Desde el de las clases trabajadoras a perder el trabajo, o a los piquetes, al temor de las clases poseedoras. La máquina para fogonearlos nunca fue apagada del todo. Lo que dejo el paro del jueves.
Cuanto más cerca está un trabajador de la suspensión o del despido en la empresa donde trabaja, y cuanto más joven es, más lejos está de respaldar un paro general como el del jueves pasado. Estos axiomas provisionales regularon las evaluaciones políticas de las distintas dirigencias sindicales, y definieron su comportamiento frente al paro en mucha mayor medida que la proximidad o la distancia con el gobierno nacional; el miedo a quedar sin trabajo no impulsa precisamente el enfrentamiento, la búsqueda de acuerdo con la patronal pareciera el camino que la mayoría de los trabajadores considera válido. No faltaran quienes sostienen: el "miedo no es sonso". Admito que desconocer el miedo no ayuda, pero una decisión fundada en el miedo inmoviliza, y la inmovilidad nunca resultó una estrategia eficaz en ninguna crisis. Y se trata de eso, de la crisis económica global que finalmente terminó por desembarcar en la sociedad argentina.
En ese punto los fantasmas de 2001 readquieren toda su potencia disciplinante. La insistencia mediática sobre la similitud entre ambos escenarios, ya no es percibida por la sociedad como un ejercicio de "terrorismo verbal". El sogazo recesivo se hace sentir tanto en el consumo como en la producción, y el enfrentamiento con los fondos buitre complejiza el horizonte político. El precio de pizarra del dólar blue, a pesar de la pequeñez del mercado en el que opera, no deja de impactar en el comportamiento colectivo. Además, los medios comerciales concentrados, siguen su evolución como si se tratara del dato más relevante de la economía nacional.
Mientras tanto, estamos en medio del lanzamiento de las candidaturas presidenciales para 2015 en los diversos espacios políticos. Cuando la necesidad de simplificar al máximo el discurso político suele ser la regla de la propaganda electoral, las propuestas se vuelven cuadradamente binarias; entonces, la distancia entre los problemas a inteligir y resolver choca con la lógica de campaña, y ese choque se resuelve en detrimento de cualquier explicación argumentada. Es la distancia entre un análisis concienzudo del paro general y las chicanas portuarias entre Daniel Scioli y Sergio Massa.
Volvamos al inicio. La hipótesis analítica sobre el papel del miedo a perder el puesto de trabajo en la decisión de parar puede confirmarse por dos vías: la encuesta que realizara el Centro de Estudios de la Opinión Pública, CEOP, y negociaciones puntuales entre sindicatos y patronales. Scania, por citar un ejemplo relevante, negoció con el sindicato del ramo no despedir a 80 operarios, el 10% de sus trabajadores, a cambio de una sensible reducción del salario obrero. Ergo, el aumento obtenido en la última paritaria se terminó diluyendo, y como en rigor sólo era una corrección por inflación, la merma salarial se retraduce como disminución de la demanda solvente. El clásico ajuste que el gobierno rechazara como camino para salir de la crisis, terminó en este caso imponiendo sus términos.
La lectura de la encuesta del CEOP ayuda a entender matizadamente. El cuestionario incluyó una pregunta hipotética: plantear a los entrevistados qué harían en una situación de paro, sin piquetes y sin clima de incertidumbre; es que no pocos de los que se quedaron en casa pensaron que situaciones de violencia podían impedir su acceso al trabajo. En este cuadro hipotético, sólo el 23% se hubiera adherido al paro, mientras que el 68%, afirmó que hubieran ido a trabajar.
Es posible objetar metodológicamente esa pregunta. Sin embargo la uniformidad de la respuesta relativiza la crítica, y nos hace saber que se trata de una tendencia real. Los sectores de menores recursos, la clase media y los de altos ingresos, dijeron exactamente lo mismo. No deja de llamar la atención la distribución por edad de la respuesta, dado que los jóvenes irían a trabajar en una proporción aun mayor, 80%, que los demás; es decir, los que ingresaron al mercado laboral después de 2003 están menos dispuestos a sumarse a un paro general que los que ingresaron antes.
Algo termina quedando claro: un huelguista no es igual a otro huelguista; ¿el motivo de la diferencia? No arriesgan lo mismo. Para un trabajador de una empresa afectada por la recesión parar no es igual que para un empleado público. Muy difícilmente un docente pierda su puesto de trabajo por adherir a una huelga, a lo sumo le descontarán el día. En cambio, para un obrero de Pirelli o Firestone la cosa es más compleja. Por eso el nivel de presentismo entre los docentes de La Matanza difiere del número de los que el jueves trabajaron en FATE. En ese punto, una pregunta falta en la encuesta de CEOP: ¿considera usted que el paro es la medida de fuerza adecuada? Y si lo fuera: ¿cómo se organiza un paro general eficaz?
Algo no se le escapa a casi nadie: la preparación del paro fue mínima, y las consignas apenas si lograron dibujar vagamente un objetivo a materializar.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. Un documento distribuido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, informa que el número de muertos a manos de las fuerzas federales tuvo un incremento vertical: de 15 en el primer cuatrimestre de 2012, a 36 en el mismo período de 2014. De proseguir este ritmo, la cantidad anual de víctimas sería la más alta en todo el ciclo de gobiernos K.
Y otro tanto ocurre en la provincia de Buenos Aires, cuya policía ha duplicado la letalidad de los enfrentamientos a partir de 2005; el gobierno de Scioli utiliza la cantidad de "delincuentes abatidos" a modo de indicador operativo: mayor número de muertos, mayor el éxito de su plan de "emergencia en seguridad". Este plan eximió de control a las policías municipales, y habilitó en "forma provisoria" agencias de seguridad privadas. Para que se entienda, parte de los exonerados de las fuerzas de seguridad, que por antecedentes deberían ser excluidos, reingresan por esa discreta vía.
La seccional Capital de H.I.J.O.S equiparó los hechos de violencia institucional cometidos en el desalojo de Villa Lugano por la Policía Metropolitana, con los de la Policía Federal y la Gendarmería. El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, ya había expresado su desacuerdo con el método. H.I.J.O.S, por su parte, responsabilizó en el mismo plano al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y al secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni. Los machos malos –así los denominan– sostienen su proselitismo electoral en la exhibición de una práctica de represión al conflicto social, que una parte significativa de la sociedad mira con creciente simpatía.
Considere el miedo de los más vulnerables a perder su empleo. Además está el otro miedo con que también se manipula la sociedad. La máquina para fogonearlo nunca fue apagada del todo. Cada vez que el conflicto social despunta, ya porque la crisis sopla las brasas que lo alimentan, ya porque la sociedad alcanza una nueva conquista democrática (la alegría popular por la reaparición del nieto 114 llenó de odio a muchos) el miedo inflamado crece.
Un hilo negro recorre la historia nacional. Puede rastrearse a comienzos del siglo XX con la denominada Ley de Residencia. La 4144 permitía expulsar a un trabajador extranjero del territorio nacional, sin intervención del juez y sin admitir prueba en contra. La máxima discrecionalidad acompañaba el estado de excepción contra los trabajadores. El miedo de las clases poseedoras perdía sentido de las proporciones e iba acompañado de los instrumentos de represión más crueles.
Hoy el mismo miedo circula por otros andariveles. No se trata del temor a la Revolución Social, sino del temor a los delitos contra la propiedad. No pretendemos ignorar que ese miedo tiene una base legítima, pero es evidente que la respuesta represiva resulta manifiestamente ineficaz. Sobre todo, cuando las fuerzas encargadas en ejecutarla están colonizadas por la estructura mafiosa del delito que dicen combatir. El combo delito-crisis resulta particularmente inflamable, y en el escenario electoral en construcción las propuestas represivas parecen tener premio electoral.
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Cuanto más cerca está un trabajador de la suspensión o del despido en la empresa donde trabaja, y cuanto más joven es, más lejos está de respaldar un paro general como el del jueves pasado. Estos axiomas provisionales regularon las evaluaciones políticas de las distintas dirigencias sindicales, y definieron su comportamiento frente al paro en mucha mayor medida que la proximidad o la distancia con el gobierno nacional; el miedo a quedar sin trabajo no impulsa precisamente el enfrentamiento, la búsqueda de acuerdo con la patronal pareciera el camino que la mayoría de los trabajadores considera válido. No faltaran quienes sostienen: el "miedo no es sonso". Admito que desconocer el miedo no ayuda, pero una decisión fundada en el miedo inmoviliza, y la inmovilidad nunca resultó una estrategia eficaz en ninguna crisis. Y se trata de eso, de la crisis económica global que finalmente terminó por desembarcar en la sociedad argentina.
En ese punto los fantasmas de 2001 readquieren toda su potencia disciplinante. La insistencia mediática sobre la similitud entre ambos escenarios, ya no es percibida por la sociedad como un ejercicio de "terrorismo verbal". El sogazo recesivo se hace sentir tanto en el consumo como en la producción, y el enfrentamiento con los fondos buitre complejiza el horizonte político. El precio de pizarra del dólar blue, a pesar de la pequeñez del mercado en el que opera, no deja de impactar en el comportamiento colectivo. Además, los medios comerciales concentrados, siguen su evolución como si se tratara del dato más relevante de la economía nacional.
Mientras tanto, estamos en medio del lanzamiento de las candidaturas presidenciales para 2015 en los diversos espacios políticos. Cuando la necesidad de simplificar al máximo el discurso político suele ser la regla de la propaganda electoral, las propuestas se vuelven cuadradamente binarias; entonces, la distancia entre los problemas a inteligir y resolver choca con la lógica de campaña, y ese choque se resuelve en detrimento de cualquier explicación argumentada. Es la distancia entre un análisis concienzudo del paro general y las chicanas portuarias entre Daniel Scioli y Sergio Massa.
Volvamos al inicio. La hipótesis analítica sobre el papel del miedo a perder el puesto de trabajo en la decisión de parar puede confirmarse por dos vías: la encuesta que realizara el Centro de Estudios de la Opinión Pública, CEOP, y negociaciones puntuales entre sindicatos y patronales. Scania, por citar un ejemplo relevante, negoció con el sindicato del ramo no despedir a 80 operarios, el 10% de sus trabajadores, a cambio de una sensible reducción del salario obrero. Ergo, el aumento obtenido en la última paritaria se terminó diluyendo, y como en rigor sólo era una corrección por inflación, la merma salarial se retraduce como disminución de la demanda solvente. El clásico ajuste que el gobierno rechazara como camino para salir de la crisis, terminó en este caso imponiendo sus términos.
La lectura de la encuesta del CEOP ayuda a entender matizadamente. El cuestionario incluyó una pregunta hipotética: plantear a los entrevistados qué harían en una situación de paro, sin piquetes y sin clima de incertidumbre; es que no pocos de los que se quedaron en casa pensaron que situaciones de violencia podían impedir su acceso al trabajo. En este cuadro hipotético, sólo el 23% se hubiera adherido al paro, mientras que el 68%, afirmó que hubieran ido a trabajar.
Es posible objetar metodológicamente esa pregunta. Sin embargo la uniformidad de la respuesta relativiza la crítica, y nos hace saber que se trata de una tendencia real. Los sectores de menores recursos, la clase media y los de altos ingresos, dijeron exactamente lo mismo. No deja de llamar la atención la distribución por edad de la respuesta, dado que los jóvenes irían a trabajar en una proporción aun mayor, 80%, que los demás; es decir, los que ingresaron al mercado laboral después de 2003 están menos dispuestos a sumarse a un paro general que los que ingresaron antes.
Algo termina quedando claro: un huelguista no es igual a otro huelguista; ¿el motivo de la diferencia? No arriesgan lo mismo. Para un trabajador de una empresa afectada por la recesión parar no es igual que para un empleado público. Muy difícilmente un docente pierda su puesto de trabajo por adherir a una huelga, a lo sumo le descontarán el día. En cambio, para un obrero de Pirelli o Firestone la cosa es más compleja. Por eso el nivel de presentismo entre los docentes de La Matanza difiere del número de los que el jueves trabajaron en FATE. En ese punto, una pregunta falta en la encuesta de CEOP: ¿considera usted que el paro es la medida de fuerza adecuada? Y si lo fuera: ¿cómo se organiza un paro general eficaz?
Algo no se le escapa a casi nadie: la preparación del paro fue mínima, y las consignas apenas si lograron dibujar vagamente un objetivo a materializar.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. Un documento distribuido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, informa que el número de muertos a manos de las fuerzas federales tuvo un incremento vertical: de 15 en el primer cuatrimestre de 2012, a 36 en el mismo período de 2014. De proseguir este ritmo, la cantidad anual de víctimas sería la más alta en todo el ciclo de gobiernos K.
Y otro tanto ocurre en la provincia de Buenos Aires, cuya policía ha duplicado la letalidad de los enfrentamientos a partir de 2005; el gobierno de Scioli utiliza la cantidad de "delincuentes abatidos" a modo de indicador operativo: mayor número de muertos, mayor el éxito de su plan de "emergencia en seguridad". Este plan eximió de control a las policías municipales, y habilitó en "forma provisoria" agencias de seguridad privadas. Para que se entienda, parte de los exonerados de las fuerzas de seguridad, que por antecedentes deberían ser excluidos, reingresan por esa discreta vía.
La seccional Capital de H.I.J.O.S equiparó los hechos de violencia institucional cometidos en el desalojo de Villa Lugano por la Policía Metropolitana, con los de la Policía Federal y la Gendarmería. El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, ya había expresado su desacuerdo con el método. H.I.J.O.S, por su parte, responsabilizó en el mismo plano al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y al secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni. Los machos malos –así los denominan– sostienen su proselitismo electoral en la exhibición de una práctica de represión al conflicto social, que una parte significativa de la sociedad mira con creciente simpatía.
Considere el miedo de los más vulnerables a perder su empleo. Además está el otro miedo con que también se manipula la sociedad. La máquina para fogonearlo nunca fue apagada del todo. Cada vez que el conflicto social despunta, ya porque la crisis sopla las brasas que lo alimentan, ya porque la sociedad alcanza una nueva conquista democrática (la alegría popular por la reaparición del nieto 114 llenó de odio a muchos) el miedo inflamado crece.
Un hilo negro recorre la historia nacional. Puede rastrearse a comienzos del siglo XX con la denominada Ley de Residencia. La 4144 permitía expulsar a un trabajador extranjero del territorio nacional, sin intervención del juez y sin admitir prueba en contra. La máxima discrecionalidad acompañaba el estado de excepción contra los trabajadores. El miedo de las clases poseedoras perdía sentido de las proporciones e iba acompañado de los instrumentos de represión más crueles.
Hoy el mismo miedo circula por otros andariveles. No se trata del temor a la Revolución Social, sino del temor a los delitos contra la propiedad. No pretendemos ignorar que ese miedo tiene una base legítima, pero es evidente que la respuesta represiva resulta manifiestamente ineficaz. Sobre todo, cuando las fuerzas encargadas en ejecutarla están colonizadas por la estructura mafiosa del delito que dicen combatir. El combo delito-crisis resulta particularmente inflamable, y en el escenario electoral en construcción las propuestas represivas parecen tener premio electoral.
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