En el llamado "juicio de los obreros", por hechos ocurridos durante la dictadura en la zona norte del Gran Buenos Aires, la fiscalía y las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Buenos Aires coincidieron en pedir la prisión perpetua para el ex general Santiago Omar Riveros y 25 años de cárcel para el ex presidente de facto Reynaldo Bignone.
Acusados - Riveros y Bignone, dos de los nueve represores que son juzgados.
En el llamado "juicio de los obreros", por hechos ocurridos durante la dictadura en la zona norte del Gran Buenos Aires, la fiscalía y las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Buenos Aires coincidieron en pedir la prisión perpetua para el ex general Santiago Omar Riveros y 25 años de cárcel para el ex presidente de facto Reynaldo Bignone.
Además, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, solicitaron que investigue la responsabilidad empresarial en estos delitos de lesa humanidad contra 60 trabajadores, por los que están acusados nueve represores.
"Pedimos al Tribunal que remita al juzgado de primera instancia los antecedentes y piezas probatoria que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad de empresarios y directivos de cuatro establecimientos", sostuvo el abogado Ciro Annicchiarico, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El pedido de investigación a empresarios y ejecutivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las plantas ceramistas Lozadur y Cattáneo fue formulado el martes por Annicchiarico en su alegato conjunto con la querella de la Secretaría provincial. Igual argumentación plantearon los fiscales Marcelo García Berro y Guillermo Silva. Los alegatos acusatorios se completarán el martes próximo, cuando llegue el turno de los abogados querellantes Pablo Llonto y Pedro Dinani.
Además, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, solicitaron que investigue la responsabilidad empresarial en estos delitos de lesa humanidad contra 60 trabajadores, por los que están acusados nueve represores.
"Pedimos al Tribunal que remita al juzgado de primera instancia los antecedentes y piezas probatoria que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad de empresarios y directivos de cuatro establecimientos", sostuvo el abogado Ciro Annicchiarico, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El pedido de investigación a empresarios y ejecutivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las plantas ceramistas Lozadur y Cattáneo fue formulado el martes por Annicchiarico en su alegato conjunto con la querella de la Secretaría provincial. Igual argumentación plantearon los fiscales Marcelo García Berro y Guillermo Silva. Los alegatos acusatorios se completarán el martes próximo, cuando llegue el turno de los abogados querellantes Pablo Llonto y Pedro Dinani.
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