Thomas Quinlan, CEO de RR Donnelley & Sons. Desde Chicago, le respondió a Cristina Kirchner.El pedido de su propia quiebra por parte de la empresa norteamericana y una crisis no demostrada. La respuesta de la casa matriz a la Presidenta. Una operación que afecta la estabilidad laboral y social.
Por Raúl Dellatorre
El Gobierno está dispuesto a jugarse una carta fuerte en la Justicia comercial para demostrar que la quiebra pedida por Donnelley sobre sí misma no está fundada en su situación económica. Y parecen sobrarle elementos para sostenerlo. Que la Justicia vaya a proceder luego a declarar el carácter fraudulento de la quiebra es otro capítulo, pero en lo inmediato la principal preocupación política y económica es que este tipo de procedimientos, de quiebras o cierres “provocados”, no se convierta en un “modus operandi” de un nuevo ataque desestabilizador hacia la economía argentina. La posición pública asumida por algún dirigente empresario (Héctor Méndez, UIA) y varios políticos opositores (ver nota aparte) en respaldo del accionar de una empresa que acaba de dejar en la calle a 400 obreros es más que llamativo. Con fundamento, en el Gobierno sospechan que algo más contundente y peligroso que los buitres sobrevuela por encima de estas operaciones: una suerte de bombardeo económico selectivo con objetivos determinados. El empleo y la estabilidad social son el blanco de ataque.
El propio CEO de la empresa RR Donnelley con oficinas en Chicago, Thomas Quinlan, se ocupó ayer de responder e intentar refutar las acusaciones que le apuntaron a su filial argentina. En una inusual comunicación, la firma acusó al gobierno argentino y a las representaciones sindicales de haber dejado a la firma “sin opciones de enfrentar la crisis (..) y tomó la decisión de solicitar la quiebra”. Según la comunicación del bunker central de Donnelley, “la única razón” que motivó el cierre fue “la insolvencia” de la filial argentina, resolución de la que sólo participó la dirección de la compañía, y con la que “no tienen relación los acreedores de Argentina”. Una respuesta directa a la presidenta de la Nación que, el jueves último, denunció la presencia de fondos buitre ligados a Paul Singer en la composición accionaria de la empresa.
Aunque el relato firmado por Mr. Quinlan remite a gestiones iniciadas en septiembre de 2013 para obtener “un programa de recuperación productiva (Repro)”, es decir un subsidio estatal, “frente a la situación crítica de la empresa”, los números del balance del año 2013 están lejos de reflejar tal estado de cosas. Si bien los niveles de producción revelan una caída respecto de 2012, la misma en términos físicos se retrae a los niveles alcanzados en 2010. Es decir, no se encuentra en un tobogán, sino que es una baja a un escalón anterior después de haber trepado varios en los dos últimos años. En términos de facturación, las ventas treparon un 8 por ciento, un nivel seguramente inferior a cualquier indicador sectorial de precios, que refleja el descenso apuntado en las ventas, pero no un cuadro de “situación sin salida”.
En cambio, es algo más preocupante observar las cifras de pérdidas del ejercicio, aunque conviene ver el detalle antes de sacar conclusiones. Casi la mitad del quebranto se explica por razones financieras y no operativas. Y particularmente, por un aumento en el pasivo en la cuenta Previsión por Juicios Futuros, por 3,4 millones de pesos, incrementando en 387 por ciento la cifra del balance anterior (de 870 mil pesos salta a 4,3 millones). Así, adelantaban la carga en el balance de una eventual pérdida futura (¿el pago de indemnizaciones?), provocando un quebranto que, en definitiva, operó como una profecía autocumplida: genera un cuadro de pérdidas con el que justifica el cierre posterior.
Con todo, no es el dato más llamativo del Balance 2013 de Donnelley. En el rubro Créditos a sociedades vinculadas (en este caso, empresas del mismo grupo en Chile) se observa un aumento del 650 por ciento en el ejercicio, lo cual indica que esas vinculadas se financiaron con el dinero que no le pagaron a la filial argentina. A su vez, el rubro Deudas Comerciales con sociedades vinculadas disminuye en el ejercicio a la séptima parte (el 86 por ciento), es decir que la filial argentina canceló deuda o perdió crédito de sus proveedores. Tratándose de vinculadas, suena a demasiada generosidad de una filial que supuestamente está en crisis. Salvo que alguien sospeche que se trata de una maniobra de vaciamiento financiero.
Thomas Quinlan, CEO de RR Donnelley & Sons, asegura que la comisión interna de la planta en Garín se negó a firmar el Repro obtenido en septiembre de 2013, “empeorando aún más la situación económica y financiera de la empresa”. Y que este año propuso al Ministerio de Trabajo de la Nación un plan de reducción de personal en la planta, pero fue rechazado. “Como consecuencia, Donnelley se quedó sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación, la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas. Por tal motivo, de forma independiente se tomó la decisión de solicitar la quiebra”, concluye el comunicado.
Los informes presentados no revelan un endeudamiento significativo, ni siquiera en aportes patronales a la seguridad social ni impositivos. El impacto de la devaluación tampoco está claro que le haya afectado, cuando el inventario al cierre del ejercicio 2013 demuestra que estaba son sobrestock de papel (una reserva para varios meses de producción), quizá previendo el alza del dólar en las semanas siguientes.
En su mensaje del jueves pasado, Cristina Kirchner vinculó a la empresa con los fondos buitre NML Capital y Blackrock, que ayer Mr. Quinlan rechazó. Otras dos empresas, de un mismo grupo, también de origen estadounidense, Delphi, está siendo estudiada por las autoridades del Gobierno por acciones que pudieran afectar la continuidad de sus plantas en Santa Lucía, provincia de San Juan (Delphi Packard, cableado para automóviles) y en Río Grande, Tierra del Fuego (Famar, autorradios). En este caso, también se le atribuye participación accionaria a fondos de inversión ligados a los anteriores. Por ahora, la Justicia tendrá bastante trabajo determinando las condiciones en que Donnelley resolvió su propia quiebra, en perjuicio no sólo de su personal, sino también del “orden socioeconómico”, que la ley de quiebras debería proteger, tipificando como delito de fraude al hecho de actuar en forma deliberada en su contra. Tal como sostienen autores especialistas en quiebras, entre ellos el doctor Daniel Rafecas.
RESPALDO DE SCIOLI Y EMPRESARIOS. RECHAZO OPOSITOR
Ni buitres ni el fraude son lo que parecen
Mientras el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el vicepresidente segundo de la UIA, José Urtubey, manifestaron su respaldo a una investigación judicial sobre la empresa Donnelley, tal como solicitó el gobierno nacional, varios dirigentes de la oposición coincidieron entre sí en calificar esa pretensión sobre la firma que decretó su propia quiebra como “un apriete”, y lo consideraron como “el peor camino” para resolver el conflicto del desempleo. El Frente de Izquierda, en cambio, presentó un proyecto de expropiación de la planta, para que el Estado y los trabajadores la pongan en marcha.
“Es muy extraña la manera en que se ha dado la quiebra de la empresa; yo estoy de acuerdo con que se busque la verdad de los motivos que llevaron a la imprenta, que tenía una gran demanda y actividad, a tomar esa decisión”, sostuvo ayer Scioli en una entrevista radial. “Lo importante es que se puedan mantener las fuentes de trabajo”, subrayó, pero señaló que es necesario investigar las razones que llevaron a la multinacional a tomar la decisión de cerrar, “de la noche a la mañana, de forma abrupta, sin haber otras instancias previas”.
Sergio Massa, autoproclamado candidato presidencial por el Frente Renovador, señaló en cambio que le “preocupa mucho la idea de la aplicación de la ley antiterrorista o la idea de la modificación de la Ley de Abastecimiento en la búsqueda de resolver los problemas de empleo, cuando en realidad los resolvemos hoy facilitando el camino a la inversión y facilitando el trabajo a las empresas”. Sugirió ampliar “al máximo” los subsidios del Estado a través de los Programas de Recuperación Productiva (Repro), y bajar la presión impositiva, al considerar que “la inflación, el peso de los impuestos, la inseguridad, la droga” son los “verdaderos buitres”, y no los grupos financieros que litigan contra Argentina y son denunciados por el Gobierno.
En la misma línea, de rechazo a las acciones propuestas para investigar el supuesto fraude y abriendo un paraguas de protección para las empresas, Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Julio Cobos cada uno desde su respectivo espacio. “El Gobierno eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren”, interpretó De Narváez. Macri, desde Río Cuarto, dijo que “la aplicación de la ley antiterrorista no es el camino para conservar el empleo y generar más puestos de trabajo: todo lo contrario”. El ex vicepresidente Cobos, en tanto, observó que la aplicación de la ley en estas circunstancias “genera incertidumbre” y “lo único que hace es desalentar” las inversiones en medio de un clima económico “complicado”.
El Frente de Izquierda, en cambio, a través del diputado Nicolás del Caño, anunció la presentación de una iniciativa legislativa para declarar “de utilidad pública y sujeta a expropiación las instalaciones de Donnelley, (para crear) una nueva empresa estatal, quedando la gestión de la misma a cargo de sus propios trabajadores”.
Finalmente, José Urtubey, uno de los vicetitulares de la UIA, consideró que “es razonable” que se investigue el cierre de la imprenta Donnelley, porque “la situación de ese sector en Argentina no amerita una quiebra de esta naturaleza, dejando a 400 personas en la calle”.
El sector no está en crisis
Juan Carlos Sacco, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, fue reelecto como titular de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), para conducir la entidad por un nuevo período de dos años. Sacco hizo pública su posición esta semana respecto del sector, en relación con la quiebra de Donnelley, al asegurar que “la industria gráfica no está en crisis” y que la decisión adoptada por la mencionada empresa “es un caso particular que no refleja la realidad del sector, ya que la industria gráfica, si bien desaceleró su nivel de crecimiento en el último período, no atraviesa por ninguna crisis”.
El reelecto titular de Faiga señaló que hay más de 6200 talleres en la actividad, que emplean a cerca de 70 mil trabajadores. En ese escenario, sostuvo que “la industria gráfica está trabajando al 75 por ciento de su capacidad instalada y en el primer semestre del año tuvo un crecimiento del 0,4 por ciento”.
Sacco fue elegido para seguir al frente de la Federación hasta 2016 por decisión unánime de la asamblea de representantes de las firmas del sector.
17/08/14 Página|12
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