Nada más y nada menos que un año

La presidenta entra en los últimos doce meses de su gestión con una intensidad que desafía la teoría del pato rengo.

Por Hernán Dearriba

La Argentina empezará a recorrer a partir del miércoles el último año de la presidencia de Cristina Fernández. La presidenta inicia el tránsito final de su mandato con un capital político de relevancia: las encuestas la ubican con un grado de aceptación superior al 40% pese al desgaste natural de siete años en la Casa Rosada, y una intensidad de gestión que desafía abiertamente la teoría del pato rengo. 

El caudal de leyes que recorrió en los últimos meses el tránsito parlamentario es prueba de ello. Esta misma semana se transformó en ley el nuevo Código Procesal Penal que cambia de plano el funcionamiento de la justicia y espera para su sanción definitiva el proyecto Argentina Digital, que regula el funcionamiento del sector de las telecomunicaciones. Pero antes pasaron, por ejemplo, las leyes de defensa del consumidor.

Se trata de iniciativas de peso que dejarán una huella profunda en la sociedad argentina. De hecho, a un lado y otro del mostrador reconocen que buena parte de los movimientos espectaculares que tuvieron su origen en los tribunales en las últimas semanas fueron impulsados por la reforma del Código Procesal que precisamente recorta el poder de los jueces federales.

El Consejo de la Magistratura sancionó esta semana al juez Claudio Bonadio con una quita del 30% de su sueldo. Por esa decisión, Adrián Bastianes, precandidato a jefe de gobierno porteño por el partido Voz Ciudadana, denunció penalmente a los consejeros por "asociación ilícita". La denuncia recayó por sorteo en el juzgado del propio Bonadio que deberá excusarse. Pero más allá de la nota de color, el episodio sirve de ejemplo para entender hasta qué punto algunos sectores de la oposición han decidido apelar a la justicia para intentar torcer una historia que se les presenta complicada en la captación de la voluntad popular. Pretender que un organismo de la Constitución que juzga a los jueces sobre la base de reglamentos es una asociación ilícita es una muestra clara de la sensación de impotencia y desesperación que recorre algunos escritorios. 

En el oficialismo denuncian que hay una embestida de un sector de la justicia contra el gobierno. Es de esperar que en los próximos días haya más novedades de esta novela. 

La intensidad de la gestión tiene también su contraparte económica. El Ministerio de Economía sorprendió esta semana con el anuncio de que el Estado cancelará de manera anticipada el vencimiento del Boden 2015, que operaba en octubre del año próximo. La decisión fue bien recibida por el mercado que encuentra en el asunto un negocio interesante ya que la tasa de interés que se ofrecerá por el nuevo bono es atractiva. 

La movida sirve para limpiar el horizonte de vencimientos de la deuda en 2015 y, por sobre todas las cosas, les resta argumentos a quienes afirmaban que la importante carga en esa materia que debía afrontar la Argentina el año próximo hacía imprescindible un acuerdo a cualquier precio con los fondos buitre.

El Estado debería pagar unos 6500 millones de dólares el año próximo por el Boden 2015, prácticamente la mitad de todos los vencimientos del período. Si una parte importante de tenedores de esos bonos aceptan la propuesta argentina de cobrar por anticipado, o tomar a cambio el Boden 2024, la necesidad de dólares para hacer efectivos los pagos será significativamente menor. 

En esa línea, hay que considerar que se espera en breve un nuevo desembolso del acuerdo con el Banco Central de China, por el que podrían ingresar 1000 millones de dólares adicionales a las reservas del Banco Central, mientras siguen las negociaciones con Rusia para rubricar un acuerdo parecido. Otra fuente de financiamiento será la licitación de 4G. Con esa suma, tanto en Economía como en el Banco Central esperan poder transitar el verano holgadamente, hasta llegar al nuevo período fuerte de liquidación de divisas producto de la exportación de cereales, cuando arranque el segundo trimestre.

Mientras tanto, el virtual congelamiento del dólar oficial en torno a 8,50 pesos, empezó a trabajar como ancla para la inflación. El economista Miguel Bein estimó esta semana que la evolución promedio de los precios será del 24% para este año, bien lejos del 41% que inflan las consultoras privadas en el llamado "índice Congreso". El presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, sostuvo ayer que "la inflación no es del 24%, pero es exagerado hablar de un 40 por ciento". Más allá de la cuestión numérica, hay coincidencia entre los analistas de que la inflación se está desacelerando, seguramente en alguna medida producto del impacto de la caída en la actividad económica.

Fue en la Conferencia Anual de la UIA donde Cristina Fernández anunció a principios de semana la decisión de que el medio aguinaldo de diciembre no tributará el impuesto a las Ganancias para los salarios de hasta 35 mil pesos. La medida sirvió para desactivar un paro de los trabajadores del transporte en puerta, al que se había sumado la CGT opositora que conduce Hugo Moyano. 

El socio de Moyano, Luis Barrionuevo, fue el principal impulsor de continuar con el paro pese a la decisión oficial. El líder de los gastronómicos tuvo una semana intensa que incluyó una foto con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en lo que fue interpretado como el alejamiento definitivo del renovador Sergio Massa, con el que había coqueteado en tiempos mejores del tigrense.

La intensidad del Gobierno tiene a mal traer a la oposición. Massa intentó volver al ruedo con duros cuestionamientos a un fallo judicial que ordena pagar aguinaldo y vacaciones a los detenidos que trabajen en prisión. "Lo único que falta es que se los indemnice cuando salen de la cárcel", se quejó Massa y pidió que trabajen para indemnizar a las víctimas. El problema para el ex intendente de Tigre, es que eso ya pasa: el 10% del salario se destina para indemnizar por daños y perjuicios causados por el delito. El renovador ha decidido claramente radicalizar su campaña, a contramano de lo que propone Macri, que busca mostrarse más moderado.

El jefe de Gobierno se mostró con Elisa Carrió en una cena de beneficencia organizada por Gabriela Michetti, que aspira a suceder a Macri. Lilita insistió entonces con la necesidad de abroquelar a la oposición para ganarle al kirchnerismo. Ayer mismo anunció que se postulará como candidata al Parlasur, el parlamento del Mercosur, con el único objetivo de ganarle a Cristina Fernández.

Lo gracioso del asunto es que la presidenta nunca confirmó esa candidatura al parlamento regional. Pero media oposición ya denunció que se trata de una estrategia para obtener fueros que la amparen de las seguras condenas judiciales que le esperan. La estrategia de Lilita parece salida de un guión de Les Luthiers y no hay dudas de que son actitudes como esas las que ubican a Carrió entre los políticos con imagen negativa más alta de la Argentina según una encuesta de Ricardo Rouvier que se publica en la edición de hoy. 

El próximo sábado el kirchnerismo reunirá seguramente una multitud en la Plaza de Mayo en la ya tradicional fiesta de la democracia de cada diciembre que marcará precisamente el ingreso en el último año de gestión de la presidenta. 

El oficialismo no definió todavía quién será su candidato y si bien por ahora perdura la idea de dirimir el asunto en las PASO, son cada vez más las voces que se preguntan si es conveniente presentar más de dos candidatos, particularmente si Massa y Macri –como parece– no tendrán rival interno en las primarias. Hay tiempo para esas definiciones. 

Mientras tanto, lo que queda claro, es que Cristina Fernández tiene la decisión de gobernar hasta el último día con la impronta de profundizar la construcción de derechos. Le queda un año, nada más y nada menos.

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