miércoles, 3 de diciembre de 2014

Agricultura familiar: una disputa por 1500 millones de pesos

En 2014, los campesinos obtuvieron notables avances, como el juicio que se celebra en Santiago y que puede condenar a un empresario. Ahora, se pelea en el Congreso por un presupuesto para desarrollar el sector.
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Por Alba Silva
El fin del 2014, el “año internacional de la Agricultura Familiar”, se presenta a pleno para los campesinos, con un proyecto de ley muy peleado en el Congreso, dos juicios, uno de ellos rutilante y extremadamente caliente en Monte Quemado, la pelea continua contra los desalojos, la negociación y lucha por los precios de los productos y una creciente, aunque aún tímida y sorda, presencia en el escenario público.
Además, la llegada de Emilio Pérsico (del Movimiento Evita) a la históricamente oligárquica área de Agricultura, Ganadería y Pesca, fortalece a las dirigencias campesinas su posición frente a funcionarios, legisladores y, otra “anomalía”, a los hombres de los agronegocios en una Mesa de Diálogo por una Agricultura Sustentable creada para parar asesinatos y violencias en los territorios.
Precisamente, termina esta semana el juicio en Monte Quemado, al que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) Vía Campesina (VC) presenta como “histórico” porque por primera vez un empresario no sólo está en el banquillo de los acusados sino que espera en prisión desde noviembre del 2012. Se conocerán las sentencias, se sabrá si la justicia santiagueña cree, mejor dicho decide, que Jorge Antonio Ciccioli, santafesino, productor agropecuario armó a peones y ordenó matar para defender “su” campo.
De ese modo mataron el 16 de noviembre del 2011 a Cristian Ferreyra, un joven de apenas 23 años; antes que se cumpliera un año, el 10 de octubre del 2012, degollaron a Miguel Galván en otro paraje del norte santiagueño. Claro que las violencias contra los pobladores no se circunscriben a Santiago del Estero donde al menos un caso llegó a los tribunales. En Córdoba, se dio otro juicio emblemático: Miguel Rojas de Tulumba está acusado de usurpar el campo en el que su familia vivió por generaciones. El juez de la causa decidió suspenderlo hasta febrero próximo pero el movimiento campesino enfrenta procesos judiciales, además,  en Neuquén y Mendoza.
En estos días Greenpeace, la eficaz y controvertida organización ecologista mundial, difundió - de otro modo no se hubiera conocido masivamente - un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que advierte que Santiago del Estero y Salta son las provincias con más deforestación y las que más violan la Ley de Bosques.
En Salta, la provincia argentina con mayor número de pueblos indígenas, se desarrollan todos los días enfrentamientos entre pobladores y las “fuerzas del orden”: jueces y policías custodian los intereses de los hombres de los agrobusiness que producen desalojos y garantizan desmontes. Todo eso con represión.
¿Qué dice sobre esto el movimiento campesino? “No a la criminalización de la defensa del territorio. Por el reconocimiento de los campos comunitarios y reordenamiento territorial que impida la mercantilización de la tierra”. Todo un programa que por ahora está en las organizaciones de los, también llamados, agricultores familiares, los que de la mano de la actual gestión nacional van ganando espacios.
Claro que no es nada fácil: de hecho hace unos quince días pecaron de inocentes cuando se trató en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, una norma que pega un salto cualitativo más que importante. Sin embargo, a último momento, e inexplicablemente, el mismo diputado que la presentó -tras largas discusiones en el ministerio de Agricultura y en las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la cámara baja- propuso dejarla sin los 1500 millones de pesos de presupuesto para el 2015.  Y así se votó en el recinto y todos festejaron hasta que alguien se dio cuenta que en el artículo 33 decía otra cosa.
Como sea, estos días antes de las fiestas son una prueba para las organizaciones: los pescadores artesanales  tienen que convencer a los senadores sobre la restitución del mencionado artículo al proyecto, que en ese caso retornaría a Diputados. Sin dudas una pérdida de tiempo para todo el mundo.

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