La impunidad y los estudiantes mexicanos

La frase la disparó uno de los estudiantes que pudo zafar de los asesinatos y los secuestros de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre: los jóvenes mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, cuando vuelven con unos dólares en el bolsillo se los gastan enseguida, porque vienen con la fiebre del consumismo, lo mismo les pasa a los que se alistan con el narco, porque también se acostumbran a gastar todo; nosotros, en cambio, aprendemos a vivir con nuestra identidad y con nuestras cosas.

La expresión sufrida de este sobreviviente, que podría asimilarse al fusilado que habla de Rodolfo Walsh, no hace más que confirmar el motivo que llevó al narcoestado terrorista de Iguala, Guerrero, a emboscar, matar y hacer desaparecer a un grupo de casi un centenar de estudiantes: son enemigos de la cultura del sometimiento que sólo les ofrece ser mano de obra barata –e ilegal– cruzando el Río Bravo o alistarse en alguna de las decenas de grupos paramilitares y de narcos en su propio país. El joven estudiante salió por Telesur y, al igual que otros sobrevivientes o los familiares de los 43 desaparecidos, confirma que hay un México insurgente a un siglo de la revolución y a dos décadas del surgimiento del movimiento zapatista.

El Estado fallido –o el narcoestado si se quiere ser más incisivo– no puede perpetuarse sin recurrir al terror. Cuarenta días después de la emboscada a estos estudiantes empezó a desgranarse la trama de la impunidad. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, aparecen como los responsables de la trama criminal. Tal es el grado de impunidad que la policía municipal y el cártel de los Guerreros Unidos funcionaban en tándem. Abarca recibía suculentas sumas de dinero ilegal. Es decir, además de dar las instrucciones de dónde y cómo debían eliminar a los estudiantes, multiplicaba sus riquezas con el crimen organizado, dicho sea de paso, organizado desde el Estado. La señora Pineda, en la noche del crimen, se proclamaba como sucesora de su marido para el cargo de alcaldesa. Según la BBC, suponiendo que esos estudiantes tenían pensado interrumpir la fiesta de lanzamiento, Abarca ordenó la barbarie. Esto sucedió en una ciudad que está a tres horas de distancia del Distrito Federal de México y a dos de Acapulco. Abarca y Pineda, que estuvieron escondidos cuatro semanas porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no quiso o no pudo dar con ellos, están ahora presos. Ambos militan en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), una fuerza que tiene apenas 25 años de vida y que, al menos hasta este crimen brutal, era considerada de izquierda. ¿Alguien puede suponer que las autoridades del PRD no sabían de las riquezas de Abarca y de las denuncias de otros crímenes? Rogelio Martínez, gobernador de Guerrero, Estado del cual forma parte el municipio de Iguala, también milita en las filas del PRD. ¿Alguien puede pensar que no tiene ninguna responsabilidad? Enrique Peña Nieto, presidente que lleva 23 meses en el poder, milita en el Partido Revolucionario Institucional, y la narcocriminalidad sigue incólume. Los muertos se cuentan de a miles, no disminuyó respecto de su antecesor Felipe Calderón. Lo que Peña Nieto garantizó fue el avance de las multinacionales privadas del petróleo en Pemex. La parábola parece completa: el PRI es heredero del Partido Nacional Revolucionario, que parió la nacionalización del petróleo en 1938 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. A su vez, el hijo de Lázaro es Cuauhtémoc, quien creó el PRD porque consideró que el PRI estaba corrupto hasta los tuétanos. Esta vez, las balas que matan estudiantes salieron de una banda que tiene como uno de sus jefes a un alcalde del PRD que para perpetuarse en una democracia secuestrada mandó matar y desaparecer estudiantes que iban a convertirse en maestros rurales. La revolución mexicana fue campesina, y Cárdenas padre, además de nacionalizar el petróleo, impulsó una reforma agraria.

QUÉ HACER

En 1970, hace ya 44 años, un cineasta argentino le tendió una celada a Luis Echeverría, funcionario del gobierno del PRI y candidato a suceder a esa casta política que se perpetuaba en el Estado, desvirtuando aquel proceso nacional iniciado por Cárdenas. Echeverría le dio la entrevista a Raymundo Gleyzer porque pensó que este encabezaba un equipo de la televisión alemana. La verdad era que Gleyzer quería mostrar la criminalidad del PRI en la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando los estudiantes mexicanos quisieron mostrar al mundo cuál era la realidad de su país. La oportunidad no podía ser mejor: eligieron la fecha de la manifestación diez días antes del inicio de las Olimpíadas que tenían como sede precisamente a México. El gobierno, lejos de ceder a la protesta, produjo una matanza que cobró la vida de cientos de jóvenes que reclamaban de modo pacífico. Gleyzer recorrió México y luego consignó otra represión violenta, la matanza de Corpus Christi, ocurrida el 10 de junio de 1971, cuando Echeverría ya era presidente. Esta matanza, que cobró la vida de 120 jóvenes, no fue obra de uniformados como la de Tlatelolco, sino por el grupo paramilitar Los Halcones. Gleyzer tituló su film México, la revolución congelada y, como tenía pergaminos en el mundo de la televisión comercial, logró estrenarlo en Buenos Aires en plena dictadura del general Alejandro Lanusse. Sin embargo, las quejas de Echeverría se hicieron llegar ipso facto y la película salió de cartel. Gleyzer fue secuestrado por la dictadura de Jorge Videla y está desaparecido. Al igual que los estudiantes de Iguala. La película no pudo verse en México sino hasta 2006, una muestra de cómo en ese país conviven la luz y la oscuridad, la democracia y el terror estatal.
Este cronista consultó a Eduardo Sguiglia para conocer su visión de estos hechos. Sguiglia, escritor, economista y diplomático, pudo escapar de las garras de la dictadura en la misma época que desaparecían Gleyzer y miles de compatriotas. Logró dictar cátedra y vivir con toda dignidad, gracias a la gran acogida que tuvo México en esos años con argentinos, chilenos, uruguayos y otros perseguidos políticos. Durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner estuvo al frente del Departamento de América Latina de la Cancillería. Sin perjuicio de su gratitud a aquel país, Sguiglia considera necesario revisar los conceptos de no injerencia en los asuntos de otros estados, un concepto rector en las relaciones internacionales, al menos entre países que respetan las formas democráticas. Pero, ¿qué son las formas democráticas? Está claro que cuando hubieron golpes de Estado que destituyeron presidentes constitucionales (en Honduras contra Manuel Zelaya, 2009, y en Paraguay contra Fernando Lugo, 2012) las alarmas latinoamericanas se prendieron y hubieron pronunciamientos y decisiones políticas de las organizaciones regionales. La gravedad de lo que sucede en México no recibió una condena, quizá porque todavía la dirigencia política regional no sabe cómo desactivar los mecanismos que llevan a respetar las formas. ¿Alguien tomó dimensión de la cantidad de muertos por la narcodependencia? Porque, es preciso poner en palabras que el norte de México por tierra o las rutas del Pacífico y el Atlántico por agua, son las vías para el ingreso de los narcóticos que se consumen en Estados Unidos. Las cifras, desde 2006 hasta la fecha, varían, según las fuentes entre 70 mil y 150 mil. Cualquiera de los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa o de cualquier escuela rural de la Argentina debe saber que el bien más preciado de una democracia es la vida de los ciudadanos.

Una última consideración para tratar de entender que la hipocresía y el doble discurso no es una maldición mexicana. Tal como lo consigna el abogado especializado en temas financieros Alejandro Drucaroff (Pais24.com) se conocieron estos días las maniobras realizadas por Jean Claude Juncker, quien fue elegido como la máxima autoridad ejecutiva de la Unión Europea, tras haber gobernado durante casi dos décadas Luxemburgo, centro de las finanzas europeas y denunciado como paraíso fiscal.

"Nada de eso era –consigna Drucaroff– desconocido; podría decirse que fue silenciado y/u ocultado, del mismo modo que se consienten –más allá de algunas declaraciones públicas jamás acompañadas de medida concretas– los demás paraísos fiscales, casi todos ellos instalados en territorios dependientes de las grandes potencias del planeta." El hecho: "Al menos 340 grandes empresas multinacionales se beneficiaron en Luxemburgo por una reducción del impuesto a las ganancias tan grosera y absurda que asombra. Los números son demoledores: un impuesto casi inexistente del 2% contra una media europea para empresas del 21 por ciento. No hace mucho se acusó a Irlanda de competencia desleal por cobrar un 13% por el mismo concepto." A las maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones y otras maniobras para evadir impuestos, estos paraísos fiscales son la vía imprescindible para que el dinero sucio proveniente de las grandes multinacionales se enlace con la de la venta ilegal de armas y la del narcotráfico. Cualquier estudiante de la Escuela Rural de Ayotzinapa y también de las escuelas rurales de la Argentina puede entender el riesgo que significa que un puñado de ultramillonarios haga lo que quiera con la plata y que eso esté tan relacionado con la vida y con la muerte de los estudiantes rurales y urbanos.