En las desgravaciones no participan funcionarios argentinos o iraníes y no se desprende la existencia de un plan criminal.
Un repaso por las 290 páginas de la denuncia del fiscal Alberto Nisman deja al descubierto la endeblez de la argumentación.
No hay en todo el escrito ninguna prueba que incrimine a la presidenta, Cristina Fernández, en el delito que se le imputa ni existen desgravaciones de conversaciones en las que participe la mandataria.
El fiscal sostiene que el plan criminal tenía por objeto dar de baja las alertas rojas de Interpol, algo que no sólo no se produjo, sino que fue desmentido por el ex titular de la entidad Ronald Noble. Interpol sólo podría dar ese paso luego de una orden del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Los dos supuestos agentes de inteligencia que hacen la columna vertebral de la denuncia del fiscal (Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia) no forman parte de la Secretaría de Inteligencia.
Uno de los sustentos centrales de la denuncia es la declaración del fallecido periodista José Eliaschev, quien declaró haber visto un documento interno del gobierno iraní que extrañamente no estaba escrito en farsi, sino en inglés.
La construcción argumental del fiscal se sustenta tanto en la interpretación de los diálogos que protagonizaron Luis D’Elía y Fernando Esteche con el dirigente comunitario Jorge "Yussuf" Khalil como en artículos periodísticos.
En esa línea, el fiscal sostiene que el plan criminal está probado entre otras cosas a partir de una escucha en la que Khalil sostiene que el Memorándum firmado con Irán es una copia de un documento redactado por el líder de Quebracho, Fernando Esteche, varios años antes.
Nisman asume que existe un acuerdo secreto para exculpar a los imputados iraníes (que nunca se conoció) y afirma que el objetivo final es incrementar el intercambio comercial (Argentina compraría petróleo y vendería granos), algo que nunca se concretó.
El fiscal acusa a la presidenta y a Timerman de conformar un plan criminal para entorpecer la investigación pero luego da cuenta de escuchas en las que los presuntos influyentes se lamentan porque debido al propio accionar del canciller no cayeron las alertas rojas de Interpol.
Nisman asevera que el "pacto encubridor" incluía también la construcción de evidencias para señalar a nuevos sospechosos del atentado a la AMIA identificada como "una conexión de fachos locales". Según las denuncias, esas conversaciones comenzaron en 2012, pero hasta ahora no se incorporó a la investigación ninguna pista adicional a la que impulsa el propio fiscal. «
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