El Gobierno porteño financió el operativo ordenado por el juez federal Claudio Bonadio para obtener información sobre la inmobiliaria de Máximo Kirchner en el marco de la causa Hotesur, que requirió el desplazamiento irregular de más de medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana pagado con dinero de los porteños, en lugar del correspondiente financiamiento judicial.
Así lo dejó evidenciado una investigación del canal C5N, que pudo acceder a la documentación de la agencia de viajes con la que habitualmente trabaja la administración de Mauricio Macri para el traslado de sus propios funcionarios, en un procedimiento que registró al menos dos irregularidades.
Por un lado, la actuación del propio Bonadio, quien por fuera de los procedimientos que indica la ley dejó a cargo del gobierno porteño los costos de la operación, en lugar de requerir los fondos al área correspondiente de la Corte Suprema de Justicia la Nación; en tanto que la otra irregularidad consisitió en la propia utilización de una fuerza de seguridad que no tiene jurisdicción en el territorio donde se realizaron las búsquedas de documentación ordenadas por el juez.
La empresa de turismo que realizó las reservas en el hotel ‘El Comercio’ de la capital santacruceña a nombre de “pasajeros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” es ‘Furlong Fox’, una operadora turística que suele trabajar con el macrismo, según se advierte en la información institucional que figura en su página web y en las órdenes de contratación del Gobierno de la Ciudad.
Uno de los correos electrónicos revelados en el informe periodístico, firmado por una de las ejecutivas de cuenta de Furlong, solicita la reserva para 50 hombres y “por ahora solo 4 mujeres”, a quienes recomienda “tomarlas a ellas en dobles” (sic), adjuntando además el listado de los pasajeros que viajarían.
Por otra parte, fuentes judiciales negaron a C5N que el magistrado haya solicitado pedido alguno para financiar el costoso procedimiento y la erogación millonaria que implicaba el desplazamiento de la fuerza metropolitana.
Asimismo, se evaluó en Tribunales que en caso de que se hubiera realizado el pedido, las posibilidades de haber sido aceptado habrían sido casi nulas, ya que se hubiera cuestionado la necesidad del traslado y el gasto para movilizar por un lapso de seis días a una fuerza de seguridad local desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, teniendo en cuenta que el juez contaba con al menos tres fuerzas federales a su disposición en el lugar del procedimiento.
Con todo, el gobierno porteño deberá dar explicaciones a los vecinos de por qué se autorizó el uso de fondos del GCBA en forma indebida para el financiamiento de un procedimiento judicial federal que no debería haberse hecho cargo.
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