Por Irina Hauser
En el laberinto de los tribunales, el sistema penal tiene su microfísica. Tiene sus prácticas arraigadas, invisibles pero poderosas, capaces de potenciar su selectividad y de vulnerar los derechos de quienes forman parte de su trama, ya sean imputados, víctimas o testigos. Desde el juez que posterga una audiencia porque se tiene que ir a hacer un trámite personal, sin importarle cuánto viajaron los testigos que dejará para mañana, hasta quién recibe una condena injusta por prejuicios de género. Todo entra en ese universo que la Asociación Pensamiento Penal quiere poner bajo la lupa, y que anunció que lo hará con un ambicioso Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que acaba de inaugurar. Su directora, la abogada penalista Indiana Guereño, explica sus objetivos y plantea la necesidad de poner a la vista todo el entramado de personas reales que hay detrás de los expedientes.
–¿Por qué hace falta un observatorio del sistema penal?
–En nuestro trabajo cotidiano nos topamos con actos u omisiones que revelan la distancia enorme que hay entre la ley y la realidad. Los operadores judiciales repiten actos con fuerza de costumbre, en virtud de reglas no escritas o anónimas, que van desde lo más chiquito, como negarle sacar fotocopias de un expediente al que llegó dos minutos tarde o suspenderle la audiencia a un testigo que viajó de lejos especialmente poniendo en riesgo su trabajo, hasta involucrar a alguien en una causa penal y al cabo de diez años decirle que no tuvo nada que ver. No teníamos dónde hacer visibles estas cuestiones, por eso pensamos en un observatorio.
–¿Lo de que al cabo de diez años le digan que al final era inocente, es literal?
–Recuerdo una mujer en Corrientes, en situación vulnerable, que tuvo su bebé en su casa y nació muerto. Lo puso en una cajita y lo enterró en el patio. Un vecino la vio y la denunció. Estuvo 13 años presa, pese a que el perito dijo que no podía determinar cómo había muerto el bebé. Esa mujer intentó declarar una y otra vez que el bebé tenía dos vueltas de cordón en el cuello, pero nadie la escuchó. Al final, terminó absuelta. El Poder Judicial escucha lo que tiene ganas de escuchar o lo que le dicta la policía, no lo que las partes tienen para decir. La historia de Nazareno (publicada el domingo último por Página/12), el cartonero al que detuvo la policía con unos cables de aluminio y le secuestraron el carro con el que trabaja, es otro ejemplo de la distancia entre los que imparten justicia y los que sufren al sistema.
–¿El Observatorio va a monitorear o recibirá denuncias?
–Recibiremos denuncias, queremos que la gente nos cuente sus experiencias con el sistema penal, para difundirlo, sistematizar datos y hacer informes. Pueden hacerlo a través de la página www.opsp.com.ar y pondremos buzones en barrios y colegios de abogados. El objetivo no es hacer denuncias penales, sino mostrar lo que pasa para favorecer el cambio de las malas prácticas. Y la intención es observar no sólo a jueces, fiscales o defensores, sino también a los forenses, asistentes sociales, al Servicio Penitenciario y las fuerzas de seguridad. Sabemos que el objetivo del sistema penal es aplicar penas, pero todas las personas que se ven implicadas en él deben gozar de los derechos y garantías que el Estado les reconoce. Personas acusadas o condenadas; personas que acusan; familiares; testigos. El transitar por el sistema debe ser más humano. En la práctica, el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales está influenciado por el modo en que las personas que operan en el sistema penal llevan a cabo su trabajo. Todo apunta a juzgar al imputado, pero a las víctimas se las deja afuera.
–¿El sistema penal tiene que contenerlas y/o resolver los conflictos?
–Entendemos a los delitos como conflictos. El sistema penal deja esos conflictos latentes pero crea la ilusión de que los resuelve, y los empeora con sus prácticas cotidianas. Promueve que la solución es la cárcel, aunque aclaro que no todos los operadores son iguales. En los casos de violencia de género hay que resolver el problema de base, si no te encontrás como esta semana con un hombre que estuvo preso 13 años por violar y matar, salió y volvió a violar y matar. Un ejemplo menos dramático de abordar conflictos: si te roban el celular y atrapan al que lo robó, ¿alguien te devuelve el celular? No, lo guardan para analizar durante meses o años, te llaman a declarar y después ya no te sirve más. El Estado confiscó el conflicto y la víctima se quedó sin nada. Es igualmente cuestionable, como ha sucedido, que se muera un preso porque lo tuvieron 24 horas en un traslado sin darle comida ni agua. El sistema penal necesita racionalidad. La forma de crear las leyes, al ritmo de la presión mediática, no ayuda.
–¿No hay ningún organismo estatal que se ocupe de fiscalizar las que usted llama malas prácticas?
–El Consejo de la Magistratura recibe estadísticas. Pero lo que no se ve es que detrás de los expedientes hay personas. Algunos organismos, como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte o dependencias del Ministerio Público, intentan morigerar el sufrimiento que genera el sistema penal. Pero todavía hay jueces que suspenden audiencias porque los abogados fueron sin corbata. Y así como hay quienes abusan de los juicios abreviados, están los que no empiezan nunca o duran años. O cuántas veces llega a declarar un detenido, despierto desde las dos de la mañana, sin comer, y el que lo recibe lo hace comiéndose un sandwich delante suyo.
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