El lanzamiento del Arsat-1 no es sólo una metáfora para graficar logros, sino también la constatación de que las políticas públicas en el sector científico-tecnológico son una de las vetas más atractivas para consolidar el saber experto, el trabajo en equipo y la articulación de distintos sectores. El desafío es replicar este modelo en otras áreas de la gestión de gobierno.
El Indec asegura que en septiembre la inflación fue del 1,4%. Las cifras oficiales, que empezaron con alto grado de credibilidad en los tres primeros meses del año (3,7%, 3,4% y 2,6% para enero, febrero y marzo) volvieron a ser cuestionada por diversos sectores, muchos de ellos cercanos al Gobierno. El interés por esto excede por lejos el interés meramente estadístico o académico. Fue el secretario de Comercio, Augusto Costa, quien introdujo de modo directo el debate sobre la cifra cuando el pasado miércoles en declaraciones radiales sostuvo que el Gobierno no tiene en carpeta otorgar un bono de fin de año. No obstante aclaró que cada sector puede reclamar lo que le parezca. El funcionario afirmó que hay desaceleración de los precios y descalificó las mediciones privadas de precios. El problema no es menor, porque el acumulado del Índice de Precios al Consumidor de los nueve primeros meses del año es del 19,8% y la proyección que manejan en ámbitos oficiales no llegaría, a fin de año, a más del 25%. Esto significaría que, en promedio, los aumentos salariales de las paritarias, aunque no responden al mismo período, darían un margen a favor de los trabajadores. Siguiendo con ese razonamiento y aceptando las cifras del Indec, el panorama para las próximas negociaciones colectivas no justificaría reclamos elevados por parte de los representantes sindicales.
Tanto Costa como el ministro Axel Kicillof desestiman las mediciones privadas por inconsistencias técnicas. En promedio, éstas están siete puntos por encima del acumulado del Indec. La importancia de estas diferencias, más allá de la utilización política de ciertos medios o analistas, está en por lo menos dos planos. El primero es político y se refiere a la credibilidad en el Gobierno y en las instituciones: cualquier asalariado formal (dos de cada tres, ya que un tercio de los asalariados no está registrado y sus ingresos no están regidos por convenio alguno) puede saber si, en términos generales, la inflación actúa como un impuesto disimulado y perverso a su salario. Si los datos oficiales son ciertos, la desaceleración de precios debería cierta tranquilidad. Por el contrario, si el Indec una vez más manipula las cifras, será preciso que, más allá de sus posicionamientos políticos, se vuelva a encontrar una vía de solución consistente a este problema. La nueva metodología estrenada en enero de este año ponderó índices diferenciados en seis regiones urbanas del país. Sin embargo, el manejo es hermético y no se conoce cómo fue el comportamiento de cada unos de esos seis conglomerados urbanos en estos nueves meses y cómo se pondera la incidencia de cada uno para un coeficiente nacional. Tampoco, dicho sea de paso, se dieron a conocer las mediciones de pobreza e indigencia del último trimestre de 2013 ni las de los dos primeros trimestres del año en curso.
A falta de precisiones, parece que lo importante es la subjetividad que cada cual le pone a su valoración del momento que vive la Argentina. Con ese razonamiento, vale cuál es la predisposición, cuál es la identificación, cuál es la cuota de alegría o de bronca pero no valen las cifras frías. Todos somos psicólogos de la política y, por supuesto, a nadie se le ocurre pedirle a Adrián Paenza que ponga un poco de su brillantez y su conocimiento para contribuir con un poco de objetividad en esta historia de si le creo o no le creo o a quién le creo o no le creo. Tras las declaraciones de Costa, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, dio una entrevista a la radio de la Ciudad de Buenos Aires en la que aseguró que el reclamo de un bono de fin de año está más justificado que nunca. Yasky no está enfrentado al Gobierno e incluso dialogó extensamente con Axel Kicillof el martes pasado durante el velatorio de Stella Maldonado, la secretaria general de Ctera. Kicillof se acercó a la sede del gremio docente a compartir el dolor por la pérdida de esta dirigente gremial ejemplar. Además, la CTA cuenta con el instituto Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), cuyo coordinador es el economista Eduardo Basualdo. Yasky espera tener un informe de Cifra para esta semana que se inicia aunque advirtió que los datos preliminares les dan una proyección de la inflación por encima de la oficial. Además de un bono de fin de año, la CTA reclamará que no se descuente el impuesto al salario (llamada cuarta categoría del impuesto a las ganancias) en el pago del próximo medio aguinaldo de noviembre. Las posiciones de la CTA liderada por Yasky se basan, entre otras cosas, en los datos de Cifra, cuya estimación indica que en el primer semestre de 2014 la inflación fue de 21,3%. Es decir, algo por encima del cálculo del Indec para los primeros nueve meses. Atribuye esa escalada a la denominada “inflación cambiaria” (aumento de los insumos y bienes importados y su impacto en los precios al consumidor) y a la “inflación oligopólica” (traslado automático y por encima del promedio de la economía de los formadores de precios que aprovechan sus posiciones dominantes).
Ahora, la CTA de Yasky salió con este pedido de un bono de fin de año para compensar el aumento de precios después de que Jorge Lobais, titular de la Asociación Obrera Textil alineada en la CGT de Antonio Caló hiciera lo propio la semana pasada. Antes de ellos, el reclamo había partido de la CGT de Hugo Moyano y de la CTA de Pablo Micheli. El titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, consideró justa esta idea de un bono de fin de año y atribuyó el reclamo a la caída del poder adquisitivo. ¿Hacen política algunos con estos pedidos? Desde ya que sí y no pocos piensan más en limar al Gobierno que en mecanismos de redistribución de ingresos. La prueba está en el rechazo frontal a la ley de abastecimientos por parte de las entidades patronales y también al silencio de los dirigentes gremiales opositores. Moyano, antes de distanciarse de Cristina, impulsó un proyecto de ley de participación laboral en las ganancias empresarias y recibió el rechazo unánime de las cámaras empresarias. Ahora, ante una herramienta que permite frenar los abusos de precios, el líder camionero mira para otro lado. Sin perjuicio del juego de cada sector empresario o laboral, todo indica que estos reclamos se dan en un marco donde las suspensiones y los despidos son consecuencia de la recesión y la caída del consumo.
Tanto Costa como el ministro Axel Kicillof desestiman las mediciones privadas por inconsistencias técnicas. En promedio, éstas están siete puntos por encima del acumulado del Indec. La importancia de estas diferencias, más allá de la utilización política de ciertos medios o analistas, está en por lo menos dos planos. El primero es político y se refiere a la credibilidad en el Gobierno y en las instituciones: cualquier asalariado formal (dos de cada tres, ya que un tercio de los asalariados no está registrado y sus ingresos no están regidos por convenio alguno) puede saber si, en términos generales, la inflación actúa como un impuesto disimulado y perverso a su salario. Si los datos oficiales son ciertos, la desaceleración de precios debería cierta tranquilidad. Por el contrario, si el Indec una vez más manipula las cifras, será preciso que, más allá de sus posicionamientos políticos, se vuelva a encontrar una vía de solución consistente a este problema. La nueva metodología estrenada en enero de este año ponderó índices diferenciados en seis regiones urbanas del país. Sin embargo, el manejo es hermético y no se conoce cómo fue el comportamiento de cada unos de esos seis conglomerados urbanos en estos nueves meses y cómo se pondera la incidencia de cada uno para un coeficiente nacional. Tampoco, dicho sea de paso, se dieron a conocer las mediciones de pobreza e indigencia del último trimestre de 2013 ni las de los dos primeros trimestres del año en curso.
A falta de precisiones, parece que lo importante es la subjetividad que cada cual le pone a su valoración del momento que vive la Argentina. Con ese razonamiento, vale cuál es la predisposición, cuál es la identificación, cuál es la cuota de alegría o de bronca pero no valen las cifras frías. Todos somos psicólogos de la política y, por supuesto, a nadie se le ocurre pedirle a Adrián Paenza que ponga un poco de su brillantez y su conocimiento para contribuir con un poco de objetividad en esta historia de si le creo o no le creo o a quién le creo o no le creo. Tras las declaraciones de Costa, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, dio una entrevista a la radio de la Ciudad de Buenos Aires en la que aseguró que el reclamo de un bono de fin de año está más justificado que nunca. Yasky no está enfrentado al Gobierno e incluso dialogó extensamente con Axel Kicillof el martes pasado durante el velatorio de Stella Maldonado, la secretaria general de Ctera. Kicillof se acercó a la sede del gremio docente a compartir el dolor por la pérdida de esta dirigente gremial ejemplar. Además, la CTA cuenta con el instituto Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), cuyo coordinador es el economista Eduardo Basualdo. Yasky espera tener un informe de Cifra para esta semana que se inicia aunque advirtió que los datos preliminares les dan una proyección de la inflación por encima de la oficial. Además de un bono de fin de año, la CTA reclamará que no se descuente el impuesto al salario (llamada cuarta categoría del impuesto a las ganancias) en el pago del próximo medio aguinaldo de noviembre. Las posiciones de la CTA liderada por Yasky se basan, entre otras cosas, en los datos de Cifra, cuya estimación indica que en el primer semestre de 2014 la inflación fue de 21,3%. Es decir, algo por encima del cálculo del Indec para los primeros nueve meses. Atribuye esa escalada a la denominada “inflación cambiaria” (aumento de los insumos y bienes importados y su impacto en los precios al consumidor) y a la “inflación oligopólica” (traslado automático y por encima del promedio de la economía de los formadores de precios que aprovechan sus posiciones dominantes).
Ahora, la CTA de Yasky salió con este pedido de un bono de fin de año para compensar el aumento de precios después de que Jorge Lobais, titular de la Asociación Obrera Textil alineada en la CGT de Antonio Caló hiciera lo propio la semana pasada. Antes de ellos, el reclamo había partido de la CGT de Hugo Moyano y de la CTA de Pablo Micheli. El titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, consideró justa esta idea de un bono de fin de año y atribuyó el reclamo a la caída del poder adquisitivo. ¿Hacen política algunos con estos pedidos? Desde ya que sí y no pocos piensan más en limar al Gobierno que en mecanismos de redistribución de ingresos. La prueba está en el rechazo frontal a la ley de abastecimientos por parte de las entidades patronales y también al silencio de los dirigentes gremiales opositores. Moyano, antes de distanciarse de Cristina, impulsó un proyecto de ley de participación laboral en las ganancias empresarias y recibió el rechazo unánime de las cámaras empresarias. Ahora, ante una herramienta que permite frenar los abusos de precios, el líder camionero mira para otro lado. Sin perjuicio del juego de cada sector empresario o laboral, todo indica que estos reclamos se dan en un marco donde las suspensiones y los despidos son consecuencia de la recesión y la caída del consumo.
Clima social y político. Este cronista consultó a varios intendentes y líderes de movimientos sociales cercanos al Gobierno para saber qué impresiones tienen sobre la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Los jefes comunales reciben muchas consultas de comerciantes ante los rumores aviesamente difundidos de que puede haber disturbios o saqueos hacia fin de año. El origen de las preocupaciones es básicamente la información mediática. Sin perjuicio de eso, los referentes políticos del conurbano se muestran atentos. No perciben, en general, mayor afluencia que la habitual a los comedores barriales. En muchos casos funcionan ofertas de alimentos de circuitos de la economía popular, que suelen ser iniciativa de cada municipio o de las organizaciones sociales. Un dirigente del Movimiento Evita señaló que perciben un cambio en cuanto a que los camiones de la economía popular venden más los primeros días del mes que las semanas siguientes, atribuido desde ya al cobro de salarios o a la Asignación Universal por Hijo. También dijo que ese movimiento transmitió propuestas a la Secretaría de Comercio para organizar circuitos de comercio a precios mucho más bajos que los de los supermercados si se aunaran esfuerzos de esa secretaría con municipios, provincias, sindicatos, parroquias y organizaciones sociales. No recibieron respuestas. A su vez, dentro de ese espacio kirchnerista ven con buenos ojos el programa de Precios Cuidados, sobre todo porque logró instalar la inquietud en los sectores populares pero le asignan un valor acotado.
En órbita. Pese a las incertidumbres generadas por la falta de dólares, pese a los problemas estructurales puestos de manifiesto en los últimos tres años y pese al déficit fiscal, la economía argentina no está en las puertas de una crisis ni cosa que se le parezca. La prueba está en que los problemas ocasionados por los fondos buitre y la justicia de Estados Unidos lejos de debilitar al Gobierno le dieron la oportunidad de lograr apoyos internacionales y también un fuerte consenso de la sociedad argentina. No pueden hacerse pronósticos de qué pasará en enero, pero todo indica que terminada la cláusula Rufo, habrá una oferta para el 7% de bonistas que no entraron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 y que eso abrirá la puerta para no incumplir con el fallo de Thomas Griesa y lograr al mismo tiempo una salida digna. La solidez política de Cristina, en caso de mejorar la situación económica, podría proyectar un escenario muy interesante para 2015, especialmente para quienes, dentro del kirchnerismo –y también fuera de ese espacio– están convencidos de que es preciso profundizar la soberanía económica y cultural. La puesta en órbita del Arsat-1 no es sólo una metáfora para graficar los logros y los desafíos, sino también la constatación de que las políticas públicas en el sector científico tecnológico son una de las vetas más atractivas para consolidar el saber experto, el trabajo en equipo y la articulación de distintos sectores. Se puede poner un satélite en órbita con tecnologías propias o adquiriendo aquellas que se realizan en otros países. Esto es algo que puede replicarse, con políticas y presupuestos de largo plazo, en muchos otros sectores que hoy precisarían una reconversión, le darían más desahogo a la balanza comercial y, sobre todo, consolidarían sectores de alto coeficiente de talento intensivo.
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