Stiles (a) Stiusso. El ex jefe de operaciones de la secretaría e inteligencia que trabajó con Nisman.
En los últimos días, más precisamente desde el atentado contra la redacción de la revista humorística Charlie Hebdo y sus derivaciones, la palabra “contexto” viene siendo demonizada desde los medios de comunicación hegemónicos de la Argentina. Aquí no hay nada que contextualizar –dicen sin decir o diciendo a medias–, se trató de un atentado contra “la libertad de expresión”. Contextualizar el atentado –dicen también sin decir o diciendo a medias o del todo– es ponerse del lado de los terroristas. Lo dicen porque ponerle contexto al atentado podría contradecir esa explicación única que les sirve para llevar agua a su propio molino.
Según el Diccionario de la Real Academia, contexto es el “conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente”. Y sin tener en cuenta el contexto de un hecho –redunda este cronista– es imposible encontrarle explicación.
Esto también vale para la denuncia por “confabulación criminal (para) decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” en la que el fiscal Alberto Nisman involucró a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, al diputado nacional Andrés Larroque, al dirigente Luis D’Elía, y al líder de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.
Aquí el contexto (conjunto de circunstancias) se nutre de muchos elementos articulados entre sí. Se trata, por supuesto, de un nuevo eslabón en la cadena de denuncias judiciales contra importantes funcionarios del gobierno nacional, entre los que se incluye a su responsable máxima, la Presidenta. Entre los anteriores que pretenden involucrarla en hechos ilícitos o de corrupción podrían citarse, para no abundar demasiado, la supuesta ruta de un supuesto dinero mal habido que habría terminado de lavarse en las paradisíacas Islas Seychelles, o la existencia de una empresa fantasma que administraría el Hotel Alto Calafate para blanquear dinero de origen ilegal. Ninguna de estas denuncias –ni de muchísimas otras– ha podido probarse judicialmente, pero para la estrategia que las contiene esto no es lo más relevante. Lo que importa, en realidad, es instalar la imagen de una presidenta corrupta, al frente que un gobierno que, por extensión, también sería corrupto.
Otro elemento contextual a tener en cuenta es que la denuncia de Nisman, basada en intervenciones telefónicas de la Secretaría de Inteligencia, ocurre “casualmente” menos de un mes después que la Presidenta desplazara a los jefes máximos de ese organismo, entre ellos su jefe de Operaciones y principal colaborador –¿o quizás jefe operativo?– del fiscal en la investigación del atentado contra la AMIA, Aldo Stiles (a) Antonio Jaime Stiusso.
Apenas conocida la acusación de Nisman, el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, se ocupó de aclarar que solamente había ordenado una escucha siobre un dirigente de la comunidad musulmana, que desconocía el contenido de las otras y que el fiscal nunca le había hablado siquiera de ellas. Un fiscal que, además de trabajar en una relación íntima con agentes de la Secretaría de Inteligencia, estaría a punto de ser removido por la procuradora Alejandra Gils Carbó. Para decirlo claro, todo el contenido de la denuncia se parece mucho más a un carpetazo de los servicios (o de ex servicios que nunca dejan de serlo), utilizado en beneficio propio por un fiscal a punto de dejar de serlo, que a una legítima investigación judicial.
Por si fuera poco, ese carpetazo que acusa a la Presidenta de tratar de desvincular a la República Islámica de Irán de la investigación del atentado contra la AMIA ocurre una semana después del atentado contra Charlie Hebdo, que aparentemente acaba de adjudicarse la rama yemení de Al Qaeda. Para la impronta que intentan grabar los martilleos de simplificación comunicacional de los medios hegemónicos sobre el imaginario de buena parte de la sociedad argentina, la lógica a instalar es que todo aquel que utiliza turbante es un terrorista, sea iraní, yemení, palestino o libio. Y, se sabe, los terroristas atentan contra la democracia. Luego, al proteger a los terroristas, como señala la acusación de Nisman, Cristina Fernández de Kirchner es también una enemiga de la democracia. Por eso encabeza un gobierno autoritario, corrupto y antidemocrático. Ése es el mensaje.
Todo esto ocurre en un contexto más general, que abarca también a por lo menos buena parte de América latina. Los intentos de producir los llamados “golpes blandos” no son cosa rara en la región, aunque hasta ahora –salvo los desplazamientos de Fernando Lugo en Paraguay y de Manuel Zelaya en Honduras– no han tenido éxito. Eso no significa que no se sigan intentando, a falta de herramientas más eficaces para terminar con los gobiernos progresistas del Cono Sur. La técnica del “golpe blando” incluye varias fases o etapas, que pueden ser sucesivas o coexistentes, entre ellas: corridas monetarias (manipulación del dólar), acusaciones de corrupción, paros patronales, denuncias judiciales sistemáticas y sin fundamento, acusaciones de autoritarismo o totalitarismo, “protestas” de fuerzas de seguridad, promoción del descontento y de la sensación de inseguridad, y permanentes campañas mediáticas tendientes a limar la sustentabilidad de los gobiernos.
Volviendo a la denuncia del fiscal Nisman: si todo esto no es contexto, ¿el contexto donde está?.
Según el Diccionario de la Real Academia, contexto es el “conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente”. Y sin tener en cuenta el contexto de un hecho –redunda este cronista– es imposible encontrarle explicación.
Esto también vale para la denuncia por “confabulación criminal (para) decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” en la que el fiscal Alberto Nisman involucró a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, al diputado nacional Andrés Larroque, al dirigente Luis D’Elía, y al líder de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.
Aquí el contexto (conjunto de circunstancias) se nutre de muchos elementos articulados entre sí. Se trata, por supuesto, de un nuevo eslabón en la cadena de denuncias judiciales contra importantes funcionarios del gobierno nacional, entre los que se incluye a su responsable máxima, la Presidenta. Entre los anteriores que pretenden involucrarla en hechos ilícitos o de corrupción podrían citarse, para no abundar demasiado, la supuesta ruta de un supuesto dinero mal habido que habría terminado de lavarse en las paradisíacas Islas Seychelles, o la existencia de una empresa fantasma que administraría el Hotel Alto Calafate para blanquear dinero de origen ilegal. Ninguna de estas denuncias –ni de muchísimas otras– ha podido probarse judicialmente, pero para la estrategia que las contiene esto no es lo más relevante. Lo que importa, en realidad, es instalar la imagen de una presidenta corrupta, al frente que un gobierno que, por extensión, también sería corrupto.
Otro elemento contextual a tener en cuenta es que la denuncia de Nisman, basada en intervenciones telefónicas de la Secretaría de Inteligencia, ocurre “casualmente” menos de un mes después que la Presidenta desplazara a los jefes máximos de ese organismo, entre ellos su jefe de Operaciones y principal colaborador –¿o quizás jefe operativo?– del fiscal en la investigación del atentado contra la AMIA, Aldo Stiles (a) Antonio Jaime Stiusso.
Apenas conocida la acusación de Nisman, el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, se ocupó de aclarar que solamente había ordenado una escucha siobre un dirigente de la comunidad musulmana, que desconocía el contenido de las otras y que el fiscal nunca le había hablado siquiera de ellas. Un fiscal que, además de trabajar en una relación íntima con agentes de la Secretaría de Inteligencia, estaría a punto de ser removido por la procuradora Alejandra Gils Carbó. Para decirlo claro, todo el contenido de la denuncia se parece mucho más a un carpetazo de los servicios (o de ex servicios que nunca dejan de serlo), utilizado en beneficio propio por un fiscal a punto de dejar de serlo, que a una legítima investigación judicial.
Por si fuera poco, ese carpetazo que acusa a la Presidenta de tratar de desvincular a la República Islámica de Irán de la investigación del atentado contra la AMIA ocurre una semana después del atentado contra Charlie Hebdo, que aparentemente acaba de adjudicarse la rama yemení de Al Qaeda. Para la impronta que intentan grabar los martilleos de simplificación comunicacional de los medios hegemónicos sobre el imaginario de buena parte de la sociedad argentina, la lógica a instalar es que todo aquel que utiliza turbante es un terrorista, sea iraní, yemení, palestino o libio. Y, se sabe, los terroristas atentan contra la democracia. Luego, al proteger a los terroristas, como señala la acusación de Nisman, Cristina Fernández de Kirchner es también una enemiga de la democracia. Por eso encabeza un gobierno autoritario, corrupto y antidemocrático. Ése es el mensaje.
Todo esto ocurre en un contexto más general, que abarca también a por lo menos buena parte de América latina. Los intentos de producir los llamados “golpes blandos” no son cosa rara en la región, aunque hasta ahora –salvo los desplazamientos de Fernando Lugo en Paraguay y de Manuel Zelaya en Honduras– no han tenido éxito. Eso no significa que no se sigan intentando, a falta de herramientas más eficaces para terminar con los gobiernos progresistas del Cono Sur. La técnica del “golpe blando” incluye varias fases o etapas, que pueden ser sucesivas o coexistentes, entre ellas: corridas monetarias (manipulación del dólar), acusaciones de corrupción, paros patronales, denuncias judiciales sistemáticas y sin fundamento, acusaciones de autoritarismo o totalitarismo, “protestas” de fuerzas de seguridad, promoción del descontento y de la sensación de inseguridad, y permanentes campañas mediáticas tendientes a limar la sustentabilidad de los gobiernos.
Volviendo a la denuncia del fiscal Nisman: si todo esto no es contexto, ¿el contexto donde está?.
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