Por Martín Granovsky
Una frase hecha repite que las fuerzas políticas argentinas no tienen coincidencias en algunos temas básicos. Esa frase suele pedir “políticas de Estado”. Si es que tal unanimidad existe, lo más parecido a ella en los últimos años es la Declaración de Ushuaia de 2012.
Se trata de un documento sobre Malvinas muy poco recordado a pesar de su relevancia institucional. Los miembros de las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras lo firmaron en la capital de Tierra del Fuego. Después tanto el Senado como los diputados aprobaron el texto por aclamación.
El texto reivindica la soberanía sobre las islas, sostiene que la disputa debe resolverse pacíficamente, condena “acciones unilaterales del Reino Unido en materia pesquera e hidrocarburífera”, alerta contra un desastre en el medio ambiente, insta a Londres a que cumpla con la ONU cuando dispone negociar sobre el tema de fondo y agradece a Chile, Uruguay y Brasil “por sus recientes manifestaciones reiterando el compromiso asumido de impedir el ingreso a sus puertos de barcos identificados con la bandera ilegal de las Islas Malvinas”.
El punto cuarto señala “el rechazo a la realización de prácticas contrarias a la necesidad de mantener a la región libre de medidas de militarización, de carreras armamentísticas, de presencia militar extrarregional y de armas nucleares”. El punto quinto expresa el rechazo de todo el arco parlamentario “a la persistente actitud colonialista y militarista del Reino Unido en el Atlántico Sur, vulnerando los legítimos derechos soberanos de la República Argentina y desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera en la cuestión de las Islas Malvinas”.
Un ejercicio con misiles es sin duda un acto militarista. El vicecanciller Carlos Foradori le dijo por nota al embajador Mark Kent que esos ejercicios son “ilegítimos”. Una respuesta nítida venía siendo reclamada por el bloque de diputados del Frente para la Victoria, que en materia de política exterior tiene como referente al mendocino Guillermo Carmona. Actual vice de la comisión de relaciones exteriores que preside Elisa Carrió y ex presidente de ese organismo durante el último gobierno de Cristina Kirchner, Carmona no es un militarista del lado argentino. Ni siquiera tiene una retórica malvinera nacionalista. Su experiencia más reciente consistió en tender puentes con parlamentarios y académicos del Reino Unido, el mismo trabajo en el que participaron la entonces embajadora en Londres, Alicia Castro, y el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, el ex ministro de Educación Daniel Filmus.
El actual presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, negoció el texto y luego firmó la Declaración de Ushuaia mientras era diputado nacional por el PRO. “Hay que desarmar un poco los corazones para poder ir a la otra parte y trabajar con seriedad”, dijo entonces Pinedo después de su firma. También habló de los aliados. Dijo: “Hay muchos países que nos han acompañado en esto, y entonces la Argentina no tiene que tomar posiciones extremas que descoloquen a los aliados”.
El Foreign Office minimizó los ejercicios con la tesis de que son parte de una rutina y suceden dos veces por año. El argumento costumbrista podría haber servido para que el imperio mantuviera aún su dominio sobre la India. Y de eso se trata. De relación colonial. Es como si Londres dijera: “Si están dispuestos a remover obstáculos diplomáticos para que nos resulte más fácil la pesca o la exploración petrolífera, háganlo como una obligación de ustedes y no como parte de una negociación, porque seguimos siendo una potencia militar”.
Recomendación de Pinedo modelo 2012: “Hay que ser serios y no hacer política barata con un tema que es importante para los argentinos en el largo plazo”.
martin.granovsky@gmail.com
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