Por Sebastián Premici
El Senado convirtió en ley, por unanimidad, un proyecto de “Reparación histórica de la agricultura familiar”. La norma define a la tierra como un bien social, y promueve la creación de un banco de tierras para distribuir entre campesinos, agricultores y pueblos originarios. A su vez, con el objetivo de llevar adelante un reordenamiento territorial, suspende los desalojos por el período de tres años. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, ya convocaron a una reunión de trabajo para avanzar en la reglamentación de la norma, pautada para el 5 de enero de 2015. El Poder Ejecutivo se comprometió a destinar 1500 millones de pesos para financiar los distintos instrumentos de la ley.
El proyecto también había sido votado por unanimidad en la Cámara de Diputados, a pesar de que en el momento de la aprobación, el Frente para la Victoria había quitado del texto la asignación presupuestaria. Dicha quita fue saldada con el compromiso de Capitanich y Casamiquela de aportar los recursos necesarios.
La norma crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar. Las adjudicaciones de parcelas se realizarán en unidades económicas familiares, que deberán definirse según los tipos de explotación, la infraestructura regional, la capacidad productiva de la tierra, la cantidad de integrantes del grupo familiar y la situación jurídica dominial de cada uno de los agricultores.
También serán impulsadas las ferias locales para acercar al productor con el consumidor y se creará el Centro de Producción de Semillas Nativas (Cprosena), con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas para garantizar “la soberanía y la seguridad alimentaria de los argentinos”.
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