Por Tomás Lukin
La tasa de empleo no registrado fue del 33,6 por ciento durante el tercer trimestre del año. El dato representa una baja de 1 punto porcentual frente al mismo período de 2013. En un escenario de estancamiento económico y un leve retroceso en los indicadores de empleo, el comportamiento del indicador no refleja una mejora en la calidad del mercado de trabajo, aunque tampoco ofrece indicios de un profundo deterioro. Las cifras publicadas ayer por el Indec evidencian que la destrucción de puestos de trabajo estuvo concentrada en el segmento más precario de la estructura laboral.
A lo largo de los últimos once años se quebró la trayectoria ascendente de la informalidad y precariedad abierta a mediados de la década del ’70, que se profundizó con las políticas de flexibilización laboral de los años ’90. La tasa de empleo no registrado (medida como la ausencia de aportes a la seguridad social) había escalado hasta el 49,2 por ciento en 2003. La creación de puestos de trabajo formales asociada al proceso de crecimiento económico reciente permitió la reducción del empleo no registrado hasta niveles que oscilaron a lo largo de los últimos seis años entre el 32 y 35 por ciento: alrededor de cuatro millones de personas. La mejora es significativa y existen pocas experiencias comparables a escala global. Si bien la penetración de la informalidad es menor que en la mayoría de los países latinoamericanos, los niveles se mantienen elevados en términos históricos.
Frente a ese escenario, el Gobierno se propone combatir el núcleo duro de la informalidad laboral a través de las diferentes herramientas de incentivo económico –reducción permanente de cargas patronales para microestablecimientos sin afectar los derechos laborales– y sanción/fiscalización –creación de un registro público de empleadores infractores y mejora de las capacidades de inspección– contempladas en el flamante paquete de leyes implementadas este año. El ambicioso objetivo del Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado es lograr que la informalidad descienda alrededor de 5 puntos porcentuales, para llegar al 28 por ciento dentro de dos años.
Las ramas de elevada informalidad que persisten en la actualidad son el trabajo doméstico, el heterogéneo sector de los cuentapropistas, el trabajo agrario y el empleo asalariado en la construcción y el comercio. Esas actividades concentran el 70 por ciento del trabajo no registrado.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el tercer trimestre de 2014 permiten afirmar que, en el actual escenario de desaceleración económica, la destrucción de puestos de trabajo se concentró en el segmento de los asalariados no registrados. En un escenario de “estabilidad” entre los ocupados formales, la reducción interanual de 34,6 a 33,6 por ciento en la tasa de empleo no registrado no refleja una mejoría en las condiciones de trabajo, sino la terminación de aproximadamente 100 mil vínculos laborales.
“La evolución de la informalidad en la actualidad está directamente asociada con la estructura productiva de la economía argentina. La restricción al crecimiento que impone la escasez de divisas impide un mayor descenso del empleo asalariado no registrado”, explicó David Trajtemberg, economista y docente de la Universidad de La Matanza. Por su parte, la investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Moreno Florencia Medici advierte que “la tercerización y contratación de mano de obra no registrada es un fenómeno generalizado para reducir el costo de producción, disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir los riesgos a terceros, sobre todo en las empresas más débiles de la cadena de valor”.
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