No hay censura y mucho menos se elevan las penas. Eso es un invento del Grupo Clarín", afirmó la titular del comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, en referencia al proyecto que modifica y actualiza la ley Contra la Discriminación. La iniciativa ya cuenta con dictamen en la Cámara Baja pero a pesar de haber conseguido un amplio consenso se convirtió en un blanco de ataques tanto de los grandes medios de comunicación como de algunas organizaciones satélites a los intereses de estos monopolios.
El proyecto tiene un origen diverso. Nació a partir de una iniciativa del diputado del FPV, Remo Carlotto, quien buscó incorporarle a la vieja ley una actualización sobre el mundo de Internet, pero sufrió una serie de cuestionamientos que partieron del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que el oficialismo receptó al punto de avanzar en una modificación integral de la norma que data de 1988 a partir de todos los proyectos que había sobre este tema. Se trata de un texto que ya obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías y que integra varios textos propuestos por los legisladores Remo Carlotto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. La iniciativa otorga una dimensión distinta al concepto de "acto discriminatorio", incorporando a Internet y los medios de comunicación la obligación de informar sobre el carácter discriminatorio de un contenido. "En el Art 21, sobre las plataformas de Internet, aclara que se les debe avisar a los usuarios que discriminar está mal y brindar un 0800 para que el usuario llame y advertir sobre mensajes y contenidos discriminatorios", explicó Conti.
Sin embargo y a pesar del trabajo de más de dos meses que realizaron los legisladores de todas las bancadas, las críticas realizadas al primer proyecto fueron las que se utilizaron para intentar frenar la norma. Por caso, además de repudios que surgieron de los grandes medios concentrados se sumaron también las objeciones de organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles, que no dudaron en afirmar que la norma "contiene disposiciones que restringen la libertad de expresión y resultan incompatibles con la Constitución Nacional".
Conti rechazó de plano esas afirmaciones. Por un lado aseguró que el artículo referido a la promoción de la no discriminación en Internet no debe resultar extraño porque "el discriminar por Internet está prohibido, es un delito y eso lo dice la Comisión Interamericana Contra la Discriminación". Por otra parte, rechazó también que se busque limitar la libertad de expresión en esos foros de lectores de los medios de comunicación porque lo que propone la norma es que "las plataformas de Internet deben avisar y advertir a los usuarios que discriminar está mal, y brindar el número de la línea gratuita para que el usuario llame y denuncie sobre la posible existencia de mensajes y contenidos discriminatorios".
Además, la diputada desmintió que se hayan incrementado penas en el proyecto sino que son las mismas que consideraba la ley que está en vigencia, la 23.592. "Hubo diputados que propusieron incrementar las penas y fuimos los representantes del FPV los que nos opusimos", indicó Conti.
Hay un dato más sobre las razones de la actualización de la norma. Conti recordó que durante estos últimos 12 años la Argentina sufrió una transformación en cuanto al reconocimiento de derechos referidos a la orientación sexual y la identidad de género. "Existen leyes como la de matrimonio igualitario y de identidad de género, pero todavía estos grupos son susceptibles de discriminación y por eso debemos prevenir", explicó. Y agregó que "si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, también es cierto que uno de sus límites es la discriminación y sobre eso buscamos legislar".
El proyecto ya cuenta con dictamen pero en el FPV creen que todavía hay tiempo para limar algunas disidencias que expresaron la diputada del FIT, Myriam Bregman y el radical Marcelo Garrido. Tampoco hay fecha concreta de tratamiento y es muy probable que ocurra una vez que se superen las PASO del 9 de agosto. «
El proyecto tiene un origen diverso. Nació a partir de una iniciativa del diputado del FPV, Remo Carlotto, quien buscó incorporarle a la vieja ley una actualización sobre el mundo de Internet, pero sufrió una serie de cuestionamientos que partieron del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que el oficialismo receptó al punto de avanzar en una modificación integral de la norma que data de 1988 a partir de todos los proyectos que había sobre este tema. Se trata de un texto que ya obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías y que integra varios textos propuestos por los legisladores Remo Carlotto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. La iniciativa otorga una dimensión distinta al concepto de "acto discriminatorio", incorporando a Internet y los medios de comunicación la obligación de informar sobre el carácter discriminatorio de un contenido. "En el Art 21, sobre las plataformas de Internet, aclara que se les debe avisar a los usuarios que discriminar está mal y brindar un 0800 para que el usuario llame y advertir sobre mensajes y contenidos discriminatorios", explicó Conti.
Sin embargo y a pesar del trabajo de más de dos meses que realizaron los legisladores de todas las bancadas, las críticas realizadas al primer proyecto fueron las que se utilizaron para intentar frenar la norma. Por caso, además de repudios que surgieron de los grandes medios concentrados se sumaron también las objeciones de organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles, que no dudaron en afirmar que la norma "contiene disposiciones que restringen la libertad de expresión y resultan incompatibles con la Constitución Nacional".
Conti rechazó de plano esas afirmaciones. Por un lado aseguró que el artículo referido a la promoción de la no discriminación en Internet no debe resultar extraño porque "el discriminar por Internet está prohibido, es un delito y eso lo dice la Comisión Interamericana Contra la Discriminación". Por otra parte, rechazó también que se busque limitar la libertad de expresión en esos foros de lectores de los medios de comunicación porque lo que propone la norma es que "las plataformas de Internet deben avisar y advertir a los usuarios que discriminar está mal, y brindar el número de la línea gratuita para que el usuario llame y denuncie sobre la posible existencia de mensajes y contenidos discriminatorios".
Además, la diputada desmintió que se hayan incrementado penas en el proyecto sino que son las mismas que consideraba la ley que está en vigencia, la 23.592. "Hubo diputados que propusieron incrementar las penas y fuimos los representantes del FPV los que nos opusimos", indicó Conti.
Hay un dato más sobre las razones de la actualización de la norma. Conti recordó que durante estos últimos 12 años la Argentina sufrió una transformación en cuanto al reconocimiento de derechos referidos a la orientación sexual y la identidad de género. "Existen leyes como la de matrimonio igualitario y de identidad de género, pero todavía estos grupos son susceptibles de discriminación y por eso debemos prevenir", explicó. Y agregó que "si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, también es cierto que uno de sus límites es la discriminación y sobre eso buscamos legislar".
El proyecto ya cuenta con dictamen pero en el FPV creen que todavía hay tiempo para limar algunas disidencias que expresaron la diputada del FIT, Myriam Bregman y el radical Marcelo Garrido. Tampoco hay fecha concreta de tratamiento y es muy probable que ocurra una vez que se superen las PASO del 9 de agosto. «
