Los asesinos dispararon 132 balazos sobre los dos cuerpos. No fue un exceso sino un mensaje. La política de la Triple A no era sólo matar sino desatar el terror en la sociedad, sembrando las calles con los cadáveres acribillados de los militantes populares. Una política de cuerpos que sería el preludio de otra: la de su sistemática desaparición.
Los asesinatos del ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López, y del contador Juan José Varas, cometidos el 16 de septiembre de 1974, no fueron producto de la improvisación de un grupo terrorista de ultraderecha que actuaba por las suyas sino parte de un plan de “depuración” del Movimiento Nacional Justicialista ordenado por su Consejo Superior mediante una “orden reservada”, que fue bajada a los delegados del movimiento el 1° de octubre de 1973 en presencia del propio jefe del justicialismo y por entonces presidente electo Juan Domingo Perón. Lo acompañaban, entre otros, el presidente provisional y yerno de José López Rega, Raúl Lastiri, y varios ministros del gabinete nacional. La lectura del documento estuvo a cargo del senador José Humberto Martiarena.
La orden –que trascendió pese a su carácter de “reservada” y fue publicada por los diarios La Opinión yCrónica el 2 de octubre de 1973– hablaba claramente de terminar con la “heterodoxia marxista”. A los presentes en la reunión no les quedaron dudas de que se trataba de una orden presidencial. Para decirlo claro: lo que se cocinó ese día en el Consejo Superior Justicialista fue el inicio de una política de terrorismo de Estado que ya no se detendría.
Una investigación del historiador de la Universidad de General Sarmiento Hernán José Merele –publicada el año pasado por Miradas al Sur– demostró incuestionablemente que los asesinatos del abogado y militante del peronismo revolucionario Antonio Tito Deleroni y de su mujer, Nélida Chiche Arana, perpetrados el 27 de noviembre de 1973 en el Gran Buenos Aires, fueron uno de los primeros actos de ese accionar estatal. El atentado se realizó en una zona “liberada” por la policía bonaerense y la detención de uno de sus autores se debió solamente al accionar de un desprevenido policía federal que fue testigo del hecho. El resto huyó sin problemas. Al ser capturado, el autor material de las muertes, Julio Ricardo Villanueva, se identificó como un “depurador”, es decir, un integrante de los grupos encargados de la “depuración ideológica” del Movimiento Nacional Justicialista a la que alude la orden reservada. Las actuaciones del caso desaparecieron rápidamente, tanto de la comisaría en cuya jurisdicción se perpetraron los crímenes como del juzgado encargado de la instrucción.
Pocos meses después de este doble crimen, el 13 de julio de 1974, la Triple A asesinaría al diputado del peronismo revolucionario Rodolfo Ortega Peña. Por esos días la banda parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria platense (CNU), capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, perpetraría en una sola noche un raid que tuvo cuatro víctimas: el dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, el referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, su hijo Rolando, y el docente universitario Luis Macor. Al mismo tiempo, la CNU marplatense, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y el Comando Pío IX en Salta, Tucumán y otras provincias argentinas, realizaban acciones de similares características.
En el resto del país también comenzaron a actuar patotas integradas por lúmpenes, culatas sindicales y policías, que consumaban sus crímenes en zonas liberadas por las fuerzas de seguridad y sin que jamás se realizara una detención ni se identificara a alguno de los asesinos. Las órdenes de matar salían desde lo más alto del aparato del Estado y los procesos judiciales quedaban inevitablemente cajoneados.
Los asesinatos del ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López, y del contador Juan José Varas, cometidos el 16 de septiembre de 1974, no fueron producto de la improvisación de un grupo terrorista de ultraderecha que actuaba por las suyas sino parte de un plan de “depuración” del Movimiento Nacional Justicialista ordenado por su Consejo Superior mediante una “orden reservada”, que fue bajada a los delegados del movimiento el 1° de octubre de 1973 en presencia del propio jefe del justicialismo y por entonces presidente electo Juan Domingo Perón. Lo acompañaban, entre otros, el presidente provisional y yerno de José López Rega, Raúl Lastiri, y varios ministros del gabinete nacional. La lectura del documento estuvo a cargo del senador José Humberto Martiarena.
La orden –que trascendió pese a su carácter de “reservada” y fue publicada por los diarios La Opinión yCrónica el 2 de octubre de 1973– hablaba claramente de terminar con la “heterodoxia marxista”. A los presentes en la reunión no les quedaron dudas de que se trataba de una orden presidencial. Para decirlo claro: lo que se cocinó ese día en el Consejo Superior Justicialista fue el inicio de una política de terrorismo de Estado que ya no se detendría.
Una investigación del historiador de la Universidad de General Sarmiento Hernán José Merele –publicada el año pasado por Miradas al Sur– demostró incuestionablemente que los asesinatos del abogado y militante del peronismo revolucionario Antonio Tito Deleroni y de su mujer, Nélida Chiche Arana, perpetrados el 27 de noviembre de 1973 en el Gran Buenos Aires, fueron uno de los primeros actos de ese accionar estatal. El atentado se realizó en una zona “liberada” por la policía bonaerense y la detención de uno de sus autores se debió solamente al accionar de un desprevenido policía federal que fue testigo del hecho. El resto huyó sin problemas. Al ser capturado, el autor material de las muertes, Julio Ricardo Villanueva, se identificó como un “depurador”, es decir, un integrante de los grupos encargados de la “depuración ideológica” del Movimiento Nacional Justicialista a la que alude la orden reservada. Las actuaciones del caso desaparecieron rápidamente, tanto de la comisaría en cuya jurisdicción se perpetraron los crímenes como del juzgado encargado de la instrucción.
Pocos meses después de este doble crimen, el 13 de julio de 1974, la Triple A asesinaría al diputado del peronismo revolucionario Rodolfo Ortega Peña. Por esos días la banda parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria platense (CNU), capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, perpetraría en una sola noche un raid que tuvo cuatro víctimas: el dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, el referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, su hijo Rolando, y el docente universitario Luis Macor. Al mismo tiempo, la CNU marplatense, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y el Comando Pío IX en Salta, Tucumán y otras provincias argentinas, realizaban acciones de similares características.
En el resto del país también comenzaron a actuar patotas integradas por lúmpenes, culatas sindicales y policías, que consumaban sus crímenes en zonas liberadas por las fuerzas de seguridad y sin que jamás se realizara una detención ni se identificara a alguno de los asesinos. Las órdenes de matar salían desde lo más alto del aparato del Estado y los procesos judiciales quedaban inevitablemente cajoneados.
Las muertes todavía impunes de Atilio López y Juan José Varas fueron dos perlas más del extenso rosario de atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Así parece haberlo entendido, finalmente y después de cuatro décadas, una Justicia federal que recién comienza, no sin renuencia, a instruir algunas causas por esos crímenes de lesa humanidad.@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario