La concentración de cerca de 10 mil personas que se realizó en el mes de febrero y culminó frente al Congreso Nacional en Asunción dio inicio a un nuevo proceso de lucha de trabajadores, campesinos, pequeños importadores y comunidades indígenas. Cuestionan al presidente Cartes y a los partidos tradicionales.
Paraguay vive un momento de alta ebullición social. Frente a las políticas del gobierno impregnadas de neoliberalismo, los movimientos sociales van generando conciencia y la necesidad de enfrentarlo. La Marcha que el Partido Paraguay Pyahura realizó durante cinco días, en una caminata que concluyó con cerca de 10 mil personas frente al Congreso Nacional, reclamó la renuncia del presidente Horacio Cartes y planteó la necesidad de alternativas para poner fin a su programa de ajuste, endeudamiento, explotación furtiva de los recursos naturales y privatizaciones.
El secretario general del partido, Eladio Flecha, resumió: “Pedimos la renuncia de Horacio Cartes porque no tiene ninguna intención de mirar hacia este sentimiento del pueblo mediante sus políticas públicas”. Aclaró que este movimiento político y social no cree “que Cartes deba renunciar para que otra vez vuelva a asumir el vicepresidente o el presidente del Congreso o miembros de la Corte Suprema de Justicia”, porque en definitiva “son todos de la misma rama”.
Flecha alertó que “la incursión de la narcopolítica y la mafia en las instituciones del país debiera ser una preocupación para toda la gente trabajadora y no solamente de los campesinos y obreros. Creemos que dentro de la clase pudiente también hay gente honesta que vive de su trabajo. A ellos le lanzamos una invitación para debatir un modelo de Estado diferente, porque éste no es el gobierno que necesitamos”.
Paraguay Pyahura trabaja en conjunto con el Frente Guasu y otras organizaciones políticas y sociales en la conformación del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), entre otras cosas, para conformar una alternativa electoral a los partidos tradicionales.
El secretario general del partido, Eladio Flecha, resumió: “Pedimos la renuncia de Horacio Cartes porque no tiene ninguna intención de mirar hacia este sentimiento del pueblo mediante sus políticas públicas”. Aclaró que este movimiento político y social no cree “que Cartes deba renunciar para que otra vez vuelva a asumir el vicepresidente o el presidente del Congreso o miembros de la Corte Suprema de Justicia”, porque en definitiva “son todos de la misma rama”.
Flecha alertó que “la incursión de la narcopolítica y la mafia en las instituciones del país debiera ser una preocupación para toda la gente trabajadora y no solamente de los campesinos y obreros. Creemos que dentro de la clase pudiente también hay gente honesta que vive de su trabajo. A ellos le lanzamos una invitación para debatir un modelo de Estado diferente, porque éste no es el gobierno que necesitamos”.
Paraguay Pyahura trabaja en conjunto con el Frente Guasu y otras organizaciones políticas y sociales en la conformación del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), entre otras cosas, para conformar una alternativa electoral a los partidos tradicionales.
Ejemplos. Lejos de amilanarse, el gobierno avanzó sobre la línea de los trabajadores informales que ingresan a Paraguay mercaderías de Argentina y Brasil y subsisten gracias a la diferencia cambiaria.
El decreto 2430, que reglamenta las importaciones menores, exige a los “paseros” la presentación de las facturas de las mercaderías, cuando hasta ahora presentaban los tickets de compras. La informatización de la Aduana es otro de los puntos que complica la situación y que generó, como respuesta, una protesta internacional en el principal paso hacia Argentina, que incluyó cortes intermitentes de ruta que complicaron el transporte de personas y cargas.
Las nuevas reglamentaciones frenaron de un día para otro la incesante actividad comercial entre Clorinda (Argentina) y Puerto Elsa, Puerto Falcón e Itá Enramada, localidades paraguayas que hacen las veces de puerta de entrada hacia la Gran Asunción. Esto motivó las protestas de paseros, choferes de combis (vehículos de transporte de personas), estibadores y pequeños importadores que, al ser reprimidos por la policía y ante la falta de respuestas del gobierno de Cartes, consiguieron la solidaridad de los trabajadores y comerciantes clorindenses. Juntos realizaron cortes de ruta en su territorio hasta que una orden judicial los obligó a despejar el camino.
En principio, el corte de rutas impedía el paso de los camiones de carga, pero se permitía el tránsito de automóviles y ómnibus de pasajeros. Sin embargo, la situación se agravó cuando los conductores de camiones practicaron su propio corte en el puente San Ignacio de Loyola, que une Falcón con Clorinda, lo cual generó una parálisis total que produjo colas de kilómetros a ambos lados de la frontera.
La dirigente de los pequeños importadores, Zully Jacquet, agradeció la solidaridad de “los hermanos argentinos” y estimó que “por suerte ahora parece que nos van a escuchar”. La mujer mostró las heridas de 13 perdigones de balas de goma que tenía en el brazo y señaló que “el Mercosur se olvidó de los paseros, las primeras personas que comenzaron con la actividad de comerciar entre las fronteras”, comentó. “Estas normativas están hechas para que sólo los grandes importadores puedan trabajar”, apuntó.
Los trabajadores acusaron al presidente Cartes de favorecer sólo a los grandes importadores y señalan principalmente a Antonio J. Vierci como principal beneficiario de sus políticas. Vierci es uno de los principales importadores del país, dueño de una cadena de supermercados y de un poderoso multimedio que incluye dos canales de televisión abierta, un diario, una emisora de amplitud modulada y varias de frecuencia modulada.
El dirigente Paciano Moreno, de la Cooperativa de Transportistas de Puerto Elsa, explicó: “Estamos de acuerdo en pagar los impuestos, pero deberían dejarnos trabajar; somos por lo menos siete mil personas las que trabajamos en esto, pero el impacto indirecto es para más de 35 mil personas en toda la Gran Asunción. No somos sólo los estibadores, carretilleros, choferes, vendedores, está también la gente que hace los viajes para poder hacer rendir su platita, gente que tiene un capital de 150, 200 mil guaraníes (unos 40 dólares) que moviliza con esta actividad”.
Ovidio Díaz, dirigente de los trabajadores clorindenses, señaló que “más o menos la mitad de la ciudad de Clorinda vive del comercio. Nuestras patronas son mujeres que van y vienen todos los días, que compran para poder hacer una diferencia, para sobrevivir, porque tampoco es que la gente se va a hacer rica como Vierci”.
El decreto 2430, que reglamenta las importaciones menores, exige a los “paseros” la presentación de las facturas de las mercaderías, cuando hasta ahora presentaban los tickets de compras. La informatización de la Aduana es otro de los puntos que complica la situación y que generó, como respuesta, una protesta internacional en el principal paso hacia Argentina, que incluyó cortes intermitentes de ruta que complicaron el transporte de personas y cargas.
Las nuevas reglamentaciones frenaron de un día para otro la incesante actividad comercial entre Clorinda (Argentina) y Puerto Elsa, Puerto Falcón e Itá Enramada, localidades paraguayas que hacen las veces de puerta de entrada hacia la Gran Asunción. Esto motivó las protestas de paseros, choferes de combis (vehículos de transporte de personas), estibadores y pequeños importadores que, al ser reprimidos por la policía y ante la falta de respuestas del gobierno de Cartes, consiguieron la solidaridad de los trabajadores y comerciantes clorindenses. Juntos realizaron cortes de ruta en su territorio hasta que una orden judicial los obligó a despejar el camino.
En principio, el corte de rutas impedía el paso de los camiones de carga, pero se permitía el tránsito de automóviles y ómnibus de pasajeros. Sin embargo, la situación se agravó cuando los conductores de camiones practicaron su propio corte en el puente San Ignacio de Loyola, que une Falcón con Clorinda, lo cual generó una parálisis total que produjo colas de kilómetros a ambos lados de la frontera.
La dirigente de los pequeños importadores, Zully Jacquet, agradeció la solidaridad de “los hermanos argentinos” y estimó que “por suerte ahora parece que nos van a escuchar”. La mujer mostró las heridas de 13 perdigones de balas de goma que tenía en el brazo y señaló que “el Mercosur se olvidó de los paseros, las primeras personas que comenzaron con la actividad de comerciar entre las fronteras”, comentó. “Estas normativas están hechas para que sólo los grandes importadores puedan trabajar”, apuntó.
Los trabajadores acusaron al presidente Cartes de favorecer sólo a los grandes importadores y señalan principalmente a Antonio J. Vierci como principal beneficiario de sus políticas. Vierci es uno de los principales importadores del país, dueño de una cadena de supermercados y de un poderoso multimedio que incluye dos canales de televisión abierta, un diario, una emisora de amplitud modulada y varias de frecuencia modulada.
El dirigente Paciano Moreno, de la Cooperativa de Transportistas de Puerto Elsa, explicó: “Estamos de acuerdo en pagar los impuestos, pero deberían dejarnos trabajar; somos por lo menos siete mil personas las que trabajamos en esto, pero el impacto indirecto es para más de 35 mil personas en toda la Gran Asunción. No somos sólo los estibadores, carretilleros, choferes, vendedores, está también la gente que hace los viajes para poder hacer rendir su platita, gente que tiene un capital de 150, 200 mil guaraníes (unos 40 dólares) que moviliza con esta actividad”.
Ovidio Díaz, dirigente de los trabajadores clorindenses, señaló que “más o menos la mitad de la ciudad de Clorinda vive del comercio. Nuestras patronas son mujeres que van y vienen todos los días, que compran para poder hacer una diferencia, para sobrevivir, porque tampoco es que la gente se va a hacer rica como Vierci”.
Sin reservas. Otro caso que alteró los ánimos de la población fue la intención del gobierno de extraer piedras para pavimento del Parque Nacional Defensores del Chaco, en la Región Occidental del país, más de 500 kilómetros al norte de Asunción. Se trata de una reserva de 780 mil hectáreas en la que viven los últimos pueblos Ayoreo que no tuvieron contacto con la civilización, quizá el patrimonio cultural más importante del país.
La ley 5.392/15, que puede eventualmente autorizar la explotación de áreas de reserva, sancionada el 2 de febrero pasado, fue impulsada por el senador Arnoldo Wiens (Partido Colorado, oficialista). Recorta unas 58 mil hectáreas al Parque Nacional Defensores del Chaco, de un área al norte del Cerro León, formación geológica de gran valor, donde se podría extraer yeso.
Una comisión parlamentaria encabezada por el senador Sixto Pereira (Frente Guasu) verificó que se están haciendo cercados en torno a lo que se conocen como viejas explotaciones de yeso realizadas ilegalmente por militares que utilizaban la mano de obra gratuita de los soldados conscriptos, según la denuncia que recibió el legislador. La traza de nuevas rutas que atravesarían la reserva para facilitar la producción de carne y soja aparecen como otra preocupación.
El ex ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam) Oscar Rivas indicó que detrás de estos movimientos estarían sectores interesados en la megaminería. Mencionó las exploraciones de Uranio en Yuty, en la Región Oriental, que sería la razón por la que el gobierno paraguayo no se opone frontalmente a la Planta de Procesadora de Uranio en Formosa, Argentina. “Está también el tema del fracking, el método de fractura hidráulica de la roca para la obtención de hidrocarburos, que podría ser también cuestión de fondo en relación a esta intención de hacer prospecciones en el Parque Defensores”, dijo.
Se sumó en estos días el cierre de la ruta 10 por parte de productores de chía en Capiibary, Canindeyú, 235 kilómetros al nordeste de Asunción, para reclamar el pago del subsidio prometido por las autoridades a los afectados por sequía en la zafra anterior. “Esta es ya una revolución contra el presidente y su ministro, mientras no nos den nuestro pedido vamos a morir en las rutas”, dijeron los campesinos.
La ley 5.392/15, que puede eventualmente autorizar la explotación de áreas de reserva, sancionada el 2 de febrero pasado, fue impulsada por el senador Arnoldo Wiens (Partido Colorado, oficialista). Recorta unas 58 mil hectáreas al Parque Nacional Defensores del Chaco, de un área al norte del Cerro León, formación geológica de gran valor, donde se podría extraer yeso.
Una comisión parlamentaria encabezada por el senador Sixto Pereira (Frente Guasu) verificó que se están haciendo cercados en torno a lo que se conocen como viejas explotaciones de yeso realizadas ilegalmente por militares que utilizaban la mano de obra gratuita de los soldados conscriptos, según la denuncia que recibió el legislador. La traza de nuevas rutas que atravesarían la reserva para facilitar la producción de carne y soja aparecen como otra preocupación.
El ex ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam) Oscar Rivas indicó que detrás de estos movimientos estarían sectores interesados en la megaminería. Mencionó las exploraciones de Uranio en Yuty, en la Región Oriental, que sería la razón por la que el gobierno paraguayo no se opone frontalmente a la Planta de Procesadora de Uranio en Formosa, Argentina. “Está también el tema del fracking, el método de fractura hidráulica de la roca para la obtención de hidrocarburos, que podría ser también cuestión de fondo en relación a esta intención de hacer prospecciones en el Parque Defensores”, dijo.
Se sumó en estos días el cierre de la ruta 10 por parte de productores de chía en Capiibary, Canindeyú, 235 kilómetros al nordeste de Asunción, para reclamar el pago del subsidio prometido por las autoridades a los afectados por sequía en la zafra anterior. “Esta es ya una revolución contra el presidente y su ministro, mientras no nos den nuestro pedido vamos a morir en las rutas”, dijeron los campesinos.
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