En la recta final de su mandato, y a contramano del supuesto "giro estatista" en su discurso, Mauricio Macri pretende despedirse de la jefatura porteña con un nuevo plan privatizador, en sintonía con lo que fue una política constante a lo largo de sus ocho años de gobierno. Como se conoció semanas atrás, el bien público que Macri se propone negociar son las 166 hectáreas del Autódromo de Buenos Aires, en el sur de la Ciudad. El mecanismo elegido es un fideicomiso compartido con inversores privados, de los cuales se espera que aporten los fondos para la puesta en valor de las instalaciones y la construcción de un cónclave fierrero-comercial de nivel internacional. A cambio, y nada menos que por 30 años, estas empresas se quedarán con el "uso, goce y explotación" del negocio, más el beneficio de una serie de exenciones impositivas. La iniciativa ya generó el rechazo de distintos sectores de la oposición, entre otras razones, porque aseguran que tiene puntos centrales sin aclarar y no incluye ninguna contraprestación específica para el Estado y los vecinos de la postergada zona de Villa Lugano, más allá del supuesto derrame de bienestar que pueda provocar el relanzamiento del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Ayer se conoció también la intención del PRO de vender en subasta pública parte del Predio Ferial El Dorrego, en Palermo. Días atrás se supo que quiere hacer lo mismo con el Buenos Aires Design (ver aparte).
En cuanto al Autódromo, hace tiempo que el circuito ubicado en Roca y General Paz está venido a menos, tanto que hoy sólo se disputan carreras de categorías menores. Concesionado a la empresa ACBA SA, a mediados de 2014 sufrió una clausura como fruto del deterioro en sus instalaciones. Un año antes, el propio Macri había tenido que salir a negar versiones de demolición, mientras circulaba un proyecto de su partido para instalar allí una planta de tratamiento de basura. Ahora, el sueño del PRO no sólo es que regrese la crema del deporte motor local –el Turismo Carretera y el Súper TC 2000–, sino que incluso la Fórmula 1 vuelva a rodar en la Capital, como ocurrió por última vez en 1998.
Hasta el momento, la iniciativa privatizadora mantuvo cierto bajo perfil, en parte porque aún no comenzó su debate en comisión y, además, porque fue presentada en medio de la suelta de globos amarillos. Ingresó al parlamento el 6 de julio, un día después de que el PRO se impusiera en las urnas.
El proyecto de ley lleva las firmas de Macri y de su sucesor, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta. También comparten la autoría varios ministros de peso: Néstor Grindetti, de Hacienda; Daniel Chain, de Desarrollo Urbano; Guillermo Montenegro, de Justicia y Seguridad; y el infaltable Francisco Cabrera, titular de Desarrollo Económico. De hecho, como en otras operaciones vinculadas al rubro inmobiliario, "Pancho" Cabrera es el gran impulsor del plan y la metodología, y su cartera hará las veces de autoridad de aplicación. El premio mayor es "el calendario mundial", es decir, la F1, pero además se apunta al motociclismo y a las disciplinas acuáticas.
El legislador del FPV Gabriel Fuks, que confeccionó un informe sobre la propuesta, sostuvo que "hace agua por todos lados, no hay contraprestación y está claro que el beneficio va al sector privado". Para Fuks, "algo hay que hacer con el Autódromo, seguro, pero no regalarlo a cambio de nada". En su opinión, "este proyecto obliga a crear una caja cerrada, aprobar un fideicomiso, con actores privados que no se especifican, dejando en manos de la Corporación del Sur un Comité de Gestión sin decir lo que se va a hacer, sin dar un solo número, por 30 años". Por eso, acusó al PRO de pretender "crear una república dentro de la Ciudad: 166 hectáreas con total autonomía de lo que pase en el resto del distrito, insertas en la zona de menor inversión estatal del gobierno porteño".
Junto a las obras para los circuitos de carrera, el macrismo quiere construir y conceder a las empresas un lujoso polo comercial, turístico y hotelero de perfil temático. Se proyectan restaurantes, bancos, estaciones de servicio, concesionarias, agencias de viajes, un cuartel de bomberos, un helipuerto y oficinas de servicios públicos, además de un centro de exposiciones y un museo. Para conseguir la habilitación, el oficialismo prevé que la Legislatura le apruebe una modificación del Código de Planeamiento Urbano. Y si bien en la creación del fideicomiso no se habla de cifras, trascendió que en el entorno de Cabrera estiman que las inversiones privadas deberían rondar los 50 millones de dólares. En lo que toca al aporte social para Lugano, la Ciudad lo resume en la expectativa de que se "genere un impacto favorable en lo económico y cultural".
Marcelo Ramal, legislador del PO, aseguró que "es el mismo esquema con el cual se viene avanzando en distintas operaciones de privatización en la Comuna 8, con la intervención de la Corporación del Sur que, en definitiva, es una suerte de pool de tierras con un mandato para cerrar acuerdos con empresas". Según el diputado, "el Estado coloca su patrimonio y con muy pocos o nulos recursos un grupo hace usufructo del suelo y la infraestructura". Además, Ramal le atribuyó al macrismo una propuesta "extorsiva" para los vecinos del sur. "Es 'esto es lo que hay, o siguen viviendo en el hacinamiento, en el déficit habitacional y la falta de infraestructura o aceptan este planteo'", graficó el dirigente del FIT.
En cuanto a los aportantes, el proyecto los define de manera genérica: "Personas físicas y/o jurídicas relacionadas con la industria automotriz y/o del automovilismo deportivo y/o cualquier otra actividad que se vincule al Plan Integral". Para Fuks, este anonimato es apenas una formalidad: "Todos sospechamos que la ley ya viene atada, que hay un acuerdo previo, no sé con quiénes pero que lo hay". El legislador basa esta percepción en antecedentes no muy lejanos. "Así funciona. Lo mismo ocurrió en el Distrito Audiovisual y el Polo Tecnológico. Es el tipo de promoción que se hace desde el ministerio de Cabrera, que viene del sector financiero", señaló.
Para tentar a los inversores, el PRO desplegó un menú de "incentivos fiscales". La lista es larga: pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, exenciones del canon por Sellos y del pago de Derechos de Delineación y Construcción, Derechos por Capacidad Constructiva y Capacidad Constructiva Aplicables, además de la Tasa de Servicio de Verificación de Obra. Todos estos estímulos –que se aplicarán sobre un monto total desconocido– tendrán vigencia por 10 años. "En un país serio como esos que suele invocar Macri como modelos a seguir, pagarían un canon al Estado por el uso y usufructo de tierras públicas", planteó Rafael Gentili, candidato a diputado nacional en la Capital por el Frente Progresista, en una columna publicada en el portal Nueva Ciudad. "Se le permite a los privados recuperar lo invertido deduciéndolo de lo que deberían pagar de ingresos brutos no solo para lo generado por la explotación del negocio en el autódromo, sino que la empresa podrá utilizar ese crédito fiscal para aplicar al pago de ingresos brutos por otras actividades comerciales que realice en suelo porteño", advirtió Gentili.
Más allá de las aspiraciones del oficialismo, el trámite parlamentario no será simple. La primera comisión en que deberá tratarse es en Desarrollo Económico, donde la presidenta es Paula Olivito Lago, exigente diputada de la Coalición Cívica, de quien se sabe que no acuerda con la política de exenciones impositivas. Por otra parte, una vez en el recinto, la iniciativa deberá sortear la doble lectura y conseguir dos tercios de los votos.
Un detalle: a diferencia de las incógnitas en aspectos centrales que critica la oposición, el macrismo si fue exhaustivo en materia de follaje. Exige árboles "de hoja caduca para permitir el acceso solar durante los meses de invierno" y garantizar "una proyección de sombra durante tres horas consecutivas en el horario de mayor exposición solar", delimitado con lujo de detalle entre las 9 y las 15. «