La propuesta del establishment para 2015: reforzar el disciplinamiento social, clausurar todas las formas de movilización popular.
"El conocimiento de los propios límites nos preserva de la destrucción", Lao Tse.
País curioso. Casi el 80% de los encustados por Poliarquía, con el auspicio del Institute for Democracy and Electoral Assistance, piensa que el país "vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley". Al mismo tiempo, el 91% consideró, según la encuesta publicada ayer por La Nación, que la Constitución es importante o muy importante. ¿Importante para qué? ¿Cómo puede ser importante un artefacto inútil? Máxime cuando la disposición a violar la ley –en caso de creer que se tiene razón en su contra– fue opción válida para el 43% de los encuestados.
Vale la pena detenerse en esta idea: ¿se puede violar la ley y tener razón? Para un ciudadano tipo de los Estados Unidos incumplir la ley no es sencillo. No sólo le impone una tensión extrema, sino que constituye un claro disvalor. Para un argentino remite a su experiencia diaria. No escriturar la casa al precio que realmente se pagó sino uno bastante menor; evitar el pago de IVA vendiendo sin factura, con el consentimiento al menos tácito de la otra parte, constituyen prácticas naturalizadas sin sanción social. Es manifiesto que sólo estoy ejemplificando, ya que los casos en que se quebranta la ley son muy numerosos; resultan menos habituales los casos de taxativo cumplimiento. Y cuando no puede eludirse una ley digamos incómoda, el rango de furia excede el buen decir. Por tanto, la respuesta del 46% (no estar dispuesto a violar la ley) no puede no sorprender. Tantos hombres y mujeres perfectamente honrados conviven con otros tan dispuestos a quebrantar las normas vigentes. Y cómo entender ese comportamiento al lado del 79% que percibe una sociedad donde las reglas se quebrantan continuamente sin demasiada resistencia.
En este punto, la lectura de la encuesta se problematiza. O admitimos una distancia irrecorrible entre las normas y la práctica real, o debemos considerar que la estrategia elaborada para averiguar qué se piensa fue exitosamente contrarrestaba por los encuestados. Dicho sin eufemismos, en lugar de contestar lealmente las preguntas, dieron las respuestas que suponen deben darse desde lo políticamente correcto. O más grave aún: como la distancia entre lo que sucede y lo que debería suceder nos pone todo el "tiempo fuera de la ley" cuando se habla de los demás se reconoce la verdad, pero se la escamotea no bien nos afecta.
Para que se entienda. Tener razón para incumplir la ley no supone una legislación injusta pero vigente, sino sencillamente una que no favorece mi interés personal. En una sociedad sin reglas compartidas, así lo manifiesta el 73% de los encuestados, ya que la igualdad ante la ley no existe, 63%, la única regla "común" se reduce a me conviene/no me conviene. A partir de detectar este elemento absolutamente relevante y por demás conocido todas las preguntas de la encuesta debieron ser reformuladas.
Las preguntas generales, abiertas, para que tengan un mínimo valor explicativo, debieran acotarse, cerrarse. Sólo al señalar directamente el objeto de la pregunta, la respuesta puede ser considerada parte de una serie con aptitud explicativa. De lo contrario se están fabricando las respuestas, cuyo sentido corre por cuenta del medio que las publica. La Nación titula en tapa, a cuatro columnas, con tres líneas tipográficas fuertes: "Para el 79% de los argentinos, en el país se vive al margen de la ley". A la hora de identificar a los responsables de tamaño descalabro un genérico "los políticos" encabeza el ranking, y a la hora de depositar confianza institucional, la universidad pública se lleva inexplicados lauros.
Cuidado, no estoy diciendo que no pueda explicarse tan elevado nivel de prestigio de universidades como la UBA, sino que en semejante encuesta no hay modo de ponderarlo, y lo que es muchísimo más grave, no hay modo de organizar un fotograma fijo que capture acá y ahora los ejes valorativos de esta sociedad.
Claro que si se cruza la proclama militar del golpe ejecutado el 24 de marzo de 1976, con la "lectura propiciada" desde una encuesta inconsistente, queda en evidencia el montaje intencionado. El gobierno de María Estela Martínez de Perón era acusado de permitir el "festín de los corruptos", de los políticos corruptos, que debían ser sometidos al filoso bisturí de la dictadura terrorista para que la ley no siga siendo burlada.
El 24% de los encuestados, según este curioso trabajo de Poliarquía, no valora la democracia, contra el 71% que sí lo hace. Si ese dato pudiera cruzarse con el que mide la segunda fuerza electoral cuantitativa, los que no votan, se podría evaluar la correlación entre el segmento más despolitizado y la derecha más troglodita. Pero por cierto no se puede. Algo queda claro, uno de cada cuatro habitantes de este sufrido país no tiene ningún inconveniente en "cerrar este ciclo" político para inaugurar otro de signo profundamente reaccionario, según sostiene esta encuesta.
De modo que en una sociedad sin capacidad militar para impulsar un golpe de Estado, la retórica requerida para posibilitarlo no ha sido abandonada. No se trata de agitar fantasmas, sino de entender cómo calza esta lógica discursiva con un gobierno de derecha tradicional que accede al poder mediante elecciones libres. Esa es la propuesta del establishment para 2015: reforzar el disciplinamiento social, clausurar todas las formas de movilización popular.
CANDIDATOS PROPIOS, VOTANTES AJENOS. A pocos días de las PASO en la CABA, a pocas semanas de las PASO presidenciales, no apareció ningún tapado. Las tres veredas de la política partidaria conservan referentes electorales tradicionales. Los encuestadores aceptan que la confluencia de PRO con la UCR no potenció la candidatura de Mauricio Macri; eso sí, la diáspora de los intendentes radicales parecería detenida, al tiempo que los movimientos globulares siguen su curso. Margarita Stolbizer, sempiterna reconstructora del radicalismo progre, ya mide en las encuestas, mientras Ernesto Sanz no mueve el amperímetro.
Sergio Massa, al no contar con la bendición mediática que supo tener, corre el riesgo de quedarse sin chequera suficiente. Claro que el perfil de sus votantes –interesados en una cierta continuidad de las actuales políticas públicas– no emigrarían necesariamente en la dirección correcta. Es más fácil que Daniel Scioli los termine sumando, a que opere la dudosa eficacia de los consejos de Duran Barba. Es que conseguir la adhesión de los gerentes asegura la provisión de fondos, pero lograr el voto de sus empleados sigue siendo harina de otro costal.
No se trata de las garantías que los dirigentes sindicales tradicionales –los gordos– ofrecen al gobernador de la provincia de Buenos Aires, si por ellos fuera ya habría ganado, sino de la notable desvinculación entre los dirigentes y los dirigidos en materia política. En las filas del oficialismo es vox populi que Florencio Randazzo juega sus últimos naipes, si en las próximas dos semanas no ronca fuerte, ya fue. Desde el momento en que el balotaje no puede ser descartado, la figura de Scioli crece en la estimación presidencial. En ese punto coinciden los encuestadores, Daniel es el único que puede sumar con la amplitud de Cristina Fernández, los demás no pueden.
Es cierto que el armado final de las listas se hará en la Casa Rosada, pero nadie ignora que la lealtad irresistible a la presidenta depende que lo sea. Por tanto, más alla de incomodidades circunstanciales, el gobernador platense –si fuera el candidato y finalmente ganara, como aseguran las encuestas– será rodeado por el amplio grupo de incondicionales que arrima la victoria. Después de todo, ese ha sido el comportamiento pejotista desde 1983, y nada augura que cambie. Sobre todo, cuando 2019 queda tan pero tan lejos.
iNFO|news
"El conocimiento de los propios límites nos preserva de la destrucción", Lao Tse.
País curioso. Casi el 80% de los encustados por Poliarquía, con el auspicio del Institute for Democracy and Electoral Assistance, piensa que el país "vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley". Al mismo tiempo, el 91% consideró, según la encuesta publicada ayer por La Nación, que la Constitución es importante o muy importante. ¿Importante para qué? ¿Cómo puede ser importante un artefacto inútil? Máxime cuando la disposición a violar la ley –en caso de creer que se tiene razón en su contra– fue opción válida para el 43% de los encuestados.
Vale la pena detenerse en esta idea: ¿se puede violar la ley y tener razón? Para un ciudadano tipo de los Estados Unidos incumplir la ley no es sencillo. No sólo le impone una tensión extrema, sino que constituye un claro disvalor. Para un argentino remite a su experiencia diaria. No escriturar la casa al precio que realmente se pagó sino uno bastante menor; evitar el pago de IVA vendiendo sin factura, con el consentimiento al menos tácito de la otra parte, constituyen prácticas naturalizadas sin sanción social. Es manifiesto que sólo estoy ejemplificando, ya que los casos en que se quebranta la ley son muy numerosos; resultan menos habituales los casos de taxativo cumplimiento. Y cuando no puede eludirse una ley digamos incómoda, el rango de furia excede el buen decir. Por tanto, la respuesta del 46% (no estar dispuesto a violar la ley) no puede no sorprender. Tantos hombres y mujeres perfectamente honrados conviven con otros tan dispuestos a quebrantar las normas vigentes. Y cómo entender ese comportamiento al lado del 79% que percibe una sociedad donde las reglas se quebrantan continuamente sin demasiada resistencia.
En este punto, la lectura de la encuesta se problematiza. O admitimos una distancia irrecorrible entre las normas y la práctica real, o debemos considerar que la estrategia elaborada para averiguar qué se piensa fue exitosamente contrarrestaba por los encuestados. Dicho sin eufemismos, en lugar de contestar lealmente las preguntas, dieron las respuestas que suponen deben darse desde lo políticamente correcto. O más grave aún: como la distancia entre lo que sucede y lo que debería suceder nos pone todo el "tiempo fuera de la ley" cuando se habla de los demás se reconoce la verdad, pero se la escamotea no bien nos afecta.
Para que se entienda. Tener razón para incumplir la ley no supone una legislación injusta pero vigente, sino sencillamente una que no favorece mi interés personal. En una sociedad sin reglas compartidas, así lo manifiesta el 73% de los encuestados, ya que la igualdad ante la ley no existe, 63%, la única regla "común" se reduce a me conviene/no me conviene. A partir de detectar este elemento absolutamente relevante y por demás conocido todas las preguntas de la encuesta debieron ser reformuladas.
Las preguntas generales, abiertas, para que tengan un mínimo valor explicativo, debieran acotarse, cerrarse. Sólo al señalar directamente el objeto de la pregunta, la respuesta puede ser considerada parte de una serie con aptitud explicativa. De lo contrario se están fabricando las respuestas, cuyo sentido corre por cuenta del medio que las publica. La Nación titula en tapa, a cuatro columnas, con tres líneas tipográficas fuertes: "Para el 79% de los argentinos, en el país se vive al margen de la ley". A la hora de identificar a los responsables de tamaño descalabro un genérico "los políticos" encabeza el ranking, y a la hora de depositar confianza institucional, la universidad pública se lleva inexplicados lauros.
Cuidado, no estoy diciendo que no pueda explicarse tan elevado nivel de prestigio de universidades como la UBA, sino que en semejante encuesta no hay modo de ponderarlo, y lo que es muchísimo más grave, no hay modo de organizar un fotograma fijo que capture acá y ahora los ejes valorativos de esta sociedad.
Claro que si se cruza la proclama militar del golpe ejecutado el 24 de marzo de 1976, con la "lectura propiciada" desde una encuesta inconsistente, queda en evidencia el montaje intencionado. El gobierno de María Estela Martínez de Perón era acusado de permitir el "festín de los corruptos", de los políticos corruptos, que debían ser sometidos al filoso bisturí de la dictadura terrorista para que la ley no siga siendo burlada.
El 24% de los encuestados, según este curioso trabajo de Poliarquía, no valora la democracia, contra el 71% que sí lo hace. Si ese dato pudiera cruzarse con el que mide la segunda fuerza electoral cuantitativa, los que no votan, se podría evaluar la correlación entre el segmento más despolitizado y la derecha más troglodita. Pero por cierto no se puede. Algo queda claro, uno de cada cuatro habitantes de este sufrido país no tiene ningún inconveniente en "cerrar este ciclo" político para inaugurar otro de signo profundamente reaccionario, según sostiene esta encuesta.
De modo que en una sociedad sin capacidad militar para impulsar un golpe de Estado, la retórica requerida para posibilitarlo no ha sido abandonada. No se trata de agitar fantasmas, sino de entender cómo calza esta lógica discursiva con un gobierno de derecha tradicional que accede al poder mediante elecciones libres. Esa es la propuesta del establishment para 2015: reforzar el disciplinamiento social, clausurar todas las formas de movilización popular.
CANDIDATOS PROPIOS, VOTANTES AJENOS. A pocos días de las PASO en la CABA, a pocas semanas de las PASO presidenciales, no apareció ningún tapado. Las tres veredas de la política partidaria conservan referentes electorales tradicionales. Los encuestadores aceptan que la confluencia de PRO con la UCR no potenció la candidatura de Mauricio Macri; eso sí, la diáspora de los intendentes radicales parecería detenida, al tiempo que los movimientos globulares siguen su curso. Margarita Stolbizer, sempiterna reconstructora del radicalismo progre, ya mide en las encuestas, mientras Ernesto Sanz no mueve el amperímetro.
Sergio Massa, al no contar con la bendición mediática que supo tener, corre el riesgo de quedarse sin chequera suficiente. Claro que el perfil de sus votantes –interesados en una cierta continuidad de las actuales políticas públicas– no emigrarían necesariamente en la dirección correcta. Es más fácil que Daniel Scioli los termine sumando, a que opere la dudosa eficacia de los consejos de Duran Barba. Es que conseguir la adhesión de los gerentes asegura la provisión de fondos, pero lograr el voto de sus empleados sigue siendo harina de otro costal.
No se trata de las garantías que los dirigentes sindicales tradicionales –los gordos– ofrecen al gobernador de la provincia de Buenos Aires, si por ellos fuera ya habría ganado, sino de la notable desvinculación entre los dirigentes y los dirigidos en materia política. En las filas del oficialismo es vox populi que Florencio Randazzo juega sus últimos naipes, si en las próximas dos semanas no ronca fuerte, ya fue. Desde el momento en que el balotaje no puede ser descartado, la figura de Scioli crece en la estimación presidencial. En ese punto coinciden los encuestadores, Daniel es el único que puede sumar con la amplitud de Cristina Fernández, los demás no pueden.
Es cierto que el armado final de las listas se hará en la Casa Rosada, pero nadie ignora que la lealtad irresistible a la presidenta depende que lo sea. Por tanto, más alla de incomodidades circunstanciales, el gobernador platense –si fuera el candidato y finalmente ganara, como aseguran las encuestas– será rodeado por el amplio grupo de incondicionales que arrima la victoria. Después de todo, ese ha sido el comportamiento pejotista desde 1983, y nada augura que cambie. Sobre todo, cuando 2019 queda tan pero tan lejos.
iNFO|news
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