Por Tomás Lukin
Aunque uno de los elementos salientes de los regímenes de metas de inflación como el que está siendo instalado en el Banco Central es su pretensión de transparencia, la flamante Comunicación A5899 no mereció comentario alguno de las nuevas autoridades. La medida aprobada el jueves pasado por los directivos de la autoridad monetaria profundizó la liberalización del mercado cambiario iniciada con la devaluación de mediados de diciembre. La extensa normativa impulsada por el presidente del organismo, Federico Sturzenegger, es la respuesta a los reclamos y pedidos realizados por los distintos grupos de presión empresariales y bancarios que emergieron como complemento al desmantelamiento inicial del esquema de regulaciones cambiarias. Facilidades para la fuga de capitales, flexibilización de las exigencias para la liquidación de divisas generadas por los exportadores y eliminación del techo de 2 millones mensuales para las operaciones inmobiliarias son algunos de los elementos incorporados por el BCRA.
La necesidad de avanzar en el proceso de desregulación refleja que, a pesar de la aparente estabilidad lograda con esos cambios, el mercado cambiario no está normalizado. Desde la oferta no llega el flujo de divisas comprometido por el complejo agroexportador que puja, junto con algunos sectores industriales, por un precio más alto para el dólar. Tampoco ingresan las inversiones extranjeras y los dólares financieros lo hacen a cuentagotas en un contexto internacional donde se reinstala la incertidumbre. Por su parte, la principal fuente de demanda de moneda extranjera, la importación, permanece planchada por aspectos estacionales y por la incertidumbre alrededor del mercado interno. Como resultado de las crecientes presiones sobre el precio del dólar y la ausencia de intervención del BCRA para evitar mayores movimientos, la divisa cerró la semana en su máxima cotización histórica: 14,55 pesos, una suba de 4,9 por ciento en los últimos treinta días y 47,9 por ciento desde que se “levantó el cepo”.
Como el gobierno de Mauricio Macri está determinado a obtener los dólares necesarios a través del endeudamiento, el primer parche que lograron las autoridades económicas fue un crédito de corto plazo por 5000 millones de dólares con los bancos extranjeros HSBC, JP Morgan Chase, Santander, BBVA, Deutsche Bank, Citigroup y UBS. Esas divisas le permitieron al BCRA inflar sus reservas de manera temporaria. Superaron los 30.000 millones de dólares pero desde ese momento volvieron a mostrar una lenta pero sostenida trayectoria declinante.
Entre los paliativos para enfrentar un mercado cambiario que no se normaliza pero donde se multiplican los reclamos sectoriales, la normativa A 5899 flexibilizó los plazos para que los exportadores liquiden en el mercado cambiario las divisas producidas por sus operaciones. Las modificaciones le permiten a las empresas especular con el precio del dólar ya que podrán mantenerlas en su poder más tiempo. A cambio, esas divisas serán depositadas en cuentas en moneda extranjera de las compañías que el BCRA podrá computar en su stock de reservas internacionales. Sin embargo, ese aumento no se traducirá en una mejora de su margen de maniobra para intervenir en la plaza cambiaria.
La liberalización le ofrece así al BCRA beneficios de corto plazo que suman factores de vulnerabilidad al frente cambiario. Mientras las expectativas de devaluación estén contenidas, la fuga de capitales no representará un problema significativo pero las innovaciones incorporadas en la comunicación A 5899 rehabilitan al mercado inmobiliario como vía para esas operaciones. La eliminación del límite de los dos millones de dólares mensuales para las operaciones inmobiliarias (urbanas o rurales) no solo implica dar por tierra con los escasos pasos datos en materia de desdolarización sino que reactiva la posibilidad de fraguar transacciones de compraventa de inmuebles para exceder las restricciones.
El proceso en marcha es un requisito para convertir al endeudamiento externo en la principal fuente generadora de divisas ya que, en un escenario de caída de precios internacionales y insuficiencia global de demanda, difícilmente la devaluación se traduzca en un salto exportador. Recurrir al financiamiento externo para obtener divisas es una alternativa válida. Hacerlo indiscriminadamente sin un marco regulatorio que oriente y administre esos flujos amplifica la vulnerabilidad del país y pone en riesgo al resentido mercado interno. Las regulaciones cambiarias y de la cuenta capital son instrumentos relevantes de política macroeconómica y no medidas extraordinarias de último recurso. La regulación de la cuenta capital no es un fin en sí mismo, sino que está subordinada a los objetivos de crecimiento, industrialización, creación de empleo y redistribución del ingreso.
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