La actividad económica sigue siendo alta en términos comparativos, pero la escasez de dólares, potenciada por la embestida de los buitres, exhibe más de un nubarrón en el horizonte. Cuáles fueron las responsabilidades del Gobierno, de la oposición, y de los grupos económicos en la actual coyuntura.
Durante la semana, la presidenta Cristina Kirchner entregó el certificado de crédito número 125 mil del plan de viviendas Pro.Cre.Ar, de las cuales ya se terminaron de construir o ampliar entre el año pasado y lo que va de éste, cerca de 47 mil. Fue en el mismo mes en que se superaron los 500 mil vehículos patentados, lo cual sitúa al presente año como el mayor después de 2013 –en el que se batió el record de 957 mil autos patentados– y muy lejos de 2003, cuando sólo hubo 133 mil.
Visto en perspectiva, pareciera difícil entender que la actual situación económica sea delicada. Pero la llamada restricción externa, es decir la escasez de dólares, agravada en el último mes y medio por la acción conjunta de los fondos buitre y la Justicia norteamericana, ha logrado sembrar más de un nubarrón en el horizonte, teniendo en cuenta que de aquí a fin de 2015 el Gobierno deberá afrontar más de 20 mil millones de dólares sólo entre vencimientos de deuda e importaciones de energía.
De hecho, el único dato positivo en esta materia durante los últimos tiempos fue el anuncio del pasado martes por parte del Banco Mundial (BM) de descongelar créditos hacia nuestro país, gracias al arreglo al que la Argentina arribó con empresas litigantes en el Ciadi (el tribunal internacional del BM), el aval del GAFI por la lucha contra el lavado de dinero, y el reciente acuerdo con el Club de París, todo lo cual permitirá que nuestro país reciba créditos de hasta 3000 millones de dólares anuales para el sector público y privado entre 2015 y 2018.
Lo cierto es que, en lo que respecta a la escasez de divisas, existió una conjunción de factores que explican en gran medida la actual coyuntura. Uno de ellos fue el sobreendeudamiento adquirido en gobiernos anteriores a 2002, que obligó al país a abonar 190 mil millones de dólares en concepto de deuda pública; también, las conductas especulativas de los grupos económicos locales, que por sólo nombrar los últimos tiempos, a partir de 2007, fugaron cerca de 85 mil millones de dólares a la espera de una devaluación que maximice sus ganancias; y por último, los propios errores del Gobierno, que pasó de un control prácticamente nulo sobre el mercado cambiario a otro, a partir de 2011, en el que no discriminó entre grandes y pequeños demandantes, generando en estos últimos (gran parte de la clase media) la percepción de falta de dólares, y una consecuente mayor presión sobre el mercado paralelo. Entre las cuentas del Gobierno, están también quienes les adjudican el haber profundizado una industrialización altamente dependiente de insumos importados, aunque justo es señalar que esta industrialización fue clave en el fortalecimiento de la clase trabajadora y que, por otra parte, se trata de una responsabilidad compartida con el sector privado. También se le critica su manejo de la política energética, que en lo que va de este año ya demandó más de 8000 millones de dólares en importaciones.
Este cuadro de escasez de divisas tuvo como resultado la fuerte devaluación del peso en enero (23%) y una aceleración de la inflación durante el verano, aunque tras éstas el Gobierno había logrado un precario control de la situación. El panorama cambió con la decisión de la Justicia norteamericana a favor de la posición de los fondos buitre, lo que potenció las expectativas negativas, algo crucial en la entrada y salida de dolares. Como respuesta, el Gobierno diseñó un proyecto, que acaba de convertirse en ley, para que este 92,4% de bonistas que aceptó los descuentos, pero se ven impedidos de cobrar por orden de la Justicia norteamericana, pueda volver a hacerlo (el próximo 30 de septiembre deberían recibir 200 millones de dólares por el pago del bono Par) si optan por canjear sus títulos por otros con los mismos montos y plazos, pero bajo legislación argentina o francesa, y a través de transferencias del Banco Nación (u otra entidad financiera que garantice el pago), en lugar del Bank of New York Mellon (Bony).
El rol de la oposición. El tratamiento legislativo que en estas últimas dos semanas tuvo el proyecto oficial volvió a exhibir la soledad local con la que el Gobierno enfrenta al tándem conformado por la Justicia norteamericana y los fondos buitre. En efecto, la denominada Ley de Pago Soberano fue rechazada por los bloques del PRO y el Frente Renovador de Sergio Massa (sólo votó a favor el diputado Omar Plaini), mientras que la alianza Faunen volvió a exhibir diferentes posturas, aunque en este caso no fueron mayormente contradictorias: si bien el diputado Eduardo Santín (UCR) acompañó la iniciativa oficial, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y Libres del Sur decidieron abstenerse, mientras que el socialismo y la UCR prefirieron directamente rechazar la iniciativa.
Atrás parecen haber quedado los tiempos en que, invitados por el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, legisladores representantes de estas fuerzas opositoras formaron una comisión legislativa multipartidaria para presentar en Washington su apoyo a la causa nacional. En el medio, el Gobierno fue sumando también un amplio apoyo internacional, en el que se contaron declaraciones favorables hacia nuestro país por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA); los gobiernos de China, Francia, Brasil, México, Venezuela y Uruguay; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la Unasur, el Mercosur, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad); el G-24; el G-77 + China; parlamentarios británicos, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, columnas de apoyo en los influyentes diarios Financial Times y The New York Times; declaraciones favorables de parte del gobierno de Estados Unidos y el FMI y, durante la semana pasada, la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución impulsada por nuestro país para debatir durante los próximos doce meses un nuevo marco legal para reestructuraciones de deudas de naciones, que evite en el futuro ataques como el que nuestro país afronta con los buitres.
Cierto es que, a nivel local, poco parecieron aportar algunas consignas oficialistas maniqueístas del estilo “Patria o buitres” o la de transformar el Congreso en “la escribanía de Griesa” como forma de acusar a aquellos legisladores que no apoyaran el proyecto oficial. De todas formas, la oposición rechazó casi en su totalidad la única alternativa viable que pareció encontrar el Gobierno para enfrentar a dos pesos pesados como el establishment judicial y financiero norteamericano. En rigor, la postura más clara y sólida fue la del PRO, ya que desde un primer momento Mauricio Macri sostuvo la necesidad de atender las resoluciones favorables a los buitres, pese a que ello violase artículos de tres leyes argentinas (26.017, 26.547, y 26.886) que impiden ofrecer un trato diferencial hacia algún tenedor de bonos (en este caso, el de los buitres), y podría disparar además la clausula RUFO, por la que el resto de los bonistas (92,4% del total) reclamarían el mismo pago que a los buitres, en juicios que podrían ascender hasta los 500 mil millones de dólares. La sumisión que este espacio político reclama para con el poder financiero internacional guarda también coherencia con sus reclamos para disminuir la intervención estatal: durante la semana, Macri afirmó que de llegar al poder eliminaría las retenciones a las exportaciones y el Impuesto a las Ganancias que tributan los empleados de mayores ingresos. Así, el PRO se consolida como la fuerza política más representativa del neoliberalismo local, lo cual puede explicar la creciente adhesión del electorado que comulga con estas ideas, desencantado ante la falta de definiciones claras por parte de la alianza Faunen y el Frente Renovador.
En efecto, si bien al igual que el PRO estos dos espacios rechazaron el proyecto de ley oficialista, ninguno de ellos fue tan consistente en sus fundamentos y sus propuestas alternativas. Desde la autodenominada “centroizquierda”, advirtieron sobre el riesgo de que los bonistas no acepten el canje de sede de pago, pero no aclararon en qué medida esa situación sería más perjudicial que la actual, ni esgrimieron alternativas claras sobre cómo sortear la actual crisis con los buitres. En tanto, en el espacio peronista liderado por Sergio Massa, las iniciales propuestas de negociación con los buitres esgrimidas por uno de sus economistas, Martín Redrado, fueron reemplazadas por la propuesta de otro de sus economistas, Roberto Lavagna, quien eliminó cualquier posibilidad de negociación y propuso pagarles en Francia a los bonistas que aceptaron el canje. Si bien el oficialismo incluyó esta posibilidad en su proyecto de ley, los legisladores massistas también votaron contra la iniciativa.
14/09/14 Miradas al Sur
Durante la semana, la presidenta Cristina Kirchner entregó el certificado de crédito número 125 mil del plan de viviendas Pro.Cre.Ar, de las cuales ya se terminaron de construir o ampliar entre el año pasado y lo que va de éste, cerca de 47 mil. Fue en el mismo mes en que se superaron los 500 mil vehículos patentados, lo cual sitúa al presente año como el mayor después de 2013 –en el que se batió el record de 957 mil autos patentados– y muy lejos de 2003, cuando sólo hubo 133 mil.
Visto en perspectiva, pareciera difícil entender que la actual situación económica sea delicada. Pero la llamada restricción externa, es decir la escasez de dólares, agravada en el último mes y medio por la acción conjunta de los fondos buitre y la Justicia norteamericana, ha logrado sembrar más de un nubarrón en el horizonte, teniendo en cuenta que de aquí a fin de 2015 el Gobierno deberá afrontar más de 20 mil millones de dólares sólo entre vencimientos de deuda e importaciones de energía.
De hecho, el único dato positivo en esta materia durante los últimos tiempos fue el anuncio del pasado martes por parte del Banco Mundial (BM) de descongelar créditos hacia nuestro país, gracias al arreglo al que la Argentina arribó con empresas litigantes en el Ciadi (el tribunal internacional del BM), el aval del GAFI por la lucha contra el lavado de dinero, y el reciente acuerdo con el Club de París, todo lo cual permitirá que nuestro país reciba créditos de hasta 3000 millones de dólares anuales para el sector público y privado entre 2015 y 2018.
Lo cierto es que, en lo que respecta a la escasez de divisas, existió una conjunción de factores que explican en gran medida la actual coyuntura. Uno de ellos fue el sobreendeudamiento adquirido en gobiernos anteriores a 2002, que obligó al país a abonar 190 mil millones de dólares en concepto de deuda pública; también, las conductas especulativas de los grupos económicos locales, que por sólo nombrar los últimos tiempos, a partir de 2007, fugaron cerca de 85 mil millones de dólares a la espera de una devaluación que maximice sus ganancias; y por último, los propios errores del Gobierno, que pasó de un control prácticamente nulo sobre el mercado cambiario a otro, a partir de 2011, en el que no discriminó entre grandes y pequeños demandantes, generando en estos últimos (gran parte de la clase media) la percepción de falta de dólares, y una consecuente mayor presión sobre el mercado paralelo. Entre las cuentas del Gobierno, están también quienes les adjudican el haber profundizado una industrialización altamente dependiente de insumos importados, aunque justo es señalar que esta industrialización fue clave en el fortalecimiento de la clase trabajadora y que, por otra parte, se trata de una responsabilidad compartida con el sector privado. También se le critica su manejo de la política energética, que en lo que va de este año ya demandó más de 8000 millones de dólares en importaciones.
Este cuadro de escasez de divisas tuvo como resultado la fuerte devaluación del peso en enero (23%) y una aceleración de la inflación durante el verano, aunque tras éstas el Gobierno había logrado un precario control de la situación. El panorama cambió con la decisión de la Justicia norteamericana a favor de la posición de los fondos buitre, lo que potenció las expectativas negativas, algo crucial en la entrada y salida de dolares. Como respuesta, el Gobierno diseñó un proyecto, que acaba de convertirse en ley, para que este 92,4% de bonistas que aceptó los descuentos, pero se ven impedidos de cobrar por orden de la Justicia norteamericana, pueda volver a hacerlo (el próximo 30 de septiembre deberían recibir 200 millones de dólares por el pago del bono Par) si optan por canjear sus títulos por otros con los mismos montos y plazos, pero bajo legislación argentina o francesa, y a través de transferencias del Banco Nación (u otra entidad financiera que garantice el pago), en lugar del Bank of New York Mellon (Bony).
El rol de la oposición. El tratamiento legislativo que en estas últimas dos semanas tuvo el proyecto oficial volvió a exhibir la soledad local con la que el Gobierno enfrenta al tándem conformado por la Justicia norteamericana y los fondos buitre. En efecto, la denominada Ley de Pago Soberano fue rechazada por los bloques del PRO y el Frente Renovador de Sergio Massa (sólo votó a favor el diputado Omar Plaini), mientras que la alianza Faunen volvió a exhibir diferentes posturas, aunque en este caso no fueron mayormente contradictorias: si bien el diputado Eduardo Santín (UCR) acompañó la iniciativa oficial, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y Libres del Sur decidieron abstenerse, mientras que el socialismo y la UCR prefirieron directamente rechazar la iniciativa.
Atrás parecen haber quedado los tiempos en que, invitados por el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, legisladores representantes de estas fuerzas opositoras formaron una comisión legislativa multipartidaria para presentar en Washington su apoyo a la causa nacional. En el medio, el Gobierno fue sumando también un amplio apoyo internacional, en el que se contaron declaraciones favorables hacia nuestro país por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA); los gobiernos de China, Francia, Brasil, México, Venezuela y Uruguay; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la Unasur, el Mercosur, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad); el G-24; el G-77 + China; parlamentarios británicos, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, columnas de apoyo en los influyentes diarios Financial Times y The New York Times; declaraciones favorables de parte del gobierno de Estados Unidos y el FMI y, durante la semana pasada, la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución impulsada por nuestro país para debatir durante los próximos doce meses un nuevo marco legal para reestructuraciones de deudas de naciones, que evite en el futuro ataques como el que nuestro país afronta con los buitres.
Cierto es que, a nivel local, poco parecieron aportar algunas consignas oficialistas maniqueístas del estilo “Patria o buitres” o la de transformar el Congreso en “la escribanía de Griesa” como forma de acusar a aquellos legisladores que no apoyaran el proyecto oficial. De todas formas, la oposición rechazó casi en su totalidad la única alternativa viable que pareció encontrar el Gobierno para enfrentar a dos pesos pesados como el establishment judicial y financiero norteamericano. En rigor, la postura más clara y sólida fue la del PRO, ya que desde un primer momento Mauricio Macri sostuvo la necesidad de atender las resoluciones favorables a los buitres, pese a que ello violase artículos de tres leyes argentinas (26.017, 26.547, y 26.886) que impiden ofrecer un trato diferencial hacia algún tenedor de bonos (en este caso, el de los buitres), y podría disparar además la clausula RUFO, por la que el resto de los bonistas (92,4% del total) reclamarían el mismo pago que a los buitres, en juicios que podrían ascender hasta los 500 mil millones de dólares. La sumisión que este espacio político reclama para con el poder financiero internacional guarda también coherencia con sus reclamos para disminuir la intervención estatal: durante la semana, Macri afirmó que de llegar al poder eliminaría las retenciones a las exportaciones y el Impuesto a las Ganancias que tributan los empleados de mayores ingresos. Así, el PRO se consolida como la fuerza política más representativa del neoliberalismo local, lo cual puede explicar la creciente adhesión del electorado que comulga con estas ideas, desencantado ante la falta de definiciones claras por parte de la alianza Faunen y el Frente Renovador.
En efecto, si bien al igual que el PRO estos dos espacios rechazaron el proyecto de ley oficialista, ninguno de ellos fue tan consistente en sus fundamentos y sus propuestas alternativas. Desde la autodenominada “centroizquierda”, advirtieron sobre el riesgo de que los bonistas no acepten el canje de sede de pago, pero no aclararon en qué medida esa situación sería más perjudicial que la actual, ni esgrimieron alternativas claras sobre cómo sortear la actual crisis con los buitres. En tanto, en el espacio peronista liderado por Sergio Massa, las iniciales propuestas de negociación con los buitres esgrimidas por uno de sus economistas, Martín Redrado, fueron reemplazadas por la propuesta de otro de sus economistas, Roberto Lavagna, quien eliminó cualquier posibilidad de negociación y propuso pagarles en Francia a los bonistas que aceptaron el canje. Si bien el oficialismo incluyó esta posibilidad en su proyecto de ley, los legisladores massistas también votaron contra la iniciativa.
14/09/14 Miradas al Sur
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