"Hay, por lo menos, 9 millones de hectáreas en disputa entre campesinos y empresarios"

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, se encuentra en Santiago esperando el final del juicio por el crimen de campesino Cristian Ferreyra, ocurrido en 2011. Se investiga la responsabilidad de un empresario sojero.

Por Enrique de la Calle

APU: El juicio por el crimen de Cristian Ferreyra hace visible una problemática que se da en muchas provincias argentinas, que tiene que ver con la extensión de la frontera de los agronegocios y la expulsión de familias campesinas. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Cuáles son las provincias más afectadas?

Diego Montón: En esta etapa, la situación se agudiza por la ofensiva del capital financiero en la región, que en el marco de la crisis persigue subordinar la agricultura y los bienes naturales a sus lógicas especulativas. Esto se traduce en mucho dinero para el agronegocio bajo el circuito dominado por corporaciones transnacionales. Los territorios campesinos indígenas son un "obstáculo" para el desarrollo de esa estrategia imperial. Ahí comienza el conflicto, que en general cuenta con una gran complicidad del poder judicial y las policías. En la medida que se va fortaleciendo la organización y la resistencia campesina, entonces el agronegocio se torna mas violento. La situación es grave, porque son enormes las masas de capital que vienen para ser "invertidas" , eso aumenta la velocidad de destrucción de los bosques, la presión a los jueces. Se da en todo el país, en el centro y NOA con la soja, en Cuyo con olivos y vid, en el NEA, con forestales para pasteras. En el MOCASE hemos afrontado situaciones bien violentas en Santiago, en Cordoba, Mendoza, Salta, Neuquén.

APU: ¿Cuál es en general la actitud que toman los gobiernos provinciales?

DM: En general, los gobiernos provinciales están cooptados por una falsa idea de desarrollo de la mano de la inversión para los agronegocios. Es fácilmente demostrable que es todo lo contrario, este modelo de agricultura que quieren imponer ha generado destrucción del trabajo en el campo, ha aumentado el trabajo esclavo y el precio de los alimentos que además están contaminados. Se han destruido bosques y ecosistemas. Además, de expulsar a millones de personas hacia las ciudades, en donde no encuentran trabajo ni vivienda digna. Así, lo que el estado puede obtener por retenciones lo debe invertir en planes sociales para los expulsados del campo. Con los agronegocios solo ganan las corporaciones y un puñado de empresarios. Sumale ahora la especulación con la soja en los silos para devaluar. Es un modelo que atenta contra la paz y la democracia.

APU: ¿Existen leyes locales que protejan a las familias campesinas?

DM: Casi no existen leyes para proteger y potenciar la agricultura y la vida campesina, recién ahora estamos logrando dar algunos debates. En algunas provincias como Santa Fe, Salta y Río Negro avanzaron leyes para frenar desalojos, son avances, pero insuficientes. Según un informe de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, en Argentina hay 9 millones de hectáreas en disputa entre campesinos y empresarios que involucran a más de 63 mil familias. En realidad eso fue un muestreo, no un censo, el número es mucho mayor. Las instituciones niegan al campesinado.

APU: ¿Es posible hacer compatibles los dos modelos, el de la agricultura en gran escala (agronegocio) y el de la agricultura familiar?

DM: Hoy convivimos, esa es la realidad. El tema es que es una convivencia violenta, donde se vulneran los derechos de nuestras familias, no solo con desmontes, desalojos y agresiones que terminan con tragedias, si no con fumigaciones y con contaminación genética de nuestras semillas, como pasa con el caso del maíz transgénico, que por deriva contamina nuestro maíz diverso y campesino.

El empresario sojero expresa esa idea del lucro máximo a costa de lo que sea. Es necesaria una transición hacia otro modelo, donde conviva el modelo campesino y quizás un modelo de empresa agraria con un sentido nacional y popular, incluso con tecnología más apropiada a un desarrollo sustentable. Eso solo puede darse con un Estado fuerte y presente: es necesario transformar el PEA (Plan Estratégico Agroalimentario) porque el actual plantea solo índices de productividad en un marco ultraliberal. Es posible un ordenamiento territorial que garantice la permanencia en el campo de los campesinos y pueblos originarios, y que por otro lado establezca los territorios para aprovechar la renta diferencial de la tierra en el mercado global. Pero para que eso suceda el Estado debe concentrar el mercado externo, y eso en este momento creemos solo es posible con una política de integración regional, que permita retomar el control de puertos, barcos y acopios.

Las empresas deben ganar los justo, y el resto debe ser redireccionado al desarrollo nacional. Es decir, hay que sacarse de encima a las corporaciones transnacionales y su paquete tecnologico. Esos modelos de agricultura y de vida podrán convivir con un fuerte control y regulación del Estado.

APU: Vienen hace tiempo pidiendo una serie de leyes sobre el tema. ¿Cómo viene esa situación?

DM: Desde el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena) venimos impulsado un proceso de debate sobre políticas publicas para el sector. Comenzó con la idea de una ley nacional que haga un relevamiento exhaustivo de la situación de los poseedores, suspenda los desalojos y regularice. A partir de allí se fue armando un espacio donde participan otras organizaciones como ACINA, FNC, FONAF, entre otras, y avanzamos hacia una ley nacional de la Agricultura Familiar y Campesina.

Recientemente se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena en el ámbito del Ministerio de Agricultura, y allí se ha debatido esta ley, que deberá ser seguida de otras. En síntesis, planteamos la necesidad de la función social de la tierra, la garantía de la permanencia en el campo y el acceso a la tierra a las miles de familias desalojadas, la vuelta al campo desde las ciudades. Plantemos también la defensa de las semillas y leyes que eviten su privatización. También estamos debatiendo cambios en el SENASA que plantea requisitos para la producción, faena y comercialización que son inaplicables para nuestra agricultura. El impulso de la Agro-ecología desde las universidades e instituciones. Todo esto lo llamamos la "Reforma Agraria para la Soberanía Alimentaria".