domingo, 30 de diciembre de 2012

ANDRES LA BLUNDA, UNA HISTORIA.

ANDRES LA BLUNDA, NIETO RECUPERADO Y SECRETARIO GENERAL DE KOLINA
“Lo único que puede convivir con el amor es la verdad”
Fue criado por un matrimonio que no conocía su origen. Las Abuelas lo encontraron en 1984 pero sus padres adoptivos y su familia biológica acordaron no contarle la verdad. Hasta que en 1999 una prima no aguantó más. Reconstruyó su historia de a poco. El 21 de diciembre pasado recuperó su nombre y el DNI que lo certifica.

Por Carlos Rodríguez

Nació en enero de 1977 con nombre, apellido y documentación en regla, inscripto como hijo legítimo por sus padres Pedro La Blunda y Mabel Lucía Fontana. A los tres meses de vida, cuando vivía con ellos en San Fernando, éstos fueron secuestrados y él entregado a un matrimonio vecino que nunca indagó sobre su origen. Sus padres biológicos siguen desaparecidos y los de crianza nunca le dijeron nada, ni siquiera que era hijo adoptivo. En 1983, rastreado por las Abuelas de Plaza de Mayo, a los 8 años, se reencontró en Mar del Plata con sus tíos y primos biológicos, pero la mentira siguió. No le dijeron la verdad de su historia. Un acuerdo forzado por la familia de adopción hizo que la rama biológica fueran sólo “parientes lejanos” que vivían en Europa. En 1999, a través de una prima, supo la verdad y desde entonces dedicó su vida a reconstruir su historia. Así descubrió que en su adopción irregular intervino la misma jueza de San Isidro que aprobó la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. El 21 de diciembre pasado, Andrés La Blunda recuperó su nombre y el DNI que lo certifica. Este nieto recuperado es hoy secretario general de la Corriente de Liberación e Integración Nacional (Kolina), liderada por Alicia Kirchner, y jura que la política de derechos humanos que empezó en 2003 le hizo recuperar su nombre “y la esperanza”.

En diálogo con Página/12, La Blunda sostiene que lo que ocurrió el viernes 21 de diciembre de 2012 fue “el reencuentro con mi identidad plena y con el documento perdido durante casi 35 años. Cuando secuestraron a mis padres, el 20 de abril de 1977, yo tenía una partida de nacimiento, un DNI, un número y un nombre”.

Todo eso lo perdió el 20 de abril de 1977, con el secuestro de sus padres, en el noveno piso del edificio de departamentos ubicado en Constitución 1274, de San Fernando. Los militares que se llevaron a Pedro y Mabel, miembros de la columna norte de Montoneros, entregaron al niño a unos vecinos que vivían en el departamento de enfrente, un matrimonio joven de apellidos Cabral-Benavide, que lo adoptó tiempo después sin conocer su origen. Lo anotaron con el nombre de Mauro Gabriel Cabral. “Mis padres adoptivos no sabían nada de mi historia. Era una familia que ignoraba lo que ocurría en esos años, que ignoraba la situación política, las desapariciones y que no tenían vinculación con los militares”, relata La Blunda. Dice que lo único positivo, entre comillas, fue que zafó “del plan sistemático de robo de bebés, tal vez porque era morochito y no rubio” y de ser apropiado por una familia vinculada con la dictadura. Sus padres biológicos estaban en la clandestinidad y tenían poca vinculación con sus vecinos, pero igual con los años fue reconstruyendo la vida de ellos “porque habían quedado datos en la memoria colectiva, en San Fernando”. El matrimonio Cabral-Benavide fue primero a una comisaría y su titular de entonces les aconsejó que se quedaran con el niño “porque mi destino podía ser trágico”.

Con el tiempo, la pareja inició el trámite hasta llegar a la adopción plena. “La que primero interviene en mi adopción y ella sí sabía lo que estaba pasando, es una jueza de menores de San Isidro, Ofelia Hejt. Aquí hay una particularidad que es importante marcarla, porque si bien ellos (sus padres adoptivos) desconocían todo lo relacionado con mi origen, la jueza que interviene en mi adopción sabía lo que estaba pasando”.

Puntualiza que la jueza Ofelia Hejt es la misma que intervino en la adopción de Marcela y Felipe Noble Herrera, un caso que fue anterior al suyo. “El caso de ellos fue entre 1976 y principios de 1977, mientras que mi caso lo toma Hejt en mayo de 1977.” La jueza participó en “muy pocas adopciones de hijos de desaparecidos y una de ellas es la mía”. La Blunda asegura que Hejt “no hizo las averiguaciones que tenía que hacer, sabiendo que esta familia le relató que fueron militares los que me entregaron, y allí la jueza advierte que mis padres habían sido secuestrados por las fuerzas armadas. Ella inició el trámite de una adopción de manera irregular y rápida. Un trámite exprés”.

La jueza Hejt no fue la que sentenció, tiempo después, la adopción plena, fue la que armó y constituyó toda la documentación inicial, sin tener en cuenta que Andrés La Blunda tenía su partida de nacimiento y su DNI. La adopción plena recién se concretó en 1983 en la ciudad de Mar del Plata, donde Andrés se había mudado junto con sus padres adoptivos y sus hermanos de crianza Martín y Melisa Cabral. El que intervino entonces fue el juez Tamini, del Juzgado Nº9 en lo Civil y Comercial.

Hasta ese momento, en 1983, sobre el fin de la dictadura y ante la inminente asunción del presidente Raúl Alfonsín, el expediente de Andrés La Blunda seguía caratulado como “N.N. o Cabral”. Desde los tres meses, hasta que salió la adopción, fue criado por la familia Cabral-Benavide, hasta que meses después es localizado por las Abuelas de Plaza de Mayo, en la época en la que todavía era su presidenta Chicha Mariani, ayudadas por la familia biológica “que siempre había motorizado mi búsqueda desde que se enteraron que mis padres habían sido secuestrados”.

Lo encontraron las Abuelas en febrero de 1984. Fue el nieto 18 recuperado. La noticia apareció en Clarín, el domingo 26 de febrero, bajo el título “Hallazgo de un niño”. Andrés La Blunda, que tenía entonces 7 años, nunca leyó esa noticia y tampoco se enteró por la radio o por la televisión, dado que en esos primeros años de democracia, las rebeliones y presiones militares para tratar de borrar el pasado limitaban toda información relacionada con los años de la dictadura militar.

Hoy, La Blunda participa en charlas sobre la importancia de la política de derechos humanos y la recuperación de la identidad. “Hice un cuadernillo con datos y fotos que incluyen el recorte del diario Clarín, para que chicos y profesores vean cómo un diario cómplice de la dictadura publicaba notas sobre la aparición de los hijos de los desaparecidos.”

Uno de los miembros de la familia biológica con los que se reencuentra en esos años es con Carlos La Blunda, hermano de su padre, y con algunas de sus primas. Su familia adoptiva, en acuerdo forzado con sus parientes biológicos, aceptó el reencuentro, pero evitando toda alusión al doloroso pasado de Andrés. “Me presentaron a mi familia biológica como ‘parientes lejanos’ dado que ellos estaban exiliados en Europa”.

El reencuentro con su familia biológica fue en el verano de 1984, en Mar del Plata. “Lo que pasa allí es que las dos familias, de común acuerdo, deciden no contarme toda la verdad y ese fue uno de los grandes errores. Fue un acuerdo forzado, forzado por la misma dictadura que había montado no sólo el mecanismo de terror y de miedo, sino también de silencio y ocultamiento”.

La pista para poder encontrarlo la había iniciado otro de sus tíos, Héctor La Blunda, que en una oportunidad había visitado al matrimonio desaparecido en el departamento de San Fernando. “Allí empieza a averiguar con los vecinos y después se va al juzgado de la zona. Empieza a buscar todos los casos registrados en esa fecha (abril de 1977) y encuentra el caso N.N. o Cabral, que coincidía con el lugar y con todos los tiempos de mi historia. Al hermano de mi viejo no le permiten ver todo el expediente, pero luego va Chicha Mariani, de Abuelas, y ahí sale toda la historia: que viví unos años en San Fernando y que después nos mudamos a Mar del Plata con mis padres adoptivos.”

El hallazgo lo concretaron las Abuelas de la filial Mar del Plata. “La familia que me adoptó no es una familia apropiadora, pero mi caso igual roza la apropiación desde el hecho de que en mi historia no hubo verdad, hubo mentira. Ese es el punto en el que yo me pregunto hasta dónde hubo una adopción de buena fe cuando lo que hubo toda mi vida fue una mentira. En las charlas con los chicos en los colegios, lo que pregunto es si la mentira puede convivir con el amor. Lo único que puede convivir con el amor es la verdad”.

–¿Cómo siguió su relación con la familia de adopción?

Yo seguí con ellos sin saber nada, desde los 7 años hasta casi los 22, cuando mi prima Carolina La Blunda me dice la verdad. Ella se cansó del ocultamiento y de la mentira y un día explotó, fue y me dijo. Yo no sabía que era hijo adoptivo y menos que era hijo de desaparecidos.

–¿Nunca sospechó que era hijo adoptivo?

–Yo sentía a veces que no era hijo de esa familia, pero no me lo cuestionaba. Me sentía diferente, primero desde lo físico. Lo que pasa es que uno naturaliza un montón de cosas. Siempre hubo algo, pero no salía a la luz. Cuesta rebelarte ante una familia a la que le dijiste papá y mamá toda la vida. Estamos hablando de la época del pleno liberalismo.

–¿Y qué pasó con la familia biológica?

–Ellos me iban a visitar, porque estaban exiliados en España. Yo siempre creí que eran unos “parientes lejanos” de mi familia adoptiva. Era la familia de Junín, que me venía a ver. Ellos son todos de Junín, como mi padre, mientras que mi madre era de Paraná. Las Abuelas tampoco podían romper con ese acuerdo forzado. Mis dos familias fueron cómplices de esa mentira. Todos sabían la verdad, menos yo.

Esto siguió hasta que una noche, en 1999, su prima Carolina rompió el silencio y le contó todo. “Yo le creí todo lo que me contó, no dudé en ningún momento. Eso demuestra que yo estaba presintiendo que había una mentira oculta”. A pesar de estar convencido de que esa era la verdad, Andrés estuvo “un año sin poder hablar con esta familia (la adoptiva) para decirles que yo sabía todo. Me costó romper con esa estructura”. En ese momento estaba estudiando Ciencias Económicas y hasta llegó a dudar en seguir o no la carrera, aunque finalmente la pudo terminar. “Hice todo un replanteo de mi vida, pero no tomaba decisiones radicales para romper con lo instituido.”

“Empecé a tener más contacto con mi familia biológica, pero sentía culpa de decirles a todos que ya lo sabía, porque no quería dañar a ninguna de las dos. El razonamiento era cuidar al otro, como si yo fuera el culpable. Eso me llevó a la inmovilización, a no accionar, a no protegerme a mí mismo”. La única decisión que tomó fue reconstruir su historia, sin decirle nada a nadie.

Eso tropezó con la oposición de su familia de adopción. “Cuando se enteraron que yo sabía la verdad, no colaboraron en la búsqueda porque sentían que mi decisión era una falta de consideración hacia todo lo que me habían dado”. Ellos tenían “un miedo permanente a la pérdida. Siempre lo tuvieron, desde que yo tenía tres meses hasta que me enteré la verdad. Yo sabía que ellos no habían actuado conmigo de mala fe. Yo tengo dos hermanos de crianza y nunca hicieron una diferencia en contra mía, al contrario. Yo me sentía un privilegiado en relación con mis hermanos de crianza”.

Siguió viviendo con sus padres adoptivos hasta los 25 años, cuando decidió venirse a Buenos Aires. Allí se enteró que su padre, Pedro La Blunda, había sido “compañero de estudios y de militancia de Alicia Kirchner”, en la ciudad de La Plata. En los primeros meses de 2003 tuvo su primer encuentro con Alicia. La reconstrucción de su historia lo llevó a conocer que sus padres habían iniciado su romance en la ciudad de San Nicolás, cuando ya eran integrantes de Montoneros. “Entonces me entero que mi historia estaba territorialmente dispersa: una parte en Junín, otra en Paraná, otra en Mar del Plata, otra en San Nicolás, otra parte en la ciudad de Buenos Aires y otra en San Fernando”.

Una historia tan dispersa le dificultó la búsqueda. “Yo trabajaba, pero cuando empecé la búsqueda en 1995, pleno liberalismo, la cuestión económica me dificultaba viajar”. La Blunda afirma que su historia “comenzó a cambiar cuando Néstor (Kirchner) llega al Gobierno”. La historia de sus padres “que me había estado tanto tiempo negada, volvió a estar puesta en la escena política nacional y pasó a ser una historia reivindicada por un presidente”.

Recuerda que al principio, en Mar del Plata, les contó su historia “a los amigos de la infancia, que la recibieron con absoluta indiferencia”. En 2006 “me reencontré con muchas de esas amistades y ellos me pidieron disculpas, me dijeron ‘loco, nosotros estamos con vos, nosotros no sabíamos lo que había pasado’. Yo creo que ahí empezó a nacer la nueva Argentina, era otro país que se empezaba a construir y yo lo sentía en carne propia”. En ese marco, asegura que recuperar su nombre y su identidad “más que una decisión personal fue una decisión política. Yo estoy seguro que sin Néstor, Cristina y Alicia, sin este proyecto de país, yo seguiría siendo Mauro Gabriel Cabral”.


LA BUSQUEDA Y LA MILITANCIA
“Me sirvió para encontrar luz”
Con su prima Carolina, quien le contó la verdad.

Por Carlos Rodríguez

“Lo más doloroso, en paralelo con la ausencia de mis padres, fue la resignificación de los afectos más primarios, como el amor que uno le tiene a una madre que cree su madre y a un padre que cree su padre o a un hermano que uno cree su hermano. Eso fue lo más duro para mí.” Andrés La Blunda admite que eso es algo que “todavía hoy” le sigue doliendo. Dice que a partir de su ingreso a la política pudo “entender y contextualizar todo lo que había pasado (en la dictadura). Entender que la familia que me crió durante más de veinte años no fue culpable de todo lo que pasó, sino que los culpables fueron los militares, la dictadura, un modelo que se implantó en la Argentina. Me sirvió para ubicarlos a ellos en un lugar, porque en algún momento a ellos no les encontraba un lugar. La política me sirvió para encontrar luz a un pasado silenciado y ocultado, interpretado con la mirada de la dictadura.”

“El proyecto de Néstor y Cristina vino a dar vuelta esa historia y a lograr, como dijo Alicia (Kirchner) hace poco, que los invisibilizados pudiéramos re-encontrarnos y ser visibles nuevamente.” En 2008, “en pleno calor de la 125, se cumplían 31 años del secuestro de mis padres, que coincidía con la edad de ellos, los dos tenían 31 años, y yo casualmente también tenía 31 años. Ahí decido dejar de llamarme Mauro Gabriel Cabral, que era el nombre que me había puesto mi familia adoptiva, y empecé a llamarme Andrés La Blunda Fontana.” Eso se coronó el 21 de diciembre pasado, con la recuperación del DNI perdido.

El trámite tardó más de cuatro años “porque entraron a jugar las complicidades con la dictadura de la Justicia. Mi expediente de adopción, que debía ser anulado, en 2005 casualmente desaparece”. “Un expediente del que participó una jueza vinculada con la dictadura, Ofelia Hejt, quien dio su conformidad a una adopción irregular como la mía. Eso hizo que yo tuviera que reconstruir todo el expediente”. Por eso, recién este año puede “no sólo llamarme, sino también identificarme con mi verdadero nombre”. “La mía es una historia de mucho dolor, pero hoy tengo muchísimas esperanzas. Hoy me puedo plantar frente al destino en búsqueda de la felicidad. Porque sin saber quién sos, es imposible llegar a ser feliz”, subraya La Blunda.

Dice que su historia está llena de coincidencias: “Empecé el trámite de mi documento durante la disputa por la 125 y me lo entregaron el 21 de diciembre, en medio de los saqueos. Mis decisiones y mis logros siempre tienen que ver con acontecimientos creados por los que no quieren la democracia, por los sectores antidemocráticos que estuvieron vinculados con la dictadura. Por suerte coincidió también, el 21, con el fin del ciclo maya”, que anuncia un futuro de paz y de libertad.

–¿Cómo ve el actual momento político?

–Venimos de un 54 por ciento de Cristina hace nada más que un año. Si le sumás a eso los votos de Binner, casi el 75 por ciento de los argentinos dijimos que queremos más Estado, que bancamos la política de derechos humanos y que queremos una patria grande integrada en términos regionales. Son tres ejes que en 2008 tal vez no estaban con tanta contundencia y demostrada en las urnas. Aunque algunos estén siendo manipulados por el poder concentrado, amplios sectores de la clase media entendieron que este proyecto los incluye y también los dignifica. El proyecto de Néstor y Cristina logró que los sectores cómplices de la dictadura tengan que poner la cara en primera persona. Son sectores minoritarios, que no tienen un partido que los represente y que no tienen representatividad en las urnas. Cristina discutió a la corporación agraria, a la económico-mediática, a la sindical y ahora a la judicial. La discusión es si la agenda política la marca una corporación o si la marca el pueblo a través del voto popular.

30/12/12 Página|12


GB

JUSTICIA EN TUCUMAN.

Los crímenes del monte tucumano
Por Derechos humanos
lesahumanidad@miradasalsur.com

El dictador. Es uno de los procesados. El genocida ya tiene tres condenas a perpetua. (TELAM).

El juez Daniel Bejas procesó a 17 militares y civiles acusados por violaciones a los derechos humanos, durante el Operativo Independencia. Entre ellos, a Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. El magistrado no acusó a Isabelita.

Una veintena de militares y civiles fueron procesados, acusados de crímenes perpetrados por el Operativo Independencia contra la guerrilla, durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), que no resultó procesada. La mayor novedad fue el procesamiento con prisión preventiva, por primera vez, del general retirado Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de las Islas Malvinas durante la ocupación militar del archipiélago en la guerra con Gran Bretaña en 1982. La medida fue adoptada por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas, que procesó además al dictador Jorge Rafael Videla, ya con tres condenas a prisión perpetua; al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también sentenciado a la pena máxima, y a otros acusados por 269 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas y homicidios, entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976, día previo al golpe de Estado.

En la acusación de la fiscalía se definió al Operativo Independencia como una “intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán”. “La intervención fue comandada en primer lugar por (los fallecidos generales) Acdel Edgardo Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi”, reseñó.

Desde 1974, en Tucumán actuaba un foco guerrillero rural, la llamada Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en las sierras de Monteros. El gobierno de la viuda de Perón decretó combatirlo con el envío de Ejército, Fuerza Aérea y Gendarmería. El entonces coronel Mario Menéndez “estuvo a cargo de la tristemente célebre Escuelita de Famaillá (...) en carácter de jefe de Estado Mayor del llamado Puesto de Comando Táctico que funcionaba en esa localidad”.

Otros centros clandestinos de detención impuestos por las Fuerzas Armadas y de seguridad en Tucumán funcionaron en “el Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa”.

Bejas decidió no avanzar en la investigación ni llamar a indagatoria a la viuda de Perón, bajo cuyo gobierno se dictaron los decretos antiguerrilleros. Los documentos secretos fueron firmados también por el presidente provisional del Senado, el fallecido Italo Luder, y ministros del gabinete, entre ellos Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.

En una primera instancia el ámbito de actuación represivo abarcó sólo a Tucumán, pero en octubre se amplió a todo el país. La jurisdicción de Bejas sólo abarca a Tucumán, aunque varios de los imputados están detenidos en penales de otros distritos. Bejas consideró que Tucumán quedó abarcado por “un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías” constitucionales, e incluso cita un escrito de Vilas que afirma que “a nadie se le escapaba el Gobierno paralelo sito en la V Brigada” del Ejército.

“Hubo un ataque sistemático desde el Estado contra una parte substancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucradas con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como enemigos del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad”, aseveró el juez. La acción fue “en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”, con lo cual desvincula al gobierno peronista local de entonces, a cargo de Amado Juri.

Bejas advirtió que “el Ministerio Público Fiscal no mantiene en forma continua ni de modo coherente durante su exposición la presunta vinculación o aquiescencia del gobierno civil provincial y nacional con el accionar de las Fuerzas Armadas”, y destacó el principio de “autonomía” de las FF.AA. respecto de las autoridades, argumento desarrollado en cuatro páginas de su escrito de 495 fojas.

La investigación abarcó 269 casos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso y violación sexual (a hombres y mujeres) y homicidio, delitos todos abarcados contextualmente por la calificación internacional de genocidio.

Bejas detalló que “alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), el 15% eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al peronismo (alrededor de 40 casos), un 8% eran comerciantes y personas con oficios (alrededor de 20 casos), un 8% eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (alrededor de cinco casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP\PRT (12 casos) o con Montoneros (4 casos)”.

Otros militares y policías procesados con prisión preventiva son Carlos Delia Larocca, Jorge Lazarte, Roberto Albornoz, Ernesto Chávez, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Ricardo Sánchez, Luis Armando de Cándido, Ramón Jodar, Miguel Angel Moreno, José Figueroa, Pedro Rojas, Pedro López y Enrique del Pino, mientras que en el caso de José Cuestas el procesamiento es sin detención.

En cambio, dispuso falta de mérito para Víctor Olmos, Luis Ocaranza, Roberto Monteros, Walter Saborido, Fernando Labayru, Carlos Trucco, José Menéndez, Juan Cabrera, Jorge D'Amico, Julio Sarmiento y Carlos Diacono, que seguirán sometidos a investigación.

La causa se cierra, según el juez, para los dos civiles médicos que habían sido acusados de participar en torturas a detenidos: Omar Baldo y Miguel Angel Carrasco.

30/12/12 Miradas al Sur
GB

BALANCE .OPINION POR MARIO WAINFELD-

Bisiesto y sin descanso
Propuesta de un balance que no subestime las continuidades. Lo que perdura y se consolida en lo económico y en ampliación de derechos. La desigualdad, la informalidad, los desafíos de segunda generación. Más Estado para responder a la crisis. El universo opositor. La calle en disputa. Demasiadas centrales obreras. Desafíos y brindis.

Por Mario Wainfeld

El venezolano Hugo Chávez y el norteamericano Barack Obama fueron reelegidos presidentes por sus pueblos, en este año que se va. El francés François Hollande y el español Mariano Rajoy relevaron, merced al voto, a sus adversarios políticos, caídos en desgracia. Los años electorales organizan a las sociedades, estructuran las instituciones, son la mejor marca para el balance político. En 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner revalidó su legitimidad, con números formidables. Los pronunciamientos populares en las urnas tienen una densidad, un valor y un impacto que solo la mala fe o la banalidad pueden comparar con encuestas de imagen o de intención de voto. O con percepciones, siempre subjetivas o sectoriales, de “climas” o profecías de finales de ciclo.

Obama asumirá en enero. No es seguro qué pasará con el gran líder bolivariano, cuya salud pone en vilo a su patria y a toda la región. La cruel incertidumbre ilustra sobre la gravitación de los imponderables. La salud de grandes protagonistas es uno de los tantos avatares que sacude a la historia, agravando la dificultad para contarla día por día. Y, mucho más, trabando la vanidad de lanzar profecías que a menudo son corazonadas en cualquier acepción de la palabra.

Cuando no hay elecciones, los balances políticos se hacen más difíciles de estructurar y se corre el riesgo, tan propio del periodismo, de fascinarse por la enumeración de los hechos, en especial los que rompen la inercia cotidiana. Los balances mediáticos se engolosinan con plegarse a “las tapas de los diarios”, las “x” fotos que cifran la historia de un período convencional de 366 días. A diferencia de lo que ocurre en lo que hacen las personas comunes, cree el cronista, los analistas subestiman las continuidades, lo que persiste, lo que sigue andando, lo que está en pie.

Las peripecias, las rupturas, las innovaciones, las pérdidas materiales, las muertes dejan sellos imborrables. No se trata, más vale, de negarlos o de ningunearlos: a mayor gravedad o irreparabilidad mayor será el error.

Esto asumido, propone este escriba, lo que perdura tiene una centralidad que ciertos relatos dejan de lado o subvaloran.

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Estabilidad y sustentabilidad: La sociedad argentina ha construido y conquistado 29 años continuos de democracia, lejos la mayor marca de su tumultuosa historia. El kirchnerismo lleva más de nueve, es una porción importante. Le vale como mérito compartido, también como instrumento para medir aciertos, errores y falencias. Gobernó casi un tercio de esta etapa, la “herencia” que recibió la Presidenta es de su propia cosecha, en una fracción alta.

La estabilidad desde 2003, la gobernabilidad, un nivel alto (comparado con los parámetros domésticos) de sustentabilidad política y económica... he ahí bastiones del oficialismo que el transcurso del tiempo solidifica. Se atravesaron crisis económicas, se repecharon derrotas políticas (una sola en el cuarto oscuro, pero una al fin). Se bancaron fugas de capitales, medidas de fuerza tremendas muy infrecuentes en otras latitudes, este año saqueos y movilizaciones callejeras masivas.

Se sostuvo, en lo básico, el “modelo”. Se suceden las rutinas democráticas, con estridencia y un pequeño puñado de episodios cuestionables aunque, básicamente, con calidad institucional más que razonable. Y con veredictos populares rotundos, dignificados por altos niveles de participación que siempre mueven la aguja.

Los millones de trabajadores que recobraron el empleo y están formalizados pugnan con la inflación, digamos en paridad. Llevan años de cobrar aguinaldo, tener vacaciones pagas, una cobertura de obra social que es imperfecta pero no inexistente.

Millones de personas que estaban condenadas a sobrellevar sus años últimos sin conchabo ni protección social, accedieron a la jubilación. La siguen cobrando. La puntualidad, los aumentos semestrales no tienen punto de comparación con lo sucedido desde 1976, salvo en lapsos muy efímeros.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) clama por actualización de su valor, por ampliación parcial del universo cubierto, por la implementación por ley. Con esos faltantes, van más de tres años de continuidad que aliviaron el cotidiano de otros millones de hogares.

Los juicios que investigan las violaciones de derechos humanos se suceden con normalidad. Cubren casi todo el mapa nacional, pese a la resistencia de jueces y fiscales de muchas provincias. Hay más condenas, también algunas absoluciones que lastiman la sensibilidad de los familiares y las víctimas sobrevivientes. Al unísono, comprueban que los procesos no son parodias con la sentencia escrita de antemano, que las garantías rigen para todos.

Los matrimonios igualitarios se celebran y suceden, sin alharaca. Algunas parejas se separan, las reglas de la vida y la convivencia rigen para todos. Otras adoptan, tienen hijos. La ley de identidad de género innova y avanza en ese sentido de la ampliación de derechos.

Las elecciones de medio turno llegarán escalonadas, como lo son por regla. Moverán el tablero, qué duda cabe. Serán un eslabón más de una buena costumbre, firmemente instalada.

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Los años bisiestos: En los tres mandatos, los años bisiestos fueron difíciles para el kirchnerismo. En abril de 2004, la irrupción desestabilizadora e imprevista de Juan Carlos Blumberg puso en vilo al ascenso formidable del presidente Néstor Kirchner. La tragedia de Cromañón para fin de año sacudió el escenario y se terminó llevando puesto al principal aliado de la ambiciosa “Transversalidad”.

En 2008 el conflicto por las retenciones móviles enhebró la avaricia feroz de las patronales agropecuarias con errores tácticos graves del Gobierno. Le dio una bandera de unidad a la oposición goleada en las urnas, excitó un federalismo sin programa nacional. Se catapultaron presidenciables alternativos. Ninguno llegó a serlo en 2011, pero eso era ignoto cuando transcurrían los hechos. La crisis económica mundial comenzaba a pegar, agravada por los vaivenes de la política local y por una sequía machaza.

En 2012 no llovió de menos sino de más. Los que conocen aseveran que las inundaciones son menos letales que “la seca” pero igual resienten el funcionamiento de una economía que mira demasiado al cielo. La dependencia de los climas stricto sensu es una fragilidad del “modelo” que apunta a un desarrollo integral y a la industrialización que son, por lo visto, un objetivo no concretado plenamente.

El crecimiento, la satisfacción creciente de necesidades, la creación de puestos de trabajo, la redistribución de la riqueza, un afán igualitario en lo material están entre las prioridades del kirchnerismo. Mucho se ha avanzado en ese sentido, aunque no en 2012. La informalidad sigue cementada en un nivel muy alto. La Encuesta Permanente de Hogares, otros indicadores como la cantidad de cuentas bancarias sueldo, el olfato indican que la creación de nuevos puestos formales cesó o retrocedió.

Los niveles de empleo acaso se mantuvieron, pero con ascenso de la proporción de laburantes menos protegidos. Los que no remarcan sus ingresos vía paritarias, los que padecen más las vicisitudes de los veranos sin changas, los que ganan menos que sus compañeros de clase, he ahí quienes más resienten las épocas de freno al crecimiento. Son, en cifras redondas, un tercio de la clase trabajadora, y un enorme de-safío pendiente. Las clásicas desigualdades han mermado bastante, que no lo suficiente. Las asimetrías al interior de la clase trabajadora son otro desafío pendiente y acuciante.

La salud, la vivienda y el transporte urbano de pasajeros son carencias de segunda generación que exigen seguramente algo más que un repunte de la economía. Penden como necesidades desde hace años. La tragedia ferroviaria de Once, 51 muertes evitables, transformó en herida social esa deuda y volvió a iluminar enormes carencias de gestión oficial. No han sido cubiertas y deberían estar en el primer lugar de la agenda pública.

Otro tanto ocurre con el “sistema de salud”, por darle nombre a un aglomerado de tres subsistemas: lo público, las Obras Sociales, las prepagas. El gasto per cápita conjunto es mucho más alto que los desempeños, que damnifican a todos los argentinos, en especial a los más vulnerables. La ausencia de políticas nacionales ahonda el problema. El ministerio del ramo es, tal vez, el que peor ha sido ocupado durante los dos mandatos de la presidenta Cristina.

La falta de viviendas para muchos ciudadanos y el hacinamiento urbano son problemas extendidos. A veces hacen chispa, ocurre a diario sin que salten a los medios. Se transforman en noticias cuando cunde la violencia: el parque Indoamericano, la zona de Ledesma, en cierta medida en los saqueos de este diciembre. Violencia familiar, agresiones sexuales a las mujeres, la proliferación de jóvenes “ni ni” que salen de sus casas y van a la esquina sin mejores horizontes que la vagancia, la violencia anómica o la merca. El problema es mayúsculo, imposible de reparar de un plumazo. Un año de merma de la obra pública y de la construcción privada es el peor contexto. Si, como todo lo indica, hay reactivación en 2013 la vivienda popular masiva debe ser una de las prioridades. El programa Pro.Cre.Ar es una notable iniciativa del Gobierno, cuya magnitud no alcanza para resolver plenamente el reto.

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Más Estado ante la crisis: Pro.Cre.Ar integra el haz de acciones contracíclicas que dispuso el Gobierno cuya decisión básica, frente a un colapso de la economía internacional, fue acentuar la intervención estatal. Un rumbo encomiable, consistente con su ideología y sus mejores banderas. El activismo se manifestó en la defensa de los puestos de trabajo existentes y en el mantenimiento de la inversión social. En un terreno más jugado a futuro, remarquemos las movidas más ambiciosas, que no las únicas. La reestatización de YPF, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, la regulación del mercado de capitales y el cambio de paradigma respecto del atesoramiento de dólares. El sesgo es el mejor, aunque (¿porque?) solivianta a distintos sectores del establishment. Genera reacciones de colectivos poderosos, que se hacen fuertes con herramientas fácticas, porque las contiendas democráticas no le son propicias ni, tal vez, estimulantes. A diferencia de otras grandes medidas del kirchnerismo (la AUH o la eutanasia de las AFJP, entre muchos ejemplos) los cambios sembrados en 2012 no generan frutos cosechables en el corto plazo. He ahí un dilema para un gobierno democrático, que está pendiente de la aprobación cotidiana de la ciudadanía. El largo plazo no es la mejor carta de presentación en las elecciones. La bandera de YPF conmueve multitudes pero el consenso masivo exige que se trasunte en mejoras del abastecimiento o en una baja del déficit energético que derive fondos a otras áreas del Estado. Los préstamos que activó el Central contradicen el sentido común de la derecha nativa pero sus repercusiones todavía no se dejan ver en el bolsillo de los argentinos.

Las acciones están entre lo mejor disponible, sus frutos se verán más adelante.

Haber honrado la deuda externa sin desfondar las reservas, contra todos los augurios de los médicos brujos de la City, habilita un 2013 más aliviado en términos de pagos al exterior. La plata es fungible, lo que no va para afuera puede derramar adentro. Por añadidura, un mejor diferencial puede paliar las restricciones a las importaciones, que a menudo se implementaron con trazo muy grueso. El Estado más solvente puede ser el eje de la recuperación del crecimiento, sin el cual es muy peliagudo mantener los niveles de popularidad del oficialismo.

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Las oposiciones: Ningún liderazgo opositor mejoró significativamente su posición relativa después de la debacle electoral.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, asegura que irá por la presidencia en 2015, aumentando la oferta de un mercado que rebosa candidatos pero es parco en liderazgos o hegemonías. En el distrito más rico del país, urbano él, también hace estragos la lluvia. Nada para mostrar tiene Macri como gestor, solo lo aúpan los medios dominantes y ser un abanderado para la derecha. Con tan poco es primus inter pares, lo que habla menos del primus que de la atonía de los pares.

El socialismo de Hermes Binner tiene a su referente sin cargo institucional (o sea, resignado a ser comentarista en canales de cable) y padece los males de la gestión provincial. La policía brava le ha hecho poco favor al gobernador Antonio Bonfatti: vínculos con el narcotráfico y cuatro muertes violentas (una parece ser accidental) durante los saqueos. Mala performance para una fuerza que hace culto de la administración seria y la no violencia. Miguel del Sel, un bufón cualunquista, amenaza con una buena elección en un distrito que disputan las dos fuerzas más votadas a nivel nacional el año pasado. Un dato que ilustra acerca de riesgos que acechan al sistema político, del que todos los actores sistémicos deberían tomar nota.

En el radicalismo parece resurgir el ex vicepresidente Julio Cobos, acaso su mejor carta para hacer elección decorosa en una provincia. De nuevo, esa resurrección de un Judas habla más de sus contendientes internos que de las virtudes de “Cleto”.

El Peronismo Federal espera su turno, intensamente ligado a una caída abrupta del kirchnerismo. De vez en cuando trata de tirar del mantel para fomentar su fantasía. Poco más ha parido hasta ahora.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, es un elefante en un bazar cuando juega a la política. Convoca sin ton ni son, se junta con cualquiera, difumina su perfil de luchador. Sus acciones más propicias para debilitar al Gobierno fueron las huelgas con bloqueos. Los actos tuvieron personalidad y concurrencias decrecientes. Es un alerta para el oficialismo y el sistema político: esa vía, la más eficaz, podrá repetirse.

La división de las CGT, ya que estamos, es uno de los acontecimientos políticos más deplorables del año. Las “fotos” de las dos centrales resultantes coinciden en algo: los dirigentes impresentables superan a los rescatables. La división del movimiento obrero, acentuada por el antecedente de la Central de Trabajadores Argentinos, debilita al conjunto. Dificulta las interlocuciones, torna ilusorio cualquier mecanismo similar al Consejo Económico y Social. Y convierte en utópicas acciones deseables como una batida contra la evasión patronal coprotagonizada por el Estado y los sindicatos.

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La calle: Multitudes marcadamente opositoras ocuparon la calle, con una clara composición de clases medias y altas. La movilización exitosa les agrada a todos, sin duda insistirán en el recurso y la disputa del espacio público será un eje de los meses próximos. Cómo “cruzar” eso con la disputa electoral es, por ahora, un enigma indescifrable para la oposición.

En el terreno institucional, los partidos opositores ganaron terreno en dos acciones de obstrucción. Consiguieron vetar a Daniel Reposo como candidato a la Procuración General, para bien del sistema y en última instancia del propio Gobierno. E hizo agenda con el “no a la re-re”, que le permitió acciones vistosas y un prospecto de interpretación triunfalista para los comicios legislativos.

La sucesión presidencial será un eje de la problemática del oficialismo. No parece que pueda conseguir las exigentes mayorías parlamentarias para promover la reforma constitucional. Y sería muy peliagudo, en ese hipotético caso, que ganara con mayoría propia o aliada la elección para constituyentes. Tampoco da la impresión que la Presidenta ambicione jugar esa baraja. Cuando habló, más bien dijo lo contrario.

La Casa Rosada posterga, con buena lógica, avanzar sobre el punto cuya anticipación conviene a sus adversarios. Lo más probable es que la presidenta Cristina deba mirarse en el espejo de su ex par brasileño, Lula da Silva y buscar alguien que la suceda, validado por el peso de su propio carisma. Pero el porvenir es abierto y la primera misión del oficialismo es gobernar como lo vino haciendo... el apuro es de sus antagonistas, de los peronistas federales en especial.

El principal actor opositor sigue siendo el Grupo Clarín, embravecido por la ley de medios y por sucesivas derrotas en la “batalla cultural”. Su feroz intransigencia (que cada día trasgrede otro límite) damnifica la credibilidad periodística en tanto lo hace temible para la estabilidad democrática.

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Como la cigarra: Ya es costumbre declarar concluido el ciclo del kirchnerismo. De momento, es la fuerza política más votada, la que congrega más militantes jóvenes, la que sostuvo la gobernabilidad con viento de cola o de proa, con la oposición amansada o en trances de tentación destituyente.

Esta columna rehúye la tentación futbolera de calcular si el 8-N o el 20-N ganaron, perdieron o empataron versus la movilización del 9 de diciembre. Pero sí consigna que ese acto iluminó la adhesión de sectores populares mezclados con integrantes de la clase media, supuestamente ajena al oficialismo. Entre ella, una cantidad nada desdeñable y creciente de militantes jóvenes. Minorías muy conscientes de sus derechos, como las que representan a los gays y a los pueblos originarios, le reclaman por ampliar sus derechos pero la prefieren a sus supuestas alternativas.

La palabra de la Presidenta nunca es protocolar ni hueca y sigue sacudiendo el escenario político. Ningún referente político consigue que una muchedumbre lo escuche con atención durante tres cuartos de hora, abigarrados en la Plaza histórica.

Se le cuestiona haber renovado su elenco con los jóvenes de La Cámpora o con la designación de Martín Sabbatella. El cronista discrepa. A su ver, la transfusión generacional es valiosa cuanto inexorable. Es más, cree que los cambios en el primer nivel del Gobierno deberían ser más numerosos e intensos. Eso no prejuzga sobre el desempeño de los que entran a la cancha, que deberán estar a la altura del poder que se les transmite.

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Foto y película: Mucho tendrá que hacer el Gobierno para reparar desigualdades de viejo y nuevo cuño en los años venideros. Mucho para emprender reformas de segunda generación. Mucho para mantener su reputación y el favor que le prodigan las mayorías, con fuerte acento popular. No es su misión subsanar una falla del sistema republicano: la ausencia de una propuesta alternativa opositora atendible, vertebrada, progresista y con virtualidad electoral.

Son peculiares estas pampas. Se denuncia que se vive en una dictadura, mientras se dice de todo sobre el Gobierno y la primera mandataria. Una ex ministra kirchnerista es condenada en Tribunales, mientras los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa son absueltos respecto de delitos más graves. La Corte Suprema premia las chicanas de Clarín, prorrogando una medida cautelar infundada digna del Guinness, contra una ley que el Gobierno considera determinante. Si esto es una dictadura, las dictaduras dónde están.

El cronista cree que la Argentina tiene una democracia vibrante, con crecientes niveles de participación y politización. Y, fiel a validar las continuidades, reitera una costumbre profesional. Es la de brindar (¡ay!, de modo virtual) por un buen año para todas y todos los lectores que lo acompañan, lo gratifican y lo desvelan. Un año, como todos, de cambios y continuidades construidos por la dirigencia y también por la vivaz sociedad civil argentina, que ojalá siga siendo dueña de su destino.

mwainfeld@pagina12.com.ar

30/12/12 Página|12

GB

LOS SUPREMOS Y CLARIN, OPINION POR EDUARDO BLAUSTEIN

La pelota fue a la tribuna, pero hay luz al final del túnel

Por Eduardo Blaustein
eblaustein@miradasalsur.com

Los jueces supremos volvieron a dejar la aplicación de la ley de medios en el caso Clarín en una zona pantanosa. Sin embargo, por lo que sostuvieron en fallos anteriores y en el último, el futuro no pinta del todo mal.

El recorrido aparentemente inocente que va de la expresión “dentro de la brevedad posible” a la orden “¡De inmediato!” es un modo de aproximarse al último fallo de la Corte Suprema en relación con la ley de medios. “De inmediato” había sido la fórmula imperiosa con que los supremos instruyeron al juez de primera instancia para que dictara sentencia, prohibiéndole, incluso, saltarse los días inhábiles a la hora de trabajar en la causa. “Dentro de la mayor brevedad posible” fue el modo que emplearon pocos días después para decirle a la Cámara Federal que aborde el asunto, como si los camaristas merecieran mejores etiquetas que un humilde juez de primera instancia, cuyo fallo, por otro lado, medio que los supremos ningunearon. Esa prudentísima moderación, y muchas formalidades que parecen rellenar las 30 páginas del texto que produjeron los integrantes de la Corte, parecen insuflar el doble fallo: el rechazo del recurso de per saltum presentado por el Gobierno y el respaldo para mantener la cautelar eterna que exime al Grupo Clarín de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo menos hasta que los camaristas dicten su propia sentencia definitiva.

La decisión de los cortesanos, lamentada por el kirchnerismo, acaso no sea tan trágica como se la pinta. Por un lado, porque se supone que la Cámara no debería demorar (¿tres meses?) su sentencia. Por otro, porque los supremos dejaron bien claro que el famoso plazo de un año establecido para iniciar los procesos de adecuación a la ley está vencido, en sentido contrario a lo que venía sosteniendo el holding a través de sus abogados y “constitucionalistas”.

Finalmente, porque se supone, sólo se supone, que la Corte ya más que sugirió en fallos anteriores algo parecido a lo que muy taxativamente dijo el juez de primera instancia: que los artículos cuestionados por el grupo Clarín no son inconstitucionales. El día en que finalmente dicten la sentencia final, se supone que los supremos no deberían contradecirse con lo que adelantaron unos cuantos meses atrás, aunque su último fallo no es fiel a los mejores párrafos que llevan acumulados. Esa infidelidad consigo mismos se refleja muy especialmente en torno de la nueva extensión de la cautelar. Cantidad de veces los integrantes de la Corte impugnaron genéricamente la cultura de la cautelar. Volvieron a cuestionar esa cultura de “cautelar fácil” específicamente en la causa Clarín. Específica y minuciosamente retaron al holding por recurrir a las chicanas y las cautelares sólo para ganar tiempo, para que no se abordase la cuestión de fondo, la de la constitucionalidad o no de la ley.

El argumento usado para que permanezca vigente la cautelar, pese a sus propios enojos en la materia, es que la inminencia presunta de la sentencia de la Cámara Federal aventa el riesgo de que la causa se resuelva el día del arquero. Los propios camaristas que, se sabe, parecen más que complacientes con los intereses del Grupo Clarín, también habían extendido la cautelar amparados en ese argumento (en su caso, la proximidad de la sentencia que efectivamente apuró el juez Horacio Alfonso). Lo que dijeron los supremos se asemeja en algo al famoso dicho de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”. Más seria o, literalmente, si antes cuestionaban la cautelarización eterna, el jueves expresaron que la cercanía del fallo de la Cámara “disipa el riesgo de que el proceso se vaya a prolongar”. Se supone que lo que viene, el nuevo análisis que haga la Cámara (previsible), será según la Corte “el momento crítico en que la medida (cautelar) debe desplegar su función plena de garantizar la eficacia del pronunciamiento de fondo”.

Casi todo el fallo, por otro lado, es sobre todo un extensísimo y cansador relato de todo lo que viene sucediendo con la causa, como si los supremos se hubieran sentido obligados a escribir de más para que el fallo pareciera más nutritivo.

Conjeturas. Una vez conocido el fallo de los supremos, distintos funcionarios kirchneristas reaccionaron con una mesura (ver aparte y la entrevista a Aníbal Fenández) que a juicio del que escribe debe ser bienvenida y, a la vez, sorprende. La pista más probable que explicaría esa conducta tranqui es que se la veían venir, particularmente el rechazo al per saltum.

Las que siguen no son siquiera hipótesis, son conjeturas. El bochazo contra el per saltum venía medio cantado y fue unánime. Incluyó al juez Raúl Zaffaroni, seguramente el más simpático para el kirchnerismo. La pregunta, entonces, es si el recurso de per saltum al que apeló el Gobierno sufrió de severas “fallas técnicas” o si, aún sabiendo que iba a rebotar, se prefirió hacer una apuesta meramente política para sostener en la discusión pública la confrontación ya sea con Clarín o contra “la corporación judicial”.

Siempre conjeturando, pero visto desde el otro lado, el de los supremos, se puede preguntar con alguna candidez si es absolutamente cierto que en el fallo medió, como se entiende desde el kirchnerismo, puro “tiempismo político”: seguir dilatando la cosa hasta que “cambie el escenario” en una estrategia “funcional a los intereses de la Corpo”? Otras preguntas posibles: ¿el fallo reflejó puro corporativismo conservador o acaso esté contagiado por un clima de irritación? ¿Puede que los supremos hayan decidido interpelar al Ejecutivo desde una eventual sensibilidad herida, desde una necesidad de guiñar al conjunto del Poder Judicial, cuyas conductas corporativas los supremos deben atender? Si fuera así, ¿el Gobierno pudo mantenerse firme en sus posturas sobre la aplicación de la Ley en el caso Clarín pero sin herir esa sensibilidad judicial, bajando un par de decibeles el tono de su discurso?

Si en este fallo que centralmente favoreció a Clarín los supremos estuvieran adelantando su sentencia final (¿abril próximo? ¿mayo? ¿junio? ¿diciembre de 2184?), ¿para qué entonces se metieron con el tema del plazo de adecuación, dejando al desamparo la posición y la estrategia judicial sostenida por el holding? ¿Sólo para dosificar una vez más los guiños a los actores en pugna? ¿Pero no podrían haberse hecho los giles? ¿No se hicieron los giles al no referir en su fallo a nada importante que tuviera relación con el trascendente fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso?

Suponiendo (de nuevo, una conjetura) que sustentar la posición del Gobierno en relación con el plazo de adecuación es más que un guiño, ¿puede que los supremos, siempre oteando el panorama y probando la temperatura del agua con siete dedos gordos de siete pies, estén obrando de una manera extremadamente cautelosa para que en el escenario de una eventual sentencia favorable al Gobierno (la que sugerirían sus primeros fallos acerca de la constitucionalidad de la ley) nadie les pueda achacar debilidad ante el Ejecutivo? Imaginemos la reacción posible de las derechas mediáticas, políticas o corporativas si la Corte en cuatro o seis meses fallara contra Clarín: el kirchnerismo doblegó, humilló, arrasó con la independencia de la Corte Suprema. El fin definitivo de la República.

Volviendo a poner los pies en tierra, si se trata del presente y el futuro inmediato el fallo supremo, una vez más, paralizó la aplicación de la ley en el caso Clarín. Respecto de los otros grupos comunicacionales, la respuesta de la Afsca ha sido cuidadosa. Si antes se decía que aplicar la ley para quienes “no son Clarín” fortalecería el poder del holding dominante, ahora lo que se dijo es que se seguirán estudiando los planes de adecuación de todos los demás.

30/12/12 Miradas al Sur
GB
 

LA CURIA DEMOCRATICA. HORACIO VERBITSKY.

¡Hostias!
Por Horacio Verbitsky

El 21 de diciembre, el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani (foto), mantuvo una difícil reunión con los Cristianos para el Tercer Milenio, que volvieron a reclamarle que “haga cesar el escándalo” que implica el “libre y periódico acceso a la eucaristía” del ex dictador Jorge Videla, a pesar de haber reconocido “sus acciones criminales, el no arrepentimiento de las mismas, sus manifestaciones relacionadas con que el ‘sinuoso camino que le tocó recorrer’ era parte del plan de Dios para la salvación de su alma y la inexistencia de voluntad reparadora alguna”.


Al mismo tiempo, el obispo de Santiago del Estero y miembro del Opus Dei, Francisco Polti Santillán, expulsó de su diócesis al sacerdote Roberto Murall, por haber firmado el documento de Navidad de los curas en opción por los pobres, que cuestionó el emitido por la Conferencia Episcopal en vísperas del 7D.

Asistieron al encuentro el organizador del grupo, el ex embajador en la OEA y el Uruguay, Hernán Patiño Mayer, y los integrantes de su equipo de coordinación Felipe Solá, Gustavo Bottini y Rogelio Ponsard. Cristianos para el Tercer Milenio está formado por varios centenares de laicos católicos y algunas decenas de sacerdotes, que decidieron interpelar a la jerarquía luego de que Videla agradeciera en varios reportajes la colaboración eclesiástica con su gobierno sin que hubiera reacción episcopal.

La primera carta que enviaron a los obispos en setiembre de este año fue puesta bajo la advocación de “Emilio Fermín Mignone y de las madres y abuelas que murieron sin encontrar a sus hijos desaparecidos y recuperar la identidad de sus nietos apropiados”. El texto les exigía “que repudien las afirmaciones del dictador” y reparen y pongan fin “al daño causado por las inconductas de sus antecesores”. El 9 de noviembre el Episcopado les respondió sin nombrarlos en una “Carta al Pueblo de Dios”, en la que negó que “nuestros hermanos mayores que nos precedieron” hayan tenido “alguna complicidad con hechos delictivos”.

En una nueva configuración de la doctrina de los dos demonios exaltó “los sufrimientos y reclamos de la Iglesia, por tantos desaparecidos, torturados, ejecutados sin juicio, niños quitados a sus madres, a causa del terrorismo de Estado. Como también sabemos de la muerte y desolación, causada por la violencia guerrillera”.

El paso siguiente de los Cristianos para el Tercer Milenio fue escribirle a Radrizzani, porque Videla asiste a misa en el penal de Marcos Paz, que está en su jurisdicción. También mencionaron la situación del sacerdote Christian Von Wernich, quien celebra misa en su celda de esa cárcel federal, donde cumple su condena a prisión perpetua. Durante la reunión, Radrizzani se mostró vacilante y dubitativo: “Entiendo lo del escándalo presente... Podría decirle al capellán que no dé más misa y que se limite a rezar con los presos... pero tengo que consultarlo con él, no estoy seguro de tener facultades para hacerlo”.

Sus visitantes dijeron que no les parecía aceptable “que un arzobispo tenga que consultar con un capellán penitenciario” y le recordaron que el obispo Jaime de Nevares, de quien Radrizzani fue auxiliar en Neuquén, había prohibido dar la comunión a un represor de la dictadura. Radrizzani los sorprendió:

–Yo sé que ellos están arrepentidos, pero no quieren decirlo para no darle la razón al gobierno.

Esto dio lugar a un diálogo extraordinario:

–Monseñor, son pecadores públicos responsables de crímenes gravísimos, si se arrepienten deben decirlo en lugar de reivindicar sus crímenes públicamente

–Tienen razón pero, ¿no habrán sido tergiversadas las declaraciones de Videla?

–Podría ser, pero él nunca las ha desmentido, y además fue grabado y pasado por la TV

–Claro.

En una minuta interna los Cristianos para el Tercer Milenio se preguntan “¿cómo sabe el arzobispo de esos arrepentimientos, los escuchó directamente, se los contaron, quién; en tal caso, cómo no pudo convencerlos de la necesidad de hacerlos públicos, para bien de la Iglesia, de ellos mismos y de la sociedad toda, o es que también Radrizzani cree que la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia es una perversa manipulación del actual gobierno?”.


El 25 de mayo de 2010, Radrizzani entregó al gobierno nacional en la Basílica de Luján, luego del Tedeum del Bicentenario, una solicitud de amnistía firmada por Videla, Von Wernich, Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Miguel Etchecolatz, el Turco Julián, el Nabo Barreiro y otro centenar de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Los Cristianos para el Tercer Milenio le hicieron saber a Radrizzani que en caso de no recibir una respuesta satisfactoria recurrirían a la Nunciatura Apostólica y mencionaron que según les informó el obispo Jorge Casaretto, cuando la Asamblea Episcopal trató la respuesta a la primera carta, el nuncio dijo que “para el Vaticano las cuestiones de derechos humanos y de pedofilia son no negociables y deben tratarse con absoluta transparencia”.

Radrizzani les contó que la decisión de mencionar a Videla en el documento había provocado una dura discusión entre los obispos. Los Cristianos para el Tercer Milenio objetaron la inexplicable benevolencia de la mención como “el ex presidente de facto” cuando “es un tirano, un criminal, un genocida” y que “a consecuencia de estas posiciones ambiguas de la jerarquía, comienza a hablarse del golpe cívico, militar y eclesiástico”. Radrizzani se despidió con una frase que los Cristianos para el Tercer Milenio consideraron lamentable: “Tendré que pensar qué hago. Si pudieron esperar lo que han esperado hasta ahora, pueden esperar unos meses más”.

30/12/12 Página|12


GB

SOCIEDAD RURAL Y SAQUEOS VARIOS, POR HORACIO VERBITSKY, OPINION.


LA RECUPERACION DEL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL EN PALERMO

Política, saqueos y negocios
Federico Pinedo, Alfredo De Angeli, Luis Etchevehere, Gerónimo Venegas y Carlos Brown el jueves en el predio usurpado.
Imagen: Jorge Larrosa

Las huellas del saqueo que dejó la Sociedad Rural son más nítidas que las de los gremialistas identificados o detenidos en cuatro provincias. La recuperación de las doce hectáreas vendidas a precio vil hace dos décadas no fue una medida apresurada para distraer de otras cosas, sino la conclusión de un largo proceso bien documentado.



Por Horacio Verbitsky

La idea de que la decisión de recuperar doce hectáreas del Parque Tres de Febrero haya sido una respuesta improvisada para distraer la atención de los saqueos del 19 y el 20 de diciembre no resiste el análisis objetivo. Por el contrario, tanto el Estado como la Sociedad Rural preveían un crítico desenlace, hasta el punto de que en 2011 la Rural pidió a la Justicia que impidiera una decisión que el gobierno aún no había tomado, por lo que fue rechazada, y una acción declarativa de inconstitucionalidad. En 1992, la Sociedad Rural pagó 10 millones de dólares y se comprometió a cubrir diez cuotas anuales de dos millones cada una, pero no cumplió, porque la oposición de asociaciones vecinales y ambientalistas impidió el gran emprendimiento inmobiliario que pensaba realizar. Mientras intentaba conseguir la autorización de la Legislatura, se endeudó con el Banco Provincia para cumplir con las construcciones comprometidas al comprar el predio.

Esa deuda se está pagando cada mes con un fideicomiso que administra todos los ingresos que genera el predio. Pero además subsiste una deuda con el Estado Nacional por el precio de venta, que según el ente que administra bienes del Estado asciende hoy a 119 millones de pesos, suma que la Sociedad Rural objeta. Dos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, de 2010 y 2011, y las actas de la última Asamblea Ordinaria de la propia Sociedad Rural, de hace apenas tres meses, revelan que la situación se tornó insostenible mucho antes de ahora. La Sociedad Rural formó una comisión encabezada por Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda del dictador Leopoldo Galtieri, para estudiar alternativas que le permitieran conservar esa propiedad que percibía en riesgo, pero sin realizar ningún desembolso, como corresponde a la tradición nacional que reverencia. Las alternativas planteadas por el gobierno nacional a la Procuración del Tesoro eran perseguir el cobro de la deuda o revisar la legalidad de la venta. El 2 de setiembre de 2010, el entonces Procurador Joaquín Da Rocha respondió que como paso previo la Sindicatura General de la Nación debía determinar “el precio cierto” del inmueble en el momento de la venta y con las condiciones fijadas entonces.

La SIGEN sostuvo que el órgano competente e idóneo para ello era el Tribunal de Tasaciones de la Nación y ese cuerpo consideró el valor del inmueble, al contado y desocupado, en el equivalente a 63,6 millones de dólares de 1991. Pero en la causa penal que instruye el juez federal Sergio Torres contra todos los funcionarios intervinientes en la venta fraudulenta, encabezados por Carlos Menem y Domingo Cavallo, el perito tasador de la Corte Suprema Juan Bialet Salas sostuvo que el predio no valía menos de 132 millones de dólares. Si a eso se suma que no se vendió cash, como exigía la legislación vigente, sino a diez años que luego se estiraron a veinticinco, y que no estaba desocupado sino con todas las edificaciones que pertenecían al Estado, la suma podría decuplicar la que se convino y ni siquiera se terminó de pagar.

El 17 de julio de 2011, la nueva Procuradora Angelina Abbona se inclinó por la revisión del decreto firmado en 1991 por Menem y Cavallo. El decreto 2552/12 publicado hace nueve días señala que es ilícita la venta a precio vil, para lo que cita precedentes propios
y fallos de la Corte Suprema de Justicia que reconocen la posibilidad de declarar la nulidad en sede administrativa, es decir sin intervención judicial. Como se ve, no hay ninguna improvisación sino el punto final de un largo proceso bien documentado. Es comprensible que la Sociedad Rural y sus aliados políticos y económicos hayan caracterizado la decisión como vengativa, dada la frontalidad de la contienda que plantearon desde la asunción de CFK hace cinco años y la carencia de argumentos técnicos y legales para fundamentar el rechazo (lo cual es diferente de decir que no encontrarán un tribunal comprensivo que los ampare, aunque la jueza de primera instancia en lo civil y comercial Silvina Bracamonte ya haya rechazado la medida cautelar que presentó la SRA, representada por uno de los ideólogos y ejecutores del desguace del Estado durante el menemismo, Juan Carlos Cassagne).


 Si algún nexo puede establecerse entre el intento estatal de recuperación del predio y los episodios organizados el 19 y 20 de diciembre, es que las huellas del saqueo que dejó la Sociedad Rural son más nítidas que las de los gremialistas de ATE, Gastronómicos, Comercio y Camioneros identificados o detenidos en Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Junto con los políticos liberales, conservadores, radicales, de la Coalición Cívica Libertadora y del Peornismo Opositor que el jueves se reunieron en el predio usurpado para cantar el himno y maldecir al gobierno estuvo Gerónimo Venegas, el puente de las cámaras patronales con Hugo Moyano. En 2011, Venegas financió la campaña presidencial de Eduardo Duhalde y al conocer los resultados dijo que eran fraudulentos, que Cristina no había llegado al 40 por ciento.
Un negocio brillante
La alarma que la situación provocaba entre los socios fue ostensible en las asambleas de la entidad en los últimos años. En una de ellas, el socio Roque Luis Cassini afirmó que estaba en juego “la propia existencia de la Rural”. El auditor de la Sociedad Rural, Eduardo Del Piano, afirmó que debido a la deuda el Estado Nacional podría ejecutar el predio de Palermo. En la asamblea del 27 de septiembre de este año, la misma preocupación fue expresada por Hugo Luis Biolcati, quien ese día dejaba la conducción de la Rural. Una de las primeras decisiones de esa asamblea fue proclamar como socio honorario al barón del azúcar y el papel Carlos Pedro Blaquier, cuya detención por crímenes de lesa humanidad había sido solicitada a la Justicia el mes anterior, debido a su participación en los secuestros, torturas y asesinatos de trabajadores luego del golpe de 1976.

Biolcati informó luego a los asociados acerca del proyecto de mudar la sede de la calle Florida a un nuevo edificio que se construiría en una playa de estacionamiento lindera con el predio de Palermo, en lo que definió con toda razón como “un brillante negocio”, según el modus operandi habitual: la Rural no haría “ningún aporte en dinero”.

Sólo aportaría el terreno a un fideicomiso, en el que otros fiduciantes invertirían para construir el edificio. Los rústicos obtendrían a cambio el 40 por ciento de los metros totales construidos, con playa de estacionamiento exclusiva en la planta baja y los cuatro primeros pisos de la nueva construcción, con entrada y ascensores propios. Para llegar a este feliz resultado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería cambiar las reglas vigentes ya que “esta zona no admite oficinas comerciales, que es el destino de los metros de la Rural”. Una vez obtenido ese apartamiento de las normas, fueron por más, mediante “una nueva presentación para optimizar el proyecto, pidiendo que los pisos de arriba, que tienen como destino el apto profesional, también permitan un porcentaje de metros con destino a oficinas”, que es el uso con mayor demanda en el mercado inmobiliario.

Lo mismo ocurrió hace dos décadas con la compra del predio, que integraba el Parque Tres de Febrero y que nunca dejó de ser un bien del “dominio público del Estado Nacional”, por lo cual correspondía sólo al Congreso disponer de su “uso y enajenación”, como ocurrió con los terrenos cedidos en 1991 y 1995 a los reinos de España y Araba Saudita. Sin embargo, invocando la ley de emergencia económica, el gobierno lo vendió a la Sociedad Rural por decreto. Según el Código de Planeamiento era una zona de Urbanización Parque, que sólo admitía “espacios verdes y parquización de uso público”. Pero el boleto de compraventa mencionó el predio como inmueble del dominio privado del Estado, innecesario para el cumplimiento de sus fines, y delegó en la Sociedad Rural solicitar su rezonificación al gobierno porteño.

Los fundamentos para soslayar la licitación y el pago al contado y recurrir a una venta directa a bajo precio, con largo financiamiento y mínima tasa fue el carácter de entidad civil sin fines de lucro de la Sociedad Rural y el compromiso que asumió de limitar el uso del predio al funcionamiento de un Centro Internacional de Exposiciones y Congresos. Pero el mismo día se constituyó “La Rural de Palermo Sociedad Anónima”, una empresa con fines de lucro, para explotar el predio vendido por monedas. Las autoridades de la Sociedad Rural y de La Rural de Palermo SA, eran las mismas.
Cajas chinas

La ingeniera política y financiera de este acto de prestidigitación fue aportada por el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. Con el ocaso del menemismo, la parte de Moneta fue a parar a manos de Ogden Corporation, una empresa con sede en Estados Unidos que explotaba casinos, aeropuertos y hoteles en lugares calientes, como la Triple Frontera. Entre sus inversiones aportó 300.000 dólares a la campaña electoral de la UCR y el Frepaso. A comienzos de siglo, Ogden Corporation se presentó en convocatoria de acreedores. Como la Sociedad Rural no estaba dispuesta a pagar por esas acciones, ya sobre la fecha de la subasta aceptó la propuesta de asociarse con Alejandro Shaw y Francisco De Narváez.

Según explicó Biolcati durante la asamblea ordinaria en setiembre de 2003, “representaban capital argentino, personas físicas, caras visibles”, lo cual era un juicio implícito sobre la situación anterior. Esa alegada visibilidad se perdió más temprano que tarde en el juego de espejos de compañías controladas y vinculadas, de aportes misteriosos, socios ocultos y balances incompletos. La negociación se hizo a nombre de Shaw Capital S.A., pero el derecho de preferencia para comprar en los tribunales de Nueva York las acciones de Ogden Argentina fue cedido a la sociedad Boulevard Norte S.A. (con el 95 por ciento) y a De Narváez (el 5 por ciento). En realidad Boulevard Norte es otra caja china del propio De Narváez, que posee el 90 por ciento de sus acciones, mientras el 10 por ciento remanente que le da la apariencia de una sociedad anónima está en manos de un antiguo empleado suyo en Casa Tía. De Narváez prometió pagar o refinanciar la deuda con el Estado y absorber las deudas de la SRA con Ogden Rural, que le había adelantado dos millones de dólares para la cuota anterior con el Organismo Nacional Administrador de Bienes Estatales (ONABE). También se comprometió al pago de un adelanto de 60.000 dólares mensuales durante cinco años, que la Rural debería devolver con la mitad de las utilidades que percibiera por el emprendimiento, que no generaba ninguna.

 Era una inversión a largo plazo, que recién daría frutos si se realizara el negocio inmobiliario prohibido, en el que debía participar la constructora de Angelo Calcaterra, el nuevo jefe de la Familia Macrì, que incluía un estadio cubierto para 12.000 personas, estacionamiento para mil automóviles, cines, galería comercial, paseo de compras, restaurante y confitería. Al mismo tiempo, agregó Biolcati, la Rural intentó renegociar su parte de la deuda contraída con el Banco Provincia.

El ex gobernador Eduardo Duhalde no había requerido ninguna garantía para otorgar el crédito original, pero su sucesor Felipe Solá la exigía para renegociar. Como la Sociedad Rural se negó, el Banco presentó una demanda ejecutiva por el total de la deuda, que sumando intereses pasaba de 100 millones de pesos. Por último, en agosto de este año, el perceptivo De Narváez vendió sus derechos de explotación del predio a Fénix Entertaiment Group, la empresa de Marcelo Fígoli y Diego Finkelstein que organiza conciertos y shows musicales en Miami y en los mejores mercados de Sudamérica. Pero no le avisó antes a la Sociedad Rural, que tiene el derecho de oponerse y mejorar la oferta o first refusal.
Subtextos

Esta es en síntesis la trama a la que aludió Biolcati en su última asamblea. Allí explicó que existía un “conflicto latente” con el ex ONABE, que Cristina acababa de convertir en Agencia de Administración de Bienes del Estado, a la que le encomendó “el uso racional y el buen aprovechamiento de los mismos”. Biolcati reveló que también había sido conflictiva la relación con De Narváez, quien “siempre desconoció su obligación de pagar la deuda con el ONABE”.

Cuando De Narváez vendió sin previo aviso su parte a Fenix Entertainment, la Sociedad Rural se reunió con Figoli y Finkelstein y les planteó sus condiciones para aprobar la operación: que asumieran el pago al ONABE y que renegociaran “las obligaciones o ciertos derechos sobre el uso del predio”. Según Biolcati cada vez que la relación con el ONABE llegó al límite “De Narváez se borró. Las consecuencias del incumplimiento no eran favorables a nosotros. Las garantías prácticamente no existían, a excepción de las mismas acciones de la sociedad usufructuaria y las vinculadas, que en esas circunstancias no tenían ningún valor, porque significaba que el predio estaba en ejecución”. Fenix pidió que el plazo de usufructo se extendiera hasta 2035 y sugirió que la Sociedad Rural iniciara un pleito con De Narváez. También propuso comprar la parte de La Rural de Palermo SA, por un precio que cubriera el reclamo del ONABE, más la indexación, los intereses y los punitorios.

Pero eso implicaría que, una vez vencido el contrato de usufructo, la Sociedad Rural no tuviera más derechos sobre el predio. Biolcati agregó que como la asamblea era pública había cosas que no podía explicitar. Aun así, dijo que habían negociado con otros cuatro candidatos, cuyas ofertas fueron menos satisfactorias que las de Fenix. El problema es que “no sabemos si llegamos hasta 2017 (cuando termine de pagarse la deuda con el Banco Provincia) sin que el ONABE nos cobre”, redondeó Biolcati. En noviembre, Fenix vendió la mitad de lo que había adquirido al grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, mientras la Sociedad Rural retiene su 50 por ciento, lo que puso en alerta a las asociaciones vecinales y ambientalistas que se seguirán oponiendo a cualquier emprendimiento inmobiliario o comercial en el predio. Estas son las crudas cuestiones de intereses ocultas por las proclamas patrióticas, el canto del himno, el flamear de la bandera y las invocaciones a la democracia y la libertad.

PD EL SUBRAYADO ES NUESTRO

GB

sábado, 29 de diciembre de 2012

VICTOR JARA IN MEMORIAM



 
 
LA JUSTICIA CHILENA IDENTIFICO A DOS AUTORES DE SU TORTURA, MUTILACION Y FUSILAMIENTO
Militares procesados por el caso Jara
Asesinado en el Estadio de Santiago de Chile a días del golpe, Víctor Jara fue golpeado con ensañamiento y muerto de 44 balazos. La Justicia acaba de acusar a dos militares por su muerte y a cinco más como cómplices.

Por Christian Palma

Desde Santiago

El ministro especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, sometió ayer a proceso a los militares retirados Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez como autores del homicidio del reconocido cantautor chileno Víctor Jara. Jara fue ejecutado el 16 de septiembre de 1973, en el Estadio Nacional de la capital de Chile –que hoy lleva su nombre–, cinco días después del golpe militar perpetrado por Augusto Pinochet. El emblemático artista fue apresado en la Universidad Técnica del Estado –hoy Universidad de Santiago– donde daba clases de canto y teatro, y sufrió una serie de apremios hasta que fue asesinado.

La diligencia del magistrado decretó la captura internacional del procesado Barrientos Núñez, quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. El militar retirado le dijo a un programa televisivo norteamericano que nunca estuvo en el Estadio durante el golpe y que, por ende, no mató a Jara. “Yo nunca estuve en el Estadio Chile, no tengo nada que ocultar. No maté a Víctor Jara y eso lo pueden corroborar los oficiales que estaban ahí”, afirmó en ese momento.

El ministro Vázquez también encausó a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf como cómplices del brutal crimen.

El detalle del procesamiento indica que, durante su detención, Jara “fue reconocido por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile”. Tras ello, el cantautor fue separado del resto de los prisioneros y llevado a otras dependencias ubicadas en los camarines, las que eran usadas como salas de interrogatorios y tortura. Ahí, el autor de los verdaderos himnos musicales “El derecho de vivir en paz” o “Te recuerdo Amanda” fue agredido físicamente en forma permanente por varios oficiales. Al parecer, los militares se ensañaron con sus manos, como testificó un sobreviviente del Estadio (ver aparte).

El informe agrega que “el 16 de septiembre de 1973 se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Víctor Lidio Jara Martínez y de Littré Quiroga Carvajal”. En esa oportunidad, “se dio muerte a Víctor Lidio Jara Martínez, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala”, según se precisa en el respectivo informe de autopsia”. El cadáver acribillado fue encontrado días después junto a los de otras personas por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, “con signos evidentes de haber recibido golpes en el cuerpo y los impactos de bala”. La familia de Jara tuvo que enterrarlo en secreto y sólo pudo hacerlo gracias a que una funcionaria de la morgue reconoció el cuerpo y les avisó.

El procesamiento agrega que de las declaraciones en la causa “surgen presunciones suficientes para estimar que a los dos primeros de éstos les cupo una participación en calidad de autores y, a los demás nombrados, una participación en calidad de cómplices, en los hechos investigados”.


EL ROL DE JARA EN EL ARTE Y LA POLITICA DE SU PAIS
Vida y pasión de una voz chilena
El cantautor chileno Víctor Jara, por cuyo asesinato un tribunal ordenó ayer la detención de ex oficiales del Ejército acusados de ser autores y cómplices de su muerte, fue una de las primeras víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Tras ser torturado, lo mataron el 16 de septiembre de 1973, sólo cinco días después del golpe. Actor, director teatral, cantante y bailarín, alcanzó fama con temas como “Te recuerdo Amanda”, “El cigarrito” o “El derecho de vivir en paz”, melodías de amor y protesta social que lo convirtieron en un ícono de la música popular latinoamericana.

Nacido el 28 de septiembre de 1932 en la localidad de San Ignacio, en el sur de Chile, fue uno de los principales exponentes del folklore chileno y uno de los más reconocidos miembros de la llamada “nueva canción chilena”, que además integraban artistas como Violeta e Isabel Parra y las agrupaciones Quilapayún e Inti-Illimani. Miembro del Partido Comunista Chileno, fue un ferviente partidario de la Unidad Popular, la coalición que llevó a la presidencia a Salvador Allende, el primer marxista en llegar al poder a través del voto popular, en 1970.

Casado con la coreógrafa británica Joan Turner y padre de dos hijas, Manuela y Amanda, el músico fue apresado al día siguiente de la instalación de la dictadura de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, cuando se encontraba en el interior de la Universidad Técnica del Estado, donde se desempeñaba como docente. Luego de ser torturado en el Estadio Chile, un recinto deportivo cerrado en el centro de Santiago que hoy lleva su nombre, murió el 16 septiembre de 1973, a los 41 años, tras ser acribillado con 44 balazos y con las manos mutiladas. “¡Mira mis manos, mira mis manos... me las machacaron para que nunca más vuelva a tocar la guitarra!”, le relató el propio Jara al periodista Sergio Gutiérrez, que se encontraba también detenido en el Estadio Chile.

Los restos del cantante fueron abandonados en la vía pública y reconocidos días después por una funcionario de la morgue de Santiago que avisó a la esposa del cantautor, quien lo enterró secretamente. En diciembre de 2009, 36 años después de su muerte, la Justicia chilena, que no había podido identificar a los asesinos de Jara, ordenó la exhumación de sus restos. Luego, el cantante fue enterrado en una ceremonia oficial en la cual participó la entonces presidenta Michelle Bachelet. En el mítico galpón bautizado con el nombre del cantautor y que sirvió de marco para la ceremonia fúnebre, no había espacio para el llanto, la pena o las caras tristes. Durante dos días, el lugar –en la céntrica Plaza Brasil, de Santiago– fue el escenario de una gran fiesta popular. Y como le gustaba a Jara, con cantores callejeros, vendedores ambulantes, poetas populares y cuanto hay de personajes en los cuales se inspiró a la hora de componer sus canciones reconocidas en el mundo entero. Así, el funeral del cantautor dejó en claro que su legado permanece incólume.

El artista ha recibido innumerables homenajes, como el que le brindó el cantante inglés Roger Waters, ex líder de la banda de culto Pink Floyd, quien le dedicó un concierto que realizó en Santiago, en marzo pasado.

29/12/12 Página|12
 
GB