Por Raúl Dellatorre
El Ministerio de Energía instruyó al ENRE, ente nacional regulador eléctrico, para que efectúe un ajuste en el valor agregado de distribución (VAD) en los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur, lo cual representará un aumento adicional en las facturas de electricidad para los usuarios de la Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires. Estos nuevos cuadros tarifarios se darán a conocer en el día de hoy, y por la doble incidencia del aumento en el precio de la energía (sobre lo que se informó en la edición de ayer) y ahora del margen de retribución a las empresas distribuidoras (los dos componentes principales de la tarifa), resultará en un ajuste que podría llegar a cuadruplicar el precio actual del servicio eléctrico. El pago del servicio, además, se deberá hacer a partir de febrero en forma mensual.
Esta tarde, el ministro Juan José Aranguren dará a conocer los nuevos cuadros tarifarios en conferencia de prensa. Recién allí se podrá conocer, aproximadamente, la incidencia en el valor de las facturas de los dos aumentos dispuestos, uno con impacto sobre todo el país (el del precio de la energía, con un aumento promedio del 235 por ciento) y otro que se aplicará sólo al área de gestión de Edenor y Edesur. Como la resolución que instruye “el ajuste en el valor agregado de distribución” a favor de estas empresas no especifica valores ni porcentajes, su alcance es motivo de puras especulaciones. Las estimaciones privadas señalan que el desfasaje entre la retribución actual de las distribuidoras metropolitanas y la de sus pares del resto del país estaría en el orden de 1 a 6 o 1 a 8. Como la equiparación no será total ni de una sola vez (la resolución habla de un ajuste “a cuenta” de la revisión tarifaria integral), se supone que este primer paso será importante aunque parcial. De allí que se especule con un incremento de magnitud similar a la aplicada al precio de la energía.
El aumento final de las facturas en el área metropolitana bonaerense dependerá entonces de este último factor: el ajuste en el VAD. Tomando en cuenta que el valor de energía y el valor agregado de distribución tienen proporciones similares en el precio final de la factura, si el aumento del valor de energía se estima que tendría un impacto sobre el costo final al usuario del 100 al 150 por ciento, un aumento similar en el VAD tendría un impacto adicional similar: 100 al 150 por ciento. Como resultado, para los habitantes de la Ciudad Autónoma y el conurbano bonaerense, el valor que deberán pagar por la electricidad a partir de febrero podrá ser entre tres veces (aumento del 200 por ciento) y cuatro veces (aumento del 300 por ciento) el valor que pagan actualmente.
La excepción estará dada por los usuarios a las que se le asigne la denominada Tarifa Social. El Ministerio de Energía especificó ayer algunas pautas que determinarán el acceso a ese derecho. Si bien son criterios aplicables sólo al universo de clientes de Edenor y Edesur, se supone que para el interior se proyectará un criterio similar.
El cumplimiento de alguno de estos requisitos le dará al usuario la posibilidad de acceso a la Tarifa Social:
- Ser jubilado o pensionado con una remuneración inferior a dos veces el haber mínimo nacional (el tope resultante es 8600 pesos).
- Personas con empleo en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil (remuneración máxima, 12.120 pesos).
- Ser titular de programas sociales (AUH u otro).
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social, o incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del servicio doméstico.
- Estar percibiendo el Seguro de Desempleo.
- Contar con certificado de Discapacidad.
Por el contrario, quedarán excluidos del beneficio aquellos que:
- Figuren como titular de más de una unidad en el Registro de Propiedad Inmueble.
- Tengan empadronado a su nombre un vehículo automotor cuyo modelo tenga 15 o menos años de antigüedad.
- Posean aeronaves o embarcaciones de lujo.
- El usuario titular haya fallecido.
La Resolución 7/2016 de Energía dispone, además, que a partir de su publicación cesan las transferencias a Edenor y Edesur “por cuenta y orden del Fondo Unificado, para financiar planes de obra de dichas empresas que se hubieran instrumentado mediante contratos de mutuo entre Cammesa (empresa mixta administradora del mercado mayorista) y ambas distribuidoras”. Lo cual equivale a decir que las dos empresas deberán afrontar el costo de las obras con sus ingresos, definidos a través del VAD.
Con esta resolución, el gobierno nacional busca dar cumplimiento a dos objetivos: reducir la cuenta de subsidios que paga el Estado nacional para cubrir el costo de la energía que no pagan los usuarios, y achicar la brecha entre la tarifa final que pagan los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires en relación a los del resto del país. Con cifras de 2015, un estudio de una entidad privada (Fundelec) determinó que el precio que pagaban, en promedio, los clientes de Edenor y Edesur (valor de factura sin impuesto) por un consumo residencial de 750 kilowatts/hora por bimestre, 60 pesos, era menos de la mitad de lo que pagaba un consumidor en Santiago del Estero con similar demanda (130 pesos), casi un tercio de lo que se abonaba en Catamarca, Corrientes y Mendoza (150 a 180 pesos), y entre una cuarta y una sexta parte de los que pagaban los usuarios del resto del país (de 200 a 380 pesos).
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