Se trata de directores y altos ejecutivos del Grupo de medios, a los que se involucra en la causa que impulsa la AFIP sobre la evasión resultante de la fuga de dinero. El Grupo es investigado en otros procesos por lavado de dinero.
En la mira- Saturnino Herrera Mitjans y Mariano Marcelo Ibáñez, investigados.
Cinco altos ejecutivos del Grupo Clarín figuran entre los propietarios de cuentas bancarias no declaradas ante las autoridades argentinas y asentadas en la sucursal del HSBC en la ciudad de Ginebra, Suiza. El dato alimenta las sospechas sobre fuga de capitales y lavado de dinero que sobrevuelan a la cúpula del multimedios, dueño del diario Clarín y la empresa Cablevisión, entre otras firmas. Por otro lado, la investigación judicial deparó ayer dos novedades: de un lado, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recusó al juez Javier López Biscayart al tiempo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pidió se le permita ser querellante en la causa.
Los ejecutivos del Grupo Clarín figuran en un listado cuyo contenido parcial trascendió el jueves. Se trata de Saturnino Herrera Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín; Pablo César Casey, sobrino de Héctor Magnetto y gerente de Relaciones Institucionales de ese grupo; y Carlos Alberto Moltini, Mariano Marcelo Ibañéz y Luis Alberto González Buruki, todos ellos directivos del grupo.
El lunes pasado, el titular de AFIP, Ricardo Echegaray, explicó que lo que AFIP tiene en su poder, a partir de la información proporcionada por el ex ejecutivo del HSBC Hervé Falciani, no es un listado "sino algo mucho más profundo: se trata de una red de relaciones y conexiones que permitieron establecer el mecanismo para la evasión". En ese sentido, la denuncia sobre las cuentas no declaradas en el HSBC se suma a otras que también involucran a accionistas y directivos del Grupo por sospechas de lavado de activos. Entre ellas figura la que realizó el ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien aseguró que ese grupo, junto a otras empresas, realizó maniobras de lavado de dinero; y otra que investiga dos préstamos otorgados en bancos de Estados Unidos e Inglaterra a una empresa vinculada con el Grupo Clarín, en el marco de una causa por una supuesta maniobra de lavado de activos. En tanto, la AFIP recusó ayer al juez penal tributario López Biscayart por "denegación de justicia y enemistad manifiesta", en relación con esta y otras causas que inició el ente recaudador y que considera que el magistrado no les da impulso, según explicaron fuentes cercanas al caso.
López Biscayart rechazó aceptar la documentación por las 4040 cuentas radicadas en Suiza. El hecho más concreto fue que no quiso aceptar una camioneta cargada con la documentación acumulada por la AFIP que acompaña la demanda y que consiste en 3,5 toneladas de expedientes e informes que contendrían los elementos probatorios de la acusación. Anteriormente, la jueza María Verónica Straccia se había excusado de actuar en la causa por "razones personales", y el tema pasó a manos de López Biscayart. El lunes pasado, Echegaray también había criticado el accionar de la justicia por el alejamiento de la jueza Straccia y por el escaso interés puesto de manifiesto por Biscayart para tomar en sus manos la causa.
Por su parte, ayer la ANSES se presentó ante la justicia para solicitar ser tomada como querellante en esta causa. A través de un comunicado, el organismo que dirige Diego Bossio sostuvo que "de comprobarse el delito denunciado, se vio privado de obtener mayores recursos para el pago y mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. Esto se debe a que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es un sistema asistido que se nutre no sólo de aportes y contribuciones sino también de impuestos de afectación directa o indirecta". «
Los ejecutivos del Grupo Clarín figuran en un listado cuyo contenido parcial trascendió el jueves. Se trata de Saturnino Herrera Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín; Pablo César Casey, sobrino de Héctor Magnetto y gerente de Relaciones Institucionales de ese grupo; y Carlos Alberto Moltini, Mariano Marcelo Ibañéz y Luis Alberto González Buruki, todos ellos directivos del grupo.
El lunes pasado, el titular de AFIP, Ricardo Echegaray, explicó que lo que AFIP tiene en su poder, a partir de la información proporcionada por el ex ejecutivo del HSBC Hervé Falciani, no es un listado "sino algo mucho más profundo: se trata de una red de relaciones y conexiones que permitieron establecer el mecanismo para la evasión". En ese sentido, la denuncia sobre las cuentas no declaradas en el HSBC se suma a otras que también involucran a accionistas y directivos del Grupo por sospechas de lavado de activos. Entre ellas figura la que realizó el ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien aseguró que ese grupo, junto a otras empresas, realizó maniobras de lavado de dinero; y otra que investiga dos préstamos otorgados en bancos de Estados Unidos e Inglaterra a una empresa vinculada con el Grupo Clarín, en el marco de una causa por una supuesta maniobra de lavado de activos. En tanto, la AFIP recusó ayer al juez penal tributario López Biscayart por "denegación de justicia y enemistad manifiesta", en relación con esta y otras causas que inició el ente recaudador y que considera que el magistrado no les da impulso, según explicaron fuentes cercanas al caso.
López Biscayart rechazó aceptar la documentación por las 4040 cuentas radicadas en Suiza. El hecho más concreto fue que no quiso aceptar una camioneta cargada con la documentación acumulada por la AFIP que acompaña la demanda y que consiste en 3,5 toneladas de expedientes e informes que contendrían los elementos probatorios de la acusación. Anteriormente, la jueza María Verónica Straccia se había excusado de actuar en la causa por "razones personales", y el tema pasó a manos de López Biscayart. El lunes pasado, Echegaray también había criticado el accionar de la justicia por el alejamiento de la jueza Straccia y por el escaso interés puesto de manifiesto por Biscayart para tomar en sus manos la causa.
Por su parte, ayer la ANSES se presentó ante la justicia para solicitar ser tomada como querellante en esta causa. A través de un comunicado, el organismo que dirige Diego Bossio sostuvo que "de comprobarse el delito denunciado, se vio privado de obtener mayores recursos para el pago y mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. Esto se debe a que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es un sistema asistido que se nutre no sólo de aportes y contribuciones sino también de impuestos de afectación directa o indirecta". «
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