La cruzada de los fondos buitre Elliott Management y Appaloosa contra la firma Caesars Entertainment, propietaria de casi 50 casinos, incluyendo el Caesars Palace en Las Vegas, ha llegado a su punto álgido. Los acreedores, luego de una larga batalla con la empresa propietaria de la firma, Apollo Global Management, presentaron una petición de quiebra involuntaria en el distrito de Delaware el pasado lunes 12 de enero. La respuesta del casino no se hizo esperar, ya que el jueves peticionó la quiebra de la compañía en el estado de Chicago. Sin embargo, la guerra recién ha comenzado, ya que existe una disputa entre jurisdicciones de los distintos Estados, que podría impedir los deseos de los fondos buitre de cobrar a costa de los activos de la empresa.
Según consignó Tiempo Argentino, Caesars Entertainment, que posee unos 60 mil empleados en actividad, fue comprada en 2008 por Apollo Global Management, fondo del multimillonario Leon Black y TPG Capital Management, de David Bonderman. El objetivo de estos inversores era lograr reducir el monto de deudas de la compañía, pero la crisis mundial, que afectó gravemente a los Estados Unidos, y la competencia del sector, llevó a que la compañía tenga pérdidas a partir de 2009.
A ello se le sumaron algunas condiciones adversas para el negocio. Por ejemplo, en abril del año pasado la Empresa Energy Future Holdings, de la cual Caesars era acreedora importante pero no mayoritaria, llegó a la bancarrota. Otros bonistas eran fondos buitre, tales como Blackstone, y la reestructuración fue imposible. Energy Futures todavía sigue negociando con sus acreedores, por lo que Caesars sigue sin cobrar sus deudas. Es evidente, por lo tanto, que la crisis económica que ha generado un efecto dominó sobre los sectores financiero, automotriz y aerocomercial, sigue teniendo efectos colaterales. Los trillonarios salvatajes de la FED no han logrado detener el ciclo destructivo de la economía estadounidense.
En ese contexto, Black decidió tener una actitud más agresiva en cuanto al manejo de sus bienes. Por un lado, entregó algunos activos riesgosos a entidades relacionadas e intentó una reestructuración de deuda de U$S 12.700 millones de los U$S 30 mil millones que poseía. Sin embargo, los fondos buitre Elliott Management y Appaloosa, junto con Oaktree Capital, se negaron a este procedimiento. En principio, la objeción era sobre la relocalización de los bienes, que incluían garantías de los títulos de deuda. Sin embargo, los propietarios de los casinos acusaron a estos fondos, junto con otros 30 acreedores de intentar sabotear un acuerdo beneficioso en el largo plazo.
El 5 de agosto de 2014 la empresa denunció penalmente a estos acreedores por "peticionar un default sin bases sólidas y realizar apariciones disruptivas frente a las entidades regulatorias del juego". El CEO de Caesars Entertainment, Gary Loveman sostuvo que "nos negamos a ser rehenes de los especuladores que parecen estar apostando contra la salud de largo plazo de nuestra empresa, así como de los más de 60 mil empleados y las comunidades en las que operamos". Además, consideró que "Elliott parece tener motivos ulteriores diferentes de la sustentabilidad de la empresa para salir a flote".
Las sospechas pueden tener una base real. La empresa acusó a Elliott de poseer Credit Default Swaps (CDS, seguros de default), que pagan si la empresa llega a la bancarrota. Estos instrumentos fueron creados en 1989 luego del gigantesco derrame de petróleo de la empresa Exxon Mobil en el Ártico. El objetivo esencial era el de un seguro de cobertura fácil de adquirir, para compensar los riesgos de tener un título de deuda. De esta manera, si la compañía entra en default, el bonista puede cobrar el CDS y evitar la pérdida total de su inversión. Pero estos activos financieros derivados están ampliamente desregulados. En consecuencia, no se puede saber si Elliott o Appaloosa poseen estos seguros de default. Más aún, no es necesario tener los bonos originales para comprar CDS, por lo que los buitres pueden tener incentivos para llevar a la empresa a la bancarrota.
Por otro lado, estos instrumentos financieros se encuentran bajo el paradigma de la "autorregulación", que implica que los propios actores del mercado (que compran o venden el seguro de default) pueden decidir objetivamente las condiciones de default en el International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Es controvertido, por lo tanto, que Elliott Management sea parte del comité de decisión que dictamina si hubo default o no. Además, la votación sobre el caso del Caesars fue polémica, estando 10 de los miembros del comité en contra de Elliot. Sin embargo, el organismo decidió crear un comité de expertos para tomar la decisión que podría activar un pago de U$S 1680 millones de CDS. Varios de estos especialistas son socios de Elliott en varias compañías o son amigos de sus estudios de abogados favoritos.
Actualmente, la empresa se ha autodeclarado en bancarrota y el litigio judicial se encuentra en un fuego cruzado entre la justicia de Delaware (que favorece a los buitres) y la de Chicago (que ha sido elegida por Apollo). Por lo pronto, el juez Benjamin Goldbard en Chicago garantizó el último jueves a la empresa a operar "business as usual", lo que significa que podrá seguir pagando los sueldos de sus empleados y a los proveedores más importantes. Según el abogado de Caesars, David Seligman, esta es "la moción más importante". Sin embargo, el juez decidió no resolver definitivamente. "Estoy un poco ansioso porque no quiero ir preso al igual que todos ustedes", sostuvo el juez en la audiencia, generando risas entre los participantes.
Dado que la petición de Delaware iniciada por los buitres fue primera, la justicia federal estadounidense le concede la prioridad a la hora de decidir cuál es la jurisdicción que corresponde en el caso. Como el juez Kevin Gross en Delaware todavía no ha avanzado en la causa, desde Chicago no quieren realizar ninguna opción que esté fuera de lugar a los ojos de la justicia de otro Estado.
Sin embargo, los arreglos luego de una bancarrota suelen ser tan largos como los de una reestructuración de deuda soberana. La iniciativa de los buitres que permite decidir dónde será la jurisdicción de la quiebra les otorga un paso de ventaja en la disputa, pero no ha logrado una victoria genuina. Uno de los puntos clave del litigio consiste en que los títulos de deuda de Ceasars tienen distintas prioridades. En los últimos meses, la empresa ha tratado de negociar con los de mayor importancia, mientras que Elliott y Appaloosa tienen bonos de menor rango, que pueden no decidir nada. Al haber presentado activamente la petición de quiebra, es posible que tengan una primacía en el litigio que les permita cobrar un mayor porcentaje de sus títulos.
Los buitres lograron otra vez que una compañía llegara a la bancarrota. Pero al igual que en el caso del default de Argentina en 2001, la historia recién empieza. Estos fondos tienen una amplia experiencia en este tipo de ataques, que han adquirido por años de apostar contra General Motors, Delphi y American Airlines, entre otros. Elliott todavía sigue en litigios por sus títulos con el banco Lehman Brothers, uno de los padres de la crisis mundial que todavía muestra sus duros coletazos.
La firma, un hueso duro de roer
El principal accionista del Caesars, Apollo Global Management, es conocido por ser un hueso duro de roer en cuanto a las negociaciones con los acreedores. Es posible que, dada su experiencia en litigios, la empresa haya encontrado la estrategia perfecta para derrotar a los acreedores recalcitrantes, incluyendo a los fondos buitre.
El último lunes, en su presentación en Delaware, el abogado expuso el plan de reestructuración integral de la empresa ante el juez Kevin Gross. Según la compañía, esta estrategia está avalada por el 80% de los acreedores, pero no ha sido aceptada por los fondos buitre.
La quita de la deuda será de U$S 9800 millones, de un total actual de U$S18.400 millones, por lo que los acreedores podrán cobrar algo menos del 50% del valor nominal de la deuda. Además, Caesars se dividirá en dos unidades. La más importante de las dos, que incluye casinos como el Bally’s Las Vegas, será intocable para los fondos que litiguen sus deudas. En teoría, los accionistas son los últimos en cobrar en una quiebra, pero si el juez avala la estrategia, es posible que los buitres deban aceptar la reestructuración.
De esta manera, la empresa se asegurará que "las propiedades de Caesar Entertainment sigan funcionando sin interrupciones", según explicó un comunicado de la compañía.
La empresa fue crítica contra los buitres en la audiencia, y los acusó de intentar "hacer estragos en el proceso que ordenadamente los deudores, los profesionales y muchos de los interesantes han estado preparando por meses".
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