Al tiempo que se profundizan las regulaciones y controles públicos, baja la cotización de los diferentes tipos de dólar y caen las presiones devaluatorias. Expectativas para 2015.
Fue la muletilla elegida por gran parte de la oposición política, económica y mediática a principios de este año. El supuesto “giro ortodoxo” de un gobierno que abandonaba sus políticas intervencionistas para responder a los dictados del mercado, recurriendo a endeudamientos a cualquier costo, devaluando la moneda nacional de forma sostenida, recortando el gasto público y privilegiando el negocio especulativo (suba de las tasas de interés) por sobre la producción y el consumo. Existieron, en efecto, algunas medidas que apuntaban en esta dirección, tomadas por la anterior conducción del Banco Central, y que en los hechos contribuyeron para que este fuera el primer año del ciclo kirchnerista con una significativa disminución en el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y los planes sociales, así como de estancamiento en el nivel de empleo.
Pero si la en todo caso pragmática combinación que intentó realizar el Gobierno –entre algunas demandas del establishment y el sostenimiento de sus tradicionales políticas económicas de fomento al consumo y el empleo–, incluyó una veta ortodoxa, la profundización en los controles y la regulación estatal de las últimas semanas volvió a dejar desubicada a gran parte de esta oposición, que no solo erró en su pronostico de “giro ortodoxo” sino que además fue testigo de cómo la profundización de las intervenciones permitieron un mayor control sobre una variable clave, como lo es la cotización del dólar paralelo, a contramano de lo que indica su manual.
En efecto, las últimas semanas económicas exhibieron un inédito control de parte de diversos estamentos públicos sobre operaciones ilegales realizadas por grupos concentrados de la economía, mientras que el flamante presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, no se cansó de repetir ante quien quiera oírlo de que no habría una nueva devaluación, rechazando de esta forma las presiones de ciertos grupos económicos con tenencias dolarizadas y/o ligados a la exportación. Así y todo, en estas mismas semanas el dólar paralelo y sus primos hermanos, el dólar bolsa y contado con liquidación, descendieron su cotización hasta en un 10%, contrariando la teoría ortodoxa que afirma que a mayores regulaciones, mayor suba del dólar ilegal.
De hecho, la intervención pública por medio de operativos coordinados entre diversas entidades reguladoras del mercado financiero, como la Superintendencia de Entidades Financieras, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tiene en la actualidad como principal objetivo disuadir las operaciones de actividades ilegales especulativas, que desestabilizaron en el pasado el mercado cambiario. Que el Banco Central haya aplicado en la semana una multa de 160 millones de pesos al Banco de Valores y a sus directivos por no poder justificar los fondos que en 2008 transfirieron al exterior fue de hecho tan sólo un paso más en un camino iniciado el mes pasado, en el que se denunciaron y efectuaron suspensiones temporales a diversas entidades financieras.
A estas regulaciones se sumaron las de la AFIP, que suspendió a la empresa Procter & Gamble (P&G, que fabrica los productos Pampers, Ariel, Duracell, Gilette y Ayudín, entre otras) por fraude fiscal y fuga de divisas, pues de acuerdo con el ente recaudador la empresa incurrió en una sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares, lo que traducido implica menores reservas de dólares y subas en el precio del paralelo. También, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció en la semana a General Electric SA, Maltería Pampa SA (que produce las cervezas Quilmes y Brahma), y al laboratorio Monte Verde SA, como empresas que realizan procedimientos fraudulentos, mientras que la misma AFIP avanzó también sobre el comercio electrónico, detectando operaciones de al menos 690 monotributistas que realizaban ventas que superaban ampliamente sus declaraciones de ingresos, con lo cual fueron recategorizados y en algunos casos excluidos del régimen.
Pero si la en todo caso pragmática combinación que intentó realizar el Gobierno –entre algunas demandas del establishment y el sostenimiento de sus tradicionales políticas económicas de fomento al consumo y el empleo–, incluyó una veta ortodoxa, la profundización en los controles y la regulación estatal de las últimas semanas volvió a dejar desubicada a gran parte de esta oposición, que no solo erró en su pronostico de “giro ortodoxo” sino que además fue testigo de cómo la profundización de las intervenciones permitieron un mayor control sobre una variable clave, como lo es la cotización del dólar paralelo, a contramano de lo que indica su manual.
En efecto, las últimas semanas económicas exhibieron un inédito control de parte de diversos estamentos públicos sobre operaciones ilegales realizadas por grupos concentrados de la economía, mientras que el flamante presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, no se cansó de repetir ante quien quiera oírlo de que no habría una nueva devaluación, rechazando de esta forma las presiones de ciertos grupos económicos con tenencias dolarizadas y/o ligados a la exportación. Así y todo, en estas mismas semanas el dólar paralelo y sus primos hermanos, el dólar bolsa y contado con liquidación, descendieron su cotización hasta en un 10%, contrariando la teoría ortodoxa que afirma que a mayores regulaciones, mayor suba del dólar ilegal.
De hecho, la intervención pública por medio de operativos coordinados entre diversas entidades reguladoras del mercado financiero, como la Superintendencia de Entidades Financieras, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tiene en la actualidad como principal objetivo disuadir las operaciones de actividades ilegales especulativas, que desestabilizaron en el pasado el mercado cambiario. Que el Banco Central haya aplicado en la semana una multa de 160 millones de pesos al Banco de Valores y a sus directivos por no poder justificar los fondos que en 2008 transfirieron al exterior fue de hecho tan sólo un paso más en un camino iniciado el mes pasado, en el que se denunciaron y efectuaron suspensiones temporales a diversas entidades financieras.
A estas regulaciones se sumaron las de la AFIP, que suspendió a la empresa Procter & Gamble (P&G, que fabrica los productos Pampers, Ariel, Duracell, Gilette y Ayudín, entre otras) por fraude fiscal y fuga de divisas, pues de acuerdo con el ente recaudador la empresa incurrió en una sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares, lo que traducido implica menores reservas de dólares y subas en el precio del paralelo. También, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció en la semana a General Electric SA, Maltería Pampa SA (que produce las cervezas Quilmes y Brahma), y al laboratorio Monte Verde SA, como empresas que realizan procedimientos fraudulentos, mientras que la misma AFIP avanzó también sobre el comercio electrónico, detectando operaciones de al menos 690 monotributistas que realizaban ventas que superaban ampliamente sus declaraciones de ingresos, con lo cual fueron recategorizados y en algunos casos excluidos del régimen.
La otra intervención. Difícilmente los renovados controles no hayan disuadido a grandes especuladores de realizar futuras maniobras ilegales que restrinjan la disponibilidad de dólares y alteren el mercado cambiario. Pero por cierto, estas medidas no alcanzan a explicar la disminución de la cotización en los diferentes tipos de dólar que logró el Gobierno. Aquí, es necesario dar cuenta de otras intervenciones, como el acuerdo al que llegó con los exportadores de granos, quienes dos semanas atrás comprometieron 1.500 millones de dólares adicionales en carácter de adelanto de prefinanciamiento, de los cuales ya ingresaron 900 millones, y que en su conjunto permitirán superar en casi un 45% el monto liquidado en 2013, al pasar de 4000 a 5700 millones. También los 834 millones provenientes de China como parte del acuerdo de prefinanciamiento mutuo de exportaciones (swap) con el Banco Central de ese país, a los que por otra vía se sumará, en diciembre, otro monto por la licitación de la telefonía 4-G, mientras se negocian nuevos acuerdos financieros y comerciales con Francia y con Rusia. Paralelamente, Economía emitió un original bono atado a la cotización oficial del dólar, que permite a aseguradoras, bancos y empresas orientar sus pesos hacia estos títulos en lugar del dólar, lo cual resta presión a la cotización de la moneda norteamericana y permite al mismo tiempo al Tesoro financiarse con casi 9.000 millones de pesos adicionales.
Así, estas diferentes intervenciones públicas para el control de salida e ingreso de dólares, que en parte permitieron recomponer las reservas del Banco Central por encima de los 28.000 millones de dólares en octubre, parecen haber sumado credibilidad a la reiterada negativa a devaluar por parte de Vanoli, todo lo cual muy posiblemente haya incidido en una modificación de las expectativas a corto plazo, con las consecuentes derivaciones a la baja en la cotización del dólar.
Así, estas diferentes intervenciones públicas para el control de salida e ingreso de dólares, que en parte permitieron recomponer las reservas del Banco Central por encima de los 28.000 millones de dólares en octubre, parecen haber sumado credibilidad a la reiterada negativa a devaluar por parte de Vanoli, todo lo cual muy posiblemente haya incidido en una modificación de las expectativas a corto plazo, con las consecuentes derivaciones a la baja en la cotización del dólar.
Por detrás. En cualquier caso, difícilmente pueda pensarse que estas acciones regulatorias y financieras puntuales puedan brindar una estabilidad sostenida en lo que respecta al mercado cambiario.
Con una industria y un sector energético altamente deficitario, al que se sumó la caída en cantidad y valor de los productos con más peso en la exportación argentina, la escasez de dólares o restricción externa continúa siendo un importante problema de cara al futuro.
Por caso, el principal producto de exportación argentina, la soja, cotiza en casi un 20% menos que a comienzos de año, mientras que también es fuerte la caída en las exportaciones de uno de los principales sectores dentro de las manufacturas de origen industrial (MOI), como lo es el automotor. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), entre enero y octubre sus ventas al exterior se redujeron en un 22,9% (se exportaron 289.692 vehículos) en comparación con igual período de 2013, aunque el dato positivo fue el crecimiento de las ventas a Brasil (allí se coloca el 87% de las exportaciones) en octubre pasado, donde se experimentó un aumento del 23,8% con respecto a septiembre.
Por eso, no son pocos los analistas que sostienen la necesidad de recurrir al financiamiento externo de cara a 2015. Aquí, los buitres representan el mayor escollo, pues el Gobierno se resiste a acordar con estos fondos antes de la finalización de este año (debido a una cláusula legal que dispararía juicios millonarios por parte de otros bonistas) y no parece dispuesto a recurrir a financiamiento a altos costos, tal como le vienen ofreciendo distintas entidades bancarias internacionales, justificando sus altas tasas de interés a causa, justamente, del conflicto abierto con los buitres.
Sobre la posibilidad de un acuerdo a partir del año próximo, esta semana volvieron a manifestarse el ministro de Economía, Axel Kicillof, y Vanoli. Mientras que el primero señaló que “a partir de enero es posible” pero siempre y cuando estos fondos se atengan a una negociación atada “a la ley, a la Justicia, a la igualdad y a no darles a los bonistas más de los que se les da a otros”, el presidente del Banco Central señaló que “si alguien espera que el 1º de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional”, aunque no descartó la posibilidad de una negociación.
En cualquier caso, el tiempo no sólo corre para nuestro país. Durante la semana que finalizó, el fondo Quantum Partners, liderado por el famoso financista húngaro George Soros, así como el Hayman Capital Management, propiedad del gran financista norteamericano Kyle Bass, reclamaron ante la Justicia inglesa que el Bank of New York Mellon (BoNY) les transfiera los 282 millones de dólares que la Argentina les abonó pero que actualmente se encuentran bloqueados por una orden de la Justicia norteamericana a favor de los fondos buitres. Argumentando que sus bonos expresados en euros y regidos por legislación inglesa no atraviesan jurisdicción norteamericana, los poderosos Soros y Bass anticipan una posible nueva ofensiva contra el tándem formado por los buitres y la Justicia norteamericana.
Con una industria y un sector energético altamente deficitario, al que se sumó la caída en cantidad y valor de los productos con más peso en la exportación argentina, la escasez de dólares o restricción externa continúa siendo un importante problema de cara al futuro.
Por caso, el principal producto de exportación argentina, la soja, cotiza en casi un 20% menos que a comienzos de año, mientras que también es fuerte la caída en las exportaciones de uno de los principales sectores dentro de las manufacturas de origen industrial (MOI), como lo es el automotor. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), entre enero y octubre sus ventas al exterior se redujeron en un 22,9% (se exportaron 289.692 vehículos) en comparación con igual período de 2013, aunque el dato positivo fue el crecimiento de las ventas a Brasil (allí se coloca el 87% de las exportaciones) en octubre pasado, donde se experimentó un aumento del 23,8% con respecto a septiembre.
Por eso, no son pocos los analistas que sostienen la necesidad de recurrir al financiamiento externo de cara a 2015. Aquí, los buitres representan el mayor escollo, pues el Gobierno se resiste a acordar con estos fondos antes de la finalización de este año (debido a una cláusula legal que dispararía juicios millonarios por parte de otros bonistas) y no parece dispuesto a recurrir a financiamiento a altos costos, tal como le vienen ofreciendo distintas entidades bancarias internacionales, justificando sus altas tasas de interés a causa, justamente, del conflicto abierto con los buitres.
Sobre la posibilidad de un acuerdo a partir del año próximo, esta semana volvieron a manifestarse el ministro de Economía, Axel Kicillof, y Vanoli. Mientras que el primero señaló que “a partir de enero es posible” pero siempre y cuando estos fondos se atengan a una negociación atada “a la ley, a la Justicia, a la igualdad y a no darles a los bonistas más de los que se les da a otros”, el presidente del Banco Central señaló que “si alguien espera que el 1º de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional”, aunque no descartó la posibilidad de una negociación.
En cualquier caso, el tiempo no sólo corre para nuestro país. Durante la semana que finalizó, el fondo Quantum Partners, liderado por el famoso financista húngaro George Soros, así como el Hayman Capital Management, propiedad del gran financista norteamericano Kyle Bass, reclamaron ante la Justicia inglesa que el Bank of New York Mellon (BoNY) les transfiera los 282 millones de dólares que la Argentina les abonó pero que actualmente se encuentran bloqueados por una orden de la Justicia norteamericana a favor de los fondos buitres. Argumentando que sus bonos expresados en euros y regidos por legislación inglesa no atraviesan jurisdicción norteamericana, los poderosos Soros y Bass anticipan una posible nueva ofensiva contra el tándem formado por los buitres y la Justicia norteamericana.
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