Siempre buscamos lugares de debate y de acuerdo.

–El voto buscado en la Asamblea General es de mayoría simple.

–Sí. Debe votar en favor de la redacción de una nueva convención una cantidad superior en un voto a los que voten en contra.

–Y no hay veto del Consejo de Seguridad.

–No. Es el mecanismo de la Asamblea General. Después se redactará la convención, claro, y las discusiones seguirán. Esto se enmarca en la mejor tradición de este gobierno, que fue autor o coautor de convenciones como las que tratan sobre el comercio de armas y sobre la desaparición forzada de personas.

–¿Por qué en doce años no se logró un consenso?

–El tema de las reestructuraciones fue presentado como tabú y algunos países insistieron con mucha fuerza diciendo que las reestructuraciones de deuda eran parte de las atribuciones del Fondo Monetario Internacional. Si, en cambio, la ONU resuelve que es una cuestión soberana, eso supone que las reestructuraciones deben ser resueltas de acuerdo con un marco establecido por la propia ONU, donde todos los países tienen un voto. Los que se oponen dicen que la ONU no está capacitada para resolver el tema. Lo cierto es que tampoco el FMI lo resolvió. Hagamos una convención. Las convenciones establecen reglas de conducta y obviamente plantean un terreno pacífico. La Argentina cree en esto. El cambio climático, los derechos de la infancia o los ensayos nucleares no afectan a uno, dos o tres países. Son temas que influyen sobre el mundo entero. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Y lo mismo ocurre con la deuda soberana, sobre todo cuando la situación global muestra que cada vez hay más conexión entre pobreza y violencia. Donde hay más pobreza la violencia es cada vez más salvaje. Como en Africa.

–¿Cuáles serían, en Africa, las condiciones que favorecerían la violencia?

–Africa hizo enormes esfuerzos para reducir la pobreza, pero si no hay transferencia de tecnología, si no hay créditos, si ante la deuda los fondos buitre hasta confiscan la ayuda humanitaria, porque a eso llegaron, habrá actos de violencia desesperada que no se han visto en siglos. Juan Goytisolo, el escritor que se convirtió en experto en el mundo árabe, dijo que la violencia actual en Irak es como una vuelta al siglo VIII. Por supuesto que no voy a hacer la defensa de ninguna dictadura. Solo diré que Libia e Irak fueron invadidos y atacados pero después tuvieron que hacerse cargo incluso de las deudas generadas por los ejercicios militares. La reestructuración de deuda hasta genera conflictos militares.

–¿La Argentina ya está buscando el voto?

–Ni puedo contar la cantidad de cancilleres y presidentes que me llamaron diciendo que sufren problemas parecidos a los nuestros y no hallan el modo de resolverlos. Tal vez sería bueno escuchar de nuevo los discursos de algunos países cuando fuimos a la ONU con el ministro de Economía Axel Kicillof. Yo mismo me sorprendí. La semana pasada hablé con varios cancilleres europeos. Varios me reconocieron que la Argentina tenía un buen argumento cada vez que yo insistía en que el tema de la deuda es un tema de derechos humanos. Se puede comprobar en la Argentina evaluando los niveles de pobreza, de desempleo y de eliminación de la ayuda social en el 2001. Se dirá que fueron producto del default. Pero a la vez fueron producto del endeudamiento y la dificultad para reestructurar la deuda. El default no es un problema argentino, más allá de que la Argentina hoy no está en default y que por eso no se pagaron los seguros de default correspondientes. Las consecuencias del default son expresión del fracaso producido por la falta de reglas internacionales. No hay mecanismos de salida regulados. Los países que han defaulteado no fueron solo los más pobres. La Argentina, ocho veces. Los Estados Unidos, seis.

–Hay muchas opiniones sobre los fondos buitre. ¿Son marginales o son el centro del sistema financiero?

–Son un engranaje más del sistema financiero. Está bien puesto el nombre. En la naturaleza los buitres cumplen una función. Escarmientan. Hacen el trabajo sucio.

–Sobre los animales muertos. Sobre la carroña.

–No solamente. También atacan a los ojos de animales que no están muertos. No son parias del sistema financiero. Son los disciplinadores. Trabajan con los principales bancos del mundo. Paul Singer es uno de los cinco principales donantes del Partido Republicano. Son la parte más fea del sistema capitalista. Tal vez la más extrema. También por eso es que recién ahora quienes integran el establishment financiero decidieron cortarles un poco las alas. Si no, el escenario previsible es que quedará destruido el sistema de deuda soberana. De todos modos, creo que es tarde para una regulación que solo sea privada.

–¿Por qué sería tarde?

–Porque el monstruo que representan los fondos buitre ha crecido de tal manera que no sé hasta qué punto es controlable solo por privados. El poder de lobbying en el Congreso estadounidense es muy grande. Puede llevar a que organismos del Estado dejen de aplicar determinadas políticas en cuya validez creen por temor a que los buitres motoricen aliados para frenar otros proyectos que también son imprescindibles para el gobierno de los Estados Unidos. Alguien podría decir que permitir que actúe libremente en el mundo gente como Singer forma parte del sistema de control del sistema financiero internacional. Pero agreguemos que en Inglaterra está prohibido comprar bonos para trabar una negociación.

–¿Parte del sistema económico o parte de las acciones de la Casa Blanca?

–Parte de lo que hacen los poderosos dentro del sistema financiero internacional para disciplinar a los Estados. Dentro de los Estados Unidos hay una ley de quiebras. Pero los fondos buitre no pueden hacer en esas quiebras lo que hicieron con la Argentina, comprando bonos. En todo caso directamente tienen que comprar una empresa. En ese caso compran empresas y presionan a los obreros. Es decir que los fondos buitre en su carácter de tales solo pueden actuar fuera de los Estados Unidos. Por eso es necesaria la convención. Dentro de la sede de la ONU, en Nueva York, no hay una convención que establezca algo parecido a una ley de quiebras para naciones. Pero al salir de la sede sí hay ley de quiebras. Eso significa que los Estados Unidos se dan cuenta de que para sus problemas domésticos el accionar de los fondos buitre es negativo. Y significa que los Estados Unidos no les impiden actuar fuera de los Estados Unidos.

–¿No sería conveniente buscar una alianza con la Casa Blanca?

–Según fui informado extraoficialmente, en este momento ningún funcionario del gobierno de los Estados Unidos puede hablar de ningún tema específico de la reestructuración de la deuda soberana de la Argentina. Por eso tenemos tanto interés en que el 9 de septiembre se vote y en que durante el 2015 se escriba la convención. Por supuesto, cuando llegue el momento la Argentina presentará su proyecto.

–Si no se cuentan los ausentes y tampoco las abstenciones y el resultado válido es votos positivos contra votos negativos, ¿la propuesta de redactar una convención sobre deuda tiene asegurados los votos positivos?

–El G-77 hará la propuesta. Y sé que ningún país de los 133 se opuso. En los dos últimos meses hubo mucha presión para no tratar el tema, aduciendo que la ONU no es el lugar indicado para hacerlo. Hablé varias veces con funcionarios a cargo de áreas económicas y sociales de la ONU y me decían que ellos sí estaban de acuerdo con alguna forma de instrumento multilateral. Bueno, hagámoslo.

–Pregunté antes si la Argentina no quería una alianza con la Casa Blanca frente a los buitres. ¿El gobierno argentino busca un enfrentamiento con los Estados Unidos?

–No. De ninguna manera. La prueba es haber propuesto concurrir a la resolución pacífica de este embrollo que creó Griesa al Tribunal Internacional de La Haya, que es donde se solucionaron los problemas en forma pacífica.

–Hago la pregunta de otra manera: además de lo legal, ¿la Argentina quiere un enfrentamiento en lo político con Washington?

–No. Una convención no es en contra de nadie sino a favor de todos. Viene a resolver un vacío legal que afecta a la mayoría de los países del mundo. Decir que hay un problema es una actitud propositiva. Decir que hay un vacío jurídico también es propositivo, porque busca solucionar el vacío. Los propios Estados Unidos dijeron en la presentación ante la Corte de Apelaciones que reivindicaban el principio del pari passu.

–Para la Argentina, ¿cuál debe ser el eje de una convención?

–El principio es que sean los propios países los que escriban el marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana, de manera que no afecte el desarrollo. Las condiciones de negociación deben ser equitativas. No se le debe impedir a un Estado que reestructure sus deudas. No se le debe imponer que la reestructuración afecte el bienestar de los países. El objetivo es que los países puedan reestructurar su deuda soberana y que puedan seguir desarrollándose, no empobreciéndose con peores condiciones de vida de las que tenían antes.

–¿El gobierno argentino no tuvo una expectativa excesivamente positiva ante la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿No confió demasiado en que trataría el caso cuando existía también la chance de que no lo hiciera, como ocurrió?

–Dada la magnitud de lo que implicaba la decisión no solo para la Argentina sino para todos los países que tienen problemas de reestructuración de deuda (y la Argentina con los canjes de 2005 y 2010 había dado muestras de que lo quería resolver con la aceptación de los acreedores), la Corte debió haber tomado el caso. El hecho de que no lo haya tomado marca la necesidad de una convención. No se puede dejar en mano de un solo sistema judicial decisiones que son soberanas de otros países. Y en el plano internacional cada Estado debe hacerse cargo de su Justicia, pero en el marco del derecho internacional el Estado está representado por el Poder Ejecutivo. Muchas veces el Ejecutivo argentino asume en el sistema interamericano fallas por sentencias judiciales, e incluso paga las multas correspondientes. La Argentina acepta la jurisdicción de todos los tribunales internacionales. Es uno de los países que más cree en el derecho internacional. Recordemos cuando la Justicia de Ghana hizo lugar a la incautación de la Fragata Libertad. ¿Qué ocurrió después? Existe una Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La Argentina pensó que el embargo de la fragata era ilegal y recurrió al Tribunal del Mar. Es decir, había una convención y una jurisdicción. Ghana aceptó la incumbencia del Tribunal del Mar. Los jueces establecieron la responsabilidad de Ghana. El Gobierno dijo que era un tema de la Justicia. El tribunal dijo que, como Estado, Ghana era responsable. Ghana entonces ordenó liberar el barco. El problema se resolvió en dos meses. Por eso hacen falta las convenciones. Los países también se manifiestan mundialmente por su voluntad de pertenecer a un sistema internacional. Esa manifestación resulta incongruente con que si un país es pobre será tratado como un paria, y si es poderoso podrá ignorar al sistema internacional.

–Supongamos que el martes 9 la Asamblea General vota a favor de una convención. Supongamos que luego los expertos escriben velozmente esa convención. ¿Se aplicará a la Argentina o solo servirá hacia el futuro?

–No nos adelantemos tanto. Primero hay que ver qué se escribe. Y segundo, hay que tener en cuenta que el caso argentino está abierto. Incluso en los Estados Unidos.

–Me adelanto más. La necesidad de una convención se vota, el texto queda escrito, el instrumento pasa por todas las instancias mundiales y nacionales de ratificación y, luego, los Estados Unidos no aceptan la nueva norma.

–Los países que no acepten la convención tendrán más dificultades al momento de que otros quieran emitir deudas en esos centros financieros. Hoy ya es más seguro emitir deuda en Inglaterra que en los Estados Unidos. Y estoy hablando de un país con el que tenemos pendiente un problema de soberanía. Pero el marco de seguridad es mayor. Lo mismo sucede con el marco vigente en los Estados Unidos hacia adentro de su territorio. Pienso en tres ejemplos. El primero, que en los Estados Unidos la ley del consumidor es durísima. El segundo, que no se permite ningún tipo de monopolio. Sucedió con el petróleo, con las telecomunicaciones y con los medios. El tercero, que los fondos buitre no pueden actuar dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos comparan con los Estados Unidos, con Holanda o con Inglaterra? No digo que esos tres países deban ser necesariamente imitados en todo. Digo que los que cuestionan al Gobierno por esos temas y lo comparan con la situación en otros Estados deberían estudiar bien qué sucede en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Holanda. Y volviendo a los fondos buitre, nadie está exento de ser atacado. El gobernador de Puerto Rico dijo que no le cerraban ciertos números y decidió reestructurar la deuda pública. De inmediato se formó una task force, una fuerza de tareas como la que viene actuando contra la Argentina.

–¿La consultora de Madeleine Albright no fue contratada?

–Para mí ése es otro dato importante. El hecho de que los fondos buitre donantes del Partido Republicano hayan contratado a una ex secretaria de Estado de tradición fuertemente demócrata demuestra que son parte del sistema económico internacional, no marginales.

martin.granovsky@gmail.com

OPINION La casa, el piso y el techo

Por Mario Wainfeld

La nueva moratoria previsional fue hecha ley en Diputados por una mayoría contundente, pluralista y atípica (ver nota aparte). Se procura incorporar a medio millón de jubilados que no pudieron cumplir con los aportes. El sistema no es universal químicamente puro, pero le pasa bien cerca a fuer de muy abarcante y solidario. El derecho se supedita a requisitos objetivos que anulan o minimizan en extremo la discrecionalidad de los funcionarios. Se concibe para ser reconocido “por ventanilla” y no merced a favores personales o políticos.

El porcentaje de cobertura jubilatoria es altísimo, comparado con parámetros internacionales: creció explosivamente desde 2003. Forma parte de un esquema de protección social extendido, muy reparador respecto de los sectores más desfavorecidos.

Un imaginario popular aún vigente conserva memoria y valoración alta del sistema contributivo. Se instaló en épocas de pleno empleo, con alta densidad de aportantes. Sólo se jubilaba quien “se había puesto” durante períodos prolongados, lo que no parecía tan grave porque eran numerosos.

A pocos se les ocurría tomarse en serio jubilar a las empleadas domésticas o al grueso de los peones rurales. De las amas de casa, ni hablar.

La jubilación privada fue una estafa que imprimió un giro individualista al criterio imperante. Simplifiquemos, con fines didácticos, no exhaustivos. Se inducía al “inversor” a pensar: “es mi plata, un banco o financiera me la administra y hace crecer, me juntaré con un toquito cuando llegue el otoño”. Era un curro descomunal, que sintonizaba con el espíritu neoliberal de la época, que no sólo cundía “por arriba”. De la matriz contributiva-ciudadana se pasaba a la idea del individuo aislado que se salvaría solo.

El neoconservadurismo menemista y de la Alianza arrasó con lo que había. El desempleo, la merma sideral del valor adquisitivo, los recortes formaron un combo explosivo que indujo a la baja de cualquier indicador.

A partir del 2003 se fue reconfigurando un sistema que elevó y ensanchó el piso, cambiando las coordenadas básicas. No se teoriza tanto ni hay leyes que lo sistematicen en conjunto pero hoy día predomina un sistema mixto, en parte contributivo y en parte solidario. Cada vez son más quienes, sin haber aportado ni el tiempo ni el dinero “necesarios”, tienen protección cuando se retiran. Es formidable que así sea, para una cosmovisión que cuestione y mitigue la lógica cruel del capitalismo.

El diputado Martín Lousteau (FA-Unen) fue uno de los pocos que se abstuvieron. Argumentó que la norma era más generosa con los que no habían aportado plenamente que con quienes lo habían hecho. Su punto de vista es sesgado, aunque (por eso) es coherente con su visión del mundo. Discrimina, sin verbalizarlo, a quienes se quedaron atrás o afuera sin responsabilidades propias. Omite ponderar qué tal se portaron el Estado, los patrones, la sociedad con quienes estaban desvalidos, sus supuestos “privilegiados” de hoy.

Son un colectivo heterogéneo y castigado, excluido o semiexcluido. Comprende a quienes no consiguieron conchabo como consecuencia de las crisis, las políticas antiobreras. O cuyos patrones defraudaron al fisco evadiendo las cargas obligatorias: trabajaron en la informalidad, porque el empleo decente no es, ni siquiera ahora, un derecho concretado para todos.

La nueva ley empareja algo a quienes tienen similares derechos. Las consecuencias son patentes: se amplía el universo, crece la inversión social. La base de la pirámide se hace más ancha, predomina la jubilación mínima, la cima se distancia menos.

Son opciones de política económica social, que justificarían abordajes públicos profundos. Reformas legales innovadoras, que contemplarán o emprolijarán las distintas situaciones.

También será necesario, más pronto que tarde, un pensamiento estratégico acerca de qué hacer con futuras camadas de personas mayores que tampoco estarán “al día” con todos sus aportes. No por falta o culpa propia, sino por falencias del sistema económico-social.

El pensamiento que expresa Lousteau (tan distinto de lo que predicaba hace pocos años) es una versión posible. Acaso sea la que prime en el amplio espectro opositor.

Prolongar esa política de modo sustentable no es labor sencilla, ni en las pampas feraces ni en ningún lugar del globo terráqueo. La expectativa de vida crece, las edades para retirarse se mueven lentamente y suscitan resistencias lógicas de los interesados.

El sistema nacional suda tinta tras treinta años de restricciones en los aportes. Un tercio de la clase trabajadora en la informalidad es un escollo mayúsculo. El kirchnerismo consiguió reducirlo en sus años más prósperos, hace varios que no mueve esa aguja.

Una reforma fiscal agresiva con los estamentos más ricos o con actividades exitosas y demasiado protegidas sería parte de una solución compleja: no parece estar en la agenda de la etapa. El kirchnerismo, da la impresión, no innovará a fondo hasta el fin del mandato presidencial. Las oposiciones con más chances electorales para 2015 sólo piensan en reducir impuestos.

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No es simple progresar: Tras un largo lapso de medidas expansivas, de tendencia universalista (como la Asignación Universal por Hijo, las leyes laborales y las jubilaciones) adivino el momento de centrar la mirada en quienes no accedieron a esas conquistas. La consigna, o el slogan, aplicable es “focalizar para universalizar”. O sea registrar colectivos a los que no llegaron las ampliaciones de derechos. La moratoria es un caso. El programa Progresar es otro. Se dio a conocer en febrero, para dotar de ingresos a jóvenes de escasos ingresos y promoverlos mediante la educación formal o la capacitación laboral.

La hipótesis oficial, que se mantiene ahora, es que podía sumar más de un millón y medio de beneficiarios. De entrada, pudo advertirse que no sería simple que se inscribieran exitosamente todos. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos titulares eran niñas y niños, representados por sus padres o madres especialmente, en este caso son los jóvenes ciudadanos quienes deben gestionar su alta. Es más arduo que lo hagan, sobre todo porque no son para nada un conjunto homogéneo.

Las cifras oficiales no son de fácil acceso. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Anses, Diego Bossio, ponderaron recientemente en 500.000 los pibes y pibas que ya están incluidos en el Progresar. Para julio se arañaba esa cifra según datos extraoficiales, muy confiables, a los que accedió Página/12. Las solicitudes rechazadas por no cumplir los recaudos fijados rozan las 300.000 y hay más de 220.000 pedidos observados por falta de algunos elementos, que podrían superarse.

Una mirada impresionista sugiere que las primeras inscripciones provinieron de trasvasamiento de otros programas nacionales o locales, similares en sus designios pero menos amplios en los beneficios. Y que también llegaron pronto jóvenes avezados, con ciertas competencias o hábiles para hacer valer sus derechos. Estudiantes de hogares muy modestos, por ejemplo. O pibas-madres jefas de hogar, siempre atentas para buscar cómo parar la olla.

Tal vez los núcleos más duros de exclusión sigan sin cobertura, en tendencia. Se irán agregando, si media mucho laburo social, militante o estatal. La desconfianza respecto de lo institucional o del Estado, quizás, sea un factor a remover. De cualquier modo, Progresar es una movida contracíclica y tutelar, en una coyuntura difícil. Un buen ejemplo: incentivar la inversión social, “por abajo”, en un trance recesivo. Otra opción ideológica, dura para implementar, digna para remarcar.

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La clase y el movimiento obrero: Desocupados, changuistas, informales, microemprendedores, laburantes de empresas recuperadas... el “mundo del trabajo” está segmentado. Su abanico es, por ahí, el más amplio de los últimos setenta años. La retórica peronista a menudo usa “clase trabajadora” y “movimiento obrero organizado (MOO)” como sinónimos, expresivos de la “columna vertebral”. Jamás fue estricta la asociación, nunca fue tan impropia como en las décadas recientes.

Concentrada en los trabajadores en relación de dependencia, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresa a un sector, el más aventajado, lo que no equivale para nada a decir una elite.

En un libro imperdible (Ser sólo un número más), la socióloga Paula Abal Medina describe así al MOO: “fragmentado o unido está corroído por las exclusiones: es una realidad demasiado extensa la que le que queda fuera. Una realidad que no representa ni además ni siquiera interpreta y, para peor, muchas veces descalifica y estigmatiza”. Puesta a describir al “sindicalismo camionero” que encarna Hugo Moyano, Abal Medina añade que “es una representación de segmento que, cuando quiso desplazar su conducción al conjunto del movimiento confundió la parte con el todo y por eso terminó subordinando sus alianzas con el gobierno kirchnerista con las necesidades legítimas de los trabajadores ‘del techo’ (...) El sindicalismo se vuelve incapaz de expresar e interpelar e interpelar al universo heterogéneo de la clase trabajadora”. Es difícil sintetizar mejor la trayectoria reciente de Moyano, que siempre fue mejor dirigente de los camioneros que del conjunto.

No es una carencia que lo rezague respecto de otros líderes gremiales. Mayormente es compartida, tanto que “el Negro” fue primus inter pares durante muchos años. El déficit, la mirada sesgada, es patrimonio compartido y demuestra la magra creatividad de una apabullante mayoría de la dirigencia sindical. No capitalizaron una etapa de mejoras generales: cambios legislativos e institucionales progresivos en sesgo, crecimiento del empleo, paritarias anuales y fortalecimiento de sus propios gremios.

El paro del jueves pasado, más allá de abordajes contingentes (que este cronista sobrevoló el viernes) subraya las disparidades del conjunto, que son un reto para los años venideros.

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La casa y el futuro: El kirchnerismo, que arrancó con una visión laborista-desarrollista muy tradicional, fue revisando sus premisas. Lo hizo al percatarse (a veces rápido, a veces con timing, a veces un poco tardíamente) que su visión de país y su modelo de crecimiento no abarcaban a todos los argentinos. Comprendió que la política económica y la laboral se quedan cortas para abordar las necesidades de la clase trabajadora.

Edificó un paradigma de políticas sociales a su modo: como una casa familiar construida por un maestro mayor de obras. De a puchos, agregando dormitorios, sin una planificación fina, respondiendo a los desafíos sucesivos, pensando en que hubiera cobertura social para todos. El piso se ha ampliado generosamente.

La moratoria de las jubilaciones, el Progresar, son dos ejemplos encomiables, presentados en un año difícil.

Las preguntas de cuánto debe mejorarse, cuánto ampliarse, cuánto sostenerse el actual sistema de protección social y de quién capacita para hacerlo son ejes centrales que dirimirán los argentinos con su voto.

El contorno y la región parecen virar o por lo menos guiñar a la derecha. Un avatar azaroso de la historia pone en jaque la reelección de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. El resultado no será inocuo para los argentinos. Los virajes en Europa dan pavor.

Los pueblos definirán su futuro, acá y allá. La proverbial capacidad de los trabajadores argentinos para defender sus conquistas forma parte del cuadro, en buena hora.

mwainfeld@pagina12.com.ar

DOMINGO, 31 DE AGOSTO DE 2014 ABUSO DE POSICION DOMINANTE Concentración y consumidores

Por Hernán Letcher y Julia Strada *

“Copiar a Venezuela no le hace bien al país. La Ley de Abastecimiento es algo retrógrado e inconstitucional y sólo existe en Argentina” (Ratazzi, UIA). Para Daniel Funes de Rioja (Copal), “en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado”. También las críticas de la Asociación Empresaria Argentina indicaron un “grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional”. Massa agregó: “No es atacando empresas la forma de cuidar el trabajo de la gente”, para luego exigir una reducción de la presión tributaria para “facilitar el funcionamiento de la economía y no entorpecerlo”. Finalmente Binner sostuvo que “en el actual contexto la aplicación de este proyecto puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores” y añadió: “Creemos todavía en la mano invisible del mercado”, imperdible perla del dirigente del Partido Socialista que completó el panorama.

Las propuestas de reforma a la Ley de Abastecimiento por parte del Poder Ejecutivo han desatado una avalancha de críticas de parte de políticos de la oposición y sectores del establishment económico concentrado. Con sólo repasar las declaraciones más resonantes, se destaca el acto reflejo de rechazo que genera simplemente la posibilidad de una mayor regulación estatal en la economía, en este caso tratándose de las cadenas de producción-industrialización-comercialización, nudo gordiano del aumento de precios.

En este sentido, el eje de debate debe centrarse en la concentración. La regulación que hoy se critica se origina en la necesidad de la defensa de los consumidores. En este caso, el 61 por ciento de las empresas denunciadas por sus usuarios son grandes firmas, y los reclamos que encabezan la lista son por “entrega o prestación defectuosa” de los productos o servicios, mientras que en segundo lugar aparecen los reclamos por cobros indebidos.

En términos discursivos, los empresarios indican que están de acuerdo en mejorar la normativa de defensa del consumidor pero no acompañan el resto de las propuestas. En realidad se resisten a la intervención del Estado porque no quieren normativas que permitan neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, les han permitido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de la habitual estrategia de aumentos de precios.

En el rubro alimentario el escenario está marcado por la concentración. Es uno de los de los mercados donde la puja por el excedente es clara (y ha tenido correlatos en aumentos de precios de bienes de consumo masivo), dado que son los sectores más humildes quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a la canasta básica. Desde el lado de los consumidores, el 20 por ciento de la población del país que percibe menores ingresos destina más del 40 por ciento de sus gastos al rubro alimentos y bebidas. Para el 20 por ciento de la población con mayores ingresos estos gastos constituyen un 37,8 por ciento del presupuesto del hogar.

Pero no es el único rubro donde hay prácticas abusivas y concentración. También ocurre con la producción de insumos difundidos como el hierro/acero, cemento y aluminio y en una serie de servicios básicos, como la telefonía celular o la medicina prepaga.

Producción. Si nos acotamos a la producción de alimentos, en Argentina existen 333.477 explotaciones agropecuarias, de las cuales el 66 por ciento son de pequeños productores que se dedican fundamentalmente a la agricultura y cría de animales. Pero al llegar a la mesa de los argentinos este universo de actores se reduce drásticamente. Los distintos productos deben atravesar etapas de procesamiento, envasado, distribución y venta final, donde cada una de ellas se encuentra controlada por un puñado de actores concentrados, que no sólo tienen la capacidad de determinar los precios de cada eslabonamiento (sin que ninguna autoridad intervenga –o cuanto menos pueda conocer con certeza la rentabilidad de cada actor de la cadena–), sino que además también deciden a quién y en qué condiciones comprar. En términos de teoría económica, no sólo estamos frente a conocidos oligopolios en la producción, distribución y comercialización, sino que también se producen oligopsonios. Se trata de la existencia de muchos oferentes y pocos compradores, que a nivel productivo se traducen en productores no concentrados que son proveedores de grandes empresas que, al ser pocas, ejercen una relación desigual en la negociación de precio, formas de pago y en los volúmenes de producción.

Es decir, no sólo el productor carece de la capacidad de negociar una mejor tajada por su trabajo, sino que tampoco tiene los mecanismos para incrementar su escala, invertir más, y asegurarse una mayor venta. Es el pez gordo el que condena a miles de productores a la venta a granel y en pequeña escala. La posterior venta en las cadenas de supermercado oligopolizadas cierra el círculo de la concentración.

En el mercado alimentario persiste una alta concentración en los principales rubros. En el caso de la cerveza, el 82 por ciento de su producción es controlada por dos empresas (Quilmes y Brahma); en yerba mate el 50 por ciento depende de Las Marías, Hreñuk SA, Molinos Río de la Plata y La Cachuera; el 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor; el 80 por ciento del aceite comestible es acaparado por Molinos Río de la Plata y AGD de Urquía; el 75 por ciento del azúcar blanca la produce Ledesma –del empresario procesado por delitos de lesa humanidad, Blaquier–; el 78 por ciento de las galletitas es producido por Danone, Kraft Foods y Arcor; el 90 por ciento del pan lactal es producido por Fargo y Bimbo, y el 66 por ciento de la Leche Fluida es controlada por Sancor y La Serenísima.

Comercialización. Bastante alejada de los postulados de las teorías liberales, la comercialización (para la ortodoxia supuestamente ordenada por una “mano invisible” que fija precios y cantidades por el equilibrio automático de las curvas de oferta y demanda), se encuentra atravesada por estrategias de mark up, así como por barreras a la entrada y salida de los mercados, para el perjuicio de los productores más débiles.

En lo que refiere a las ventas de los supermercados, según datos para el año 2011, el Grupo Inc. SA (conformado por Carrefour, Día y Carrefour Express), con 600 bocas de expendio en todo el país, registró una facturación anual aproximada de 16.000 millones de pesos. Le sigue Cencosud (Jumbo, Disco y SuperVEA) de origen chileno, con 280 bocas y una facturación de 9700 millones de pesos. COTO Cicsa, con 113 bocas facturó 5400 millones. Walmart Argentina (Walmart, Changomás y Changomás Express), con 61 bocas de expendio, facturó 4000 millones. Finalmente, el Grupo SA Importadora y Exportadora de la Patagonia (donde se encuentran La Anónima, Quijote y Best), con 112 puntos de venta, también rondó los 4000 millones de facturación anual.

Un buen ejemplo. Mucho se ha avanzado en la protección al consumidor y en la regulación de la determinación de los precios a través del Programa Precios Cuidados. El éxito del programa –con crecientes empresas preocupadas porque sus productos quedan afuera– incluso se ha plasmado en una migración de ventas desde los comercios de proximidad hacia las grandes cadenas, firmantes del acuerdo. Equiparar esta situación es en este sentido uno de los objetivos de la reciente Red Comprar, a través de la inclusión del comercio minorista.

Adicionalmente, avanzar en mayores protecciones hacia el consumidor final, a través de facultades estatales más precisas y legitimadas (que vale decir ya integraban la Ley de Abastecimiento para 1974, modificada en el marco del cuestionado paquete de Reforma del Estado), es una necesidad indiscutible de estos años, marcados por un puñado de manos invisibilizadas que acumularon a costa de la remarcación de precios.

Lo cierto es que las importantes políticas de asignaciones, pensiones, subsidios a emprendimientos y otras políticas de redistribución del ingreso mejoraron notablemente las posibilidades de consumo de los sectores populares, pero se terminan traduciendo en transferencias hacia el capital concentrado, fomentando el consumo en grandes cadenas de supermercados, cuyas góndolas están repletas de productos de unas pocas grandes productoras.

La resistencia a cualquier tipo de regulación de estas relaciones marcadamente desiguales (entre productores y mayoristas-distribuidores, y entre supermercados y consumidores) confirma que efectivamente éste es un nudo de la acumulación económica. La amenaza con el fin de la inversión es la frase más escuchada. El rechazo en bloque al accionar del Estado –no a cualquiera, sino a su objetivo distributivo– expresa una situación asimétrica que difícilmente están dispuestos a negociar.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

DOMINGO, 31 DE AGOSTO DE 2014 ENTREVISTA › EDUARDO WETZEL INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCTOS DEPORTIVOS “Queremos sustituir todo”

 Por Federico Kucher

“No bajamos los brazos y queremos sustituir todos los productos deportivos que se venden en el país. Incluso, los de mayor tecnología”, dijo Eduardo Wetzel, titular de la firma de productos deportivos Winners, en diálogo con Cash. La empresa es la representante en el país de todos los artículos que se comercializan de las marcas internacionales Salomon, dedicada al turismo aventura, y Wilson, especializada en tenis.

¿Cuándo empezaron con el proyecto?

–En 2001, a pérdida. Con la crisis, los productos eran invendibles a nivel local. Por caso, una raqueta era dos sueldos de un asalariado. El dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que hoy representa menos de la tercera parte del salario promedio. En estos últimos años, el aumento de las ventas fue muy importante, al punto que ahora nos manejamos con un volumen de demanda que no alcanzamos a cubrir en su totalidad. Abrimos siete locales en el área metropolitana y otros siete puntos de ventas en el interior del país. Además, incrementamos el personal a 150.

Los productos que comercializan ¿son importados?

–Al principio traíamos toda la mercadería del exterior. Pero poco a poco conseguimos distintos proveedores nacionales aprobados por las marcas que representamos para abastecer al mercado interno. La totalidad de indumentaria y productos deportivos que distribuimos de Wilson se hacen en el país, con la excepción de las raquetas, las cuerdas y las pelotitas de tenis, que son artículos de alta tecnología y requieren de procesos productivos de mucha especialización. La sustitución de importaciones de ropa deportiva (remeras, camperas y pantalones), medias, calzado, paletas de paddle, muñequeras, entre otros, fue el resultado de más de doce años de trabajo. En el caso de Salomon, comenzamos la representación en 2007 y estamos avanzando en la misma dirección para reemplazar productos importados por nacionales. El caso del calzado de esta marca es el más claro. El año que viene planeamos hacer 200 mil unidades en el país, contra 30 mil de 2014. Empezamos vendiendo 100 mil pares y ahora estamos en las 400 mil unidades. El objetivo es alcanzar el millón para 2017, con una fabricación local del 50 por ciento.

¿La política económica potenció este proceso de sustitución?

–Hay un sistema antidumping que ha dado buenos resultados, el cual se reglamentó en los últimos años durante la gestión de la ministra de Industria, Débora Giorgi. El producto importado que se fabrica en el país recibe los aranceles más elevados para ofrecerle protección comercial al establecimiento nacional. A su vez, se posibilita el ingreso de productos premium (mayor tecnología) para que no haya vía libre de los productores argentinos para poner cualquier precio. La característica de este sistema es que los fabricantes no se pueden pasar con el precio del bien básico porque el valor del premium funciona como límite. Otro de los programas importantes es el Sepyme, que les posibilita a nuestros proveedores textiles conseguir préstamos blandos para comprar nuevas máquinas para ampliar la capacidad instalada. La fábrica Saturnino Cabezón es un caso bien concreto. No hace mucho tiempo la mencionó la Presidenta, destacando que un establecimiento local produce para marcas de primer nivel internacional como Wilson. Por cierto, la sustitución no es sencilla. Vamos a intentar hacer en el país toda la mercadería que nos sea posible.

¿Cuál es la relación con las marcas internacionales que representan?

–Nuestro vínculo financiero con Wilson y Salomon se termina cuando les pagamos los costos de representación. Somos una de las pocas empresas en el mercado del deporte que funciona bajo este esquema. No somos una subsidiaria. Esto implica que a fin de año no tenemos que girar las utilidades a la casa matriz de las marcas, sino que las ganancias se quedan en el país. Además, Winners ya no sólo comercializa artículos en el mercado local. Se convirtió en una multinacional de productos deportivos con base en Argentina. Hacemos distribución para estas marcas en Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil, en donde tenemos oficinas propias en San Pablo. Exportamos mercadería fabricada en el país hacia la región. Un punto relevante es que las ganancias que obtenemos en esos mercados se repatrian como divisas a la economía local

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LA HISTORIA DE TANDANOR Del desguace a la recuperación

Por Javier Lewkowicz

La privatización de Tandanor, el taller de reparaciones más importante de la región, fue uno de los escándalos más groseros del menemismo. La empresa se entregó a una firma de negocios inmobiliarios que nunca pagó su deuda al Estado y que aplicó una política de vaciamiento. Los trabajadores sostuvieron la planta abierta hasta que en 2007 fue reestatizada. En tanto, el astillero Almirante Storni, que está al lado de Tandanor, único centro de reparación de submarinos del Cono Sur, fue cerrado en 1992. En la actualidad, ambas empresas forman el complejo Cinar, que depende del Ministerio de Defensa. Cash dialogó con Jorge Moreno, ex director por parte de los trabajadores en Tandanor, y con Carlos Spirito y Conrado Faccini, trabajadores especializados en submarinos que retomaron su actividad en 2008, cuando dirigieron la reparación de media vida del submarino San Juan.

La privatización de Tandanor se concretó en favor de un consorcio de empresas extranjeras el 31 de diciembre de 1991. “Habían puesto siete millones de dólares para tomar posesión de la empresa, con el compromiso de depositar pagarés a diez años con tres de gracia. Pero nunca pagaron. Rápidamente vendieron la Planta 1, que era el activo principal, de 8 hectáreas en Retiro, donde querían construir torres, en una autoventa de 18 millones de dólares. Todavía estamos buscando esa plata”, dice Moreno. Cuando ese predio de Retiro no se rezonificó, el negocio se terminó y la empresa se esfumó. Por la causa están procesados varios funcionarios menemistas, entre ellos el fallecido Erman González.

En junio de 1999 se decretó la quiebra. La situación de los trabajadores fue durante varios años desesperante. “El juez nos decía que si nosotros no sosteníamos la empresa, él le ponía un candado. Llegamos a ser sólo 140 personas con 18 meses impagos. Si aparecía un barco convocábamos a los que estaban afectados por ese trabajo, pero venían otros porque no querían quedarse en la casa, no había trabajo en ningún lado”, recuerda Moreno.

En 2007, Néstor Kirchner firmó el decreto 315, que anuló todos los actos administrativos de la privatización, como si no hubieran existido, en virtud de que nunca se pagó por la empresa y de que el 98 por ciento de esa deuda estaba en manos del Estado. Tandanor hoy está de pie y en una situación relativa mejor que el resto de la industria, porque cerró convenios para fabricar vagones, maquinaria para YPF y porque en la actividad de reparación guarda desde los ’70 la ventaja tecnológica frente a sus competidores en otros países. El Gobierno, además, le encomendó la reparación del buque Almirante Irízar, que antes se llevaba al exterior para esos trabajos.

Al lado del predio de Tandanor está el astillero Almirante Storni, antes llamado Domecq García, que fue cerrado en 1992. Carlos Spirito y Conrado Faccini, dos de los poquísimos trabajadores especializados en submarinos que tiene el país, debieron por aquel entonces dedicarse a actividades que nada tenían que ver con su expertise. Para su sorpresa, fueron convocados nuevamente en 2007, cuando el Gobierno decidió hacer la reparación de media vida del submarino San Juan. “Haber recuperado esto es un logro para el país. Nosotros estamos capacitando pibes que no sabían ni soldar. Y ahora trabajan en submarinos que tienen 9 kilómetros de tuberías y 1200 válvulas adentro”, dice Faccini. “Esta empresa se puede considerar de exportación si se le da impulso. Podría generar ingreso genuino de divisas, porque ni siquiera Brasil tiene esta tecnología”, se enorgullece Spirito, quien en los ’80 coordinó la construcción de tres submarinos, máquinas que obligan a una precisión de un reactor nuclear. “Ahora tenemos el proyecto de reparar el submarino Santa Cruz, pero después no hay nada más y en pocos años todos nosotros nos vamos a jubilar, con lo que el equipo de submarinos quedaría acéfalo. Queremos transmitir esta experiencia”, pide Faccini.