En 1942 una larga huelga fue protagonizada por costureras a domicilio en Tucumán. El conflicto fue intenso y estuvo atravesado por disputas de clase en sentido más puro, tensiones entre las representaciones de género, la inserción de cuerpos femeninos en un mundo sindical mayormente masculino, la visibilidad de la reyerta callejera, la explotación, la miseria, los prejuicios, la religión, la Iglesia, la experiencia de la ley y la consolidación de una cultura de derechos. Cuáles fueron las formas de la experiencia obrera femenina en una ciudad del norte argentino antes del peronismo. En esa trama enrevesada, estos factores moldearon la experiencia de estas trabajadoras y tiñeron también la lucha. En esos procesos las mujeres dejaron huellas de sus sutiles coincidencias, de los reclamos comunes que de forma no siempre explícita y no siempre ordenada, construyeron las aspiraciones generales de la clase obrera en el sentido de derechos, reconocimiento, legitimidad e intereses. Pero, fundamentalmente, aparecieron allí también los sentidos identitarios, los objetivos y los deseos de las trabajadoras, como mujeres y como obreras.
Trabajo, empleo y organización
En Tucumán a principios de los años cuarenta el trabajo femenino se centraba principalmente en la industria azucarera, la de la alimentación, el vestido y el trabajo doméstico. Asimismo, un porcentaje menor lo hacía en el rubro productos químicos (tintorerías y fósforos) y en las fábricas de cigarrillos. El porcentaje de trabajo femenino registrado era ínfimo (3,69%). Sin embargo, por otros datos, principalmente publicados en la prensa, se infiere que el número de trabajadoras era mucho mayor.
El subregistro del trabajo femenino era una constante debido a que muchas veces se lo consideraba “trabajo complementario” o “ayuda familiar”. Pero esta invisibilidad también estaba determinada por los espacios donde muchas mujeres desarrollaban sus labores: el domicilio. En tal sentido, en este tipo de tareas se suponía que las mujeres podían sostener su rol en la reproducción social. Sin embargo, el trabajo a domicilio estaba lejos de constituir una panacea para las mujeres. Pensado como el departamento exterior de la fábrica, este tipo de tarea fue una de las formas del trabajo más duras y agobiantes. Caracterizado por jornadas extenuantes y salarios magros, las posibilidades de atender el hogar y completar un jornal digno eran una quimera. Entre los rubros principales del trabajo a domicilio se destacaba el de costura que según datos del Departamento Nacional de Trabajo, creció un 58% durante los años treinta. Este tipo de faena, al realizarse a destajo o por pieza agudizaba la intensidad del trabajo que, al mismo tiempo, estaba sujeto una demanda que no siempre era continua y a un estricto control patronal sobre la calidad de las prendas. Así, "Basta que una obrera coloque un color de hilo que no corresponde exactamente al del vestido –decía una editorial del diario tucumano La Gaceta- para que su trabajo sea rechazado y se lo descuente del precio de su propio trabajo o de la garantía." Por otro lado, y a pesar de que para confeccionar una prenda de buena calidad se necesitaban años de oficio, la capacitación necesaria para realizar los trabajos de costura estaba socialmente asociada a patrones de femineidad, no era considerada una calificación y, en consecuencia, no cotizaba en el mercado de trabajo.
Pero el trabajo a domicilio no era tierra de nadie, estaba regido por unan ley sancionada en 1918, la ley 11.505 que, no obstante, garantizaba un vínculo laboral sin riesgos para los empleadores. Allí fue donde apuntaron las organizaciones obreras y la Iglesia Católica quienes, después de varias años, lograron en 1942 la sanción de una nueva ley de Trabajo a Domicilio: la N° 12.713. Esta ley proponía transformar los usos y costumbres en una rama de actividad acostumbrada a la informalidad y la precariedad, dando un salto cualitativo en materia de derechos y protección laboral. Pero fundamentalmente, esta ley reconfiguró un nuevo escenario de disputa entre capital-trabajo brindando un nuevo escenario de derechos adquiridos, que envalentonó a las trabajadoras nucleadas en dos organizaciones de costureras, la Sociedad de Obreras Costureras de Confección en General (1936) que respondía al Socialismo Obrero y el Sindicato de Costureras (1938) que funcionaba bajo el amparo del Secretariado Social de la Acción Católica. De esta forma, ambos sindicatos, en conjunto con varios miembros de la curia y la Comisión Cooperadora de la CGT presionaron insistentemente al gobierno para lograr que la ley de Trabajo a Domicilio ya sancionada a nivel nacional, fuera reglamentada para su aplicación en la provincia.[1] Finalmente, el 7 de julio de 1942 la ley entró en vigencia en Tucumán y terminó una etapa de demanda pero comenzó una nueva de lucha.
Uno de los puntos fuertes de la nueva ley era el proceso de conciliación de salarios/tarifas de prendas a través de comisiones obrero/estatal/patronales. Esta era una experiencia de negociación colectiva novedosa en el mundo obrero de la provincia que comenzó a funcionar en agosto. No obstante, luego de un par de reuniones, estaba claro que no existía posibilidad de acuerdo y la delegación patronal se retiró de la Comisión. Esta abrupta interrupción de los canales legales para fijar tarifas generó un clima de tensiones que se fue recrudeciendo y después de dos meses de reuniones fallidas, el 5 de octubre, las costureras decidieron declarar la huelga, a la que el Sindicato católico acompañó por un “acto de disciplina.”
Con las obreras en huelga y los delegados patronales sin voluntad de negociación, la posibilidad de arreglo llegó a un punto muerto, quedando en manos del presidente de la Comisión la facultad de laudar sobre el precio de las prendas. Estas tarifas finalmente fueron aceptados por las costureras, quienes dieron por terminada la huelga. Sin embargo, al concurrir a buscar encargos, los patrones se negaron a proporcionárselos aduciendo que no podían pagar los precios laudados. El 3 de noviembre de 1942 los talleres de confección y los registros de la provincia decretaron un lock out que se prolongó durante casi dos meses.
En una rama de actividad como la de costura, sostener medidas de fuerza prolongadas no era fácil, no solo porque se trabajaba a destajo, sino también porque la labor de una costurera podía ser fácilmente sustituida mediante la importación de prendas o la entrega de tareas a otras obreras. Por lo tanto, la unidad de las acciones durante la protesta era un elemento imprescindible para la lucha. Pero los primeros días del lock out las obreras llevaban ya más de un mes sin trabajar y las posibilidades de llegar a un acuerdo se vislumbraban escasas. Esta situación comenzó a deteriorar la unidad de las trabajadoras y frente al desasosiego por una situación inesperada, varios grupos de costureras, especialmente las católicas, comenzaron a manifestar la necesidad de aceptar los salarios que la patronal ofrecía.
La división aparecía muy tangible y la disputa se trasladó entonces al interior del conjunto de trabajadoras. Allí, la presión de aquellas que solicitaban aceptar los salarios ofrecidos motivó a las dirigentes del otro sindicato a intensificar su lucha. Por eso decidieron redoblar la apuesta y no entregar los trabajos que tenían en su poder. Al mismo tiempo dejaron claro que no aceptarían otras tarifas que no fueran las fijadas por la Comisión de Salarios, mientras mantenían motivadas a sus afiliadas realizando asambleas periódicas y recorriendo los barrios. Por su parte, las afiliadas al sindicato católico, que habían dejado clara su incomodidad con las acciones de protesta enarbolaron su voluntad conciliadora y empezaron a disputar espacios de representación sindical, intentando posicionar a su organización como la única entidad representativa de las “verdaderas trabajadoras.”. Ellas que “legítimamente viven de su trabajo”, no podían esperar más para llegar a un acuerdo –decían los representantes de las obreras católicas– porque “se estaba jugando con intereses vitales: el pan de cientos de madres desesperadas que no comprendían aún cuál era el motivo de la huelga.”
Para las católicas (o sus representantes) la construcción de su rol como trabajadoras estaba subsumido en un discurso que las victimizaba y las “maternizaba.” Esta versión maternalista no era inocente y, por supuesto, no solo apuntaba a sostener el rol social de estas mujeres que, sino que además, asociado a valores religiosos y morales, les permitía diferenciarse de aquellas guiadas por la “viciosa costumbre de los principios subversivos del comunismo ateo.” Para las obreras “comunistas”, en cambio, presentarse como “madres desesperadas” no era una estrategia de fortalecimiento en un conflicto gremial, sino una herramienta para “distraer su posición de clase.” Ellas, en cambio, apelaron a un discurso donde sus valores, su cultura y su experiencia estaban forjados sobre una profunda vivencia de explotación y de lucha que no solo avaló su reclamo, sino que perfiló su identidad. La tensión estaba puesta entonces en ponderar demandas de clase frente a roles de género, porque en definitiva ellas no podían zanjar esa cuestión, no podían dejar de ser mujeres, pero si podían dejar de ser explotadas. Estaban en huelga “para lograr que se nos pague como corresponde.” Las “comunistas” señalaron, entonces, que en tanto “un grupo de obreras que llevadas por la miseria ha aceptado las tarifas patronales” era su “deber luchar por sus intereses, así que para defenderlas, tendremos que luchar también en contra de ellas.”
A lo largo del conflicto, una de las cuestiones más disruptivas fue la presencia sostenida de las mujeres en las calles. Las crónicas describían una ciudad invadida por grupos de obreras convocando a otras mujeres a sumarse a las movilizaciones. Esos mismos relatos también destacaron que las obreras intentaron impedir que sus compañeras siguieran trabajando y algunas huelguistas fueron detenidas "por haber pretendido hostilizar a dos costureras que concurrían a su trabajo" o haber despojado a otra de ”unas ropas que debía entregar.” Durante varios meses noticas de manifestaciones, enfrentamientos con la policía, visitas a despachos oficiales, actos, así como la concurrencia de las obreras a las confiterías de la ciudad con el fin de vender bonos para sostener el comedor de huelga o promocionando los bailes del gremio para conseguir fondos, mostraron cotidianamente a los habitantes de la ciudad el problema de las costureras. En ese proceso, editoriales, reportajes, notas y crónicas reprodujeron los anhelos, deseos, expectativas y visibilizaron las condiciones de vida, los rostros y los cuerpos de las obreras costureras. La esfera pública era un espacio principalmente masculino, pero en 1942 fue cooptado también por mujeres trabajadoras.
Pero no fue solo la calle, sino también el Estado el espacio a conquistar. La sensación de amparo estatal que acompañó el proceso de reglamentación de la ley les posibilitó a las obreras, a pesar de las dificultades, reclamar protección e intervenir públicamente de un modo legítimo. Desde ahí potenciaron un sentido de derecho colectivo donde, decían, “el Estado no puede tolerar una industria sostenida por el hambre de los trabajadores, ya que la industrialización del país deber servir para elevar el nivel de vida de la población laboriosa.” En esa batalla las obreras concurrieron diariamente a los despachos oficiales para solicitar la intervención del gobierno en el conflicto, lograr el cambio de presidente de la Comisión y exigir respuestas para las compañeras despedidas.
A fines de 1942, después de casi tres meses sin actividades, las fuerzas de las obreras estaban muy deterioradas y el gobernador decidió intervenir personalmente. Finalmente se llegó a un acuerdo para negociar tarifas luego de un ensayo de producción. A fines de enero de 1943, obreras representantes de todos los sectores cosieron durante ocho horas seguidas. Los resultados obtenidos se promediaron y finalmente pudieron tarifarse las prendas. Luego de seis meses de conflictos, demandas, negociaciones, huelga y lock out, las costureras volvieron a trabajar.
Un conflicto protagonizado por mujeres suele desarmar los análisis normativos, matizar las formas reconocidas de acción colectiva y proponer nuevos sentidos para pensar el lugar de las mujeres en el mundo sindical. Las aristas de la reyerta mostraron cómo a veces las condiciones de clase y de sexo se amalgamaban en contra de las trabajadoras que soportaron duras jornadas de lucha. En estos procesos se involucraron prejuicios, dificultades sindicales, problemas internos originados a partir de sus diferentes maneras de entender sus roles de género, posiciones políticas, religiosas, ideológicas y experiencias de clase. Ese conjunto de factores actuó sobre la subjetividad de las trabajadoras poniéndoles diferentes sentidos a su identidad. En un orden de ponderación, sabemos que la religión era un componente importante de las sensibilidades colectivas en la provincia. Proporcionaba un conjunto de significados y valores intensamente vividos y sentidos y ejercía, por ello mismo, presiones concretas a la par que establecía límites efectivos sobre la experiencia y la acción. En paralelo, un mundo sindical, mayormente masculino, también demandaba lealtades a las obreras a partir de un discurso de clase, de lucha y derechos obtenidos o por conquistar.
Puestos en tensión, discursos ferozmente encontrados tiñeron y complejizaron el conflicto de las costureras que, enfrentadas discursivamente (y en oportunidades también físicamente), pretendieron instalar como legítimas diferentes formas de ser obreras y mujeres, a la par de sostener una lucha por sus derechos. Por ello, abordar diferencias entre ellas, tanto en la práctica como en el discurso, obliga a problematizar también el concepto de clase. Quizás cierta conciencia “impuesta” del deber de una trabajadora no deja ver bien las plurales manifestaciones de la clase. Es entonces desde la insistencia en las “racionalidades múltiples”, como señala Dora Barrancos, desde donde podemos asomarnos a desentrañar su conducta. De esta forma, un antagonismo de clase no siempre adquiere los matices de un “enfrentamiento modelo”, sino que puede emerger a partir de una cultura religiosa, una representación de género o una idea de moral. Así, las reapropiaciones creativas, distorsivas o pasivas de los roles genéricamente asignados, los valores religiosos y sus implicancias morales perfilaron las formas de la lucha de algunas de estas costureras. Sus aristas surcaron la lucha por defender su “moral”, sus obligaciones como mujeres, planteada como no necesariamente incompatible con una disputa por sus derechos como trabajadoras. En ese plano, quizá más que en la disputa por un mejor salario, es donde se percibía la más virulenta resistencia de un grupo de costureras. Frente a ellas las obreras vinculadas a los partidos de izquierda y al mundo sindical de la provincia entablaron una forma más “pura” de antagonismo, al entender que su lucha se inscribía en su historia de explotación, en sus afiliaciones políticas y sindicales y, fundamentalmente, en sus derechos como trabajadoras.
En definitiva, los cruces de acusaciones, las formas de entablar la disputa, los sentidos atribuidos a la lucha, develan percepciones, subjetividades e identidades disímiles a partir de similares experiencias de explotación. Factores como la religión, los grupos de filiación y el sistema de relaciones constituyeron papeles decisivos en la configuración de las experiencias de clase y de los roles de género de estas obreras. O por lo menos de aquellos puestos en juego a la hora de plantear un conflicto laboral, ya que ambos cobraron sentido en el marco de las relaciones entabladas y en la dinámica de los espacios sociales por donde éstas circularon.
[1]La ley sancionada por el Congreso Nacional solo regía en Capital Federal y Territorios Nacionales. Para su aplicación en los territorios provinciales debía ser reglamentada por las Legislaturas locales. La provincia de Tucumán fue el primer territorio en reglamentarla.
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