MIENTRAS EL CASO SIGUE JUDICIALIZADO, MACRI AVANZA CONTRA LA LEY DE MEDIOS Y BENEFICIA A GRUPOS PRIVADOS Un DNU de fin de año para ayudar a los amigos

MIENTRAS EL CASO SIGUE JUDICIALIZADO, MACRI AVANZA CONTRA LA LEY DE MEDIOS Y BENEFICIA A GRUPOS PRIVADOS

Un DNU de fin de año para ayudar a los amigos

Por Sebastian Abrevaya

A orillas del lago Nahuel Huapi, rodeado de 30 hectáreas de bosques y montañas, Mauricio Macri firmó ayer un nuevo decreto de necesidad y urgencia. Según anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Presidente resolvió mediante un DNU que a partir de ayer se terminó “la guerra del Estado contra el periodismo”. La medida, que se publicaría el lunes en el boletín oficial, crea un Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y elimina la Afsca y la Aftic, autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. Además, se realizan modificaciones en varios artículos de esa legislación para beneficiar al sector privado. Ambos organismos habían sido intervenidos por decreto la semana pasada y sus interventores, Agustín Garzón y Mario Frigerio, ya habían desplazado a Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sin embargo, ayer el juez de La Plata Luis Arias dictó una medida precautelar en la que declaró nula la intervención del Ejecutivo y le ordenó que se abstenga de realizar cualquier modificación de “las facultades y la existencia de la Afsca”. El juez Arias advirtió que en caso de avanzar con el DNU anunciado ayer, la actitud de Macri “dejaría de ser una violación a la constitución y pasaría a cometer directamente un delito”. De todas formas, fuentes del PRO aseguraron que apelarán el fallo y ratificaron que el lunes publicarán el DNU.

Sobre el filo del fin de año, el jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa junto a Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Miguel de Godoy, ex secretario de medios porteño y eventual titular del Enacom. “Hace 7 años se inició una guerra contra el periodismo. Esa guerra tuvo muchos capítulos, siempre motivados por una visión cerrada de la democracia, autoritaria, que planteaba que aquel que no se disciplinara al pensamiento de la Presidenta debía ser combatido, marginado, perseguido de distintas maneras por el Estado”, aseguró Peña, en un alegato político para fundamentar la destrucción de los ejes centrales de la ley de medios audiovisuales, aprobada por amplias mayorías en el Congreso.

El funcionario nacional adelantó que el DNU tiene tres aspectos principales: la creación de la Enacom (que absorbe a la Afsca y la Aftic) que contará con un directorio de siete miembros, cuatro representantes del Ejecutivo y tres del Parlamento. Esa composición choca con los cuestionamientos que realizaron tanto radicales como macristas durante el debate de la LSCA, quienes le habían reprochado al kirchnerismo que el directorio de la Afsca tenía mayoría oficialista. Además, este nuevo organismo dependerá del ministerio de Comunicación, también a contramano de los pedidos de mayor independencia por parte de la oposición al FpV.

Fuentes del ministerio de Comunicaciones aclararon a Página/12 que la ley de medios audiovisuales y la de Argentina Digital seguirán vigentes hasta tanto se apruebe en el Congreso una nueva ley de comunicaciones. Sin embargo, el DNU prevé una “flexibilización” de esa regulación. Por un lado, se permite la transferencia de licencias para el sector con fines de lucro, prohibida por el artículo 41 de la ley (declarado constitucional por la Corte Suprema). Si bien se mantiene el mecanismo que exige pedir autorización para aprobar la transferencia de licencias, en caso de que el Enacom no responda y se haya presentado toda la documentación, a los 90 días quedará tácitamente aprobado el traspaso de la licencia.

Por otro lado, se modifica el artículo 45 de la ley, que es el que restringe la multiplicidad de licencias. Se quita el tope máximo de 35 por ciento de audiencia potencial y se traslada la regulación de los prestadores de servicios de TV por cable a la órbita de la ley Argentina Digital. El fundamento de esta última medida es que las redes que se utilizan para dar servicios de televisión por suscripción con vínculo físico se utilizan también para dar servicios de Internet por lo que así se unificaría la regulación de la red en una sola norma.

Por último, Peña anunció que se iniciará el período de transición de dos años (con una prórroga eventual de un año más) para que las telefónicas puedan dar servicios de televisión por cable, lo que implicará el ingreso de grandes empresas como Telefónica al mercado del cable y la posibilidad de otorgar el famoso “triple play”, que incluye internet, telefonía y televisión.

Mientras todas estas cuestiones seguirán reguladas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia, se dispone la creación de una comisión bicameral del Congreso para que comience a discutir una nueva regulación que integre las dos leyes actuales. Según adelantó el jefe de Gabinete, estiman que la discusión de la nueva ley puede prolongarse por aproximadamente un año.

Tras conocerse los anuncios, Sabbatella aseguró que “es una locura lo que hacen Macri y sus funcionarios. Arrasan los derechos consagrados por leyes del Congreso Nacional mediante DNU”. “Macri odia a la democracia y a las instituciones. Por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU”, insistió Sabbatella mediante las redes sociales.

Batalla judicial

Casi en paralelo con el anuncio, ayer se conoció la decisión de jueza en lo contencioso administrativo federal, Cecilia Gilardi, de rechazar el pedido de una medida precautelar solicitada por Sabbatella. La jueza, en cambio, resolvió continuar con el procedimiento establecido en la ley que regula las medidas cautelares y le ordenó al Ejecutivo que presente dentro de los tres días siguientes el informe que de cuenta del interés público comprometido en caso de dictarse una cautelar. De todas maneras, pocas horas más tarde, el juez Arias, de La Plata, sí aceptó un amparo similar presentado por el delegado de la Afsca en esa ciudad, Guillermo Guerín. Si bien Arias determinó que no es competente para resolver el fondo de la cuestión –la constitucionalidad del decreto de intervención– otorgó la precautelar para resguardar derechos subjetivos del demandante, así como derechos de incidencia colectiva como el acceso a la información y la libertad de expresión. El magistrado recordó que la Corte Suprema, al declarar la constitucionalidad de la ley en 2013, advirtió sobre la importancia de que el encargado de aplicarla (la Afsca) sea un “órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”. Arias entiende que a través del decreto 236, que dicta la intervención “se somete al órgano de aplicación a la voluntad directa del Ejecutivo Nacional, quebrantando la finalidad y el espíritu de la ley”.

En la parte resolutiva del fallo, el juez se declara incompetente y remite la causa al juzgado federal, que deberá ser sorteado en los próximos días por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, otorga la medida precautelar, ordenándole al Ejecutivo que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Afsca”. De esta manera, deja sin efecto todas las medidas adoptadas por el interventor, Garzón al 29 de diciembre. “No se modifica la intervención, la intervención sigue vigente. Tampoco implica la reposición de las autoridades desplazadas de la Afsca. Simplemente implica que no se puedan remover funcionarios y empleados, no se pueda disponer la fusión de las entidades vinculadas a la comunicación que se había anunciado a través de la creación del Enacom, conforme a la conferencia de prensa que se dio a conocer hoy a la mañana”, explicó Arias en declaraciones a Radio del Plata.

Conocido este fallo, los funcionarios de la Afsca removidos esta semana por Garzón se presentaron en la sede del organismo pero la policía federal les impidió el acceso. Desde el PRO, en cambio, insistían anoche en que el amparo se otorgó por un juez incompetente y adelantaban apelarán la medida una vez la Cámara Federal sortee el magistrado que llevará la causa a partir de ahora. De todas maneras, ante la advertencia de Arias había dudas respecto de la publicación en el boletín oficial del último DNU de Macri. Se tomarán los próximos días para analizar la mejor salida del conflicto, teniendo en cuenta que existen múltiples presentaciones judiciales realizadas por defensores de la ley de medios, en distintos juzgados del país.