A través de una misiva, le comunicó que el edificio estará disponible a partir del 18 de diciembre.
El Consejo de la Magistratura exhortó ayer a la Corte Suprema de Justicia para que ponga en funciones de inmediato a los diez integrantes de la demorada Cámara Nacional de Casación Penal que se ocupará de la revisión de las causas por delitos ordinarios. A través de una nota que lleva la firma de Gabriela Vázquez –la titular del órgano de selección y remoción de jueces– le comunicó al presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, que a partir del próximo 18 se encontrarán cumplidos los requisitos de infraestructura pendientes que habían sido objeto de disputa en los últimos meses. Así reclamó que "en el curso de este año" les tome juramento, lo que pondría fin a años de demoras en la puesta en funcionamiento de un tribunal que aliviaría el volumen de causas que hoy se acumulan en la Cámara Federal de Casación Penal.
"Pongo en su conocimiento que el edificio sito en Talcahuano Nº612/624 de esta ciudad, que fuera cedido en comodato a este Consejo por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se encuentra en condiciones para poner en funcionamiento la Cámara Nacional de Casación Penal", afirma la nota. Agrega que el 18 de este mes se colocará el mobiliario y las instalaciones telefónicas e informáticas, algo que había sido objeto de discusión entre la Corte y el Consejo, que se reprochaban mutuamente las demoras en la puesta en marcha del nuevo tribunal. Finalmente, el Ministerio de Justicia terció y consiguió un edificio permanente, aunque la falta de equipamiento volvió a concitar reuniones infructuosas entre el grupo de jueces y los ministros supremos para la toma de juramento, durante todo este año. El argumento de la Corte era que debían completarse todas las reformas edilicias antes de oficializar los cargos de los nuevos jueces.
"Hallándose cumplidos los requisitos de infraestructura, nos encontramos en condiciones de que se tome juramento y ponga en posesión del cargo –en el curso de este año– a los jueces que fueran designados oportunamente", exhorta la misiva, que impone un plazo que busca eludir la feria judicial de enero, y sumar presión para que la Corte tome una acción inmediata sobre sus nombramientos, algo sobre lo que no había exhibido mucho entusiasmo.
Se estima que la nueva Cámara absorberá cerca del 60% del volumen de causas que hoy se tramitan en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que genera un cuello de botella de varios meses hasta un año de demora en su resolución. A partir de ahora, la Corte deberá tomar acción en lo que se anticipa como una nueva pulseada de poder entre el Consejo y el Máximo Tribunal. Los integrantes de la nueva Cámara podrán subrogar a sus pares del fuero federal y eventualmente podrían ser sorteados conjueces para la propia Corte, algo que los ubica en el centro de la disputa de poder. El 31 de julio de 2013, el Senado había aprobado los pliegos de los diez nuevos jueces. Un mes antes, la presidenta Cristina Fernández había remitido la nómina, dos años y ocho meses después de que el Consejo los hubiera seleccionado tras un concurso que comenzó en 2008. «
"Pongo en su conocimiento que el edificio sito en Talcahuano Nº612/624 de esta ciudad, que fuera cedido en comodato a este Consejo por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se encuentra en condiciones para poner en funcionamiento la Cámara Nacional de Casación Penal", afirma la nota. Agrega que el 18 de este mes se colocará el mobiliario y las instalaciones telefónicas e informáticas, algo que había sido objeto de discusión entre la Corte y el Consejo, que se reprochaban mutuamente las demoras en la puesta en marcha del nuevo tribunal. Finalmente, el Ministerio de Justicia terció y consiguió un edificio permanente, aunque la falta de equipamiento volvió a concitar reuniones infructuosas entre el grupo de jueces y los ministros supremos para la toma de juramento, durante todo este año. El argumento de la Corte era que debían completarse todas las reformas edilicias antes de oficializar los cargos de los nuevos jueces.
"Hallándose cumplidos los requisitos de infraestructura, nos encontramos en condiciones de que se tome juramento y ponga en posesión del cargo –en el curso de este año– a los jueces que fueran designados oportunamente", exhorta la misiva, que impone un plazo que busca eludir la feria judicial de enero, y sumar presión para que la Corte tome una acción inmediata sobre sus nombramientos, algo sobre lo que no había exhibido mucho entusiasmo.
Se estima que la nueva Cámara absorberá cerca del 60% del volumen de causas que hoy se tramitan en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que genera un cuello de botella de varios meses hasta un año de demora en su resolución. A partir de ahora, la Corte deberá tomar acción en lo que se anticipa como una nueva pulseada de poder entre el Consejo y el Máximo Tribunal. Los integrantes de la nueva Cámara podrán subrogar a sus pares del fuero federal y eventualmente podrían ser sorteados conjueces para la propia Corte, algo que los ubica en el centro de la disputa de poder. El 31 de julio de 2013, el Senado había aprobado los pliegos de los diez nuevos jueces. Un mes antes, la presidenta Cristina Fernández había remitido la nómina, dos años y ocho meses después de que el Consejo los hubiera seleccionado tras un concurso que comenzó en 2008. «
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