Por Ailín Bullentini
El pedido de datos a la Secretaría de Inteligencia que hizo ayer era una de las pocas medidas fundamentales que tenía pensado tomar el juez Ariel Lijo antes del final de la feria judicial. La estrategia compartida con el fiscal federal Ramiro González consiste en tomar una serie de “medidas urgentes” destinadas a asegurar los pilares principales de la denuncia. Ahora, González deberá estudiar el material que contienen los 19 discos –más de cinco mil horas de escuchas telefónicas– que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman como prueba. A raíz de lo que encuentre allí, más el resto de los elementos del documento –dos declaraciones testimoniales y decenas de recortes periodísticos– opinará sobre la conexión entre este nuevo hecho y el que analiza junto con Lijo desde 2006, sobre irregularidades en la investigación de la voladura de la sede de la mutual judía, y si corresponde o no retener el expediente en ese despacho. Recién después el juez decidirá, pero nada de esto ocurrirá antes de febrero.
La Secretaría de Inteligencia informó ayer a Lijo que las únicas dos personas mencionadas en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman como agentes o vinculadas de alguna manera a esa dependencia no lo son. Ni Ramón Allan Héctor Bogado ni Héctor Yrimia fueron o son miembros de la SI. Al primero, el organismo a cargo desde hace muy poco del ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, lo denunció en noviembre de 2014 por tráfico de influencias. Así, uno de los principales argumentos esgrimidos por Nisman al momento de presentar su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque, algunos dirigentes políticos y otros ex funcionarios judiciales por encubrimiento del atentado a la AMIA, entró en crisis.
Parrilli contestó en el día el pedido formal que le había hecho Lijo a primera hora de la mañana: que ofreciera toda la información que la dependencia tuviera sobre dos hombres que figuran en la denuncia de Alberto Nisman: Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia. Al primero, el fiscal lo presentó en la denuncia como “un individuo identificado como ‘Allan’ que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación”. Yrimia es ex fiscal y ex juez de Instrucción. Nisman lo denunció directamente como miembro de la asociación que pergeñó el plan destinado a despegar a Irán de la investigación sobre el atentado a partir del plantado de una pista falsa que responsabilizara a “fachos locales” por la voladura y lo señala como “actualmente vinculado a un sector de la Secretaría de Inteligencia”.
Los vínculos fueron desmentidos por la SI, que a través de un comunicado firmado por Parrilli aseguraron: “Consultadas las áreas pertinentes del organismo, se hace saber que los señores Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”. El pasado fin de semana, La Nación había difundido otros supuestos datos sobre Bogado: que es de Misiones, que formaba parte de la agrupación política La Cámpora, que tenía relación estrecha con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según la SI, no sólo no es agente de inteligencia. En el mismo comunicado de desmentida, el organismo informó a Lijo sobre dos denuncias que Bogado tiene sobre sus espaldas por haber mentido sobre su condición de agente. En 2013, precisa el texto, la SI había recibido un pedido de informes similar al que emitió el juez federal a cargo del encubrimiento del atentado a la AMIA. En esa ocasión, el Tribunal Oral Federal
N0 1 consultaba sobre el vínculo de Bogado con la SI. En noviembre de 2014, fue la propia institución la que lo denunció ante la Justicia por tráfico de influencias. Según el documento firmado por Parrilli, Bogado “se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de esta Secretaría”. La denuncia está en manos del juez Luis Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N0 9.
Tanto Lijo, a quien Nisman eligió para presentar su hipótesis por ser quien tiene a su cargo el estudio del plan de encubrimiento que contaminó una década de investigación del atentado, como el fiscal que entiende en ese proceso buscan asegurar el cúmulo de información que creen necesaria para poder analizar la denuncia del ex titular de la Unidad Especial de la causa AMIA y tomar decisiones “fundadas” al respecto después de la feria. En ese marco, la desmentida de la SI podría considerarse el primer derrumbamiento.
En tanto, el fiscal González le solicitó al juez formalmente la búsqueda de la transcripción de las escuchas que ambos recibieron en formato de CD: la sospecha es que el registro escrito de las más de cinco mil horas de diálogos telefónicos que representa ese material esté en el despacho de la unidad fiscal dedicada al atentado a la sede de la mutual judía, ya sea la de todas las grabaciones o de parte de ellas. Es que en su denuncia Nisman citó extractos textuales. Si las desgrabaciones no existen, González solicitó que se ordene realizarlas.
Se trata de 19 discos que contienen más de cinco mil horas de charlas telefónicas correspondientes a la intervención de cuatro líneas, ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa principal sobre el atentado: tres celulares y un teléfono de línea pertenecientes a Jorge “Yussuf” Khalil. Esta es información cruda, sin seleccionar; años y años de escuchas telefónicas. En los pasillos de Comodoro Py, Canicoba Corral aseguró ayer que ordenó el cese de la intervención a esas líneas debido a su estado público.
Es tarea de González el determinar qué surge de ese material enorme, al que Nisman señaló como prueba de su denuncia, junto con las declaraciones testimoniales del periodista José “Pepe” Eliaschev y el dirigente Luis D’Elía, y decenas de recortes periodísticos. Una vez que cuente con esos datos, los analizará junto al resto de la prueba con el objetivo de determinar si tiene o no relación con la causa de encubrimiento. En lo preliminar, entienden el hecho denunciado como diferente del que tiene en estudio Lijo desde 2006. Aunque la supuesta maniobra denunciada por Nisman comienza en 2011, la presentó ante quien investiga desde mucho antes. Cuando González determine esta cuestión, lo informará formalmente a Lijo, quien definirá si se queda con la investigación o la manda a sorteo
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